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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su “profunda decepción” por el dictamen, mientras el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos resaltó que este es apelable y reclamó “al gobierno haitiano investigar todas las denuncias verosímiles de delitos corrupción y abusos de derechos humanos, sin importar quién los haya cometido, y castigar a quienes resulten culpables”.

“Durante años hemos dicho que el régimen de Duvalier fue represivo, y nos solidarizamos con quienes fueron sus víctimas y buscan justicia y verdad para sí y para sus seres queridos”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Molly Lynn Westrate.

Washington ofreció asistencia técnica a Haití para efectuar investigaciones, pero esta no fue aceptada, agregó.

El juez investigador Carves Jean dictaminó este martes 31 en Puerto Príncipe que el estatuto de limitaciones alcanza las acusaciones contra Duvalier vinculadas a derechos humanos y, por tanto, este solo puede ser juzgado por apropiación indebida de fondos públicos, un delito menor que entraña una pena máxima de cinco años de prisión.

El magistrado se negó a publicar su decisión, pero, según reportes de prensa, se basó en la recomendación del fiscal estatal, lo que se considera una señal de que el actual gobierno haitiano de Michel Martelly –quien habría consultado personalmente el tema con Duvalier– no tiene interés en ahondar las investigaciones.

“Si esta decisión equivocada se mantiene tras la apelación, fortalecerá la cultura de impunidad de Haití, negando la justicia para miles de víctimas de Duvalier”, dijo el consejero especial de la organización Human Rights Watch, Reed Brody.

“El puñado de víctimas interrogadas fueron sometidas a la intimidación de los seguidores y abogados de Duvalier”, sostuvo el asesor especial sobre Haití de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, quien calificó la investigación como una “desgracia”. “Está claro que el juez desestimó evidencia invalorable y decidió no interrogar a todas las víctimas que presentaron querellas”, añadió. “Es un día negro para Haití y para la justicia”, sentenció.

Organizaciones haitianas expresaron del mismo modo su consternación. Anthonal Mortimé, director de la Plataforma de Organizaciones Haitianas Defensoras de los Derechos Humanos, calificó el dictamen como un “escándalo” y prometió que se intentará revertirlo cuando el caso pase a vista del fiscal general, tal como prevé la ley de ese país.

Duvalier, que heredó el poder de su padre, el dictador François Duvalier, “Papa Doc”, (1957-1971), fue derrocado por un alzamiento popular en 1986 y huyó a Francia, donde fue acogido hasta su sorpresivo retorno, un año atrás, mientras la nación caribeña luchaba por recuperarse del demoledor terremoto de enero de 2010, que destruyó la capital y buena parte del resto del país.

Durante la dinastía de 39 años de los Duvalier, decenas de miles de personas fueron asesinadas, la mayoría por la temible milicia ilegal de los Tonton Macoute, creada por Papa Doc y sostenida por su hijo.

Además de los asesinatos, que se siguieron cometiendo en el régimen de Baby Doc, cientos de presos políticos se apiñaban en varias prisiones, en especial en la infame Fort Dimanche, donde morían de abandono, torturas y otros abusos.

Duvalier, de 60 años, recibió la orden del gobierno de permanecer confinado en su residencia en la capital, mientras los fiscales investigaban los cargos en su contra, por supuestamente haberse embolsado unos 800 millones de dólares, y las querellas penales de presuntas víctimas y familiares.

Luego de la investidura de Martelly en mayo, Duvalier comenzó a viajar por el país y a reunirse con amigos y seguidores. El mes pasado habló en una escuela de leyes en Gonaïves, en el norte del país.

Al cumplirse el segundo aniversario del terremoto, este mes, el exdictador asistió al acto oficial del gobierno e incluso estrechó la mano del expresidente estadounidense Bill Clinton, que preside una comisión encargada de coordinar las donaciones internacionales para la reconstrucción.

Martelly, que tiene vínculos familiares con Duvalier, ha insistido en su compromiso con la reconciliación nacional y mostrado escaso interés en un juicio que podría renovar las divisiones y la inestabilidad. En una visita a Europa la cuarta semana de enero, llegó a sugerir que indultaría al exdictador si era condenado, aunque luego se retractó.

“Invitar a Jean-Claude Duvalier a ceremonias públicas muestra que el gobierno quiere rehabilitarlo”, dijo Zúñiga.

“Dada la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, se puede esperar ese resultado”, comentó el especialista en Haití, Robert Fatton, de la Universidad de Virginia. Hijos e hijas de duvalieristas notorios son asesores o funcionarios del gobierno de Martelly, indicó.

“Pero, para ser absolutamente justos, hay una cuestión de estabilidad”, dijo Fatton a IPS. “Si hay un juicio a Jean-Claude, todos quienes se oponen (al expresidente Jean-Bertrand) Aristide pedirán otro juicio para él. Es fácil imaginar cómo puede deteriorarse la situación”.

Aristide fue el primer presidente elegido democráticamente en Haití, en 1991. Un golpe de Estado lo apartó de su cargo meses después, y volvió al poder en 1994 con apoyo de Estados Unidos.

Tras concluir su mandato en 1996, Aristide retornó a la Presidencia en 2001, como resultado de unas polémicas elecciones. Fue derrocado en febrero de 2004 en medio de una ola de violencia. Más tarde denunció que su derrocamiento había sido obra de Washington.

Permaneció exiliado en Sudáfrica, hasta que en marzo pasado se permitió su regreso al país, según analistas para “equilibrar” las críticas por la presencia de Duvalier en Haití.

“Al mismo tiempo”, agregó Fatton, “no veo ninguna reconciliación sin algún tipo de proceso o comisión de la verdad”. “Decir simplemente que (el pasado violento) es un asunto terminado no hace nada por la reconciliación. Solo exacerba tensiones, porque la gente ve que es impunidad”.

Menos de dos semanas atrás, ocho agentes policiales, entre ellos algunos altos oficiales, fueron sentenciados a penas de hasta 13 años de prisión por la muerte en 2010 de unos 20 detenidos en Les Cayes, sudoeste del país. El proceso fue calificado como un paso importante contra la impunidad.

