Migración

El test de alcoholemia que acabó en deportación

Gildardo ha pasado dos meses en la cárcel esperando su deportación

En ese tiempo ha cumplido la mitad de la condena de cuatro meses que le impusieron por no someterse a un test de alcoholemia

Ayer por la tarde lo mandaron en un avión de vuelta a Bolivia

Natividad pasó ayer toda la mañana en una comisaría de Huelva. Agarrando una mano de cada nieta, esperaba el momento en el que los policías sacaran a su marido para deportarlo a Bolivia. Con los nervios no atinaba a coger el teléfono y, cuando finalmente respondió a la llamada, sólo pudo decir una ristra de palabras atropelladas. “Queremos decirle adiós, queremos verlo. Aquí estamos esperando”. A los pocos segundos le pasó el móvil a su cuñada. “Mi cabeza no está en su sitio”, aseguró a modo de disculpa antes de despedirse. De fondo se escuchaban las voces de las dos niñas, sus nietas, ellas también querían besar al abuelo antes de que se lo llevaran. Después de dos horas y media consiguieron decirle adiós a través de los cristales del coche patrulla.

Se acabó la espera para Natividad. Gildardo Hurtado, su marido y abuelo de las niñas, fue enviado a Bolivia en un avión que partió de Madrid ayer por la tarde. La deportación ha sido el colofón de un proceso que comenzó, como ya contamos, cuando se negó, hace algo más de un año, a realizar una prueba de alcoholemia en un control policial. Ese delito lo está pagando con más de lo que le corresponde: dos meses de cárcel, deportación y una prohibición de volver durante los próximos diez años.

Negarse a hacer la prueba puede ser castigado en España con penas de seis meses a un año de cárcel y la retirada del carné de conducir de uno a cuatro años, según el Código Penal. Los españoles y los extrajeros con papeles si no tienen antecedentes penales, como es el caso de Gildardo, firman un acuerdo de conformidad. La pena se les reduce a cuatro meses de cárcel, que suele sustituirse por una multa, y se les retira el carné. Pero Gildardo, a pesar de llevar cuatro años en España, no tenía papeles (había conseguido casi toda la documentación necesaria y sólo le faltaba un contrato de trabajo para empezar a tramitarla), y si no hay papeles, esa pena de cuatro meses de prisión se sustituye por la deportación, como recoge del Código Penal.

Gildardo y Natividad

“Mi hermano no ha hecho mal a nadie. No se merece que lo expulsen”, asegura Guadalupe. La hermana afirma que se sienten indefensos. Y a esa indefensión se suma la indignación de que el boliviano haya tenido que pasar los dos meses anteriores a su deportación en la cárcel de Huelva.”Uno se siente impotente”, dice Roni, el hijo menor de Gildardo, que tiene veinte años. Su padre no ha querido que fuese a verle durante el tiempo que ha estado en prisión. “Tenía miedo de que me pillaran”. De la familia, sólo le faltaban los papeles a ellos dos. Ayer Roni pasó la mañana esperando en la puerta del garaje de la comisaría para poder despedirse aunque fuese a través del cristal del coche y dice que, a pesar de todo lo que han pasado en este tiempo, ahora están más tranquilos. “Por lo menos está en libertad y no encerrado. No es ningún criminal, mi padre no ha cometido ningún delito grave y no había motivos para que lo tuvieran en un calabozo”. Él también ha pasado alguna noche en comisaría por no tener documentación. “Sé lo que se siente. Los policías nunca saben nada, no te dicen nada y cuando vienen estás muy nervioso porque no sabes qué va a pasar. Ahora, aunque lo hayan mandado a Bolivia, mi padre no está en la cárcel”.

El abogado de Gildardo asegura que no existe ninguna base jurídica que pueda respaldar los dos meses que ha estado encerrado.”Se han vulnerado todos los derechos fundamentales de la Constitución y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Una persona ha estado privada de libertad durante dos meses sin tener que estarlo”, asegura Felipe Garoña. En esos dos meses ha cumplido la mitad de la condena que le habían impuesto y que le habían sustituido por la deportación, pero aún así ha sido devuelto a Bolivia. Garoña ha presentado dos recursos ante el juez desde que fue arrestado aunque no ha recibido respuesta a ninguno de ellos. “Vamos a exigir responsabilidades al juez por haber permitido que este señor haya estado dos meses en la cárcel para después expulsarlo y por no haber resuelto los recursos como era su obligación. Esto no es un proceso administrativo en el que existe el silencio administrativo, tenía que pronunciarse”. Presentarán también una queja al Defensor del Pueblo.

Gildardo ha pasado los dos meses en la enfermería de la cárcel de Huelva porque tenía la pierna rota. Su moral ha estado cada vez más baja con el paso del tiempo hasta que, al final, él mismo pedía que lo deportaran de una vez, nos cuenta su hermana. “Sin poder ver a la familia, con dolor en la pierna rota, encerrado y sabiendo que lo mandarían a Bolivia… para él ha sido muy duro. Está destrozado”. En su país le esperan su hermana mayor y su padre, quienes viven a un día en coche de la capital, La Paz, destino del avión que llevaba a Gildardo. “Lo van a dejar solo en el aeropuerto con una maleta y sin poder moverse con las muletas. Ni siquiera nos han dicho en qué vuelo lo van a montar para que al menos podamos avisar a la familia de allí”, denuncia Guadalupe.

El abogado de Gildardo va a pedir el indulto para que al menos le retiren la orden que le prohíbe pisar España en los próximos diez años. Lo único a lo que se aferran hoy quienes le quieren de vuelta: Natividad, sus hermanos, sus hijos y sus nietas.

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie