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Policía rodeando a #OccupyMordor (S. R.)

"Un banco para dominarlos a todos", uno de los lemas adoptados por varios cientos de personas frente a la sede de la Caixa (S. R.)

(S. R.)

Os recomendamos también el trabajo de Juan G. Pastor (@unFotografo_)

El 15M ya ante las torres de la sede de la Caixa. Pincha sobre la imagen para ver su web (Jesús G. Pastor @unFotografo_)

Mina de El Morro

El punto de inflexión fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligó a paralizar el proyecto minero de oro y cobre El Morro hasta que no se cumpla con la respectiva consulta a la pequeña Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos asentada en la zona.

La firma transnacional de origen canadiense Goldcorp posee 70 por ciento de la mina El Morro, que se emplaza en el Valle del Huasco, en la región de Atacama, unos 800 kilómetros al norte de Santiago.

El proyecto, que según la firma implica una inversión de 3.900 millones de dólares, consiste en la construcción y operación por 14 años, prorrogables, de una mina a tajo abierto, de la cual se espera obtener 2.215 toneladas de concentrado de cobre por día.

El emplazamiento minero utilizará unas 2.500 hectáreas, afectando una amplia zona desde la cordillera de los Andes hasta la costa del océano Pacífico, en la que se encuentran grandes extensiones de tierras de los huascoaltinos.

La decisión de la Corte del 27 de abril dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental de las autoridades regionales que autorizó la construcción y operación de El Morro.

También confirmó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que indica que para la obra en cuestión no se evaluaron los efectos, características y circunstancias señaladas en la Ley 19.300 sobre bases generales de ambiente, relativo al reasentamiento y alteración significativa de sistemas de vida o costumbres, en este caso, de la comunidad diaguita.

La Corte Suprema de Justicia estableció, además, que se violaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entró en vigor en Chile en 2009 y que establece derechos a los pueblos indígenas y tribales, la Ley Indígena, y derechos consagrados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas.

“La sentencia en el caso de El Morro da cuenta de una jurisprudencia asentada en Chile en cuanto a que se debe respetar el derecho a la consulta previa a los indígenas respecto de las medidas administrativas o legislativas que puedan ser susceptibles de afectarlos directamente, según el convenio de la OIT”, dijo a IPS la abogada Consuelo Labra, del Observatorio Ciudadano, organización patrocinante en la acción legal.

Labra precisó que, a partir de la sentencia, el proyecto El Morro debe paralizar todas sus faenas y “no tiene permiso para hacer algo en el territorio de los huascoaltinos” mientras no se realice la consulta.

La normativa establece que, al ser el Convenio 169 un instrumento internacional, deberá ser el Estado de Chile el que lleve adelante la consulta. Sin embargo, ese proceso no está regulado a cabalidad aún en Chile.

“A fines de 2009, cuando terminaba el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) hubo una regulación transitoria establecida en el decreto ley 124, pero al final resultó perversa ya que coartó la implementación de los procesos de consulta y redujo mucho el ámbito de aplicabilidad”, explicó a IPS el coordinador del área jurídica del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva.

El experto añadió que en ese aspecto Chile está muy atrás por ejemplo de Perú y Bolivia, donde existen legislaciones específicas sobre consulta.

Pero las organizaciones indígenas no han detenido sus reclamos ante esta carencia. Esa actitud es la que llevó a los huascoaltinos a apelar frente a la construcción del megaproyecto El Morro en su territorio ancestral.

“No necesitamos ni a la minera ni al gobierno para desarrollarnos. Hay varias iniciativas que llevamos adelante como comunidad, como el desarrollo de una zona trabajada como área silvestre protegida privada, que será la mayor reserva natural indígena del norte chileno”, indicó Sergio Campusano, presidente de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos.

Campusano explicó que cuando existe un plan de desarrollo y un proyecto como comunidad, la firma minera no solo impacta en materia medioambiental, sino también afecta al plan de desarrollo al que cada pueblo tiene derecho.

“Nuestro lema en esta iniciativa es ‘guardián de la naturaleza’, porque eso somos, es nuestra naturaleza. Los proyectos mineros no caben aquí”, aseveró.

“No somos pueblos que vivamos alrededor del proyecto minero, sino que el proyecto se viene a instalar en el centro mismo de nuestro territorio ancestral”, cuestionó.

