“La presencia militar es cada vez mayor y hay muchos jóvenes escondidos para no ser capturados”, comenta un activista saharaui de 21 años de El Aaiún (Sáhara Occidental) vía internet, con quien Periodismo Humano ha tenido contacto durante los últimos 15 días. Relata que una atmósfera de tensa calma invade el ambiente en los últimos 3 días, por el miedo que infunde esa presencia policial.

A esta situación le preceden imágenes que durante los pasados 15 días han circulado por las redes sociales, sin apenas eco mediático, de jóvenes apaleados en las calles tras sacarlos a rastras de sus casas, mujeres (madres, esposas, hermanas…) que han recibido la misma suerte al tratar de evitar que eso sucediese, detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, destrozos en las casas y coches de los activistas más visibles como es el caso de Aminetu Haidar… Hechos que se viven habitualmente en ciudades del Sáhara Occidental como El Aaiún y Esmara cada vez que se da cualquier tipo de manifestación pacífica reivindicando la autodeterminación del territorio, pero que en los últimos 15 días se han intensificado debido a la oleada de manifestaciones que se han producido con motivo del tajante rechazo por parte de Marruecos -respaldado abiertamente por Francia, y discretamente por parte de España y Rusia-, a la propuesta de EE.UU. de que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) pudiese supervisar el respeto de los Derechos Humanos en la zona. Debido al rechazo de la propuesta, la MINURSO seguirá siendo la única misión de paz en la que no se supervisa el respeto de los Derechos Humanos.

Días antes de intensificarse las manifestaciones, el 30 de abril, Adnan Ahmed Amsa’aed de 16 años fue secuestrado en el Bulevar de El Qairaouan, en El Aaiún ocupado, y torturado por los policías marroquíes durante 2 horas, según denuncian varios activistas saharauis de la zona.
Adnan fue llevado al hospital Ben Mehdi a causa de los fuertes dolores que persistían en sus genitales y en la cabeza, en el que se negaron a atenderle. La familia Adnan ha presentado una denuncia ante el procurador por la negativa del médico a atender a su hijo, pero no se ha iniciado ninguna investigación al respecto, según denuncian los activistas. Adnan, debido a los fuertes golpes sufridos, padece amnesia.

“El 4 de mayo con motivo de la presencia de 6 periodistas extranjeras [inglesas y estadounidenses] hubo una manifestación multitudinaria de alrededor de 6.000 personas en El Aaiún, como no se recuerda otra igual desde el 1975 [año en que España abandona el Sáhara]. A raíz de ésta y de manifestaciones posteriores, nos consta que hay más de 250 heridos y 35 desaparecidos”, comenta Abdeslam Omar, Presidente de la Asociación de Familiares de Presos Políticos y Desaparecidos (AFAPREDESA), en conexión por Skype desde los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia). Y continúa: “estamos muy preocupados por creer que Marruecos está organizando una milicia armada con colonos marroquíes en la zona, como ocurrió en Gdeim Izik, y que se cometa un genocidio de la población saharaui en los territorios ocupados. Lo que está sucediendo requiere una respuesta contundente por parte de la Comunidad Internacional”.

Al otro lado del muro -el segundo más grande del mundo con 2.700 kilómetros de longitud y conocido como el Muro de la vergüenza-, que separa los campamentos de refugiados de Tinduf  (Argelia) y el Sáhara Occidental,  está uno de los jóvenes que permanece escondido porque la policía marroquí lo está buscando, “por manifestarme defendiendo mis derechos y llevar mi bandera. Yo no hice nada más”, alega este joven de 24 años que desde hace una semana no ha visto la luz del día. Se comunica con su familia a través de Internet. “Sabes que aquí los teléfonos los tenemos pinchados”, señala. Su hermano de 26 años, también está escondido por la misma razón, pero no junto a él, aunque tiene noticias de que se encuentra bien, “de momento”, apunta.

“Estos días la policía está actuando con mucha violencia. Entra a las casas a buscar a la gente“. Al preguntarle si el resto de su familia está bien o a sufrido algún tipo de represión asegura: “golpes de la policía reciben todos los días”. Tiene dos hermanas, la mayor de 28 años es activista como él, y cuatro hermanos. Su madre vive, pero su padre falleció hace 3 años como cuenta en sus propias palabras: “por un infarto ante la impotencia de no poder hacer nada, al ver cómo la policía golpeaba en su propia casa a su mujer y sus hijos día tras día”.

Seguir resistiendo es la única esperanza a la que se aferran los jóvenes en el Sáhara Ocupado al entender que el sacrificio de sus antepasados no pueden ser en vano. “Estos días, mientras nos manifestamos, al ver a tanta gente en las calles, nos sentimos libres y medio felices”. Comenta otro joven saharaui de los territorios ocupados, que como el anterior, guarda el anonimato por miedo a represalias. “Pedimos la autodeterminación, pero también derecho a los estudios, a la salud y al trabajo, derechos a los que no tenemos acceso a pesar de estar en nuestro propio país” .

A casa de su familia han entrado varias veces en los últimos días forzando la cerradura de la puerta para realizar registros. Cuando se le pregunta el porqué de dichos registros, no duda ni un segundo en contestar: “por nada”. “Necesitamos que lo que está sucediendo aquí se sepa, por favor. Quienes nos reprimen no son seres humanos”.

Varios vídeos y fotos circulan estos días en páginas de facebook, entre ellas Equipe Media una de las referentes en la contra información emitida por el reino alauita, en las que son los propios activistas saharauis de la zona quienes la gestionan subiendo información casi a diario jugándose con ello la libertad, y hasta la vida. Internet y las redes sociales se convierten así en aliados del pueblo saharaui, frente a un bloqueo informativo que Marruecos impone y el resto de países, entre ellos España, acepta.

El periodista italiano Gilberto Mastromatteo ha sido expulsado recientemente convirtiéndose en el primer periodista expulsado de la zona después del rechazo de que la renovación del mandato de la MINURSO incluyera la supervisión de los Derechos Humanos. El 9 de mayo también fueron expulsados tres activistas Noruegos (Inger Langli, Lise Resvold, Matide Uaggerud), impidiéndoles con ello pasar informes sobre lo que allí está sucediendo.

“Necesitamos la presencia de más observadores internacionales que constaten la utilización de la fuerza, que durante varios días ya y de forma muy violenta, está aplicando la policía marroquí contra la población saharaui”, comenta Abdeslam Omar.

El 9 de mayo, las fuerzas de seguridad marroquíes de El Aaiún, detuvieron a 6 saharauis, entre ellos un niño de 17 años, que habían participado en una de las manifestaciones en favor de la autodeterminación del territorio. Los detenidos se enfrentan a un juicio sin garantías, tras haber sido torturados, según la información disponible, para obtener de ellos “confesiones”, según Amnistía Internacional.

En medio de estos hechos cabe tener en cuenta la muerte del preso saharaui Mohamed El Burhimi, de 22 años, la madrugada del 8 de mayo en el hospital Hassan II en Agadir -al sur de Marruecos-. El Burhimi, detenido en 2008, inició el 30 de abril una huelga de hambre junto con otros presos para exigir su traslado a la prisión de El Aaiún desde la cárcel de Air Melul, en Agadir (Marruecos), a 671 kilómetros de distancia de sus familias. El activista cumplía una condena de 10 años de prisión.

“Exigimos a la ONU que asuma su total responsabilidad en la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y que Marruecos cumpla en relación al plan de arreglo. Lo que no podemos permitir”, continúa Abdeslam Omar, “es que las dos partes del conflicto sean consideradas como enemigas. Marruecos es claramente quien tiene el peso de la responsabilidad de lo que está sucediendo”. También apela a que el Estado Español no mantenga “el doble juego al que nos tiene acostumbrado en este asunto”, concluye.

Estos hechos se enmarcan en el 40 aniversario de la fundación del Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), el 10 de mayo de 1973, y del inicio de su lucha por la independencia del Sáhara Occidental del que Alberto Senante informará desde el terreno.
Juicio militar a los 25 presos políticos de Gdeim Izik sin garantías procesales

El pasado mes de febrero una corte militar juzga y sentencia a los 25 presos políticos del campamento Gdeim Izik -campamento de la dignidad- que se levantó a las afueras de El Aaiún ocupado en octubre de 2010 para exigir la autodeterminación del Sáhara Occidental, pero en cuyas asambleas también se habló de la necesidad de exigir a Marruecos trabajo, derecho a la educación, a la sanidad y respeto de los derechos humanos. Un campamento que para muchos analistas políticos supuso la llama que encendió la primavera árabe y que 28 días más tarde, una madrugada, fue brutalmente desmantelado por parte de las fuerzas del orden marroquíes y se saldó con la detención de unas 140 personas, cientos de heridos y la muerte de 4 saharauis, uno de ellos menor de edad.

De los 25 presos políticos de Gdeim Izik, 9 han sido condenados a cadena perpetua y el resto a penas de prisión que oscilan entre los 20 y los 30 años. De los 25, sólo dos fueron puestos en libertad, por motivos que ellos mismos desconocen. Siete horas le bastaron al tribunal militar para dictaminar sentencia.

El proceso judicial ha sido puesto en tela de juicio, porque según los observadores internacionales que lo han presenciado, hay una escasa solidez en las pruebas presentadas por la acusación, la falta de garantías procesales y por la vulneración del derecho internacional (Convenio de Ginebra) y de la propia legislación de Marruecos.

Una de las transgresiones de la normativa tiene que ver con el tiempo que los detenidos llevaban en prisión preventiva: más de dos años desde sus detenciones, cuando la ley marroquí establece un máximo de doce meses, es decir, más del doble de lo establecido por ley. Además, la propia Constitución del reino alauita prohíbe los tribunales especiales, pero en este caso los 25 activistas políticos se enfrentaron a una corte militar.

