Un soldado iraquí, impotente ante la destrucción, en Faluya. (Mónica G. Prieto)

Calvo, grueso, con el típico bigote que caracteriza a los militares y espías árabes y mirada bovina, para el teniente coronel Khaled, a cargo de las fuerzas antidisturbios de Tikrit, en la provincia iraquí de Salahadin, la principal preocupación que oscurecía su vida no era Al Qaeda, el grupo que mató a su hermano meses atrás, sino su matrimonio. “Verá: no soporto a mi mujer. Incluso he ido a ver al sheikh para pedirle que emita una fatwa que me permita matarla para poner fin a mi sufrimiento, pero no accede. Y cada noche tengo que ver su gorda y fea cara al regresar a casa”.

Khaled lo contaba entre risas, pretendiendo ser gracioso. Impávido, el capitán norteamericano que le servía de interlocutor apuraba un cigarro tras otro en la suntuosa sala del palacio presidencial de Sadam Husein que hoy sirve de oficina de Khaled, heredero del cargo que ocupaba -por méritos, aparentemente- su hermano hasta ser asesinado. No acertaba a contestar a las tribulaciones del teniente coronel: sencillamente, no tenía palabras. Sí las tuvo a la salida de la estancia para la reportera cuando ésta, alarmada, le interrogó sobre la capacidad profesional del hombre que buscaba justificaciones para matar a su esposa a la hora de hacer cumplir la ley a los demás. “Hemos buscado lo mejor entre lo peor para crear el nuevo Ejército iraquí. A lo mejor no hemos acertado”, confesaba el capitán.

El teniente coronel Khaled no era un caso aislado. El principal interés del general Issa Abed Mahmud, responsable de la Policía de Salahadin, en ver a la periodista residía en pedirle que le hiciese una fotografía. “Una en la que salga bien, hoy que voy de uniforme. Es para mi amante, ¿sabe?”. En la conflictiva provincia de Diyala, donde los extremistas suníes seguían siendo fuertes, otro mando de la Seguridad me presentaba a lo más granado de su oficina: uno de sus agentes se cortaba las uñas mientras otro empleaba el único ordenador en jugar a… matar insurgentes iraquíes.

Escenario tras un bombardeo norteamericano en Bagdad. (Mónica G. Prieto)

Era marzo de 2010, y yo estaba inmersa en mi primera -y única- experiencia como empotrada en Irak. En nueve coberturas anteriores entre 2002 y 2009 había cubierto el conflicto iraquí desde el lado de los civiles, si acaso acompañando a la insurgencia, pero nunca me había sumado a los ocupantes para ver su lado de la guerra y constatar su labor a la hora de edificar el nuevo Irak. La experiencia resultaba muy interesante pero no gratificante: el objetivo de las tropas norteamericanas era ofrecer la imagen más positiva posible de su labor, mostrar los avances del país y, sobre todo, justificar el final de la invasión que se escenificó ayer en Bagdad, para lo cual es imprescindible presentar unas fuerzas de Seguridad locales lo suficientemente sólidas para defender el país.

Exactamente lo contrario de lo que podía comprobar sobre el terreno: supuestas fuerzas de elite compuestas por soldados obesos y perezosos, sin intención alguna de salir a las calles, patrullas conjuntas en el Kurdistán que esperaban una orden de sus mandos para acabar con la cooperación y reanudar el conflicto sectario, armamento de décadas de antigüedad, sectarismo y desconfianza entre unos mandos que compiten en lugar de colaborar por el bien de su población…

Marzo, mes electoral donde todos los iraquíes se volcaron en las urnas, era un buen momento para presumir de retirada estadounidense. La violencia sectaria había disminuido y el poder de Al Qaeda estaba mermado como consecuencia de su propia locura y de la acción de los Sahwa, los insurgentes y grupos tribales suníes que habían pasado de apoyar a los terroristas para consolidar su frente contra chiíes e invasores a combatirles acabando de facto con su poder. Pero la labor de relaciones públicas norteamericana se topaba con una terca realidad. La estabilidad se sostenía con alfileres.

Las fuerzas de Seguridad son una sombra de lo que fueron, incapaces de asegurar el país. Carecen del entrenamiento necesario para abortar atentados, como demuestra el sangriento Ramadán que ha causado 438 bajas este agosto en Irak según fuentes del Gobierno, carecen de medios -EEUU no ha cedido ni vendido nada a Bagdad que pueda cuestionar la seguridad israelí, lo que implica que incluso el diminuto Kuwait tiene más recursos bélicos que la antigua Mesopotamia- y de la voluntad de defender la integridad nacional. Porque eso ya no existe: en el nuevo Irak ya no tira la patria sino la secta, la tribu o, en última instancia, la familia.