Respecto de la decisión de este martes 31, defensores de derechos humanos alegan que el derecho internacional tiene preeminencia frente al estatuto de limitaciones de Haití, supuestamente invocado para no juzgar a Duvalier. Y se refieren a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos este país caribeño está obligado a respetar.

La Corte ha dicho en más de una ocasión que ningún estatuto o amnistía puede aplicarse a casos de crímenes de lesa humanidad, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Es evidente según el derecho internacional que no existe ningún estatuto de limitaciones para tales crímenes”, dijo a la prensa en Ginebra el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Rupert Colville.

La funcionaria del Departamento de Estado, Westrate, apuntó además que “las víctimas todavía tienen el recurso de la corte de apelaciones y, si fuera necesario, de la corte suprema”.

Pero Fatton es escéptico sobre la voluntad de Washington para presionar en favor de que el proceso avance. “Estados Unidos aceptará de buen grado el statu quo”, opinó. “Su objetivo central en Haití es un gobierno que funcione y sea estable. Cualquier cosa que genere inestabilidad no será bienvenida”.

Michael Shifter, presidente del centro de análisis Diálogo Interamericano, estimó también que Estados Unidos “no se arriesgará a antagonizar con el gobierno de Martelly por este asunto”.

“Ahora, uno de los grandes problemas es (la propuesta de Martelly) de restaurar el ejército”, abolido por Aristide, dijo. “Ni Estados Unidos ni la comunidad internacional están felices con esto. De modo que Duvalier no parece la mayor prioridad”.

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Piedras y gases lacrimógenos mancharon la manifestación de estudiantes el miércoles 1 en la capital de Senegal, en protesta por la muerte de uno de los suyos el día anterior.

Radio France Internationale informó que unas 10.000 personas participaron en las manifestaciones del martes 31.

El lunes 30, un joven de 17 años y una mujer sexagenaria fueron asesinados en la norteña localidad de Podor, cerca de la frontera con Mauritania, cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes.

Por lo menos cuatro personas murieron desde el 27 de enero, cuando el Tribunal Constitucional validó la candidatura de Wade y comenzaron las manifestaciones de protesta, que rápidamente se tornaron violentas. Un joven policía murió en Dakar tras ser golpeado con un ladrillo.

Además, hubo varios detenidos desde el comienzo de las protestas, entre ellas el activista Alioune Tine, coordinador del Movimiento 23, que reúne a jóvenes y organizaciones de la sociedad civil y encabeza las manifestaciones. Además es el presidente de la Asamblea Africana de Defensa de los Derechos Humanos.

Tine fue detenido el sábado 28 y liberado, sin cargos en su contra, dos días después.

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La oposición sostiene que Wade ya cumplió dos periodos consecutivos y no puede ser reelecto. El presidente, quien gobierna Senegal desde 2000, alega que la reforma constitucional de 2008, que fija límites a la reelección, no puede aplicarse con retroactividad.

“Es un golpe constitucional”, dijo el rival de Wade, Cheikh Tidiane Gadio. El exministro es uno de los 14 aspirantes a la Presidencia.

“Wade quiere ser candidato, robar las elecciones y luego colocar a su hijo como líder del país”, arguyó. “Las autoridades siguen intimidando y deteniendo jóvenes. La lucha seguirá en el ámbito nacional e internacional”, añadió Gadio.

Aïssata Tall, abogada y portavoz del Partido Socialista de Senegal, prometió refutar la candidatura de Wade en otros tribunales.

“La rapidez con la que el Tribunal Constitucional se pronunció en el proceso de apelación es inconstitucional. De ser necesario, llevaremos el asunto a tribunales internacionales porque nuestro país ratificó acuerdos sobre derechos humanos”, dijo la abogada a IPS.

“En materia legal, estamos preparados para demostrar que la candidatura del presidente Wade no es válida”, sentenció.

Macky Sall, quien fue primer ministro (2004-2007) de Wade y ahora es candidato presidencial por la Alianza para una República, condenó la violencia y las agresiones contra activistas.

La candidatura del presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, fue aceptada para un tercer mandato. ( Paul Morse/Wikicommons)

“Notamos que Wade entregó uniformes a personas que luego tiraron piedras. La policía reprimió a los manifestantes con camiones lanza agua. Él basa su candidatura en la fuerza”, opinó.

Otro exprimer ministro de Wade y ahora aspirante a sucederlo, Idrissa Seck, dijo a IPS que le causó tristeza y preocupación la muerte de manifestantes.

El líder del Partido Rewmi (mi país, en lengua wolof) condenó la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar lo que él calificó de candidatura ilegal.

“Es una decisión con graves consecuencias para la paz y la seguridad de Senegal. Pero además, sorprende y es una decepción para todos los demócratas de Senegal, así como los de los países vecinos”, dijo el candidato a IPS.

Ismaïla Madior Fall, profesor de derecho público, considera que el Tribunal Constitucional no puede ignorar la fuerza legal de una declaración realizada por el propio Wade en 2007, en la que señaló que no podrá presentarse a la reelección tras su segundo mandato.

“En materia de derecho constitucional, uno ve al presidente de la república como un auténtico intérprete de la Constitución”, dijo a IPS.

“La declaración sobre el significado de los artículos enmendados es algo que el Tribunal Constitucional no puede ignorar. Un juez constitucional también debe estar atento a la clase política y anticipar el futuro”, señaló Madior Fall, quien añadió que la gente no tuvo más opción que protestar.

El portavoz de la Presidencia, Sérigne Mbacké Ndiaye, señaló que es impensable postergar las elecciones presidenciales del día 26, independientemente de cuál sea la situación.

“Existe la voluntad por parte de ciertas personas de instalar el caos en el país, pero no es una opción postergar los comicios”, declaró.

“Los que están protestando, al parecer, no podrán presentarse a las elecciones y por eso llaman a la insurrección y a la resistencia”, según Mbacké Ndiaye.

“El mundo entero nos mira”, señaló. “No tenemos derecho a crear una situación difícil en el país. Es imposible que haya fraude en Senegal porque tenemos un excelente registro electoral”, apuntó.

La verdadera batalla que merece la pena pelear es la de realizar elecciones libres, transparentes y democráticas, añadió.

Mural con los rostros de los 90 supervivientes del genocidio armenio (Herbert Bagdasaryan / AP)

La persistencia de la guerrilla insurgente en Chechenia es sólo el exponente más abrupto de lo que sigue ocurriendo en el resto del Cáucaso. También las fronteras de Armenia y Georgia, dos países que pertenecen al Consejo de Europa, se cobran cada año decenas de víctimas por disparos o captura de prisioneros. Casi dos décadas de alto el fuego en sus respectivos conflictos no ha servido para apaciguar la violencia latente. Al contrario, sus ejércitos se han rearmado y, según muestran las encuestas, el rechazo entre etnias es cada vez mayor, apoyado en rivalidades religiosas o territoriales y agitado por acusaciones mutuas entre gobiernos cuya legitimidad democrática está en ocasiones en entredicho.

En el Cáucaso, tierra de históricos conflictos, por servir de frontera natural entre Asia y Europa, la práctica habitual es que las decenas de etnias que allí se acumulan apenas convivan, sino que permanezcan mayoritariamente segregadas, incluso cuando comparten el mismo territorio. Eso conlleva evidentes riesgos en una región tan empobrecida y escasa en tradición democrática. En el caso de Armenia, la guerra que le enfrentó con Azerbaiyán por el control de la región de Nagorno-Karabaj terminó con un alto el fuego en 1994, pero aún no se ha podido firmar la paz definitiva, y los tiroteos en la frontera son intermitentes.

Tan sólo entre los días 19 y 26 del pasado mes de noviembre dos soldados armenios karabajíes murieron por disparos de francotiradores, y en respuesta éstos abatieron a siete militares azeríes. Según informes de las fuerzas de seguridad del Alto Karabaj, esa semana el alto el fuego fue violado nada menos que en 270 ocasiones. Durante todo el otoño pasado, las exhibiciones de poderío militar, mediante desfiles a uno y otro lado, han hecho pensar a muchos en la posibilidad de una nueva guerra.

Los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán mantienen alta la tensión en las fronteras, pero también hay un frente interior, entre la población civil.

Ashot Parsyán, director del Centro Hispano de la capital armenia (M. H.)

A este respecto, los datos que aporta Ashot Parsyán, director del Centro Hispano de Ereván, resultan escalofriantes. Según las encuestas oficiales que maneja, tan sólo el 28% de los armenios aprueba la amistad con los azeríes, pero esa cifra se reduce a apenas el 1% en el país vecino. Es decir, que la práctica totalidad de la población de Azerbaiyán rechaza de plano cualquier relación de vecindad con Armenia.

“Nos odian profundamente”, admite amargamente Ashot, cuya experiencia personal es buena muestra de la virulencia social de este conflicto. Aunque de origen étnico armenio, él nacio en Bakú, la capital azerí, en los tiempos en que los dos países eran repúblicas soviéticas, integradas en la antigua URSS. Los azeríes, mayoritariamente musulmanes, y los armenios, de ancestrales creencias cristianas, vivían en paz en la década de los ochenta, pero con la desintegración del régimen soviético surgieron también las discordias territoriales y los rencores interétnicos. La familia de Ashot tuvo primero que dejar de hablar armenio en público, y finalmente salir precipitadamente de Azerbaiyán, temiendo por su vida.

No en vano, aquel conflicto dejó unos 15.000 muertos y un millón de desplazados. Sin embargo, Ashot no se siente en absoluto un refugiado. Al contrario, sólo cree haber vuelto a casa, y recuerda con hilaridad la alegría de su hermana pequeña hace dos década, al bajarse del avión y gritar a los cuatro vientos que ya podía expresarse de nuevo en su lengua natal. Eso no obsta para que lamente la actual escalada de tensión cuando su país no logra salir de una extrema pobreza y la máxima aspiración de las jóvenes generaciones es emigrar.

La representación permanente de Armenia en Naciones Unidas ha denunciado en varias ocasiones que Azerbaiyán “viene desarrollando y ejecutando desde hace años una campaña en gran escala de propaganda, en la que infunde el odio racial y la intolerancia contra los armenios”, motivo por el cual asegura que más del 70% de la ciudadanía azerí se opone actualmente la labor del denominado Grupo de Minsk para las negociaciones de paz entre los dos países. Ni siquiera la mediación de Rusia, que vela por sus intereses petrolíferos en la zona, logra allanar el camino.

Esa presunta propagación de odio étnico puede parecer usual, como técnica utilizada desde el poder político para manipular a la población, en un país como Azerbaiyán, donde se acumulan las acusaciones de fraude cada vez que se celebran elecciones. Diversas organizaciones de derechos humanos, sobre todo Aministía Internacional, vienen denunciando una desmesurada represión de las recientes protestas, inspiradas por la primavera árabe, contra el autoritarismo y la supuesta corrupción del régimen azerí. Sin embargo, es más difícil de explicar esta animadversión popular en Armenia, un país que ya parece a salvo de tales sospechas antidemocráticas.

“La intolerancia y el odio étnico existen también en Armenia”, opina el veterano periodista armenio Onnik Krikorian. Ejemplifica su afirmación con lo sucedido recientemente en Ereván, donde ningún recinto fue capaz de albergar un festival de cine sobre Azerbaiyán, ante las amenazas recibidas. Ashot por su parte asegura que no se trata solamente de una cuestión religiosa, sino que está imbricada con la territorialidad, de forma parecida a lo que sucede en Israel.

Manifestación en Beirut de miles de armenios e hijos de armenios nacidos en el exilio conmemorando el genocidio que sufrieron a manos de Turquía (Eddy Tamerian / AP)

Manifestación de jóvenes armenios en la conmemoración del genocidio que acabó con la vida de más de un millón y medio de personas. Miles de personas volvieron a participar en esta cita anual en abril de 2011 (Vahan Stepanyan / AP)

Armenia, que fue el primer país del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial, mantiene cerradas sus fronteras no sólo con Azerbaiyán, sino también con Turquía. El único país de mayoría musulmana con las que las mantiene abiertas es Irán, y no sin reticencias. El pasado 23 de enero el Senado de Francia aprobó la reforma legal que castiga la negación del genocidio armenio a manos de las autoridades turcas en 1915, y que provocó un éxodo de tal magnitud que actualmente viven 9 millones de personas de origen armenio en el extranjero y sólo 3 millones en ese país. Desde ahora en Francia, negar el genocidio armenio se pena igual que hacerlo con el holocausto judío. Turquía ha amenazado a Francia con denunciarla al Tribual de Derechos Humanos por esta decisión, tensando así hasta el extremo sus relaciones diplomáticas.

La diáspora armenia huyendo del genocidio (AP)

Fosa del genocidio armenio (AP)

Un siglo después, la cerrazón turca a reconocer que aquella tragedia colectiva supusiera un genocidio mantiene abiertas las heridas y cerradas las fronteras. Herminia pertenece a la nueva diáspora armenia, la de la emigración huyendo de la pobreza. Llegó a España hace casi una década con su marido e hijo, y no sólo resiste aquí a pesar de la crisis, sino que poco a poco se ha traído también a su madre y a su hermano. Sin embargo, Herminia rememora aquella masacre como si la hubiera vivido en primera persona. Los detalles se expone en el Museo del Genocidio de Ereván, donde cada día se depositan flores frescas alrededor de la llama perenne en honor de las víctimas, con vistas al monte Ararat, el símbolo nacional armenio, que sin embargo quedó hace mucho tiempo en territorio turco. Herminia es capaz de abstraerse de sus acuciantes problemas laborales y familiares para mirar desde una diáspora a la otra y sentenciar con emoción contenida: “fue un genocidio organizado”.

Las calles de Tiflis muestran huellas evidentes de las últimas guerras (Mónica Hernández)

Es lo que piensan también sus vecinos georgianos, pero dirigiendo en este caso sus invectivas hacia la Rusia actual, que creen una continuación del régimen soviético. Desde la breve guerra de agosto de 2008 entre Georgia y Rusia, el ejército de este país ocupa las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, cuya secesión ya costó en 1995 un conflicto armado con casi 10.000 muertos. En la actualidad hay 150.000 personas afectadas por las hostilidades y 90.000 refugiados que viven de las ayudas internacionales, según el recuento de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea. Es el resultado palpable de la intolerancia y la limpieza étnica a uno y otro lado de las fronteras de esas regiones.

Flores frescas rodean cada día la llama perenne en honor a las víctimas del genocidio armenio, en Ereván (M. H.)

Lo sigue poniendo de manifiesto Amnistía Internacional, en cuyo informe de 2011 aparecen referencias a que la población civil continúa sufriendo “acoso e inseguridad” en zonas de Abjasia, donde hubo incluso “informes sobre tiroteos, homicidios e incendios provocados”. Y respecto a los refugiados de guerra, muchas han sido las organizaciones que han denunciado la ilegalidad de los desalojos forzados que han venido padeciendo en Tiflis por parte de las autoridades gubernativas. Y en cuanto a los asentamientos recientemente construidos para los desplazados, “el acceso al agua, al saneamiento y otros servicios esenciales es insuficiente”, insiste Amnistía.

Las otras consecuencias: fronteras cerradas y armadas hasta los dientes, escaramuzas, denuncias de violación de derechos humanos, una depauperación que se evidencia en las propias calles de la capital, Tiflis, y una intensa propaganda de exaltación nacional contra los “enemigos” rusos y del resto de etnias por parte del Gobierno georgiano de Mijail Saakashvili, quien viene siendo reelegido presidente ininterrumpidamente desde 2004 a pesar de las protestas de la oposición por supuestos fraudes electorales. La represión de las últimas manifestaciones por este motivo, en mayo del año pasado, se saldó con dos muertos y decenas de heridos.

Sin embargo, para el verano las algaradas ya se habían acallado y tuvo lugar la apertura de una llamativa muestra permanente del Museo Nacional de Georgia, la dedicada a la “ocupación soviética”. Al entrar en el edificio, el propio guardia de seguridad, con orgullosa jovialidad, informa a los aún escasos turistas que visitan Tiflis de que en la cuarta planta se acaba de inaugurar esa exposición. Todavía no figura en los indicadores del museo. Al penetrar en la primera de las salas, sobrecoge la imagen de un vagón de tren, de tamaño real, agujereado por los disparos de una ametralladora allí mismo apostada. Junto a la escena, fotografías de cadáveres y largas listas, que ocupan paredes enteras, con los nombres de las víctimas de los primeros ataques del Ejército Rojo, en 1921.

La penumbra y quietud de la sala se ven rotas por el estruendo de un vídeo proyectado en una gran pantalla. Muestra imágenes de refugiados, muertos, heridos y bombardeos de la última guerra, la de 2008, junto a declaraciones del entonces presidente ruso, Vladimir Putin. El conjunto resulta efectista, pero también sobrecogedor. Ese mismo museo resalta la raigambre religiosa del país.

Tras Armenia, Georgia fue el segundo país del mundo en adoptar el cristianismo, y como aquélla, posee una Iglesia propia, que reivindica sus remotos orígenes con estrictos ritos concelebrados a diario en los vetustos monasterios que se diseminan por toda su geografía. Una institución nacional, un distintivo que contribuye a la cohesión de la sociedad bajo señas de identidad étnicas. Al igual que el alfabeto propio, que ha sustituido por completo al cirílico,importado por los rusos, del cual ya no se encuentra rastro alguno en los espacios públicos.