El escenario complica la continuidad de los proyectos frenados por la Corte Suprema, cuya resolución, en el caso de El Morro, no es inédita. Por el contrario, desde hace tres años diversas comunidades indígenas presentan recursos de protección ante la justicia en busca de la cabal aplicación del Convenio 169.

El primer caso ganado fue el del centro de transferencias de basura en Lanco, 839 kilómetros al sur de Santiago, próximo a comunidades mapuches.

Otro proyecto emblemático es el Parque Eólico de Chiloé, casi 1.200 kilómetros al sur de Santiago, que fue paralizado por el máximo tribunal del país tras un recurso de protección presentado por comunidades mapuches.

“El Morro es resultado de todo este proceso”, explicó Silva.

“Hemos avanzado con las comunidades desde un desconocimiento de la normativa específica que les entregan los derechos a un reconocimiento prácticamente incuestionable sobre la forma de implementación de los mismos”, añadió.

La minera Goldcorp indicó, tras el fallo, que sus primeras acciones serán reunirse con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para ver los pasos a seguir.

Sin embargo, el desconocimiento de la normativa y la implementación de las consultas ciudadanas, así como la oposición de las comunidades indígenas, hacen casi imposible que el proyecto se reanude en el corto y mediano plazo.

Una joven palestina pinta un mural sobre la Naqba en Gaza (Hatem Moussa / AP)

“Allí está el inicio de mi vida. Mi padre convocaba a la plegaria ‘Allahu Akbar’ y toda la aldea lo escuchaba”, dice el palestino Yacoub Odeh, de 72 años, señalando una casa destruida en lo alto de una colina jerosolimitana.

Entonces Odeh tenía ocho años. Ahora, 64 años más tarde, evoca la Naqba, “gran catástrofe” que recayó sobre el pueblo palestino durante la guerra que condujo a la creación del estado de Israel.

Cientos de miles huyeron de sus hogares o fueron expulsados por las fuerzas del país naciente y, como Odeh, se convirtieron en refugiados.

(Bernat Armane / AP Photo)

La aldea de Lifta languidece en medio de las ruinas esparcidas entre Jerusalén occidental, israelí, y oriental, ocupada por Israel. Para muchos palestinos, el lugar simboliza el recuerdo de la tierra perdida y la falta de un estado propio. Allí, Odeh vuelve a sentir la libertad y la paz.

Allí, entre las murallas seguras de su infancia, acaricia con cariño las piedras vivientes. “Por nuestra puerta entraba el sol matinal”, relata.

Muchas casas todavía están majestuosamente en pie. Todo lo que queda de la de Odeh es un hinojo silvestre y muros medio enterrados.

Antes de la guerra de independencia de Israel, Lifta era una aglomeración de 500 hogares, una comunidad rica de 3.000 personas que vivían en armonía.

“El manantial, los jardines, los campos, la mezquita, la prensa de las aceitunas… Así era mi mundo”, recuerda. En sus oídos todavía suena el eco idílico de “personas bailando y cantando”.

“¿Cómo no ser acosados por ese fatídico día de febrero de 1948? Estábamos bajo sitio. Yo oía a las pandillas sionistas disparando”, dice.

Cuando una centena de palestinos fueron asesinados por milicianos judíos durante un ataque a la aldea cercana de Deir Yassin, el horror disparó una ola de pánico.

“De repente, mi padre cargó a mi hermana y a mi hermano. Cruzamos el valle, trepamos la montaña, y nos llevamos solo lo que había en nuestras mentes: nuestros recuerdos”, cuenta.

En apenas semanas no quedó ni un alma en aquella aldea de 2.000 años. “En un momento nos convertimos en refugiados”, dice Odeh.

En el plazo de un año, la mayoría de los que todavía vivían en lo que se convirtió en el estado de Israel se volvió una minoría a la que se le negó el derecho a la tierra.

En techos y pisos se hicieron grandes agujeros que volvieron inhabitable la aldea abandonada. La familia Odeh nunca volvió a vivir allí. Nadie lo hizo. Pero los oriundos de Lifta nunca dejaron de soñar con regresar a casa.

“Nunca olvidaré ni perdonaré hasta que recupere mi derecho a ser libre en Lifta, en Palestina”, asegura Odeh.

Año tras año, cada 15 de mayo, “Día de la Naqba”, los palestinos manifiestan su aspiración a cumplir lo que, insisten, es su “innegable derecho de retorno”. En esa ocasión, los refugiados blanden llaves simbólicas como recordatorio de los hogares que perdieron.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNWRA), actualmente hay más de cuatro millones de refugiados registrados dispersos por Medio Oriente.