EEUU recicla tanques de Sadam para 'armar' al nuevo Ejército. (M.G.P.)

La infiltración de milicias religiosas en su seno -que entre 2005 y 2007 copaban la enorme mayoría de los puestos de las Fuerzas de Seguridad- se ha reducido pero no eliminado, y su composición es ahora sectaria, al estilo libanés. La fórmula ideal para que, en caso de que el conflicto civil se reactive, el Ejército se disuelva transformándose en una miríada de brigadas adeptas a su comunidad religiosa.

Así no es de extrañar que el general iraquí Babakir Zebari haya advertido que las fuerzas de Seguridad no estarán preparadas para hacerse cargo del país hasta 2020 y haya pedido a los norteamericanos que se queden hasta entonces. Pero Washington no puede permitirse esperar tanto tiempo por una cuestión de imagen, máxime si quiere comenzar a retirarse también de Afganistán, donde la guerra va aún a peor, así que ayer consumó su farsa anunciando el final de las operaciones bélicas en Irak. “Hoy anuncio que la misión de combate en Irak ha llegado a su fin. El pueblo iraquí es ahora responsable de la seguridad de su propio país”, decía Barack Obama. “Ha llegado el momento de pasar de página”.

Ojalá fuera tan fácil para los iraquíes pasar página tras siete años y medio de horror y el abismo que se avecina. Ahora, una vez más gracias a EEUU, Irak queda abandonada a su suerte. No ha importado que, seis meses después de las elecciones, los políticos no hayan podido formar un Gobierno recreando el vacío de poder que inició la guerra civil en 2005, que ya se escuchen rumores de golpe de Estado militar, que Al Qaeda se haya reactivado demostrando que puede mantener al país aterrorizado y que los Sahwa, la fuerza suní que antes les combatía, se esté desintegrando a fuerza de detenciones, asesinatos y de esperar indefinidamente unos sueldos que Bagdad nunca paga. Al Qaeda paga mejor, como antes hacía EEUU. Y en un entorno de desempleo y futuro incierto, los principios se esfuman.

Identificación de una víctima en la morgue de Bagdad. (M.G.P.)

La guerra civil no ha acabado, si bien vive un periodo de baja intensidad. Cada semana siguen muriendo iraquíes en oscuros ataques sectarios, cuando no fruto de las venganzas familiares que eternizan los conflictos de Oriente Próximo. Si tú mataste a mi hermano, prepárate a morir o a perder a alguien de tu familia. A eso se suman los asesinatos de policías y militares y los atentados con coche bomba, marca Al Qaeda. El día en que uno de esos ataques tenga como objetivo definido a los civiles de una sola secta, o un símbolo religioso, la guerra civil saldrá del intermedio para iniciar su segunda fase, probablemente la decisiva en el diseño del nuevo Irak.

El primer ministro en funciones Nuri al Maliki -ilegal, dado que tendría que haber cedido el poder hace meses al haber perdido las elecciones frente a Iyad Alawi y ser incapaz de formar gobierno- cada vez radicaliza más su tono sectario, identificando a Al Qaeda con los baazistas y de esa forma con los suníes. Y los suníes, minoría en el país, saben que lo tienen todo por perder y están dispuestos a morir matando. No importa que los chiíes tengan el poder, las armas y el apoyo de Irán, el gran agente que maneja a su antojo el nuevo Irak. Porque Estados Unidos acabó con la dictadura laica de Sadam para imponer una democracia sustentada en líderes religiosos influidos por Teherán, cuando no nacidos o formados en Irán. A juicio de los árabes, Irán ha sido el único país -seguramente junto a Israel- que ha salido ganando de la invasión militar: todo un logro para Washington.

Estados Unidos ha decidido que su guerra ha terminado en Irak, pero eso no implica el final del conflicto para los iraquíes. Supone el término de la ocupación militar, pero una asfixiante congoja se ha apoderado de la población. Sí, nadie quiere a los invasores, pero en la nueva fase que vivía Irak desde la guerra civil su presencia tenía cierto sentido. Desde 2005 su fuerza aérea era lo único que disuadía a los miembros de Al Qaeda de perpetrar operaciones mayores y desde 2007 sus dólares pagaban a los Sahwa, que trabajaban para Bagdad y no contra los chiíes que controlan el Gobierno de Irak, como antaño. Su voz era escuchada en los ministerios que participaron activamente en la guerra sectaria, y su papel por fin había pasado de ser ofensivo contra una población desarmada -como lo fue entre 2003 y 2005- a defender la frágil estabilidad lograda a fuerza de bombas y dólares.