Un sacerdote georgiano da muestras de fervor y patriotismo ante los peregrinos que acuden al monasterio de Zvari (Mónica Hernández)

Pero Abjasia y Osetia no son los únicos peligros territoriales para Georgia. Su provincia más occidental, de mayoría turca, conserva un protectorado por parte de Turquía. En el extremo oriental son sin embargo los azeríes los que reclaman autonomía y se sienten más identificados con Azerbaiyán, mientras que en la provincia más meridional predomina la población armenia y amenazan también con movimientos separatistas. Y es que en el Cáucaso Sur el cese temporal de los conflictos bélicos, lejos de promover la convivencia, no ha hecho más que consolidar la segregación entre las múltiples etnias. Los tiroteos en las fronteras son sólo su síntoma.

http://cuatrosemanas.periodismohumano.com/2012/02/01/8-final/XX

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Cuatro estados del país son ejemplo de la lacerante realidad para millones de mujeres adolescentes, quienes carecen de atención gubernamental para un acceso pleno de anticonceptivos, educación sexual de calidad y atención sanitaria a fin de evitar muertes ligadas con el embarazo, parto o puerperio.

En Veracruz, Morelos, Oaxaca y Colima, las adolescentes –sobre todo indígenas o en situación de pobreza– conforman uno de los grupos poblacionales más vulnerables, y las autoridades no pueden satisfacer sus necesidades en materia de salud, educación y empleo.

Salvo en el centro-occidental y costero estado de Colima, de acuerdo con datos oficiales, en los otros tres estados la cifra de embarazos en adolescentes se incrementa año con año, lo que refleja la ineficacia de las políticas de salud sexual y reproductiva, a decir de especialistas y activistas de la sociedad civil.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (Inegi), en 2010 el 19 por ciento de los embarazos totales registrados en el suroriental y costero estado de Veracruz correspondió a menores de 19 años, mientras que en las zonas indígenas una de cada seis menores de 19 años es madre por vez primera a partir de los 15 años.

Veracruz es una de las entidades con mayor número de casos de muerte materna: por cada mil nacidos vivos, fallecen 74,8 mujeres, cuando la media nacional respecto a la Razón de Muerte Materna es de 62,8 por cada mil.

En el suroccidental Oaxaca, 20 por ciento del total de embarazos que se registran al año ocurre entre mujeres adolescentes.

Esto se traduce en que ellas tienen menos posibilidades de encontrar un empleo o de continuar sus estudios, indica la coordinadora del área de Equidad y Género de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Guadalupe Pieeg.

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportan que el número de embarazos en mujeres menores de 18 años se duplicó entre 2005 y 2011 al pasar de 7 mil 137 a poco más de 13 mil. Mientras que las encuestas realizadas por los SSO establecen que más de la mitad de los embarazos en adolescentes son no deseados.

La tasa de fecundidad entre las adolescentes oaxaqueñas es de 62 nacimientos por cada mil, una de las más elevadas a escala nacional.

En el central Morelos, 53 por ciento de las adolescentes de 12 años o más con vida sexual activa se han embarazado. En 2008 ocurrieron 38.295 nacimientos en el estado, de los cuales 68,3 por ciento fueron de mujeres de 15 a 29 años de edad. De esa cifra, 24,11 por ciento corresponde a adolescentes de 15 a 19 años.

La coordinadora del capítulo mexicano del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Patricia Bedolla, advierte que el aumento de embarazos en adolescentes en la entidad es consecuencia de la falta de políticas públicas de prevención.

Políticas ineficientes

En el caso de Veracruz, las propias autoridades reconocen que han sido rebasadas ante el incremento de los embarazos en adolescentes. En 2011 el gobierno del estado tuvo que duplicar los recursos destinados a becas para que las madres adolescentes no abandonaran sus estudios.

El delegado estatal de la Secretaría de Educación Pública e integrante del Comité de Evaluación para la entrega de becas a madres adolescentes, Armando Alejandre, explica que el número de adolescentes embarazadas que requieren becas resultó ser mayor de lo que se pensaba.

Detalla que en 2010 la inversión federal para el programa Promajoven fue de 152.000 dólares para becas de 38 dólares mensuales por adolescente embarazada o madre adolescente que lo solicitara. El monto tuvo que duplicarse en 2011 a 305.000 dólares para una cobertura de 600 adolescentes en esa situación.

Bedolla considera que la política pública de otorgar becas a las adolescentes embarazadas es “asistencialista y sólo un paliativo que no resuelve de fondo la situación de hacerse cargo de un hijo o hija por al menos los siguientes 18 años”.

Califica como “urgente” que el Estado despliegue políticas públicas de prevención tanto en salud pública, como en el aspecto económico y de empleo para las adolescentes en esa situación.

“Si la política pública es de becas, entonces deberían serlo hasta que las jóvenes terminen una carrera y, paralelamente, otorgarles becas de trabajo”, apunta.

En lo que respecta a Morelos, la coordinadora de Cladem-México acusa que la entidad carece de estrategias para brindar servicios de anticoncepción a las adolescentes, y en su lugar promueve la abstinencia sexual entre esa población.

En las escuelas públicas, abunda, “hay una negativa a hablar de sexo, relaciones sexuales y sus consecuencias”.

Esto parece ser una política de Estado, ya que instancias estatales como el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia o el Instituto de la Juventud “promueven la abstinencia para evitar enfermedades indeseables, pero no para evitar un embarazo porque persiste la mentalidad de que tener un hijo es una bendición”.

En Colima la cifra de embarazos en adolescentes apenas disminuyó tres puntos porcentuales, y las autoridades responsabilizan a las y los jóvenes de no acudir a los centros de salud para pedir “orientación” sobre métodos anticonceptivos.

La jefa del Departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del estado, Mónica Gómez, presume que las y los adolescentes tienen “demasiada información sobre la existencia de métodos anticonceptivos”.

Pero analiza que por diversas razones “no los usan o los usan mal”, de tal forma que en muchas ocasiones sus relaciones sexuales terminan en un embarazo no planeado.

