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Migración

HRW acusa a Marruecos y a España de abusos y palizas a inmigrantes

Miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes habitualmente propinan golpizas, cometen diversos abusos e incluso, en algunas ocasiones, roban a migrantes originarios del África subsahariana en la región noreste del país, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy.

Miembros de las fuerzas de seguridad españolas también aplican la fuerza excesiva cuando expulsan en forma sumaria a migrantes de Melilla, comprobó Human Rights Watch. España debería detener todas las deportaciones sumarias hacia Marruecos en la frontera con Melilla.

Los abusos persisten en Marruecos, a pesar de que mejoró en algunos aspectos el trato impartido a migrantes luego de que el gobierno anunciara una nueva política sobre migración y asilo, en septiembre de 2013. Desde entonces, parecen haber cesado las expulsiones sumarias de migrantes en la frontera con Argelia.

Un inmigrante se refugia en una cueva (HRW/Gianfranco Tripodo/contrasto/Redux)

El informe de 79 páginas, “Abusados y expulsados: maltrato de migrantes del África subsahariana en Marruecos”, concluyó que estos atropellos ocurrieron en casos en que las fuerzas de seguridad tenían bajo su custodia a migrantes subsaharianos que habían fracasado en su intento por llegar al enclave de Melilla, o —antes de septiembre de 2013— cuando estas fuerzas organizaban redadas sin respeto al debido proceso para luego expulsarlos a Argelia. Sin embargo, investigaciones realizadas a fines de enero y comienzos de febrero de 2014 en Oujda, Nador y Rabat indican que miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes aún continúan empleando la violencia contra migrantes expulsados de Melilla.

Marruecos debería precisar muy claramente a sus fuerzas de seguridad que los migrantes tienen derechos”, manifestó Bill Frelick, director del programa sobre refugiados de Human Rights Watch. “Marruecos debe poner fin a las golpizas y otros abusos contra los migrantes”.

Miembros de las fuerzas de seguridad españolas también aplican la fuerza excesiva cuando expulsan en forma sumaria a migrantes de Melilla, comprobó Human Rights Watch. España debería detener todas las deportaciones sumarias hacia Marruecos en la frontera con Melilla y suspender el retorno forzado a Marruecos de migrantes que lleguen a Melilla, hasta tanto Marruecos demuestre que estas personas ya no corren riesgo de sufrir golpizas y otros abusos al regresar, y que sus derechos son garantizados.

La nueva política de Marruecos en materia de migración y asilo se desarrolló a partir de recomendaciones formuladas por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que fueron avaladas por el rey Mohammed VI. Las reformas incluyen el otorgamiento de residencia legal a migrantes a quienes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) haya reconocido como refugiados. Una vez completado el trámite ante la Oficina Nacional para los Refugiados y las Personas Apátridas, que comenzó a funcionar de nuevo recientemente, los refugiados reciben tarjetas de residencia que los habilitan a trabajar y recibir otros beneficios sociales.

Marruecos también ha adoptado un procedimiento de regularización “excepcional”, que estará vigente durante 2014 y permitirá a migrantes indocumentados que reúnan ciertos criterios solicitar la residencia por un año, con posibilidad de renovarla. No hay certezas con respecto a cuántos de los 25.000 migrantes subsaharianos que se estima que habría en Marruecos cumplirán los requisitos. Una breve encuesta informal indicó que solo unos pocos de quienes viven en campamentos improvisados en Nador y Oujda reunirían las condiciones.

El gobierno informó a Human Rights Watch que también está trabajando en la formulación de nuevas leyes sobre asilo, trata de personas y migración.

El informe de Human Rights Watch se elaboró sobre la base de entrevistas mantenidas con 67 migrantes subsaharianos en las ciudades de Oujda y Nador y en zonas próximas, durante noviembre y diciembre de 2012. Human Rights Watch también entrevistó a funcionarios, agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales, e incluyó en el informe las respuestas ofrecidas por el gobierno a una serie de preguntas enviadas por escrito. En enero y febrero de 2014, Human Rights Watch entrevistó a otros 14 migrantes en Nador, Oujda y Rabat.

Los migrantes del África subsahariana abandonan sus países por distintas razones, como pobreza, problemas familiares y sociales, inestabilidad política y conflictos civiles, o, en algunos casos, temor a ser perseguidos. En el noreste de Marruecos, muchos aspiran a llegar a Europa. Numerosos migrantes entrevistados para este informe vivían en refugios improvisados en las afueras de grandes ciudades, y sobrevivían con ínfimos recursos y bajo el temor constante de las redadas policiales.

Según información aportada por organizaciones no gubernamentales, en diciembre de 2011, las autoridades marroquíes intensificaron las redadas en campamentos clandestinos de migrantes ubicados en zonas boscosas de las afueras de Oujda y Nador. Gendarmes y miembros de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos destruyeron refugios de migrantes y, en ocasiones, robaron sus pertenencias durante estas redadas, según indicaron migrantes a Human Rights Watch. Las fuerzas de seguridad arrestaron a migrantes de sexo masculino, los trasladaron en autobuses a la frontera con Argelia y les ordenaron que siguieran caminando, y eludieron así los procesos judiciales y administrativos de deportación correspondientes conforme a las leyes nacionales y las normas internacionales.

“Nicolas”, un hombre de 39 años originario de Camerún, contó que fue empujado hacia el lado argelino por miembros de las fuerzas de seguridad, al grito de “¡Yallah! [¡Vamos!]”. “Me trataron muy mal, y me propinaron patadas con tal violencia que, a causa de eso, orino con sangre”, dijo. Los nombres de los migrantes entrevistados han sido modificados para su seguridad.

En entrevistas a migrantes y organizaciones no gubernamentales realizadas en el noreste de Marruecos en enero de 2014, Human Rights Watch recibió información de que las expulsiones sumarias en la frontera con Argelia habían cesado, y que las redadas policiales de migrantes que vivían en Oujda y las proximidades de esta ciudad habían mermado desde octubre de 2013. No obstante, la policía aún realiza requisas en la región de Nador. Los migrantes se refirieron a redadas que ocurrieron en fechas tan recientes como el 29 de enero de 2014, cuando policías destruyeron campamentos improvisados de migrantes y arrestaron y golpearon a personas que intentaban llegar a Melilla. Las autoridades que detuvieron a migrantes durante redadas en Nador en los últimos meses, dispusieron su traslado en autobús a Rabat y otras zonas costeras, en vez de a la frontera con Argelia, como se hacía hasta entonces, según indicaron migrantes y organizaciones no gubernamentales a Human Rights Watch.

Con respecto a las expulsiones documentadas en el informe, el gobierno marroquí dijo a Human Rights Watch que no expulsaba a estas personas sino que efectuaba actos legítimos de “retorno a la frontera”. No obstante, la frontera entre Argelia y Marruecos continúa formalmente cerrada, y diversos migrantes indicaron a Human Rights Watch que funcionarios de seguridad marroquíes los habían llevado a sitios aislados y allí habían aplicado la fuerza o la amenaza de fuerza para coaccionarlos y lograr que se dirigieran a pie hacia Argelia.

Algunos migrantes expulsados que se encontraron con fuerzas de seguridad argelinas sufrieron abusos adicionales. Los migrantes indicaron que algunas autoridades fronterizas de Argelia los obligaron a regresar a Marruecos, en ocasiones con métodos violentos, tras robarles sus pertenencias.

Cada uno de los migrantes entrevistados que había logrado regresar a Oujda o Nador describió expulsiones que se llevaron a cabo sin tener en cuenta requisitos básicos de debido proceso.

El artículo 23 de la ley de inmigración de Marruecos contempla el derecho a solicitar la asistencia de un abogado o un intérprete antes de la expulsión. El artículo 22 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de la cual es parte Marruecos, establece que las decisiones de expulsión deberán comunicarse por escrito y que se deberá conceder a los interesados la posibilidad de oponerse a esa decisión.

Si bien Human Rights Watch reconoce aspectos positivos en la nueva política sobre migración de Marruecos, considera preocupante las nuevas denuncias de violencia policial contra migrantes cerca de la frontera con Melilla. Como parte de sus reformas, el gobierno marroquí debería asegurar que las fuerzas de seguridad se abstengan del uso excesivo de la fuerza contra migrantes y respeten las garantías de debido proceso de cada migrante que esté bajo su custodia.

El gobierno español debería poner fin al retorno sumario a Marruecos de los migrantes que ingresan a Melilla. La legislación española exige a las fuerzas de seguridad y fronterizas cumplir los procedimientos de deportación al expulsar a migrantes que ingresan a España ilegalmente. Estas expulsiones también contravienen la normativa internacional y de la Unión Europea (UE), que prohíbe a los países enviar a las personas forzadamente de regreso a territorios donde estarían expuestas a un riesgo genuino de trato inhumano o degradante. Las autoridades españolas deberían además asegurar una investigación diligente de los señalamientos sobre el uso excesivo de la fuerza por sus propios agentes del orden y presionar a Marruecos para que renuncie al uso de la fuerza injustificada contra migrantes.

Human Rights Watch evaluó el trato que reciben los migrantes en Marruecos en relación con el objetivo anunciado por la UE de controlar sus fronteras con la colaboración de terceros países que limitan con la UE. Marruecos y la UE han adoptado una política conjunta que apunta a prevenir la migración de personas indocumentadas hacia la UE, entre otras medidas, a través de la cooperación financiera. Human Rights Watch exhortó a la UE a asegurar que no se brinde asistencia a programas o fuerzas marroquíes que vulneren derechos de migrantes garantizados por las normas internacionales de derechos humanos.

“Aparentemente, Marruecos ya no abandona a migrantes en la frontera con Argelia, pero eso no es suficiente”, aseveró Frelick. “Marruecos debe establecer procedimientos rigurosos que garanticen el respeto de los derechos de debido proceso de los migrantes y les permitan solicitar asilo”.