Los hechos que se les imputaron son: pertenencia a banda armada, utilizar la violencia contra la fuerza pública de Marruecos, ocasionar la muerte a 11 agentes marroquíes (aunque no han aparecido los cadáveres a los que realizar la autopsia), atentar contra la seguridad interior, secuestro de las 20 mil personas que participaron en el campamento de Gdeim Izik, aludiendo que estuvieron retenidas contra su voluntad, y, a dos de los detenidos, profanación del cadáver de un policía.

El fiscal presentó varias fotos como testimonio, en las que no se pudo identificar a ninguno de los acusados; varios testigos presentados por la defensa aseguraron que varios de los acusados no se encontraban en el lugar de los hechos. Tampoco se hallaron huellas dactilares en las armas blancas presentadas por la acusación.

Hassanna Aalia, uno de los 9 condenados a cadena perpetua por Gdeim Izik (RMH)

Hassanna Aalia es uno de los 9 presos políticos condenados a cadena perpetua por Gdeim Izik. Está a la espera de que España tramite su asilo político. A pesar de haber sido procesado, juzgado y absuelto por un tribunal civil el pasado enero, el 13 de noviembre se estableció una orden de búsqueda y captura hacia su persona por una corte militar marroquí.

Conoce el estado del resto de sus compañeros encarcelados por sus familias, “están bastante animados”, asegura, a pesar de que le consta que varios de ellos están enfermos por las torturas a las que son sometidos en la cárcel, tal y como comenta en conversación telefónica.

Viaja en tren desde Málaga, donde ha ido a dar una conferencia sobre su situación y la de su pueblo. Desde 2005 que comenzó su activismo político con la primera intifada, no ha parado de participar en manifestaciones en los territorios ocupados, dar conferencias en lugares como el Foro Mundial en Senegal o en cualquier universidad española a la que lo inviten. Piensa que por esta postura tan activa, fue uno de los 25 procesados por Gdeim Izik y uno de los 9 condenados a cadena perpetua, “le tenía que tocar a alguien y me ha tocado a mí”.

Opta porque desde los territorios ocupados se siga luchado de forma activa, pero pacífica. “Creo que por la vía pacífica hemos conseguido y podemos conseguir muchas más cosas, pero entiendo que haya jóvenes, que con todo lo que está pasando, quieran tomar las armas”, una idea que a Abdeslam Omar asusta y sobre la que comenta: “Sería contraproducente para los jóvenes la vía armada y más con todo lo que está sucediendo en Malí”.

Hassanna en estos momentos se mantiene a la espera de que Marruecos pida o no su extradición y de que España le conceda el asilo político. Si España accediera a su extradición, estaría saltándose con ello el convenio firmado en 2009 entre ambos Estados -el español y el marroquí- con el que se estableció no reconocer la posibilidad de extradición a presos políticos.

Masacre de Bayda, Banyas (AP Photo/Syrian R)

Este vídeo captado el pasado jueves en la aldea de Talaf, en la provincia de Homs, muestra los cadáveres de una mujer y cuatro niños en bombardeo. Un día antes, 15 personas eran asesinadas en la cercana villa de Khirbet Sawda y el pasado lunes, un bombardeo dejaba víctimas como esta niña en la localidad de Al-San. Una semana antes, eran recuperados los cadáveres de 22 civiles, en su mayoría niños y mujeres, en esta provincia siria, sólo uno de los múltiples escenarios de la guerra que se libra desde que el régimen comenzase a reprimir las manifestaciones que originaron la revuelta.

Pero ninguna de estas imágenes, ninguno de los centenares de vídeos con exacciones documentadas por activistas y periodistas, tuvo nunca la repercusión de la grabación de Abu Saqqar, el combatiente de Homs que posó ante una cámara mientras arrancaba a sangre fría los órganos vitales del cadáver de un combatiente del régimen y fingía morder su corazón.

Imagen del vídeo de Abu Saqqar

La prensa internacional ha convertido este crimen de guerra en una referencia, cuando el propio Abu Saqqar carece de respeto entre sus correligionarios. “Actúa como un niño y como un loco. Le gustan demasiado las cámaras y eso explica parte de lo que hizo. Pero hay que tener en cuenta las matanzas a las que ha asistido Abu Saqqar desde que comenzó todo. Y lo que vio antes de actuar como lo hizo”, apunta uno de los colegas de filas, que prefiere no ser citado. “El vídeo se grabó a mediados de marzo. Nuestros hombres habían lanzado una operación para recuperar Baba Amr. Abu Saqqer fue con unos 50 hombres y, a medida que avanzaban, iba dejando retenes detrás suya. Al final sólo le acompañaban tres combatientes. Registraron a uno de los shabiha que acababan de matar en combate y encontraron un móvil. En el había una grabación, un vídeo increíble, que fue lo que le llevó a actuar así”.

En una entrevista con la revista Time, el propio Abu Saqqar explica que fue el vídeo del miliciano de Assad lo que le empujó a regresar para ensañarse de una forma abominable con el cadáver, pero apenas daba detalles del contenido. “En él se veían tres mujeres en una habitación: una madre y sus dos hijas adolescentes. Abu Saqqar las conocía, eran vecinas suyas de Baba Amr. Habían sido desnudadas por completo y un soldado las estaba violando. Ellas suplicaban entre lágrimas. Segundos después, el soldado que grababa le dió su móvil a un compañero y comenzó a violarlas con su miembro y con un palo. Era el mismo hombre que tenía el móvil en su ropa”, explica correligionario.

Nada justifica la profanación de un cadáver, pero el nivel de atrocidades en que se ha sumido Siria sí ayuda a entender conductas como la de Abu Saqqer, un ex obrero de 30 años original de Baba Amr, uno de los primeros participantes en las manifestaciones que terminarían levantando a este barrio de Homs y también uno de los primeros civiles que tomaría las armas para defender la zona de las incursiones militares. Su conducta -amenazante, pendenciera y con notable ansiedad por salir en los medios de comunicación- le diferenciaba desde el principio de los activistas y de los soldados desertores. Con el tiempo, se terminaría consagrando como un combatiente que no temía a la primera línea de fuego –fue uno de los últimos en abandonar Baba Amr cuando ésta cayó en manos del régimen, tras más de un mes de bombardeos despiadados: resultó herido en su retirada- y fundaría la Brigada Omar al Farouk Mutakilla, o Farouk Independiente, una escisión local de las Brigadas Farouk.

Los compañeros de filas de Khaled al Hamad, más conocido como Abu Saqqar, se encuentran desolados. No sólo por las imágenes que están siendo asociadas no sólo con su brigada sino con toda la revolución siria, sino por lo que tachan de hipocresía occidental, donde la imagen de un individuo que profana y finje morder un corazón suscita más repulsa que las pilas de cadáveres de niños que pueden documentarse con triste frecuencia en Siria.

“Es un acto individual que no nos representa. Lo hizo sin consultarlo con nadie, y cuando supimos del mismo le pedimos que no repitiera algo así”, explican. Su afición por las cámaras y el escándalo suscitado le ha llevado a grabar otro mensaje, en el que afirma estar dispuesto a “someterme a juicio por mis acciones si Bashar y sus esbirros son juzgados por sus atrocidades. Mi mensaje al mundo [es que] si la sangre en Siria no cesa, todo Siria se convertirá en lo mismo que yo”.

“Semejante conducta está prohibida bajo todo principio humano o religioso”, recuerda uno de sus colegas de filas. “Se ha comportado como un loco irresponsable”, dice otro. Un tercero recuerda que el hermano del individuo, Yahia, murió en noviembre de 2011 cuando intentaba rescatar a una mujer que había sido abatida por un francotirador y también fue disparado, y que Abu Saqqar ha perdido a 25 miembros de su familia en esta guerra. Un portavoz de Liwah al Haq, uno de los movimientos armados activos en la provincia de Homs, añade en otro encuentro: “Es deplorable e inaceptable desde cualquier punto de vista, pero es aún más deplorable e inaceptable la hipocresía de los medios occidentales y la comunidad internacional que nos demoniza, que omite masacres como las de Banyas o Ras al Nabaa y concentra el foco sobre un incidente aislado omitiendo centenares de vídeos de atrocidades cometidos por seguidores del régimen. Así, miles acabarán como Abu Saqqar”.

Masacre de Bayda, Banyas.

Combatientes y activistas consultados se muestran especialmente ultrajados por la negligencia a la hora de difundir las imágenes de Bayda, en Banyas, localidad escenario de una matanza a principios de mayo que dio paso a la huída masiva de los residentes. Centenares de civiles –entre 200 y 400, según las fuentes- fueron masacrados por milicias próximas al régimen lideradas por un apologista de la limpieza sectaria próximo al equipo de Assad –como demuestra Mihrac Ural en este video- pero no merecieron ninguna atención mediática. Las pilas de cadáveres de hombres, mujeres y niños -algunos con heridas de cuchillo, bebés con las extremidades amputadas, niños quemados, cadáveres con los cráneos reventados- no pasaban aparentemente los estándares requeridos por las redacciones internacionales. “Nos dijeron que eran demasiado gráficos para el público occidental”, lamenta un activista relacionado con los medios internacionales.

Abu Khaled, un miembro de la brigada Farouk al Mutakilla, o Farouk Independiente, y que se considera un amigo de Abu Saqqar, intenta explicar –”aunque no pretendo justificar”- lo ocurrido. “Efectivamente, hemos hecho una cosa inaceptable. Pero los miles de crímenes brutales e inhumanos cometidos por el régimen no se pueden comparar. El mundo entero, Human Rights Watch y Naciones Unidas dicen ‘oh, mira el ELS cometiendo actos de salvajismo’. Lo dicen mientras cierran los ojos ante cada crímen de Assad, cometido hora tras hora”.