La mayoría de los israelíes consideran que el histórico reclamo palestino es “una amenaza existencial”.

Creen que el cumplimiento del “derecho de retorno” destruiría su estado desde adentro, dado que la absorción de millones de palestinos alteraría irrevocablemente su mayoría judía.

Según Odeh, “hay suficiente lugar para musulmanes, judíos y cristianos. Debemos vivir juntos, igual que nuestros abuelos”.

Algunos esperan que el fantasma de esa sentimental solución de un solo estado termine alentando a Israel a negociar una solución política de dos estados, y que Palestina absorba a la mayor parte de los refugiados.

Odeh personifica la historia de su pueblo. Poco después de su desplazamiento forzado, su padre falleció; tenía “el corazón roto”, dice. La familia se reasentó en Jerusalén oriental.

( AP Photo/Hatem Moussa)

Él trabajó en una videoteca en Kuwait, estudió derecho en Beirut y militó en el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Tenía 27 años cuando Israel conquistó el oriente de Jerusalén.

Al regresar, resistió la ocupación. Sentenciado en 1985 por un tribunal israelí a tres cadenas perpetuas consecutivas por “actividades terroristas”, fue liberado en un canje de prisioneros.

Actualmente es activista por los derechos humanos y autodesignado custodio de la memoria de su aldea.

Lifta es un paraíso para los hippies sin techo que la eligen y un refugio para los soldados con licencia en busca de serenidad. Y es una de las últimas aldeas vacías en pie después de la guerra de 1948.

En aquel entonces se destruyeron 500 de esas aldeas palestinas. Por lo general, lo que queda son terrazas, piedras mohosas y hierbas que señalan cementerios abandonados, añosas higueras silvestres o perales, y restos de muros.

Al seguir a Odeh en su recorrido por la aldea de su infancia, el visitante no puede dejar de admirar la belleza del lugar y la dignidad que de él emana, las cicatrices que la naturaleza y el tiempo fueron infligiendo, la invasión de la ciudad moderna y la nostalgia por el paraíso perdido.

En 1959, un decreto convirtió a esta codiciada zona en reserva natural. Queriendo emular la preservada aldea de Ein Hod, donde ahora vive una comunidad artística israelí, urbanistas de la Autoridad de Tierras de Israel intentaron convertir Lifta en un barrio lujoso.

Pero exhabitantes del lugar, respaldados por organizaciones israelíes de derechos humanos apelaron al tribunal distrital. En febrero, el plan se archivó… por ahora.

“Queremos preservar Lifta tal como está, renovarla como museo histórico abierto para todos”, insiste Odeh.

“¿Por qué quieren destruir este patrimonio cultural? ¿Para construir chalets?”, pregunta.

“Palestinos, cristianos, judíos, musulmanes… Eso no importa. Lo que importa es poner fin a la ocupación, crear un estado democrático”, dice Odeh. Y murmura: “La historia no irá siempre en la dirección equivocada”.

Entonces Odeh vuelve a su casa, que se encuentra a pocos kilómetros de aquel que alguna vez fue su hogar.

Mustapha, uno de los deportados en marzo, durante la concentración ante la delegación del Gobierno en Melilla (José Palazón)

En estos momentos al menos unas veinte personas están escondidas en algún rincón de Melilla, probablemente en algún descampado de los que parapetan la ciudad y hacen las veces de antesala de las vallas que la aislan del continente africano. Después de dos meses paralizados por el terror, ahora temen que sus peores pronósticos se cumplan, como les pasó a 52 de sus compatriotas. Tras meses de manifestaciones, concentraciones y huelgas de hambre, fueron deportados a República Democrática del Congo cuando la Delegación del gobierno de Melilla les había comunicado que serían trasladados a un CIE de la Península para, donde tras pasar como máximo el plazo de 60 días de encarcelamiento, ser puestos en libertad. Algunos de ellos llevaban más de tres años de desesperante espera en Melilla y sin aviso previo, fueron deportados a su país donde algunos de ellos, según fuentes cercanas, siguen presos en una de las cárceles más peligrosas del mundo, el Centro Penitenciario y de Reeducación de Kinshasa, donde hasta hace unos pocos años, morían diez personas al día por inanición y donde se encierran a los considerados opositores del régimen.

Escena dentro de una prisión de RDC

En el siguiente vídeo vemos escenas de hacinamiento y maltrato  grabadas dentro de la prisión donde fueron encarcelados congoleños deportados por Bélgica, por primera vez y tras una fuerte oposición de sectores de la sociedad civil, a principios de año.Hasta el 2011 de la Unión Europea sólo Chipre había deportado personas a RDC por la sistemática vulneración de derechos humanos que tiene lugar en este páis.

El lunes 7 de mayo, doce personas migrantes acudieron a la comisaría de Melilla tal y como se les había solicitado. Fueron detenidos y trasladados al CIE de Tarifa (Cádiz), donde se encontraron con otros diez  congoleños que habían sido trasladados desde Ceuta. Según Gustav Kiansumba, congolés, trabajador de la ONG Centro de recursos de africanistas (Crea), algunos de los detenidos le llamaron el miércoles para pedirle ayuda y fue cuando se tuvo constancia de esta situación. Kiansumba fue también migrante indocumentado, y según cuenta, activista en su país por lo que tuvo que huir para salvar su vida. Entre el grupo deportado, según nos cuenta , hay cuatro personas al menos que no son congoleños y temen que sean deportados igualmente a RDC.

Mientras el terror se ha extendido por la comunidad congoleña en Melilla, con la que ya estuvo tras la primera deportación Periodismo Humano, y que encontramos en un estado de shock paralizante. “Ahora todos tenemos mucho miedo, no le importamos a nadie. Nosotros no somos políticos, pero el presidente Kabila considera que las personas que estamos en el extranjero somos un Ejército de opositores y allí los matan. Ya nos hemos manifestado y nos han deportado. Tenemos mucho miedo. Ahora estamos aquí, no hablamos, no nos miramos…. En España, estás 60 días en la cárcel y te sueltan. Aquí en Melilla, algunos llevamos tres años…. Ya sólo nos queda esperar que sea lo que Dios quiera”, nos decía uno de los jóvenes fuertes y atléticos que habían conseguido sobrevivir a los peligros del viaje por el continente africano hasta llegar a suelo europeo, y que ahora cabizbajos, tristes, muy tristes y desactivados sólo tenían todo el tiempo del día para pensar que pronto podrían estar como sus camaradas en una prisión que Kiansumba define como “una exposición a la muerte: no hay comida, ni condiciones de higiene, no pueden recibir visitas…“.

Captura del vídeo del interior de cárcel de RDC

Por ello, cuando supieron la suerte que habían corrido este lunes otros 12 de sus compañeros, se apresuraron a buscar escondrijos en una ciudad de 12 kilómetros cuadrados y cercada por una doble valla de seis metros de altura. Según han contado, algunos de ellos fueron citados esta semana de nuevo en comisaría donde sólo acudieron dos, que fueron detenidos de inmediato. Y entonces activistas de derechos humanos de la ciudad denuncian que miembros de la Policía comenzaron redadas por la ciudad identificando dependiendo del color de piel, una práctica que ha sido denunciada por la ONU entre otros organismos por considerarse discriminatoria –las llamadas redadas racistas–. Según nos cuenta Kiansumba, un joven congoleño fue detenido cuando salía de su escondite para buscar agua y comida. “Sólo se salvarán los que tienen un corazón duro y no salgan de sus refugios”, sentencia

Según denuncian internos del CETI, policías de paisano también han ido entrado en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) la madrugada del lunes buscando por las dependencias a congoleños y cameruneses desatando la alarma entre los inmigrantes que dormían y entre los menores que conviven con ellos. También denuncian que fueron a buscarlos al comedor policías vestidos de paisano.

Hemos intentado hablar con algunas de las personas detenidas en el CIE de Tarifa pero puesto que no hay un teléfono público que nos permita hablar con ellos, sólo pudimos dar nuestro contacto al trabajador que contestó en la centralita para que se lo dieran a uno de los detenidos para que nos llamara, cosa que no ha ocurrido hasta el momento y que tiene toda la lógica teniendo en cuenta que esta persona no nos conoce. Tras poner el caso en conocimiento de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ésta ONG ha puesto una queja ante el Defensor del Pueblo para solicitar su intervención.