La guerra contra el terrorismo dejó a miles de lisiados en Pakistán. (Ashfaq Yusufzai/IPS)

El programa comenzará en marzo compilando datos sobre la cantidad de personas con lesiones causadas por la guerra en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y en la vecina Khyber Pakhtunkhwa (ex Provincia de la Frontera Noroccidental), explicó Mahboob ur Rehman, director del departamento de fisioterapia del Complejo Médico de Hayatabad en Peshawar, la capital provincial.

“Planificamos mejorar los servicios de rehabilitación física para las víctimas del terrorismo con el fin de evitarles una discapacidad permanente”, dijo.

El conflicto armado de una década dejó a miles de personas lisiadas por explosiones, bombas y ataques de aviones no tripulados. La mayoría de las víctimas necesitan prótesis y ortopedia para volver a caminar, indicó.

Con base en estadísticas de los hospitales estatales, Rehman dijo que 35.000 personas murieron en la guerra, y 60.000 quedaron gravemente heridas. Unos 10.000 pacientes necesitan rehabilitación, añadió.

Mohammad Haris, cirujano ortopédico del Hospital Lady Reading de Peshawar, señaló que hay mujeres, niñas, niños y ancianos que perdieron miembros y están inmovilizados.

“Necesitan sillas de rueda, muletas y otro tipo de ayuda. La mayoría son pobres y no pueden pagar una costosa rehabilitación de las instituciones privadas”, indicó Haris. Muchas ignoran que los hospitales estatales y talleres ortopédicos ofrecían tratamiento, agregó.

Irfanullah, de 22 años, perdió ambas piernas en un ataque de mortero en Waziristán del Norte en octubre de 2011, y espera ansioso el inicio del programa.

“Necesito prótesis para caminar y manejar la frutería” familiar, señaló. “A mi padre, gravemente herido hace un mes, le tuvieron que amputar la pierna izquierda y también necesita una”, apuntó.

Shagufta Bibi, de 38 años y con tres hijos, habría quedado postrada de no ser por la prótesis que le colocaron. “Estaba sentada en el jardín de mi casa cuando un talibán tiró una granada y me hirió gravemente la pierna derecha”, dijo la mujer originaria de Swat.

El movimiento islamista afgano Talibán se refugió en las áreas tribales de Pakistán tras ser expulsado en 2001 de Kabul por la fuerza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), liderada por Estados Unidos. Una vez allí, comenzó los ataques contra fuerzas pakistaníes, mercados y edificios estatales con el fin de imponer su ideología fundamentalista.

El nuevo programa, con un presupuesto de 1,2 millones de dólares, cubrirá, entre otros costos, los de prótesis y sillas de ruedas. El gobierno japonés prometió accesorios por dos millones de dólares, que los beneficiarios recibirán en forma gratuita.

“Decidimos contratar fisioterapeutas y especialistas en ortopedia en los hospitales de los distritos de Khyber Pakhtunkhwa y FATA. El proceso de recuperación comienza con la intervención quirúrgica, la rehabilitación médica y física e incluye capacitación vocacional y apoyo para buscar trabajo”, explicó un funcionario.

Los hospitales públicos ya tienen instalaciones de fisioterapia, pero la rehabilitación de paraplejías y hemiplejías solo es posible con apoyo de organizaciones privadas especializadas.

Los departamentos de Salud, Bienestar Social y de Mujeres, así como organizaciones religiosas de beneficencia, también colaborarán con la iniciativa.

La necesidad de un programa para lisiados se hizo evidente por primera vez tras el terremoto de 2005, que dejó a miles de personas gravemente lesionadas. El programa vinculará fisioterapeutas con especialistas en cirugía, ortopedia, neurocirugía y otras disciplinas en hospitales especializados.

Se creará un centro de rehabilitación con 20 camas en el Complejo Médico de Hayatabad para pacientes con parálisis. Por ahora no hay unidad interna de recuperación en el sector público, aunque hay un centro, muy limitado, para atender paraplejías.

El Complejo de Fisioterapia Habib, una institución privada con 15 camas y una unidad para atender apoplejías, firmará un acuerdo con el gobierno para coordinar la labor de instituciones públicas y privadas.

Miles de niños y niñas que quedaron con secuelas de poliomielitis también se podrán beneficiar del programa, según las autoridades.

Imagen de la señal emitida por RTVE de la retransmisión en directo del juicio

De repente, la España invisible normalmente para los medios de comunicación, la de la tercera edad, la que viste de negro cuando está de luto y peina su cabellera blanca en un recogido bajo, apareció en la retransmisión en directo de RTVE del juicio contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Era María Martín López, que a sus 81 años por fin podía sentarse ante unos jueces, abogados y fiscales y sacar un hilo de voz para pedir, una vez más, recuperar los restos de su madre. El 21 de septiembre de 1936 en la localidad de Pedro Bernardo (Ávila), cuando ella tenía sólo 6 años, partidarios del bando de los golpistas cogieron a su madre y “la mataron, la echaron a la calle, se la llevaron a declarar a Arenas de San Pedro, pero la dejaron en el camino y mataron a 27 hombres y 3 mujeres”, ha explicado María Martín al abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda.

Su padre, que fue encarcelado, intentó exhumar los restos de su madre al salir de prisión pero tuvo que desistir, según cuenta ahora su hija, ante las continuas amenazas: “No vayamos a hacer contigo lo que le hicimos a ella”. La mujer ha contado cómo se personó y mandó cartas a numerosas instituciones pidiendo que la ayudaran a desenterrar a su madre, cuyos restos sabe perfectamente dónde están, “pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por encima”, una fosa común en la que asegura hay cuerpos de cinco represalidados más del régimen.

“Sola por el mundo, completamente”, así es como ha definido su lucha durante toda una vida para dar sepultura a los restos de su madre esta representante de la Asociación Nuestra Memoria, de represaliados en la Sierra de Gredos. “Desde el 77 que me encargó mi padre continuar, ‘a ver si consigues llevar a tu madre conmigo”.