Si bien semejante conducta de un “loco, un hombre sin educación” como resaltan todos, no es representativa de los rebeldes sirios, activistas y combatientes inciden en la violencia sobre el terreno para comprender la laxitud de las conductas de elementos aislados en las milicias. “No quiero excusar a Abu Saqqar porque es inaceptable lo que ha hecho”, lamenta Abu Yussef, en conversación telefónica desde la región de la zona Quseir, la misma donde actúa el miliciano que arrancó el corazón del soldado. No ha querido volver a verle desde que supo lo sucedido, pero sí envió a una persona a confrontarle en su nombre. “Cuando le dijo que ahora la comunidad internacional estará contra nosotros, respondió: “Que la comunidad internacional pida disculpas a esa madre y sus dos hijas y entonces me entregaré. Que me condenen a muerte si lo merezco, pero antes que pidan perdón’”.

“Lo que hay que preguntarse es cómo ha llegado a perder la cabeza”, insiste Abu Yussed a través de la línea satélite con la que conversa mediante Skype. “En los últimos seis meses vemos escenas a diarios que van más allá de la razón. Hace una semana encontramos los cadáveres de 22 niños con sus padres y abuelos, algunos asesinados a cuchillo y otros quemados. Cada día estamos perdiendo civiles en los checkpoints, asesinados a cuchillo, con armas, con palos… Nos están volviendo locos, nos están poniendo al límite. Y esa locura no va a acabar con la guerra, porque a ella seguirá una oleada de venganzas”.

Ejecución a cuchilladas de un hombre atado por fuerzas de Assad. Click al vídeo.

Los expertos en salud mental coinciden en que las personas expuestas a altas dosis de violencia tienen muchas probabilidades de inflingir a su vez violencia a sus semejantes, si bien nada justifica conductas como la de Abu Saqqar. Los vídeos donde se muestran violaciones, torturas, amputaciones y asesinatos a sangre fría son tristemente comunes desde el principio de la revolución, y en ellos aparecen mayoritariamente soldados del régimen o shabiha, la denominación que reciben las milicias progubernamentales. Los vídeos de los asesinatos de civiles de Bayda, en Banyas, han tenido un impacto especialmente duro en los combatientes dado que han pasado desapercibidos en el exterior: tres muertos en Boston eclipsaron la masacre.

“He visto cientos de vídeos de ese tipo, de ambas partes”, explicaba a la revista Time Rami Abdulrahman, responsable del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. “Cortan piernas y cabezas. Cortan corazones e hígados, oídos y lenguas. Amputan genitales. Es anormal. Es inhumano lo que está ocurriendo”.

Desde que la revolución se militarizase, hace un año, ha surgido una suerte de competición en Internet a la hora de colgar imágenes de una violencia obscena. Es posible ver decapitaciones, personas quemadas en vida, prisioneros acuchillados y amputados y cadáveres de civiles asesinados de las más diversas y crueles formas. La mayor parte de estas grabaciones han sido efectuadas por soldados o milicianos próximas al régimen, como se puede apreciar en las imágenes. Todos emplean un lenguaje sectario similar al que usaba el rebelde en el vídeo de la profanación.

“Cuando la gente ve estos actos de brutalidad y mutilación, eso deja profundas cicatrices en ellos y surge la tentación de replicar en venganza. Ojo por ojo y diente. Algunos combatientes en Siria se lo han tomado de forma literal”, explica Peter Bouckaert, director de Emergencias de Human Rights Watch, responsable del informe original que denunciaba el vídeo con el episodio de la profanación del cadáver. HRW ha exigido al liderazgo del Ejército Libre de Siria y a la opositora Coalición Nacional siria que “adopten todas las medidas necesarias para que los responsables de crímenes de guerra respondan por sus actos y para prevenir semejantes abusos de cualquiera bajo su comando”. Sobre el terreno, ambas instituciones son consideradas marionetas políticas y ajenas a un conflicto que no viven en primera persona, dado que están basadas en el exterior de Siria. La Brigada Independiente Farouk no se somete a ningún consejo militar del FSA, por lo que puede considerarse fuera de su control.

Ejecución de un prisionero por fuerzas de Assad. Imagen de vídeo. Click para ir al vídeo

La prolongación del conflicto, la impunidad de los crímenes para ambos bandos y el volumen de violencia está llevando a Siria por los más tenebrosos derroteros. “Cualquiera, literalmente, puede convertise en un miembro del Ejército Libre de Siria si tiene un arma. Se han dado casos de supuestos rebeldes que usan su condición para robar pan en las panaderías por la causa, para no pagar transporte, para saquear domicilios…”, explicaba Mohamed, uno de los activistas en Alepo, el pasado noviembre. “Hay mucha gente débil, sin principios, que ha conseguido armas y a la que nadie puede parar”, añade Abu Ahmad, otro activista de Hama, antes de presagiar que “veremos más crímenes como estos. La violencia ha secuestrado a la revolución”.

Las conductas criminales aumentan a medida que se eterniza el conflicto. En las páginas del Guardian, ya se desgranó la tendencia al saqueo de guerra entre las facciones rebeldes –una práctica documentada desde hace tiempo en las filas del régimen- convertida en ocasiones en la única razón para lanzar operaciones militares. Algunos psicólogos empleados por ONG regionales admiten que algunos rebeldes han comenzado a abandonar las filas del ELS horrorizados por las conductas criminales de algunos de sus miembros.

Abu Ahmed fue durante un año responsable del centro de prensa de una de las principales ciudades del norte de Siria. Hastiado de tratar con periodistas –algunos de ellos, indiferentes a la tragedia y sólo preocupados por obtener una exclusiva- decidió dejar su actividad para enrolarse en una brigada y tomar las armas contra el régimen. Dos meses después, decidía abandonar la milicia. “Estamos perdiendo el rumbo”, contaba en una conversación telefónica más parecida a un desahogo que a una charla, mantenida desde el norte de Siria. “Algunos de mis compañeros traían a sus hijos a los combates, les entrenaban en el uso de las armas. Uno de ellos llevaba consigo a su hijo de tres años. ¿Qué nueva generación estamos dejando? ¿Qué va a ser de ellos?”, se lamentaba.

El activista Omar Shakir, que coincidió durante más de un año en las calles de Baba Amr con Abu Saqqar, recuerda que “este es el tercer o cuarto vídeo de atrocidades cometidas por combatientes”. Es de infame memoria el grabado en Deir az Zor, al Este del país, donde un crío es conminado a decapitar a un seguidor del régimen, o éste más reciente grabado en Raqqa, donde supuestos colaboradores del régimen son ejecutados por extremistas. “Pero a diario llegan vídeos con atrocidades cometidas por el Gobierno, y no se denuncian. En una revolución como esta, que implica a tanta población, siempre va a haber gente que actúe como locos pero ellos no representan a todo el movimiento”.

Torturas y asesinatos entre risas de fuerzas de Assad. Imagen de vídeo. Click para ir al vídeo.

Omar es de la opinión que Abu Saqqar debe pagar por su crimen ante un tribunal internacional. “¿A quién podemos denunciarlo? Estamos en medio de una revolución desorganizada y caótica y nadie nos ha ayudado a mejorar. Por dos años, la comunidad internacional ha protegido a un régimen criminal mientras la gente se armaba para defenderse. Casi todos los sirios han perdido a alguien en esta guerra. Abu Saqqar no representa a nadie, pero me temo que veremos a muchos más Abu Saqqar en Siria”.

Mientras, en la provincia de Homs, Abu Yussef se siente desolado. Este activista explica que la caída de Quseir y las 20 aldeas que la rodean a manos del régimen es inminente, aunque los medios no se refieran a ello. “No es cuestión de semanas sino de días. Y hay 40.000 civiles atrapados a los que intentamos sacar poco a poco. Cada día algunos son asesinados cuando emprenden la huida”.

Abu Khaled afirma, como tantos otros, que la revolución fue devorada hace tiempo por la violencia sectaria promovida desde Damasco. “La situación está fuera de control y la gente que comenzó la revolución se siente sola, abandonada por la comunidad internacional, por la oposición política que se reune un día tras otro para no hacer nada mientras nos bombardean con aviación y artillería pesada a diario, mientras entran en las aldeas destruyendo todo lo que encuentran a su paso, incluido el ganado o los cultivos”, explica.

Bayda, Banyas. 

“Hemos cruzado la línea que separa a la Humanidad de la monstruosidad. No entiendo cómo, pero Abu Saqqar se ha convertido en una bestia a la que no preocupan los crímenes de guerra. He estado hablando con mucha gente acerca de esto, y todos dicen lo mismo. ‘A la mierda con la comunidad internacional. No nos ayudan, no protegen a nuestras familias, ¿por qué debemos preocuparnos por lo que piensen? ¿Cuántas niñas han sido violadas, cuántos niños ejecutados, qué han hecho ellos para intentar impedir una sola muerte? ¿Cuántos vídeos han salido de esos crímenes? ¿Cuántas veces los han denunciado?”, añade.

Según Abu Khaled, sólo en los alrededores de Quseir entre 15 y 30 civiles mueren a diario. “Es un genocidio, el régimen está aplicando la política de tierra quemada. Lo mismo que vimos en Banyas ocurre cada día en Homs y en muchos otros lugares de Siria”, lamenta a través de la turbia conexión vía satélite. “Empezamos la revolución pidiendo democracia, tolerancia, igualdad, y sólo hemos conseguido ser iguales a la hora de ser asesinados. Nos matan por igual a mujeres, hombres, niños y ancianos”.

ATENCIÓN: FOTOS MUY DURAS

Vídeos MUY DUROS sobre palizas y asesinatos de hombres atados

Grabados por los mismos sonrientes asesinos:

Soldados de Assad asesinan  lentamente,  a cuchilladas  y pedradas a dos prisioneros atados durante ocho minutos  de risas.

Micianos de Assad dan una gran paliza y prenden fuego a un hombre atado.

Soldados  y milicianos de Assad  golpean con palos y piedras  un hombre atado antes de matarlo a tiros.

Soldados de Assad  matan de un disparo en la cabeza a un hombre  de rodillas y atado . 

Milicianos  de Assad  apuñalan decenas de veces el cuerpo ensangrentado de un hombre, que ya apenas se mueve , mientras ríen y celebran.

Clarisa Rondó, de la Asociación de Dominicanos Residentes en Argentina, nos cuenta que las mujeres de su país llegan en busca de mejores horizontes laborales, pero debido a dificultades de acceso al mercado muchas caen en redes de prostitución.

“Argentina es un país que nos acoge, nos hace sentir que damos un paso adelante. Es grande, generoso, que ofrece posibilidades”, aseguró. Rondó llegó sola con 21 años en 1994, luego se casó, tuvo hijos, se divorció y estudió un profesorado en artes. “Siempre han venido más mujeres que varones, porque al hombre le cuesta más insertarse”, explicó, para luego aclarar que a las mujeres también les resulta difícil, pero “se meten en la prostitución”, admitió con pena. “Hay muchas que son analfabetas, no consiguen trabajo y no les queda otra, se meten en ese circuito”, dijo.

La presencia de dominicanas en Argentina se hace visible cuando la policía allana sitios en los que se ejerce la prostitución en Buenos Aires o en provincias como Córdoba, Misiones, La Pampa, Tierra del Fuego, Rio Negro o San Luis.

Si bien no hay estadísticas oficiales, Rondo estimó que hay unos 40.000 dominicanos y dominicanas viviendo en Argentina, 15.000 de los cuales lo hacen en la ciudad de Buenos Aires.

La socióloga Lucía Núñez, de la estatal Universidad Nacional de San Martín, nos explica que, tradicionalmente, los dominicanos emigraban a Estados Unidos o a España, pero a mediados de los años 90 comenzaron a llegar a Argentina. La paridad del valor del peso argentino con el dólar, fijado en esa década por ley, fomentó el ingreso de inmigrantes del resto de América Latina, que aprovechaban ese tipo de cambio para enviar importantes remesas de dinero a sus países de origen, recordó. Esa fue una de las principales razones de esa oleada migratoria, unida al idioma común y a la demanda argentina en el área de servicios de baja calificación, como empleos domésticos, peluquerías, restaurantes y el cuidado de niños, niñas y ancianos, precisó.

Una investigación realizada por el Servicio Ecuménico de Orientación y Apoyo a Migrantes y Refugiados, más conocido como CAREF, fueron miles los que ingresaron en aquella década.

Publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, el estudio titulado “Migración, prostitución y trata de mujeres dominicanas en Argentina” sostiene que entre 1995 y 2002 se radicaron entre 12.000 y 15.000 inmigrantes de ese país.

En los últimos años, a pesar de que ya el tipo de cambio no resulta un atractivo, esta población sigue llegando. “Tenemos muchos años viniendo y algunas consiguen aquí tener un posicionamiento”, afirmó Rondo. La activista explicó que, en algunos casos, las mujeres hipotecan sus casas para viajar tras la promesa de conseguir un empleo en el servicio doméstico, pero son captadas por redes de trata de personas y explotación sexual.

En otros casos, al llegar a Argentina, el acceso al empleo se complica, comienzan a contraer deudas con quienes les financiaron parte del viaje y terminan cayendo en la prostitución o en la trata, señaló Rondo. Núñez coincide. “Llegan a Argentina con promesas laborales que no resultan ser las esperadas, con la esperanza de alcanzar una inserción laboral que les permita mejores condiciones de vida que las que tienen en su país”, remarcó.

Una vez aquí “se les dificulta conseguir otro tipo de inserción laboral fuerte”, señaló la socióloga, autora de “Construyendo mapas: Cuerpos femeninos, espacio y jerarquización racial en la práctica de la prostitución en la Ciudad de Buenos Aires”. Sostuvo, además, que las mujeres al emigrar saben que la prostitución es una de las posibilidades por experiencias que ya conocen, pero “muchas piensan que no será su caso”.

Nuñez estudió la vinculación entre la prostitución callejera y la inmigración femenina en la ciudad, y se centró en las dominicanas, que tienen gran visibilidad por ser afrodescendientes en un país de mayoría blanca o mestiza.En su interpretación, existe una imagen sobre el cuerpo de la mujer afrodescendiente como hipersexualizada, en contraposición a la mujer blanca o indígena, y eso las hace aún más vulnerables.

“Por ahí a ellos les gustan (las mujeres dominicanas) porque nosotras tenemos los pechos grandes”, especula una mujer de esa nacionalidad en situación de prostitución en Buenos Aires, entrevistada por Núñez para su investigación.

“Mi mamá no quería que viniera para acá”, confiesa otra que también ofrece su cuerpo en la calle en entrevista con la investigadora. “Me decía a lo que venían las mujeres para acá y yo no le creía”.

Frente a este fenómeno, el gobierno argentino comenzó a exigir visa a los inmigrantes domanicanos a partir de agosto de 2012, y facilitó los trámites de residencia permanente para aquellos que ya se encontraban en el país.

Rondo cree que la visa no es una solución. Lo mismo piensan en el CAREF, adonde IPS consultó a Gabriela Liguori, y en la embajada de República Dominicana en Buenos Aires. Todos afirman que la exigencia no frenará el problema.

“Esto empeora las cosas, porque va a ser difícil, pero van a buscar otros medios de entrada por tierra, en forma ilegal, y después van a quedar menos protegidas y más expuestas al negocio de la trata”, advirtió la activista.

En cambio, sí creen que es una buena idea facilitar los trámites de regularización de los que entraron como turistas y hoy están ilegales, porque les permite obtener una residencia precaria –por tres años- con la que pueden trabajar.

El programa tiene asistencia del consulado dominicano, del ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del ministerio de Justicia.

El régimen de regularización se lanzó en enero y se prolongará hasta julio. En marzo se habían otorgado ya 631 residencias precarias, según informa la Dirección Nacional de Migraciones en su página de Internet. “Mi idea es que la gente que venga pueda regularizar su situación, estudiar o trabajar porque si algunas vienen por la prostitución, que al menos tengan otras alternativas. Pero sin documentación, están obligadas a prostituirse”, finalizó Rondo.

Archivo. Un inmigrante explica como la policía marroquí le golpeó los tobillos con una piedra . 2012. (Blasco de Avellaneda)

Nadie sabe exactamente dónde están. Forman parte de una cifra global, ciento cincuenta, que ha ocupado durante un día la portada de medios de comunicación locales y nacionales españoles. Tres días después de que intentarán cruzar la valla, y como es habitual tras un intento de entrada desde el lado marroquí, nada se sabe en la ciudad española de los setenta inmigrantes subsaharianos que no están registrados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Tampoco es que su destino despierte mucho interés, ya que excepto alguna ONG, nadie pregunta por aquellas personas que se quedan “a las puertas” de pisar la ansiada Europa.

Mucha investigación requiere, y no es para menos, teniendo en cuenta lo que conlleva para cualquier persona que viva en el país vecino denunciar el trato que la policía marroquí da a los subsaharianos que pretenden saltar la valla. Aún así, fuentes muy cercanas al hospital Hassani de Nador nos han informado de que han sido atendidos “diecinueve heridos a consecuencia del asalto a la valla”. Nos aclaran que solamente una de las ambulancias que trasladó a estos inmigrantes venía acompañada por la policía marroquí, y que incluso tres de los afectados llegaron al hospital por otros medios. “Casi sin poder andar y en un estado lamentable se disponían, descalzos, a volver al Gurugú”, nos dicen estas fuentes. Al mismo tiempo destacan la actitud de algunos marroquíes que no dudaron en proporcionarles zapatos, “una ayuda importante para personas totalmente lisiadas y sin ningún recurso”, concluye.

Pero el maltrato a estos subsaharianos no acaba aquí ya que durante la noche del martes al miércoles la gendarmería del país vecino invadió los asentamientos de inmigrantes “no sólo los del Gurugú”, nos insisten. De hecho, nos aseguran que en algunos sitios “quemaron todo, desde plásticos a mantas” y en otros, como donde se encuentra el poblado de los nigerianos, “llegaron a apresar gente”, mientras que algunos inmigrantes, nos dicen “lograron huir”. Las mismas fuentes nos informan de que el miércoles por la mañana dos personas heridas, “una de ellas con aspecto impactante y grave, tras recibir brutales golpes en la cara y la cabeza”, deambulaban por la calle.

La Agencia Marroquí de Prensa (MAP) también ha publicado una noticia relacionada con el intento de entrada de este lunes en la que aseguran que se está investigando la muerte de un inmigrante. Informan de que las autoridades marroquíes “no han especificado que el cadáver encontrado tenga alguna relación con la tentativa de alcanzar la ciudad española”. Además, la agencia afirma que “en el asalto, un total de 54 personas fueron detenidas, entre ellas cuatro heridos que fueron trasladados al hospital Hassani de Nador”. Periodismo Humano, sin embargo, tiene constancia de que fueron diecinueve, y no cuatro, las personas ingresadas en el centro hospitalario.

Otra declaración que hacen las autoridades del país vecino, y que ha sido publicada por MAP, es que “los candidatos a la inmigración ilegal se mostraron particularmente violentos y lanzaron piedras contra las fuerzas del orden marroquíes”. Una afirmación que niegan tajantemente algunos de los vecinos que viven en las inmediaciones del cauce del Río Nano, lugar desde donde se produjo el intento de entrada este lunes. Hemos contactado con algunos de los que cruzan cada día la frontera para venir a trabajar a Melilla y nos aseguran que los subsaharianos que no lograron saltar la valla fueron “maltratados” por la policía marroquí. “No levantaban la cabeza del suelo mientras recibían más y más golpes”, nos aseguran, e insisten en que “lo único que hacían era ponerse las manos delante de la cara para protegerse”.