Nos hemos puesto en contacto con la Delegación de Gobierno de Melilla, con la Policía Nacional de la Ciudad Autónoma y con el Ministerio del Interior para aclarar, entre otras cuestiones, si se va a deportar a estas personas a un país que vulnera sistemáticamente los derechos humanos, exponiendo sus vidas a peligros graves, incluso a la muerte. La Delegación de Gobierno nos comunica que no tienen conocimiento ni responsabilidad en este ámbito. Con el responsable de prensa del cuerpo policial de Melilla nos ha sido imposible comunicarnos. Y el Ministerio de Interior nos pidió que le enviáramos las preguntas por escrito como es lo habitual. Tan habitual como que no tengan respuesta. Éstas son las cuestiones relevantes a las que no tenemos acceso:

• ¿Van a ser deportados a RDC o van a ser puestos en libertad en la Península como se les prometió desde la Delegación de gobierno de Melilla hace dos meses?
• En el caso de que vayan a ser deportados:
• ¿Cuándo?
• ¿En qué condiciones?
• ¿Van a ser acompañados por policías?
• ¿En un avión de una compañía comercial?
• ¿Se les ha informado de qué va a pasar con ellos?
• En el caso de que vayan a ser deportados:
• ¿Bajo qué acuerdo de repatriación con el gobierno de RDC se hará?
• ¿Serán internados como la vez anterior en la prisión de Kinshasa Kim Mazière donde hasta hace poco morían al día diez personas de inanición?
• Bajo qué razones se permite que estas personas sean encerradas en una prisión política donde organismos internacionales han denunciado que se cometen torturas y humillaciones de todo tipo?
• ¿Cúanto cuesta cada deportación de estos ciudadanos?

Preguntas por contestar sobre este caso enviadas en marzo de 2012, tras la primera deportación de los 52 congoleños que esperaban en Melilla:

• ¿Tiene España un acuerdo migratorio de repatriación con la República Democráctica del Congo?
• ¿A qué hora se realizó el viaje?
• ¿Cuándo se les comunicó que iban a ser deportados?
• ¿Fueron agredidos varios de los inmigrantes, como denuncian algunos de ellos, cuando se dieron cuenta de que iban a ser repatriados y se resistieron a montarse en el avión?
• ¿Viajaron esposados hasta Kinshasa?
• ¿Les acompañaron policías españoles?
• ¿Quiénes les recibieron en el aeropuerto de Kinshasa?
• ¿Les acompañaron hasta el Centro Penitenciario y de Reeducación de Kinshasa (CPRK), conocido como cárcel “Kin Mazière” de Gombe?
• Había varios enfermos de gravedad entre los deportados y algunos sufrieron ataques de ansiedad. ¿En qué situación los encontraron los policías que los acompañaban? ¿Recibieron atención médica?

Adolescentes y jóvenes promueven una iniciativa para proteger a la infancia de la norteña Ciudad Juárez (Daniela Pastrana/IPS)

“La pregunta es por qué se siguen matando y pareciera que aquí no pasa nada, mientras que en otro país esto sería una emergencia nacional”, se pregunta Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), una coalición que aglutina a 73 organizaciones no gubernamentales que promueven el respeto a los derechos de la infancia y la aplicación de políticas públicas para ese segmento poblacional.

La tasa de mortalidad general entre los menores de 18 años crece desde 2008 en este país que tiene 39 millones de sus 112 millones de habitantes en esa franja etaria. Datos del Sistema Nacional de Indicadores en Salud (Sinais) indican que pasó de 2,3 casos por cada 100.000 habitantes ese año a 3,6 en 2010, cuando se registró el mayor número de muertes en el último decenio. La franja de entre 15 y 17 años fue la más golpeada, con 10,7 muertes cada 100.000 personas en 2009 y 14,4 en 2010.

“El Estado ha dejado un vacío institucional propio de estados débiles, fallidos. Hay patrones de errores a ese nivel”, señala el presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, el profesor universitario Edgardo Buscaglia, exasesor de la Organización de las Naciones Unidas.  En sus estudios, ha encontrado que en ocho de cada 10 expedientes judiciales abiertos desde 2003 están involucrados menores de edad.

Buscaglia, especialista argentino en temas de seguridad, también aseguró que en México se registran 44 de los 58 tipos de violaciones de derechos humanos a menores que enumeran los convenios internacionales. El Sinais registra 1.180 homicidios de niños, niñas y adolescentes con arma de fuego en 2009 y 1.406 en 2010. En particular, las muertes violentas por esta vía de jóvenes de 15 a 17 años fueron 681 y 964, respectivamente.