El escenario que heredan los iraquíes es tan complejo como aterrador, y políticos y población lo saben. No sólo por la nebulosa de grupos armados e intereses locales y exteriores que pueden hacer estallar de nuevo el conflicto, también por la descomposición moral de una sociedad que ya no puede confiar ni en sus propios vecinos y que ha perdido buena parte de sus principios tras años enfrentándose al horror. Demasiados crímenes, secuestros, torturas, prisiones ilegales, coches bomba, extremismo religioso, crimen organizado, cuatro millones de huérfanos, otros cuatro entre refugiados y desplazados, un millón de muertos y unas heridas psicológicas que tardarán décadas en sanar. Cuando visité Irak por primera vez, en 2002, era una triste dictadura donde una población culta y digna padecía un régimen despótico al tiempo que confiaba en un futuro mejor. Hoy nadie es optimista; más bien al contrario. Todo en Irak es, a ojos de sus habitantes, susceptible de empeorar.

(AP Photo/J. Scott Applewhite)

Al hablar de la izquierda política norteamericana nos vienen a la mente nombres como Michael Moore o Noam Chomsky. Aunque podamos encontrar figuras similares en Europa, es inevitable preguntarse qué influencia tienen Moore o Chomsky para contagiar a los políticos norteamericanos desde fuera de la maquinaria gubernamental.

Durante el debate de la reforma sanitaria posters como éste empezaron a circular por Los Ángeles. Foto: Dopey en Flickr

Uno de los errores cometidos al definir la izquierda norteamericana -ya sea en forma de partido político o de activistas- radica en comparar a Demócratas y Republicanos con la izquierda y derecha españolas o europeas. El otro es comparar al mismo nivel los sistemas parlamentarios de ambas democracias, que en realidad guardan bastante distancia.

“Una de las diferencias más importantes con respecto al concepto europeo es que aquí partimos de una democracia bipartidista. Esto obliga a los partidos a incluir muchas ideologías y muy diversas bajo su cabecera“, explica Leonard Steinhorn, director del Departamento de Comunicación Política de American University. El resultado es que algunos republicanos liberales pueden estar más a la izquierda que los Demócratas más moderados en determinados temas.

Y es dentro del partido demócrata donde se encuentran las ideologías que podemos clasificar como ‘de izquierdas’. Pero no se puede hablar de una izquierda homogénea. Los Demócratas incluyen desde los sindicatos hasta las facciones contra la guerra, defensores de justicia social, los favorables a los derechos de los homosexuales, los feministas e incluso la izquierda verde. “Esto implica que en determinados asuntos, los sindicatos pueden estar de acuerdo con los feministas, pero se enfrentan en cuestiones de matrimonio homosexual”, explica Steinhorn.

Según el experto en teoría política estadounidense, el sistema bipartidista y la necesidad que tienen los partidos de acoger tanta diversidad, deja fuera de sus filas a la izquierda activista, convertida en organizaciones no gubernamentales y lobbies que abogan por derechos sociales. Un ejemplo reciente son los casos de torturas durante interrogatorios a presos de Guantánamo. No fue el partido demócrata quien inició la investigación sino el Sindicato por las Libertades Civiles Americanas, al pedir que se desclasificaran los documentos relacionados.

Derechos individuales, derechos sociales

El acceso de los ciudadanos a ayudas sociales que parte de Europa defiende mediante leyes, acaba dependiendo de ONG’s respaldadas con financiación privada. Desde clínicas para los que tienen menos recursos hasta ferias de salud o programas de voluntarios para apoyar en las escuelas. El activismo queda en manos de estas organizaciones. Ellos coordinan manifestaciones, actos de protesta y discursos para luchar por un determinado cambio de política.

El activismo se convierte así en uno de los recursos para influir en las decisiones de los Demócratas, ya estén en el poder o en la oposición. El otro modo de actuación son los lobbies, think tanks y expertos legales que, con sus estudios y publicaciones, tratan de acercar las posturas del partido demócrata y la administración a sus objetivos.

“Son ellos los que trabajan en representación de los ciudadanos. Esa es la otra capa de acción política de la izquierda, pero no quiere decir que todos los grupos estén de acuerdo, el partido político también necesita construir esa coalición sólida dentro de sí mismo”, indica Steinhorn.