Cuando les preguntamos si han visto alguna vez a un inmigrante actuar de forma agresiva nos responden rotundamente que no “los habrá violentos, pero desde luego nosotros, en todos los años que llevamos viviendo aquí no hemos visto a ninguno”, sino todo lo contrario añaden, aguantan “el trato inhumano” de la policía marroquí. Definen lo ocurrido el lunes como “una pesadilla”. Nos explican que sobre la una de la noche vio desde su casa cómo dos furgones pertenecientes a la gendarmería marroquí se paraban. “No tengo palabras para describir lo que vi”, nos dice casi sin poder hablar, y añade con lágrimas en los ojos que vio como los mejanis “pisaban y golpeaban sin piedad” a cinco subsaharianos, mientras “a otros ocho los tenían en las furgonetas”, concluye. Una escena, reconoce, frecuente en esta zona y que se volvió a repetir este lunes, “no es la primera vez que no podemos dormir por el trato que la gendarmería da a los inmigrantes”, apunta. También este marroquí nos explica que al día siguiente de un intento de salto se ha encontrado a algunos subsaharianos sangrando y en pésimas condiciones. “Esta vez no he visto a ninguno”, afirma refiriéndose a la mañana del martes, y apunta que “la gendarmería no ha dejado ni rastro”. Una actuación violenta, la de los mejanis, que preocupa y hasta agobia a quienes viven en los alrededores del cauce del Río Nano. “Lo peor es que cuando vemos este tipo de cosas sólo podemos gritar y pedirles por favor que paren”, nos asegura angustiado otro de los vecinos, quien insiste en que “todo el mundo lo sabe y tanto el Gobierno español como el marroquí hacen la vista gorda”. Mientras tanto, ellos atienden en sus casas a algunos de los subsaharianos que llaman simplemente para pedirles agua. “Vienen descalzos, con las manos llenas de sangre y los pies reventados de andar por las piedras y por los pinchos”, afirman apesadumbrados.

Distintas fuentes nos insisten en que la gendarmería marroquí está actuando con mucha más violencia y brutalidad desde hace aproximadamente dos semanas, después de que alrededor de 200 subsaharianos intentaran acceder a territorio español y aproximadamente setenta lo consiguieran. Tres días después de esta entrada, el pasado 25 de abril, el fotógrafo Gianfranco Trippodo junto a otro compañero, sufrió el control de la policía marroquí.

“Queríamos hacer un reportaje sobre los inmigrantes que están en el Gurugú”, nos dice, y nos explica que “era la segunda vez que íbamos y nos recomendaron acercarnos en coche, por lo que alquilamos uno”. Añade que los primeros dos días no tuvieron ningún problema pero que el tercero transcurrió de manera muy diferente “los inmigrantes nos advirtieron de que había llegado la Policía Marroquí, por lo que nos escondimos al lado de los campamentos”, señala. Tras un buen rato decidieron “dar un largo rodeo” para ir a buscar el coche. Cuando fueron a coger el vehículo se encontraron con una furgoneta de la gendarmería del país vecino y con varios agentes de paisanos que iban en otros dos vehículos. “Tras preguntarnos que hacíamos allí y comprobar nuestros pasaportes nos llevaron a Comisaría para escribir un informe sobre nosotros”, detalla. Reconoce que la actitud de los mejanis no fue agresiva, “iban de buen rollo”, apunta, aunque señala que “sabiendo que éramos periodistas nos recriminaron nuestra actuación”. Tras tenerlos dos horas retenidos y revisar todas las fotos, tanto en sus cámaras como en sus móviles, les permitieron marcharse, no sin antes insistirles en que no volvieran. “Lo mismo les ocurrió”, continúa explicándonos, a otros dos profesionales, uno australiano y otro marroquí “a quienes también pillaron”.
Una presión constante que sufre cualquiera que se acerque al Gurugú. “Simplemente vamos a darles comida y agua a los subsaharianos”, nos dice un marroquí que vive en Nador, y añade que “no nos dejan”, ya que las popularmente conocidas como ‘lecheras’ – furgonetas utilizadas por la gendarmería marroquí en las que no se ve el interior y que son utilizadas para trasladar inmigrantes subsharianos a la frontera de Argelia- están a todas horas allí. “No es que no nos importen”, nos aseguran impotentes estos marroquíes, “es que no podemos hacer nada”. Mientras tanto, los días pasan y las agresiones a este grupo de personas, cuyo único delito es buscar un futuro mejor, continúan.

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¿Respeto a los derechos humanos en Melilla?

29.04.2013 · periodismohumano · Belén Amador (Melilla)

¿Se están respetando los derechos humanos en Melilla? ¿La actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado está dentro de  la legalidad vigente? Estas cuestiones están siendo objeto de debate durante estos días en Melilla después de que Mustafa Aberchán, presidente del principal partido de la oposición Coalición por Melilla (CPM), atendiera en su casa a treinta inmigrantes que acababan de saltar la valla debido “a la actuación violenta de algunos agentes con los subsaharianos”.

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La Guardia Civil entrega a Marruecos a los ocupantes de una patera que ya había llegado a Melilla

15.03.2013 · Jesús Blasco de Avellaneda · (Melilla-Nador)

En la embarcación viajaban unos doce ocupantes, muchos de ellos menores, que habían llegado a la bahía de Melilla y se hallaban a la deriva a unos 15 metros de la orilla de la Playa de los Cárabos con la intención de ser vistos y auxiliados por los servicios españoles. Entre los inmigrantes supuestamente expulsados de forma ilegal, se encontraba Mohamed Kamara, guineano de 17 años, que aparentemente ya fue expulsado ilegalmente por la Guardia Civil el 14 de noviembre.

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“Nos golpean con piedras en las rodillas y tobillos para que no saltemos la valla de Melilla”

26.10.2012 · Jesús Blasco de Avellaneda · (Nador)

Tras un infructuoso salto a la valla de Melilla varios inmigrantes, con heridas recientes, denuncian que policías marroquíes han intentado romperles las rodillas y los tobillos para “quitarles las ganas de saltar” el muro metálico que separa Europa de África en la frontera melillense con Marruecos.

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Sobrevivir a pie de valla

 16.07.2012 · Jesús Blasco de Avellaneda · (Melilla)

En Beni Enzar, un poblado marroquí al otro lado de la frontera con Melilla, cientos de subsaharianos mendigan para poder echarse algo a la boca, mientras esperan el momento propicio para entrar en tierras europeas. Muchos han conseguido acceder al otro lado de la valla, pero dicen que la Guardia Civil les ha devuelto a Marruecos, donde la Policía les ha pegado palizas y expulsado a Argelia.

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Un puesto roma de venta de ropa usada en Bucarest. La segregación en las escuelas hace que los niños de esa etnia tengan menos posibilidades de hallar trabajos decentes en su adultez. (Claudia Ciobanu/IPS)

Varios fallos judiciales revelaron en los últimos tiempos la gravedad del problema, pero no hicieron que los gobiernos tomaran medidas al respecto.

Pese a los reclamos de entidades como la Corte Europea de Derechos Humanos para que las autoridades garantizaran a los gitanos un acceso adecuado a las escuelas del sistema, falta una acción seria, según organizaciones no gubernamentales.

“Investigaciones realizadas en varios países documentan la segregación, y los veredictos judiciales han confirmado que la discriminación en el acceso a la educación es una práctica común. Los gobiernos tienen que actuar rápidamente para frenar las prácticas discriminatorias”, dijo a IPS la coordinadora de cabildeo en el capítulo checo de Amnistía Internacional, Jana Vargovcikova.

La segregación de los romaníes en las escuelas está documentada en informes de Amnistía y de otras organizaciones, que subrayan la exclusión sistemática que padecen en todo el antiguo bloque oriental.

Mientras, fallos judiciales han confirmado casos individuales de discriminación educativa de gitanos en países como Croacia, Eslovaquia, Grecia, Hungría y República Checa.

El problema va desde la segregación explícita, donde niños y niñas de la comunidad roma reciben clases en aulas separadas dentro de escuelas del sistema oficial, hasta la ubicación de esos alumnos en colegios para discapacitados mentales –lo que según la Corte Europea de Derechos Humanos es una práctica generalizada- mediante la realización de pruebas defectuosas y discriminatorias de por sí.

Un estudio de la Open Society Foundation concluyó que los niños gitanos en Eslovaquia y la República Checa tenían, respectivamente, entre 28 y 27 veces más probabilidades de ser destinados a escuelas especiales que los estudiantes que no pertenecían a esa etnia.

Otra investigación de la Inspección de Escuelas Checas sugirió en 2011 que más de 3.000 alumnos de esos centros de enseñanza habían sido colocados allí sin que mediara ninguna prueba en absoluto.

En los últimos tiempos se ha dado en llamar a estas instituciones “escuelas prácticas”, un cambio meramente cosmético al sistema educativo, según críticos. A ellas se puede enviar a niños de incluso seis o siete años, y son permanentemente criticadas por ofrecer un programa limitado y por, efectivamente, impedir que esos alumnos alcancen su potencial educativo, profundizando un ciclo de pobreza y privaciones entre los romaníes.

Según un estudio de 2009 hecho en conjunto por el Instituto Checo para la Información sobre Educación y por el Ministerio de Educación, apenas uno por ciento de los niños romas de las “escuelas prácticas” se inscriben luego en centros de enseñanza secundaria, en comparación con 30 por ciento de niños gitanos que concurren a escuelas primarias normales.

Ciprian Necula, un activista roma de 32 años que vive en Bucarest y trabaja en proyectos para ayudar a poner fin a la discriminación contra su comunidad en Rumania, relató a IPS lo ocurrido a niños gitanos ubicados en escuelas especiales.

“Por citar apenas un ejemplo, en Dumbraveni, en el centro de Rumania, unos 500 pequeños romaníes concurren a escuelas para alumnos con discapacidades pese a no tener problemas. Esto se debe a que solo hablan el idioma romaní y no se integrarían en colegios comunes, y sus padres están felices porque sus hijos van a una escuela donde reciben una comida caliente”, agregó.