En diciembre de 2006, el entonces flamante presidente de México, el conservador Felipe Calderón, ordenó el despliegue de miles de soldados y policías para combatir a las bandas que pugnan por el control de la distribución de drogas ilegales dirigidas al suculento mercado estadounidense. Esa campaña dejó hasta ahora más de 47.000 personas muertas, la desaparición de por lo menos otras 10.000, el desplazamiento de sus hogares de 250.000 y una cantidad desconocida de huérfanos, según recuentos periodísticos locales y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El seguimiento hemerográfico emprendido por Redim da cuenta de 244 niños y adolescentes muertos en 2011 por hechos violentos derivados de la lucha contra el narcotráfico, mientras que 50 perdieron la vida en lo que va del año.

“El desafío del crimen es un tema fundamental por la gravedad de las violaciones a derechos humanos. Hay una creciente participación de menores en la delincuencia organizada”, destacó Consuelo Morales, directora de la no gubernamental Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Los jóvenes “se ven ensituación de riesgo por la delincuencia y por las respuestas de las autoridades, muchas veces irracionales y anticonstitucionales”, agregó.

Dentro de la campaña “Infancia sin violencia” lanzada en noviembre, la Redim aplica el Mapa Geo-referencial sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes para identificar y prevenir las agresiones armada, física y sexual en contra de esa fracción poblacional. Esta herramienta tecnológica permite que los ciudadanos puedan enviar reportes de casos de esas tres variantes y así construir una base de datos para rebatir la falta de información oficial fiable sobre el fenómeno.

“Los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de l a droga y a partir de los 16 años empiezan a ser contratados como sicarios”, cita el informe de 2011 titulado “Infancia y conflicto armado en México”. ”Las niñas aparecen sobre todo en el empaquetamiento de la droga“, prosigue el documento elaborado por la Redim en relación con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de menores en conflictos armados, vigente desde 2002.

La mayoría de los casos han ocurrido en los norteños estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como en el sureño Guerrero, en los cuales hay fuerte presencia militar, policial y de organizaciones de narcotraficantes.

Los homicidios con arma de fuego de adolescentes de 15 a 17 años representan más de la mitad de los casos de muertes en esta franja desde 2006, según el Mapa Geo-referencial. Esa situación “se debe a que (esos jóvenes) no estudian ni trabajan, sus zonas de residencia son escenario de la lucha antinarco y hay carencia de fuentes de empleo“, explicó Pérez.

Organizaciones no gubernamentales calculan que entre 30.000 y 50.000 mexicanos menores de 18 años trabajan para las mafias de las drogas. ”La población civil está desprotegida. Hay que reconstruir el Estado mexicano, pues unos pedazos le pertenecen al crimen organizado, diferentes fragmentos trabajan para otros grupos criminales y pedazos del Estado matan a otros pedazos”, ilustró Buscaglia.

El experto ha analizado 22 actividades criminales, como tráfico y trata de personas y lavado de dinero, y ha identificado 784 vacíos institucionales en bolsones territoriales de México.  El informe alternativo sugirió la investigación de los asesinatos y la persecución penal de los autores de esos crímenes, la creación de una defensoría de los derechos de la infancia e instaurar un sistema de datos sobre víctimas y autores de delitos ligados al narcotráfico.

“La respuesta debe ser buscar maneras para que los jóvenes no caigan y a los que ya cayeron garantizarles una vida digna“, planteó Morales, quien el año pasado recibió el premio Alison Des Forges al Activismo Extraordinario, la más alta distinción de la organización no gubernamental estadounidense Human Rights Watch. “Nuestras comunidades no pueden tolerar más violencia, no se puede construir desde la violencia institucionalizada“, puntualizó.

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La jornada del 12M hasta entonces tranquila, se convirtió a las cinco de la mañana en empujones e identificaciones de decenas de personas sometidas a un cerco sin salida por parte de la Policía durante el desalojo realizado sin aviso previo.

La Policía cercaba hasta el amanecer la emblemática plaza por todas sus entradas y tampoco dejaba pasar a nadie en muchas de las calles adyacentes. Varias personas fueron golpeadas con patadas e incluso una chica recibió un puñetazo en la cara de un policía, según varios testigos.

Lázaro, uno de los 18 arrestados  por la Policía Nacional tras el desalojo del pasado 12 de mayo de la Puerta del Sol cuenta su versión de lo ocurrido, tras el momento de la detención como en las horas siguientes en comisaría.