AP Photo

Un ejemplo fue el proyecto presentado por la organización Campaign for America’s Future para crear un sistema de sanidad pública. “Es nuestro trabajo más famoso porque hasta tres legisladores Demócratas lo respaldaron en su campaña electoral”, explica orgulloso Eric Lotke, uno de sus responsables. Obama lo incluyó en su programa político. Pero ya en la Casa Blanca tuvo que convencer al resto de los Demócratas de que era una buena idea. No lo consiguió y la opción pública ya es historia.

La estrategia de estos grupos consiste en elaborar la legislación y después acercarse a las oficinas de los senadores y congresistas para convencerles de que las patrocinen. Cuando uno de los legisladores está convencido, introduce la propuesta de ley en la Cámara de Representantes y ahí empieza la negociación con el resto del partido y la oposición. Grupos como la Organización por el Futuro de América llegan a elaborar desde comunicados hasta diferentes versiones de la legislación para que los políticos las publiquen en sus blogs o compartan con otros miembros del partido. Es el lobbying, producto típico de la política estadounidense. Y no sólo para apoyar aumentos en el gasto de defensa o las guerras. El año pasado la reforma de salud batió récords con ocho empleados de lobbies por cada legislador en el Congreso, según el Center for Public Integrity. Hasta 4.525 personas, contratadas por organizaciones, hospitales o compañías aseguradoras, trabajaron con el único propósito de influir en el voto de los políticos.

El enfado de la izquierda

Según Lotke, la izquierda norteamericana ha sabido mejorar su influencia en el debate político con los Demócratas durante los últimos años. La culminación de este trabajo viviría sus mejores días con la victoria de Obama, aunque no ha podido consolidarse una vez que llegó a la Casa Blanca.

“La izquierda está triunfando en cierta manera, pero no han sabido aprovechar el momento. Los Demócratas consiguieron el Congreso en 2006 y la presidencia en 2008, aunque parece que abandonaron después de todo el debate”, explica Lotke. Steinhorn coincide en que el modo de actuar de Obama desde el primer día puede pasar factura al partido demócrata. Porque la izquierda está enfadada. Obama se empeñó en que el diálogo y el bipartidismo marcara su presidencia. Quizás para presionar a los Republicanos, quizás para enfatizar su voluntad de hacer políticas para todos los ciudadanos, Obama quiso negociar todas sus decisiones con la oposición. Ha encargado colaboraciones con la Casa Blanca y en el congreso. Desde la reforma sanitaria a la de Wall Street. Y la izquierda siente que ha cedido.

"Socialista equivale a comunista en EEUU, es el que controla los medios de producción", explica Lotke. Foto: Petervidrine en Flickr.

“Obama quería que todo fuera bipartidista gracias a acuerdos entre los dos partidos, pero así los Republicanos pueden arruinar todo. Lo único que tienen que hacer es decir que algo no les gusta”, lamenta Lotke. El investigador opina que el presidente está poniendo en bandeja a los Republicanos que le hagan fallar a él. “Los votantes estan frustrados porque quieren que deje de hacer concesiones a la oposición”.

Uno de los problemas a los que se ha enfrentado Obama, como cualquier defensor de las políticas sociales en Estados Unidos, es que la Constitución reconoce derechos individuales, pero no sociales. Y el tribunal supremo tampoco ha llegado a hacerlo. Ampliar ese reconocimiento supone en la práctica extender el poder del gobierno sobre los ciudadanos, algo casi imposible. Cualquier intento, como la reforma de salud, acaba siendo tildado de socialista. “Históricamente los americanos hemos sido muy escépticos con la autoridad central, siempre desde la declaración de Independencia. Lo llevamos en el ADN”, comenta Lotke.

Se trata de la política norteamericana, de su idea de gobierno y de su propia historia reciente. El pueblo estadounidense sabe que hacen falta desde escuelas hasta cuidados médicos para todos los ciudadanos, pero la historia ha configurado cómo quieren lograrlo. Lotke explica que Ronald Reagan simbolizó la victoria de los que querían limitar el control del gobierno. Aunque sería Nixon el que convirtiera las sospechas del poder del gobierno en auténtica hostilidad hacia él. Según Lotke, es lo mismo que hacen ahora los Republicanos.

Ante la dificultad de trabajar los cambios desde dentro, la izquierda de los investigadores, expertos legales y activistas miran al presidente esperando que llegue el verdadero cambio. “Lo que Obama dijo durante la campaña es que el gobierno puede hacer las cosas bien, pero se necesitan puentes. (…) Nosotros nos organizarnos independientemente e intentamos que la Administración haga lo que queremos”, reflexiona Lotke, consciente de que a la izquierda no le queda mucha paciencia.