“Pero cuando llegan a la edad de ir a la escuela secundaria, no saben ni leer ni escribir, apenas dibujar”, explicó.

Los padres romaníes suelen estar contentos de enviar a sus hijos a esas escuelas porque están mal informados sobre lo que eso implicará para su desarrollo educativo, y también por temor a que esos niños sean víctimas de intimidación en un centro de enseñanza normal, o porque los costos de enviarlos a instituciones del sistema tradicional en lugares más alejados serían demasiado altos.

El gobierno checo había prometido erradicar las escuelas especiales como parte de un compromiso con una educación inclusiva.

Pero declaraciones de la encargada plenipotenciaria del gobierno checo para los derechos humanos, Monika Simunkova, sugieren que el proceso de cerrar las “escuelas prácticas” se retrasará en relación al plazo originalmente fijado para 2015.

Organizaciones no gubernamentales temen que ahora el gobierno se esté retractando de sus compromisos, presionado por padres que no son romaníes, por maestros de las “escuelas prácticas” y por psicólogos especiales que en los últimos tiempos recabaron unas 70.000 firmas para una petición contra el cierre de esos centros.

Según los activistas, el temor a cerrar esas escuelas es irracional, pues se puede capacitar a los colegios normales para que brinden atención a niños con necesidades especiales.

Amnistía Internacional, el Centro Europeo para los Derechos de los Romas y la Open Society Justice Initiative enviaron el mes pasado una carta abierta al gobierno checo, solicitándole que implementara una moratoria a la inscripción de niños romaníes en “escuelas prácticas”.

También le pidieron que realizara una evaluación exhaustiva del sistema para garantizar que cumpliera con los estándares internacionales y regionales en materia de educación y no discriminación.

El gobierno todavía no ha respondido a la misiva.

Sin embargo, hubo algunos ejemplos de avances contra la discriminación educativa en la región. En una escuela de Sarisske Michalany, Eslovaquia, donde hasta el año pasado los niños romaníes tenían salones de clase y lugares de almuerzo separados, todos los alumnos fueron integrados plenamente, tras un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos.

Organizaciones no gubernamentales locales sostienen que, tal como esperaban, la situación allí es “positiva”, y los niños romaníes reciben una educación totalmente inclusiva.

Stefan Ivanco, del Centro para los Derechos Civiles y Humanos, dijo a IPS: “La escuela ha iniciado el proceso de introducir principios de educación inclusiva y desegregación y, lo que también es positivo, hasta ahora no hubo ninguna señal de ninguna ‘bandera blanca’, o ningún alumno desertando para ir a otra escuela”.

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Afectados por el robo de bebés en Sevilla frente al antiguo hospital de las Cinco Llagas, actual sede del Parlamento andaluz, escenario de algunos de los casos más truculentos. (José Luis Gordillo)

“Yo no iba de parto, a mí me durmieron y me arrancaron a mi hijo. Como a otras. Nos drogaban, nos inyectaban pentotal y estábamos varios días como borrachas”. Es el testimonio de Paula Díaz, que se repite en otras madres víctimas del presunto robo de sus hijos en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, un monumental edificio renacentista que para muchas de ellas se convirtió en una auténtica cámara de los horrores y que contagió sus métodos extremos a otros centros sanitarios andaluces.

En 1970, con apenas 25 años, Paula tenía ya tres hijos, estaba embarazada de un cuarto y visitaba con frecuencia las Cinco Llagas para cuidar a su padre, enfermo de tuberculosis. Cuando su padre se curó, ella explicó a la monja que ejercía como jefa de enfermería que no podía encargarse de él, puesto que iba a tener un cuarto hijo, con una economía muy modesta, pues su marido era panadero en el cercano pueblo de Gelves. La religiosa, enterada de la situación, intercedió para que su padre ingresara en un asilo. El 17 de octubre, antes de cumplir los nueve meses de gestación, Paula acudió al hospital por pérdidas de líquido, pero sin dolores ni síntomas de parto. Ya estaba todo preparado.

Sin reconocimiento previo, la llevaron a un paritorio oculto. “Una enfermera vestida con uniforme nuevo, sin conocerme de nada, me dijo ´Paula por aquí´, y me subió en un montacargas hasta una planta abandonada. Yo iba llorando mucho porque tenía muy mal presentimiento. Había vigas de madera por el suelo del pasillo, por el terremoto del año 69. Las habitaciones de esa planta las utilizaban como trasteros. Me metieron por una puerta pequeña y me recibieron otras tres enfermeras más jóvenes también con uniforme nuevo, formando un círculo. Era otro trastero, con muchas mesitas de noche apiladas. Tenían mucha prisa. Una de ellas me dijo: ´Paula, si ya has tenido tres hijos y te han salido sanos y buenos, por qué tienes miedo` ¿Cómo sabía que me llamaba Paula y que tenía tres hijos, si yo no los había dado a luz allí?”, recuerda con enorme angustia.

“A partir de ahí, me durmieron y no volví a saber nada, hasta que mi niño me despertó llorando. Estaba desnudo y solo encima de un antiguo mueble de cocina de acero inoxidable. Le brillaban las carnecitas a la luz de una bombilla colgada de la pared. Quise cogerlo pero estaba atada al borrico de pies y manos. Yo estaba aturdida pero gritaba y gritaba, y no venía nadie. El niño berreando y yo chillando amarrada. Hasta que llegó una enfermera bajita y se lo llevó y ya no lo vi más”, lamenta Paula. “Me tuvieron en una camilla casi a ras de suelo, me siguieron dando tanta droga que me quedé ciega y apenas me acuerdo de nada”.

Paula Díaz llegó a quedarse ciega temporalmente debido a las inyecciones de pentotal

El médico le informó que su hijo tenía labio leporino, afección que se le curaría en unos días, pero que en cambio padecía una gravísima enfermedad de corazón. Hoy día Paula reconoce el engaño, pues el certificado de defunción que ha obtenido señala como causa de muerte “labio leporino”, algo del todo imposible, y además un bebé con dolencia cardiaca no podría haber llorado con esa fuerza. A las 36 horas le comunicaron que el niño había fallecido. Nadie vio el cadáver. Tan sólo le enseñaron a su marido, a varios metros y a través de un cristal, una cajita de madera repleta de algodones entre los que sobresalía una carita muy blanca.

Es exactamente lo mismo que vieron muchos de los afectados por supuestos robos de bebés en Sevilla, siempre a varios metros de distancia y a través de cristales. Hoy día piensan que se trataba de un truco, un fantoche que tenían preparado para enseñarlo a los padres, como el bebé congelado que, según las denuncias, mostraban en la clínica San Ramón de Madrid para consumar el engaño. Al cabo de diez años avisaron a Paula de que iban a trasladar el féretro de su hijo del nicho. Para entonces ella tenía ya seis hijos y no pudo asistir. Sin embargo, a los pocos días oyó decir al enterrador que el ataúd estaba vacío. “Siempre le dije a mi marido que me lo robaron, pero él no me creyó. Yo nunca le llevé flores porque sabía que mi hijo no estaba allí”, concluye.

A María Granada Rodríguez también la drogaron con pentotal en 1974. “Me pusieron una inyección y no me enteré de nada hasta el día siguiente”. Sin embargo, algo traumático ocurrió durante el tiempo que estuvo sedada. No puede recordarlo pero le atormenta en sueños. “Llevo cuarenta años despertándome malísima, buscando a mi hijo, cuarenta años que me paso las noches sentada llorando en la cama y sin querer decir nada”, admite compungida.

Cuando se puso de parto sus padres residían en Madrid y su marido no se encontraba ese día en Sevilla, así que acudió al centro sanitario sola. Nunca llegó a ver a su hijo, al menos de forma consciente. A su esposo le enseñaron la susodicha cajita. Al cabo de los años, se ha enterado de que el motivo oficial de la muerte fue parada cardiorrespiratoria. El hospital no le entregó el historial clínico aduciendo que se había perdido, pero apareció milagrosamente al solicitarlo la Fiscalía.

Carmen Lorente tampoco vio a su hijo, ni siquiera cuando fue a desenterrarlo en 1989. La tumba estaba vacía. Sólo había dentro algodón y un trozo de sábana. En ese momento creyó lo que le dijo le enterrador, que al ser un bebé se había disuelto por completo. Hoy día, sabiendo que eso es totalmente imposible, que ni el cráneo ni los fémures pueden nunca desvanecerse, lamenta no haber llamado a la Policía en ese mismo momento. “Con la de lagrimas que he echado yo allí y lo que le he rezado a mi niño” durante toda una década, desde que dio a luz en 1979, “y allí no había nada”. Hoy lleva su caso con un abogado de oficio.

La práctica de drogar a las parturientas para arrebatarles presuntamente a sus hijos se prolongó en el tiempo. Tanto que a Maria del Carmen Perea, en 1982, también le inyectaron pentotal, esta vez después del parto, en el antiguo hospital García Morato, hoy Virgen del Rocío. Recuerda que quedó muy aturdida, casi sin sentido, pero que no se durmió. Tras dar a luz a las tres de la tarde la pasaron a la unidad de observación, pero no avisaron a su familia, que a las siete aún permanecía a la espera de noticias. Fue una limpiadora conocida quien les informó que el parto se había producido cuatro horas antes. No les dejaron ver a la niña, y a la madrugada siguiente les informaron de que había fallecido. “Yo estaba muy rara, como borracha, y a mi marido le enseñaron la cajita tras los cristales”, recuerda.