“En comisaría nos empezaron a pegar”

Desde la Comisión de Legal de Sol, Carlos nos ofrece su visión jurídica sobre estos hechos.

“Denuncian tratos crueles, inhumanos y degradantes”

“Nos tiraban la comida como a perros”

“A unos compañeros les pateaban y les amenazaban con tirarles por una valla abajo”

“Nos aporreaban las celdas cuando dormíamos, nos decían mal las horas para desorientarnos”

¿Infiltrados en el 12M15M? “Una circunstancia cuanto menos sospechosa”

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Asamblea en Sol el #14M (Javier Bauluz)

Los desalojos y detenciones realizados en los últimos días, especialmente los de la Puerta del Sol, han desviado la atención de los debates y asambleas programados entre los días 12 y 15 de mayo previstos por el movimiento 15-M.

Sin restar importancia a lo sucedido tanto en las evacuaciones de las plazas como posteriormente en las comisarías, desde el 15-m muchos esperan que se hable más de las ideas y el trabajo que realiza el movimiento en lugar de las polémicas sobre la legalidad o no de las acampadas.

Así, hemos decidido pasear por la Puerta del Sol y sus plazas aledañas para conocer las ideas de diferentes grupos.

Hoy 15 de mayo, un año después del inicio de la chispa que inició este movimiento, les proponemos escuchar lo que piensan, debaten y proponen a través de una pequeña muestra de ciudadanos vinculados al 15-M sobre estos temas:

Agua pública: “Reivindicamos el carácter público del Canal Isabel II”

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Asamblea Popular de la localidad madrileña de Majadahonda

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Vivienda

“Reclamamos al Estado un parking público de vivienda de alquiler social”

“España se está jugando su sistema sanitario”

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Reforma financiera:

“El caso de Bankia es especialmente sangrante y estúpido”

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Hoy 15 de mayo, durante la asamblea general, se propondrá establecer la celebración de eventos en formato de asambleas temáticas de forma regular. Si quieres conocer en detalle las propuestas de las asambleas de estos días puedes acceder a madrid.tomalaplaza.net

]]> http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/las-propuestas-del-15-m-algo-mas-que-una-acampada.html/feed 3 http://periodismohumano.com/sociedad/salud/campana-por-%e2%80%9cuna-sanidad-universal-y-gratuita%e2%80%9d.html http://periodismohumano.com/sociedad/salud/campana-por-%e2%80%9cuna-sanidad-universal-y-gratuita%e2%80%9d.html#comments Mon, 14 May 2012 22:42:11 +0000 Toma la palabra http://periodismohumano.com/?p=78984 ONG nacionales e internacionales lanzan una campaña de recogida de firmas para hacérselas llegar a los parlamentarios españoles para que tengan en cuenta "el impacto real" de la reforma de la sanidad.]]> Desde Andalucía Acoge, APDH-A (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), Standing Committee of European Doctors, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Convivir sin racismo, Federación de Mujeres Progresistas, Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español, Karibu, Médicos del Mundo, Mugak (Centro de estudios y documentación sobre discriminación, racismo y xenofobia), Observatori del Sistema penal i els Drets Humans, PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), Pueblos Unidos, Red Acoge y El Servicio jesuita para las Migraciones de España,  estamos muy preocupados por la votación y posible ratificación el jueves del RD-L 16/2012 de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” en el Congreso.

Por ello, nos dirigimos a ti para que nos ayudes a informar a los Diputados y Diputadas del impacto que tendría la puesta en marcha de este Real Decreto Ley y que tengan en cuenta dicha información a la hora de emitir su voto.

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Birmania. /AP

Myanmar es el nombre dado por la junta gobernante a Birmania. Ma Thida fue condenada a 20 años de prisión en 1993 por “poner en peligro la paz pública, tener contacto con organizaciones ilegales y distribuir panfletos ilícitos”, según dice la sentencia. Fue puesta en libertad cinco años después.

“La situación general parece mejor que hace dos o tres años, pero está lejos de ser ideal”, indicó Ma Thida, una de las miles de mujeres que contribuyeron a promover cambios a favor de un régimen democrático en Birmania.La Asociación de Asistencia a Presos Políticos, fundada por exdetenidos exiliados, señaló que hay 18 mujeres entre las 473 personas en esa situación. La organización está ubicada en la ciudad tailandesa de Mae Sot, en la frontera con Birmania.