Para conocer detalles de las entrevistas efectuadas en enero de 2014, ver a continuación.

“Abusados y expulsados: maltrato de migrantes del África subsahariana en Marruecos” se encuentra disponible en:
http://hrw.org/node/122535

Información adicional tomada de entrevistas llevadas a cabo en 2014 
Dos investigadores de Human Rights Watch realizaron entrevistas individuales a nueve migrantes en Gourougou y Nador, y a cinco en Rabat. Todos los entrevistados eran hombres; diez de ellos de Camerún, dos de Mali y dos de Gabón. Los nombres de los migrantes han sido modificados para su seguridad.

En entrevistas mantenidas con Human Rights Watch en Nador el 29 y 30 de enero, y en Rabat el 3 de febrero, los migrantes indicaron que las fuerzas de seguridad a menudo realizaban redadas en los campamentos donde residían en Gourougou, una zona montañosa en las afueras de Nador, que mira hacia Melilla, y durante estos operativos destruían e incendiaban sus pertenencias y refugios improvisados.

Nador es un punto de acceso para numerosos migrantes que aspiran a llegar a Melilla, y que intentan el cruce ya sea con botes inflables o trepando el vallado que rodea este territorio, a veces en grupos de varios cientos por vez. Varios migrantes que lograron ingresar a Melilla indicaron que, en su mayoría, fueron expulsados en forma sumaria por la Guardia Civil española y entregados a patrullas marroquíes en la frontera. Señalaron que las autoridades marroquíes a menudo propinan golpizas a quienes cruzan la frontera, incluidos menores bajo su custodia que no muestran resistencia ni intentan huir.

La frontera con Melilla
Cinco migrantes entrevistados por Human Rights Watch en Rabat señalaron que, al intentar escalar el vallado perimetral de Melilla en las primeras horas del 2 de febrero, miembros de la Guardia Civil española y las Fuerzas Auxiliares de Marruecos respondieron con un uso excesivo de la fuerza contra ellos.

Joseph, un hombre de 31 años de Camerún, que presentaba cojera y un ojo hinchado, contó:

Nos aproximamos al vallado para cruzar a Melilla e intentamos entrar. Algunos logramos ingresar a Melilla, pero la Guardia Civil nos detuvo. Nos golpearon con porras. La fuerte golpiza duró entre 5 y 10 minutos. Nos esposaron [con precintos plásticos], y luego abrieron el portón del vallado y nos entregaron a las Fuerzas Auxiliares [marroquíes].

Luego las Fuerzas Auxiliares nos golpearon con bastones. Mientras nos golpeaban, también nos palparon. Me robaron 250 dírhams [US$ 30] y mi teléfono celular. Nos obligaron a recostarnos boca abajo en el suelo, sin quitarnos las esposas. Permanecimos en el suelo durante una hora mientras nos golpeaban. Me golpearon con un palo en el ojo. Solamente se detuvieron cuando llegaron algunos superiores.

Martin, un joven de 22 años de Camerún, contó lo siguiente:

Llegamos a la valla y comenzaron a sonar las sirenas… Pude ver a mis amigos al otro lado [de Melilla]. La Guardia Civil golpeó a mis amigos con palos grandes. No porras policiales, sino palos. Te golpean hasta que te desmayas… yo retrocedí al lado marroquí. Cuando volví, [las Fuerzas Auxiliares marroquíes] me golpearon. Me sujetaron las manos, y luego me obligaron a permanecer boca abajo en el suelo. Me palparon y me quitaron el dinero que llevaba, mi teléfono e incluso los zapatos.

Martin, un joven de 24 años de Camerún, contó la siguiente experiencia:

En la noche del 24 de diciembre [de 2013], 15 de nosotros intentamos avanzar hacia la valla. Cuando nos estábamos acercando, las Alit [Fuerzas Auxiliares marroquíes] nos vieron y comenzaron a arrojarnos piedras y palos. Fuimos interceptados por nueve Alits; me llevaron a un rincón apartado y, junto a otros migrantes, nos golpearon durante 30 ó 40 minutos, y luego nos llevaron a la comisaría. Yo logré que me trasladaran a un hospital. Recibí atención médica por las lesiones y regresé al día siguiente a Gourougou, con ayuda de varias ONG.

Ahmed, un joven de 22 años originario de Camerún, también estaba en este grupo:

Todos fuimos interceptados y arrestados en el primer vallado. Mis pies sangraban debido los cortes provocados por el alambre de púas, y las fuerzas auxiliares me detuvieron. Me sujetaron las manos por la espalda con una cuerda y me dieron golpes en todo el cuerpo con sus porras. Algunos me saltaban en la espalda para que no me diera vuelta. A las 8 a.m., nos llevaron en un vehículo hasta la dependencia policial en Nador. No nos pidieron que mostráramos nuestros documentos. Simplemente nos preguntaron, como siempre, nuestro nombre y nacionalidad. Se negaron a trasladarme a un hospital, a pesar de que estaba sangrando. Durante la noche, nos llevaron en un autobús a la estación de autobuses de Rabat.

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie

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