La bautizaron sin permiso de los padres y el propio hospital se hizo cargo del entierro. Al padre le explicaron que la niña había tragado líquido amniótico y se había asfixiado. Sin embargo el certificado de defunción aduce una cardiopatía congénita. Como en el resto de los 212 casos documentados por la asociación SOS Bebés Robados en la provincia de Sevilla, no les han facilitado las historias médicas, so pretexto de su pérdida o destrucción, ni tampoco el legajo de nacimiento del Registro Civil.

De la documentación que ha podido obtener, Irene Ronda no ha sacado más que dudas e incongruencias. Dio a luz en 1967, con 23 años, y para entonces ya tenía otros tres hijos. Al nacer el cuarto no llegaba a los tres kilos de peso, así que los médicos decidieron meterlo en una incubadora para que fuera ganando volumen. Al quinto día le dieron el alta, y como el niño seguía en la incubadora, Irene fue a casa para encargarse de los otros tres hermanos. El sexto día vieron la bebé en el nido, pero al séptimo, cuando ella y su marido acudieron al hospital, ya el bebé no estaba allí. Les dijeron que había muerto y que el hospital se encargaba del entierro.

A los pocos días la llamaron del juzgado para preguntarle cómo se puso de parto y para que firmara unos papeles. Actualmente Irene piensa que lo que firmó, sin saberlo, fue el trámite de adopción. Tiene indicios para ello: figura como bautizado el mismo día que nació, en todos los papeles aparece como Rafael Martín Gómez, cuando su segundo apellido debería ser Ronda, y en la copia del libro de familia que pidió en el Registro Civil ni siquiera aparece asentado. Por supuesto, el historial clínico ha desaparecido.

Irene Ronda y Paula Díaz frente a las rejas del actual Parlamento andaluz

Rosa Álvarez tiene hasta tres versiones distintas sobre la posible muerte de su hija recién nacida, y ninguna concuerda. La ingresaron en las Cinco Llagas en 1968. Primero le dijeron que estaba enferma de corazón. Más tarde, que habían tenido que realizarle un lavado de estómago porque había tragado meconio, mientras que el cementerio figura una enigmática “muerte craneal”. Ella no vio el cadáver, y a su marido le enseñaron la caja con el supuesto fantoche. Les comunicaron que el hospital se encargaba de enterrarla en una fosa común.

Todas siguen buscando hoy día a sus hijos. Como ellas, 1.844 personas han puesto anuncios en el blog de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares buscando a sus familiares, por desapariciones ocurridas mayoritariamente entre 1950 y 1990, aunque también las hay anteriores, desde 1939, y posteriores, hasta el año 2000. La mayor parte, 1.309 concretamente, son hermanos que se buscan entre sí o padres que reclaman a sus hijos, pero también hay 535 hijos adoptados que sospechan fueron raptados y buscan a sus verdaderos padres. El presidente de Anadir, Antonio Barroso, asegura que la inmensa mayoría de estos anuncios se corresponden con las denuncias presentadas en los juzgados de toda España. Aunque los casos documentados hasta ahora pueden ser incluso el doble.

En estos 1.844 casos se mencionan un total de 190 centros, entre hospitales, clínicas, maternidades y casas cuna, en los que se perpetraron los presuntos delitos de detención ilegal, que según la doctrina de la Fiscalía General del Estado no inicia su periodo de prescripción mientras persista la situación a la que ha dado lugar, es decir, la separación forzada de padres e hijos. La comunidad que acumula más centros sanitarios denunciados es Andalucía, con 34, seguida de Cataluña con 25, Valencia con 24, Madrid con 22, Castilla y León 18, el País Vasco que alcanza los 15 y Canarias con 12. Por detrás quedan los nueve hospitales y clínicas supuestamente escenario de robo de niños en Aragón, seis en Galicia, cuatro en Extremadura, tres en Murcia y otros tantos en Asturias y Baleares, dos en Navarra y Cantábria y uno en La Rioja.

Mari Carmen Perea, María Granada Rodríguez, Rosa Álvarez e Irene Ronda frente al antiguo hospital de las Cinco Llagas

Hasta ahora los tribunales han dictado el archivo masivo de causa, bien por falta de pruebas e indicios de criminalidad o bien por prescripción del delito, contraviniendo en este último caso la circular de la Fiscalía General. Sin embargo, en este año 2013 ha empezado a cambiar tímidamente la tendencia, al imputar los jueces en la fase de instrucción a más de una decena de médicos y matronas en Madrid, Andalucía y País Vasco. En este sentido, en Sevilla esperan noticias de próximas imputaciones, según les adelantan informalmente sus abogados.

Hasta ahora, sin embargo, todo han sido obstáculos. Las madres afectadas se quejan de la actitud obstruccionista y “prepotente” de la Policía Nacional hispalense, que ha encargado de este asunto a su departamento de Homicidios, cuando en realidad se trata de secuestros, y consideran que se inclinan más por cerrar los casos que por esclarecerlos. A ello se une la labor de destrucción de pruebas que se puede estar realizando. Así, cuando Mari Carmen Perea acudió al cementerio hispalense en busca del nicho de su hijo, le aseguraron que la pared entera de nichos había sido demolida. Las palabras que relata le dijo el encargado fueron esclarecedoras: “Eran nichos de los niños robados esos. Llame usted a la Policía si quiere. Yo no voy a decirle dónde están los restos ni por boca ni por escrito”. Otros trabajadores del camposanto les han revelado que han sido ya decenas los ataúdes de niños que, al ser trasladados, se ha comprobado que estaban vacíos.

Muchos de los posibles culpables de tales delitos, principalmente el personal facultativo de los centros sanitarios y empleados del Registro Civil, viven todavía y el algún caso aún ejerciendo. Hay nombres de médicos que se repiten, como el de José María Sillero, que aseguran aparece en al menos ocho de sus casos. Las relaciones entre las tramas de cada territorio de España también empiezan a esclarecerse. A denuncia de la asociación Anadir, la Guardia Civil ha desvelado el tráfico ilegal de niños comprados en Marruecos, introducidos a través de Melilla y dados ilegalmente en adopción principalmente en el Levante español.

Son también de público conocimiento las relaciones directas entre sor Juana Alonso en Canarios y Mercedes Herrán de Gras en el País Vasco, señaladas por muchos afectados como cabezas visibles del robo de bebés en ambas comunidades. Sor Juana pertenecía a las Hijas de la Caridad, al igual que Asunción Vivas, condenada en 1984 por la Audiencia de Zaragoza a cuatro meses de arresto mayor por el delito de sustracción de menores, o sor María Gómez Valbuena, fallecida el pasado mes de marzo e imputada en varios casos de robo de bebés en la clínica Santa Cristina de Madrid.

Uno de los médicos que declaró como testigo en el juzgado por su labor en Santa Cristina, Luís Cardona Urda, es cuñado de Adolfo Montero Peña, ginecólogo que ya fue condenado en 1993 por la Audiencia de Granada a un año de prisión, suspensión de empleo y multa de 100.000 pesetas por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregularidad en la que intervino en 1989. El mismo ginecólogo implicado en el caso de Eduardo Raya, denunciante pionero de robo de bebés España, cuya hija le fue presuntamente sustraída en 1990. Por derivación de aquella causa, la Fiscalía de Granada abrió en 1992 diligencias previas por posible compraventa de recién nacidos entre las provincias de Granada, Barcelona y Alicante, en al menos cuatro casos, pero las investigaciones no prosperaron.

(AP Photo)

La tribu maasai, de Kenia y Tanzania, fue durante mucho tiempo un modelo de cultura tradicional para muchos africanos, y también para occidentales que realizaban safaris en sus tierras de Maasai Mara, Samburu o Amboseli.

Pero dejando de lado la familiaridad de los turistas con estos indígenas, estos enfrentan muchos de los mismos escollos en su camino al desarrollo que otras comunidades marginadas del mundo.

William Kikanae, líder comunitario de su aldea maasai en Maasai Mara, dialogó en Nueva York durante el lanzamiento de una iniciativa de la marca española de calzado Pikolinos para brindar oportunidades económicas a mujeres de las tribus locales.

“Primero, sé por mí mismo que las mujeres son la parte más importante de la familia”, dijo Kikanae. Pero “para el pueblo maasai, las mujeres no son importantes. Ellas no tienen el mismo poder que los hombres”.

Como director de la organización Adcam para Kenia, Kikanae trabaja con marcas de otros países, como Pikolinos, para cultivar proyectos que permitan ganar dinero a las mujeres de su comunidad.

A través del Proyecto Maasai, las mujeres de la tribu bordan sandalias que luego se envían a España para su terminado y venta en todo el mundo. Las ganancias vuelven a la comunidad, bajo la forma de proyectos de desarrollo como escuelas, clínicas y viviendas.

“Antes, los hombres de mi comunidad pensaban que yo apoyaba a las mujeres para estar en el poder más que ellas”, dijo Kikanae en relación al Proyecto Maasai.

“Nosotros no estamos en contra de nadie. Ahora puedo decir que incluso nuestros políticos están orgullosos del proyecto”, agregó.

Los intermediarios

Según una funcionaria del gobierno y médica de la tribu maasai que pidió no revelar su nombre, apoyar a las mujeres e impulsarlas a la primera línea del desarrollo es una manera significativa de lograr cambios dentro de la comunidad.

“Las mujeres no pueden ser dueñas del ganado que crían, pero si se las educa esto cambiará. No todo está perdido para quienes no fueron a la escuela. Si sus hombres les permiten comerciar leche o artesanías, pueden generar ingresos para sus familias”, dijo.

Las comunidades pobres siempre son explotadas y están escasamente representadas en lo relativo a la ayuda, así que cuando una tribu como la maasai se asocia con una organización del exterior es natural que aflore el escepticismo.

“El problema se origina en los intermediarios. Estos son muchachos que se supone conectan a la comunidad con ‘los que ayudan’. Estas personas aprovecharán la oportunidad de explotar a la comunidad para concretar sus propias ambiciones, mientras una parte muy pequeña de la ayuda llega a las beneficiarias”, señaló la funcionaria.