Birmania ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), pero la Constitución de 2008 no la contempló totalmente. “En la actualidad no podemos hablar ni discutir libremente sobre discriminación o equidad de género“, señaló una defensora de los derechos de las mujeres, que pidió no ser identificada por su participación en la campaña contra la construcción, ahora suspendida, de la controvertida represa de Myitsone, sobre el río Irrawaddy, en el norte de Birmania.

“La decisión de interrumpir las obras, aplaudida por organizaciones ambientalistas, fue el resultado de protestas realizadas principalmente por mujeres”, apuntó.  ”Cuando la prensa birmana informó sobre la suspensión de la construcción, las mujeres desaparecieron porque les pidieron que se sentaran en el suelo mientras las cámaras filmaban a las autoridades”, señaló.  ”Hay una amplia presencia de mujeres en nuestra sociedad, pero aun son invisibles”, observó la activista.

La escritora y defensora los derechos de la mujer Mon Mon Myat explicó: “A veces no es fácil plantear estos asuntos, aun dentro de las organizaciones femeninas, pues la mayoría de las mujeres piensan que su papel está en la familia y eso no se puede cambiar“. “En una sociedad budista theravada, dominada por varones, hay muchas barreras culturales que limitan el comportamiento y el funcionamiento de las mujeres”, dijo Mon Mon Myat. “Las periodistas, por ejemplo, no pueden tomar fotografías ni filmar vídeos del público pues no se les permite tener una posición privilegiada porque, como mujeres, no pueden estar por encima de los hombres ni de los monjes budistas”, explicó.

La barrera culturalcontrasta enormemente con las imágenes de Suu Kyi saludando o hablando con la gente desde el balcón de su casa o de una oficina partidaria. Ella es una excepción, según Mon Mon Myat, porque es hija de Aung San (1915-1947), venerado héroe nacional vinculado al movimiento independentista de Birmania. De hecho, Suu Kyi se cuida de poner el nombre de su padre delante del suyo, pese a que la costumbre es que las mujeres usen solo su nombre, sin adoptar el del padre ni el del marido.  ”Pese a ser mujer, es símbolo de paz y democracia en nuestro país. Por eso podemos ver una multitud de monjes y hombres de poder expresándole su apoyo”, explicó. “La perspectiva del país debe cambiar si quiere ser democrático, pero para eso, primero, debe haber mayor libertad en los medios” de comunicación, señaló Vic, seudónimo de una escritora.

Las activistas y periodistas que se atrevieron a oponerse a la junta militar gobernante pagaron el alto precio de la tortura sistemática o fueron asesinadas por efectivos del ejército durante la prolongada guerra contra las milicias en los estados de las comunidades étnicas shan, kachim y karen. En 2002, la Red de Acción de Mujeres Shan denunció el uso sistemático de la violación por parte de soldados en un informe para el que lograron conseguir mujeres que contaran sus experiencias.

“Todavía no se puede hablar libremente sobre violaciones de mujeres de minorías étnicas en zonas alejadas y perpetradas por soldados birmanos”, señaló Mon Mon Myat. Muchas veces, las mujeres no suelen considerar la violación como un asunto de discriminación de género, sino como un problema “del destino en una sociedad que mira con malos ojos al sexo débil con ropas inapropiadas o yendo a lugares inadecuados”, indicó. “Las familias prefieren callar, haciendo que sea más difícil para la víctimas la búsqueda de justicia en los tribunales”, añadió Mon Mon Myat.

La Liga de Mujeres de Birmania es una organización que reúne a mujeres de 13 grupos étnicos que “trabajan por el avance del estatus de las mujeres con vistas a una sociedad pacífica y justa”, indicó. ”El cambio de mentalidad, en especial entre administradores de nivel medio y la gente común es esencial”, indicó Grace Swe Zin Htaik, actriz dedicada a cuestiones de salud y género. “Falta mucho para que logremos la equidad de género en Birmania”, explica. A pesar de estar mal representadas en órganos legislativos y cargos de gobiernos, mujeres como Mon Mon Myat confían en el futuro porque superan en número a los hombres en este país de 55 millones de habitantes.

También recuerdan los tiempos previos a la colonia británica (1824- 1948) cuando Birmania tenía un sistema matriarcal y las mujeres tenían derecho a ser propietarias y ocupar altos cargos.