También ha declarado hoy Pino Sosa, de 75 años, representante de la Asociación por la Memoria Histórica de Araucas de Gran Canaria e hija de un desaparecido por el régimen. A la pregunta de por qué su asociación había recurrido a la Audiencia Nacional, ha respondido: “Acudimos por justicia. Se lo llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos. (…) Cuando se llevaron a mi padre yo era muy pequeñita. Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas. Porque mi madre murió enferma, buscaba a mi padre y nunca lo consiguió”. Su madre nunca aceptó la declaración oficial de fallecimiento, según cuenta Sosa, porque “como decía ella, se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba“. Cuando el abogado de la acusación particular, ejercida por el colectivo de extrema derecha Manos Limpias, José María Ruiz, le ha preguntado por qué acudieron a la Audiencia Nacional y si otros juzgados le habían informado de que los hechos habían prescrito, Sosa ha respondido que les informaron de que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que, vista la tardanza en contestar en el juzgado local, presentaron su caso ante la Audiencia Nacional.

Asimismo, Sosa puntualizó que su declaración no afectaba en nada a la búsqueda de su padre y de los otros 500 desaparecidos que la Asociación de Memoria Histórica de Araucas en Gran Canarias representa, ni a la denuncias y demandas interpuestas ante otras instancias, como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El último en declarar esta mañana fue el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, en representación de Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), que explicó que tras años de investigación sobre lo que había ocurrido en esa comarca a partir de 1936, era evidente que había habido “un plan sistemático para eliminar a los responsables del gobierno legítimo de la República” de lo que se derivaba que había habido “actos de genocidio”. El historiador explicó que presentaron la denuncia ante la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 “porque había muchos crímenes sin resolver, queríamos saber cómo se habían producido las muertes y dónde estaban esas personas (…) y para intentar saber cómo se había producido el proceso final, al que nosotros no podíamos llegar” puesto que siguen sin ponerse a disposición pública los documentos penitenciarios de la Policía y de la Guardia Civil de los años de la dictadura. “Todavía las instituciones del Estado no se han concienciado que deben entregar a la población civil, a los historiadores, el acceso a estos archivos para documentar el proceso represivo”. Por eso es fundamental una investigación judicial, explicó. “Somos personas sensibles y hemos viajado, y hemos visto que en otros territorios del mundo se habían producido denuncias por hechos similares y aquí no”, añadió.

Está previsto que declaren en total 22 testigos propuestos por la defensa. Veintidós representantes de las víctimas de la dictadura franquista que por primera vez serán escuchados por la administración de la Justicia española, aunque el juzgado sea el juez que recuerda incansablemente que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que no pueden ser amnistiados.

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El ministro de Justicia de España, Alberto Ruíz Gallardón, ha planteado la modificación de la Ley del Aborto, antes incluso de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la demanda que su partido, el Partido Popular, presentó ante la demanda que el gobierno del Partido Socialista hizo en el 2010.

Lo que sabemos hasta el momento es que va a retomar la esencia de la ley de 1985 que permitía el aborto sólo en tres supuestos: la violación, la malformación o cuando supusiera riesgo para la salud de la mujer. Una ley mucho más restrictiva que la de la reforma de 2010 que implicaba que la mujer no aportar ninguna justificación para interrumpir el embarazo antes de las 14 semanas.

Contrariamente a lo que se vaticinaba desde sectores antiabortistas, en estos dos años las cifras de interrupciones voluntarias del embarazo se mantuvieron estables tras la reforma. En este periodo, además, las mujeres de 16 y 17 años tenían la última palabra a la hora de decidir si querían interrumpir el embarazo. Con la nueva modificación de la ley anunciada por el ministro Gallardón, los padres o tutores volverán a tener la última palabra sobre el aborto de la menor.

Volver a supuestos como los de 1985, nos llevarían a un panorama en el que el riesgo psicológico se convirtió en un gran coladero por el que se justificaban las más de 100.000 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizaban cada año en España.

Desde las clínicas abortistas advierten que esta reforma será un paso atrás que devolverán estas intervenciones a la clandestinidad y que condenará a las pacientes y a los profesionales a la inseguridad jurídica.

Conversamos con Lupe Barrantes, de la Asociación contraria a la regularización del aborto “Derecho a vivir” y con Charo Luque, de la asociación “Mujeres de Negro” y de la plataforma “Ocho de marzo”.

Descargar fichero de audio (entrevista-reforma-aborto_md_1014627_1.mp3)

“Esta reforma es un parche porque ratificaría que es un derecho que una madre pueda matar a un hijo que tiene dentro” Lupe Barrantes

“El aborto es un mal, matar a un ser humano, es indiscutible que la vida humana comienza cuando se fecunda” L. B.

“El Partido Popular debe ser coherente y mantener la postura que tenía mientras estaba en la oposición, contra la ley de plazos” L. B.

“El Partido Popular pretende utilizarnos a las mujeres, de nuevo, como moneda de cambio para contentar a su electorado. Y para ello no le importa ultrajar nuestros derechos” Charo Luque

“Hemos defendido siempre que la interrupción del embarazo estuviera fuera del Código Penal, a pesar de ello la reforma del 2010 sí había supuesto avances” C. L.

“Los sectores que defienden que una mujer con 16 años no es capaz de tomar la decisión sobre si quiere continuar con el embarazo, sí la ven capacitada para imponerle contra su voluntad algo tan trascendente como es la maternidad” C. L.

“Los mismos sectores que intentan rebajar la edad penal, pretenden poder imponer a menores la maternidad” C. L.

“Con los tres supuestos se nos obligaba a las mujeres a argumentar problemas psicológicos para abortar” C. L.

“Las mujeres tenemos derecho a decidir durante unos plazos durante los cuales la Seguridad Social tiene que darnos cobertura” C. L.

“Quien no quiera tener una maternidad va a abortar, la diferencia va a ser que si no puede hacelo en el marco de legalidad tendrá que hacerlo en otro marco” C. L.