“Como la educación se ha rezagado, los pocos individuos educados han usado la ignorancia de la mayoría en su propio beneficio. Así que, en pocas palabras, es posible que el aldeano común no logre diferenciar esto”, agregó.

Tareas domiciliarias a la luz del fuego

Las mujeres maasai no suelen negar los problemas que les acarrea su falta de educación. Entienden que cuantas más personas educadas haya en su comunidad, menos serán víctimas de explotación.

Pero los viejos patrones persisten. En muchas aldeas africanas, solo si una niña es considerada “inútil” en su familia –resistiéndose a casarse joven, a desempeñar tareas domésticas o a cavar en el jardín- será enviada a la escuela para estudiar. Esto causa una discriminación en las oportunidades y hace que la educación sea inaccesible para quienes la desean.

Todavía en la actualidad es visible la dicotomía tradición-modernización.

Además, el hecho de que en el hogar no estén satisfechas las necesidades básicas, por ejemplo de electricidad o transporte hacia la escuela, dificulta mucho el desempeño de un estudiante rural.

“Imagínese intentando hacer las tareas domiciliarias a la luz del fuego o caminando largas distancias a y de la escuela”, dijo la funcionaria.

Apostar al liderazgo femenino

Desde el punto de vista de alguien ajeno a la comunidad, puede parecer que las mujeres maasai no tienen respiro, ya que padecen desde la falta de servicios de salud –especialmente la materna, por lo que muchas fallecen al dar a luz- hasta la propagación del VIH/sida, un tema del que la mayoría prefiere no hablar.

“Los hombres van a las ciudades, venden vacas o trabajan, tienen relaciones con las mujeres del pueblo y traen el virus a casa”, dijo la funcionaria.

“Las mujeres no han oído hablar de condones o de negociar para mantener relaciones sexuales seguras”, agregó.

Como en otras sociedades del mundo, la propagación del VIH/sida está directamente vinculada a la educación, y cuando niños y niñas no reciben información sobre salud sexual, el ciclo perpetuo de la enfermedad continúa.

A estas preocupaciones se suma el creciente problema del desplazamiento de personas.

“Los hombres venden vastos sectores de Maasialand, a veces sin que sus esposas lo sepan. Esto ocurre desde Kitengela hasta Namanga, en la frontera. Otras comunidades están comprando esta tierra, y en poco tiempo los maasai estarán en áreas de muy difícil acceso. Los líderes actuales son de miras demasiado cortas para ver que se está forjando una catástrofe”, agregó la funcionaria.

Para facilitar el desarrollo de los maasai “se necesita un buen liderazgo que guíe este proceso, para que no haya explotación”.

Con educación y con un buen liderazgo, los obstáculos que enfrenta la tribu se abordan lentamente. Una a una, las mujeres maasai tienen más probabilidades de reevaluar las necesidades de sus familias y de su comunidad, al tiempo de trabajar juntas con organizaciones locales e internacionales para lograr un cambio, dijo.

Terminal portuario de Prodeco, filial de la suiza GlencoreXstrata, para su exportación de carbón, en la ciudad caribeña de Santa Marta. (Juan Manuel Barrero/IPS)

“Yo estoy desplazado acá por la minería, hace un mes. Me sacó de mi municipio la minería ilegal. No, no vaya a decir de dónde vengo. Mi nombre, menos”. Con el atemorizado hombre de piel azabache, de unos 40 años, IPS acordó decir solo que proviene del sur de la Costa Pacífica de Colombia.

Allí, en medio de una biodiversidad desbordante, entre la cordillera de los Andes y la costa oceánica campean las dos guerrillas izquierdistas activas, una que está en negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y la otra en plan de emprender un camino similar.

También operan grupos paramilitares de ultraderecha, que las autoridades llaman Bacrim (bandas criminales) tras una desmovilización negociada durante el mandato del presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Son el único sector armado en crecimiento.

En la actualidad, esos bandos se dedican a la minería del oro, actividad ancestral en el lugar. La producción y tráfico de cocaína no va más en el sur de la región conocida como Costa Pacífica, se asegura. “El negocio es el oro”, confirmó el hombre que se declara desplazado de su hogar.

Según sus datos, el oro genera hoy entre 13 y 23 veces más ganancia neta que la cocaína en el suroccidente colombiano, cerca de la frontera ecuatoriana.

Pero para dedicarse al oro hay que tener más capital inicial. Y la minería también trae conflictos. Muchos.

En los últimos 20 años, Colombia se transformó radicalmente al convertirse en un país minero y petrolero. Y la institucionalidad no se ha ajustado a esa nueva realidad.

Es la conclusión de los especialistas que hablaron para IPS en el marco de la presentación de “Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista”, el estudio más completo hasta ahora, primero de una serie de informes de la Contraloría General de la República, máximo organismo interno de control fiscal.

El economista Luis Jorge Garay dirigió durante seis meses el grupo de autores, integrado por los expertos Julio Fierro, Guillermo Rudas, Álvaro Pardo, Fernando Vargas, Mauricio Cabrera, Rodrigo Negrete y Jorge Espitia.

Los comentaristas durante el lanzamiento, el lunes 6, fueron Manuel Rodríguez, el exministro de Ambiente, Jorge Iván González, director del Centro de Estudios Económicos de la pública Universidad Nacional, y el jurista especializado en derecho constitucional Rodrigo Uprimny, director de la no gubernamental DeJusticia.

“Esta investigación es de la mayor importancia. Por primera vez aparece en un solo volumen la complejidad de la minería en todos sus aspectos: el ambiental, el social, el jurídico, el económico”, indicó Rodríguez.

“Nos indica que estamos encaminando el sector minero con muy poca consideración de los enormes costos sociales y ambientales que implica”, dijo.

La Constitución de 1991 establece una serie de derechos fundamentales que, sin embargo, se degradan a la hora de las normas mineras. Un funcionario de turno puede emitir una medida que contradiga la carta magna, pero es la que va a primar en la práctica.

“El Estado está renunciando, desde hace dos o tres décadas, a tener una participación en los recursos que genera la minería legal”, dijo el economista Rudas. “El problema no es únicamente la minería ilegal, sino la minería legal, que no está dejando réditos al país para que tenga un Estado fuerte, capaz de solventar los otros problemas”, argumentó.

La contralora general, Sandra Morelli, consideró que “el Estado colombiano se ha venido debilitando notablemente, y no es un tema de tamaño, sino de capacitación técnica y de facultades jurídicas para intervenir, de manera mucho más oportuna, para evitar afectaciones al interés público”.

La minería aporta anualmente a Colombia unos 1.100 millones de dólares, según la contralora. “La pregunta es si esa cifra está compensando el impacto de la actividad minera o no”, planteó.

En la actualidad, los principales rubros mineros de Colombia son el carbón, del que es décimo productor mundial, el níquel, en que ocupa el séptimo lugar, y el oro, en el puesto 22 entre los mayores países extractores.

“En Colombia se ha creado la idea de que hay que atraer la inversión extranjera dando dádivas. Falso. La inversión extranjera va donde hay los recursos, pero más donde hay reglas claras”, declaró Garay, el director del estudio.

“Este informe muestra que la minería, si bien tiene promesas, tiene también enormes peligros”, advirtió Uprimny. Ellos van de los ambientales, de afectación de pueblos indígenas y afrocolombianos, de disputa de la tierra a la agricultura, hasta la eventual intensificación del conflicto armado y el desplazamiento.

“Plantea algunas recomendaciones para fortalecer la normatividad ambiental y la capacidad regulatoria jurídica. Es un informe muy importante para enfrentar un país que se volvió minero”, añadió el constitucionalista.

“Se conceden licencias ambientales a todo el que las pida, solo se niegan tres por ciento de las solicitudes”, indicó Uprimny.

El desplazado, quien asistió al lanzamiento del informe, se incluye entre las minorías afectadas y en el tres por ciento rechazado. “A las comunidades afrodescendientes no se les otorgan títulos mineros. Se les dice que no cumplen los requisitos”, aseveró.

“Hay una coincidencia territorial, en términos geográficos, con fenómenos de desplazamiento”, advirtió el abogado y sociólogo Fernando Vargas, “y territorios donde hay solicitudes mineras o licenciamiento minero”.

“Sobre todo en territorios ancestrales, la explotación del oro está generando tensiones gravísimas y crisis humanitarias, violaciones al derecho internacional humanitario y violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos”, indicó.

Cuatro claves contra el modelo extractivista

Luis Jorge Garay, director del informe “Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista”, resumió para IPS sus cuatro claves.

PRIMERO: “A la luz de la Constitución de 1991 y la primacía de los derechos fundamentales, uno de los temas cruciales es cómo circunscribir y enmarcar la política minera, extractivista, dentro de la carta colombiana.

Si bien la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han avanzado, nos falta una jurisprudencia más taxativa, que nos permita hacer una jerarquización entre los derechos fundamentales, de las comunidades, sobre la propiedad del suelo y el de quienes reciben las licencias ambientales y mineras sobre la explotación del subsuelo. Esto no ha sido taxativamente tratado”.

SEGUNDO: “El impacto medioambiental, geofísico y geológico de la minería extractivista masiva, especialmente a cielo abierto, de carbón y oro, producen, de no ser bien controlados, daños ecológicos inconmensurables para varias generaciones”.

TERCERO: “Mostramos que la renta minera en Colombia está muy mal distribuida, en contra del Estado y de la sociedad y a favor de las empresas.

La tasa efectiva neta que pagan las empresas es solo cinco por ciento en impuestos. Las regalías son fijas y las más bajas internacionalmente”.

CUARTO: “Colombia no tiene un esquema de gobernanza ni una institucionalidad fuerte y sólida para desarrollar una minería necesaria, pero que sea suficientemente balanceada dentro de los propósitos económicos, sociales, políticos y culturales enmarcados en un Estado social de derecho”.