(THP)

“Es un banco único porque está dirigido por mujeres y apoya a mujeres, especialmente a las que se dedican a la agricultura. Movilizamos a las mujeres y las alentamos a combatir el hambre y la pobreza ahorrando y accediendo a pequeños préstamos”, dijo la gerenta de la cooperativa, Rose Nanyonga.

A diferencia de los bancos comerciales, la institución es propiedad de las mujeres que participan en su crecimiento, explicó.

“Nuestras integrantes compran acciones en el banco, así que son sus dueñas y obtienen dividendos al final de cada año”, dijo Nanyonga. También son mujeres las siete integrantes de la junta directiva.

Los servicios no se limitan al crédito. A la entrada se ofrecen a la venta insumos agrícolas, linternas e incluso paneles solares.

Joel Komakec, del Hunger Project, dijo que su organización busca asegurarse de que las clientas compren las semillas y los equipos correctos con el dinero que se les prestó.

“Con la actual crisis energética que padece el país, todos se apresuran a comprar paneles solares. Pero puede ocurrir que quien saca un préstamo apenas alcance a comprar un equipo de baja calidad. Así que nos aseguramos de que obtengan el correcto”, explicó.

La directora de The Hunger Project en Uganda, Daisy Owomugasho, dijo  que el programa de microfinanzas de la aldea es parte de una estrategia que se promueve en Uganda y en otros ocho países africanos.

(THP)

“El crédito que obtienen bajo la forma de microfinanzas tiene por objetivo ayudar a las comunidades a cultivar alimentos, o a acceder a insumos, o a semillas mejoradas, o a cualquier otra cosa que puedan necesitar. Lo vemos como un enfoque integrado para poner fin al hambre y la pobreza de la población”, planteó Owomugasho.

Los hombres también pueden solicitar préstamos, aclaró. Las comunidades obtienen capacitación para manejar y usar efectivamente el crédito para salir de la pobreza.

“Pero nos dimos cuenta de que para dar poder a las mujeres también es necesario que ellas se hagan cargo de los créditos. Se les enseña contabilidad y conocimientos bancarios para que puedan manejar ellas mismas los bancos rurales”, describió Owomugasho.

Los seis bancos no solo obtienen ganancias, sino que registran una proporción de devoluciones de los préstamos, porque sus integrantes sienten que son sus dueñas, agregó.

A 14 kilómetros de Wakiso, una cabina de metal azul brinda servicios bancarios a las áreas rurales que rodean Kikandwa Parish y zonas aledañas. La administra Aisha Nansuna, quien recolecta los depósitos diarios y facilita los retiros cuando las clientas no pueden viajar hasta la oficina central.

Esta cabina ayudó a arraigar la cultura del ahorro en las mujeres rurales de Wakiso, dijo Nansuna.

“Una ve mujeres que traen hasta la suma más pequeña para ahorrar porque el banco está cerca”, añadió.

Nansuna también es beneficiaria del banco. Detrás de la cabina se encuentra su bien abastecida tienda de medicinas.

“Me he beneficiado mucho con nuestro banco. Empecé con un préstamo para avicultura, y luego solicité 1.500 dólares que usé para instalar esta farmacia”, relató.

Con el dinero que gana ha logrado enviar a uno de sus hijos a la universidad.

Otra beneficiaria, Dorothy Kabajungu, de 50 años, dijo que estos bancos cooperativos cobran intereses menores que los comerciales.

“Ahora pagamos 20 por ciento de interés, y nos dan un periodo de 10 meses para devolver la suma. Me dicen que los otros bancos cobran alrededor de 30 por ciento por los préstamos”, señaló.

“Este banco es muy bueno porque es nuestro. A las aldeanas nos gusta mucho porque no nos presionan demasiado para pagar”, dijo.

Kabajungu empezó solicitando 125 dólares, que invirtió en aves de corral. Cuando lo pagó, le concedieron un crédito más grande, de 500 dólares, que también invirtió en avicultura, pero a la vez usó para iniciarse en la venta de leña.

“Decidí dedicarme a este negocio porque el carbón es muy caro y hay demanda de leña”, explicó,  añadiendo que en los cursos de capacitación le enseñaron a identificar y dar seguimiento a una necesidad.

Gracias a esa formación aprendió a sobrevivir incluso en tiempos difíciles, dijo Kabajungu.

En la primera quincena del mes de enero dos anuncios parecidos impactaron contra las inquietudes laborales de los periodistas: Público el 3 de enero y MC Ediciones el día 10 presentaron concurso voluntario de acreedores.

Portada del último número de la revista Qué Leer

No sabemos si estas empresas van a quebrar, pero están muy cerca de ello: no les salen las cuentas y los bancos no les dan crédito. Cuando una empresa decide ponerse en manos de un administrador concursal, este sujeto externo -que suele ser una empresa de gestores y un acreedor bancario, por ejemplo- se remanga y mete mano en la empresa, toma el control y decide cuál es la mejor manera de acabar con el desastre. Hay dos caminos: la liquidación de la empresa o el convenio. Un convenio es un acuerdo por el que se venden algunos activos, se pagan algunas deudas y se tira adelante con las partes más rentables de la empresa.

Aún no sabemos cuál es el desenlace de esta intervención tanto en el diario Público como en el grupo editorial MC. Mientras esperamos, hablamos en este podcast con el escritor Milo J. Krmpotic’, redactor jefe de la revista Qué Leer, la única cabecera dedicada a la literatura que edita MC.

El barco de la comunicación hace aguas, como muchas otras embarcaciones que buscan su línea de flotación en la carta de navegación del capital. La crisis de la publicidad, el desinterés del mercado, la gratuidad de los contenidos y el corte de las subvenciones (aunque sean indirectas, como las que reciben -o, digamos ya, recibían- las revistas culturales gracias al dinero que el Estado aportaba a las bibliotecas para que realizaran suscripciones) golpean y tambalean la posibilidad de hacer revistas y trabajar en ellas.

Sobre esto también reflexionamos con Jaime Rodríguez Z., director de la revista Quimera, cuya existencia tras décadas de excelencia se ve peligrar también si las cosas no mejoran.