Steinhorn vaticina que ese enfado puede costar a los Demócratas un precio muy alto en noviembre. Si pierden la mayoría en el Senado, Obama tendrá todavía más difícil su trabajo. “El problema para los Demócratas es que aunque el núcleo del partido sea liberal, no puede mantenerse fuerte si no incluye a todo el mundo, así que si la izquierda se enfada de verdad y no vota, constituye una amenaza”. Una situación similar, según Steinhorn, provocó que muchos Demócratas votaran en 2000 a Ralph Nader, un independiente. Bush acabó en la Casa Blanca.

“En una situación de frustración mutua, la izquierda va a buscar a su alrededor cuáles son los recursos para satisfacer lo que necesita. Muchos pensarán que la solución es quedarse en casa en noviembre y no votar, trabajar más hasta la próxima oportunidad, argumenta Steinhorn. ”La izquierda también podría decidir que quieren ceder terreno a los Republicanos para hacer una oposición más clara”.

El sueño de Martin Luther King, al revés por Leila Nachawati

La Foto. Avraz Ali lleva a su hijo Guhulamabac en su bicicleta en el barrio de Karte Sakhil, Kabul, Afganistán,  Agosto, 2010.

Los 400 vecinos del Valle de Valdivielso, al norte de Burgos, cuentan desde hace siete años con una radio municipal que les narra la actualidad de la comarca, que recupera viejos cuentos y canciones y que cumple una labor social para toda la zona.

Sin embargo, esa radio dejará de emitir al finalizar al final de agosto. El ayuntamiento no la renueva la licencia.

Cada mañana Joaquín se encarga de despertar valdevilsianos y les informa de sí va a nevar o llover, de las noticias más importantes y de los eventos que se van a dar en la comarca burgalesa. Hasta aquí nada diferente de un programa matinal de radio. El problema es que este medio de comunicación es exclusivo de 400 personas, que son las que habitan el valle. Un medio de comunicación por y para el pueblo que tiene fecha de caducidad.

El ayuntamiento no renovará la licencia porque entienden que el medio se ha politizado.

Pero la radio debe de estar por encima de todo, porque cumple una labor social muy importante como informar de las defunciones, de las fiestas y está a tan sólo una llamada de teléfono para socorrer a alguien.

Los vecinos del Valdivielso no lo entienden y están bastante enfadados.

El poder de lo pequeño (Audio RTVE )

(Desde minuto 19 )

Radio Valdivielso deja de emitir porque el Ayuntamiento no renueva el convenio con la asociación cultural que la gestiona. La emisora de este valle burgalés está hecha por y para sus 400 vecinos. Son ellos mismos los que la financian y ahora luchan por no quedarse sin la radio que les cuenta sus pequeñas cosas.

Los cuerpos de los 72 hombres asesinados supuestamente por una banda de los Zetas en una nave abandonada cerca de San Fernando, a apenas 100 millas de la frontera mexicana con Estados Unidos. Los migrantes procedían de Brasil, Ecuador, El Salvador y Honduras. (AP / El Universal)

El hallazgo por parte del Ejército mexicano de un solar con 72 cadáveres – 54 hombres y 18 mujeres- de inmigrantes centro y suramericanos secuestrados y asesinados, presuntamente por narcotraficantes a tan sólo 160 kilómetros del paso fronterizo que pretendían alcanzar, ha disparado por fin la alarma respecto a la gravedad de dos tragedias que azotan toda América Latina, y a México en particular: la violencia del crimen organizado y la vulnerabilidad de los migrantes.

Algunos de los cuerpo maniatados de los inmigrantes ejecutados (AP / El Universal)

Aunque esta masacre ha dado la vuelta al mundo por el número de personas asesinadas no es un suceso aislado ni novedoso. México es el principal país de origen de los migrantes latinos en Estados Unidos, pero también es el país de obligado tránsito para el resto, y la primera criba para los indocumentados. En su trayecto, se ven sometidos a una desprotección total y al abuso, violaciones, palizas, secuestro, detención y extorsión por parte tanto de la policía mexicana como de las bandas que los amenazan con venderlos para la trata de personas o deportarlos. Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sólo entre septiembre de 2008 a febrero de 2009, fueron secuestrados 9.758 migrantes, es decir, cerca de 1.600 por mes.

“Este caso demuestra una vez más los peligros extremos que enfrentan los migrantes así como la aparente incapacidad de las autoridades  para disminuir los ataques a los que se exponen”, subraya Amnistía Internacional respecto al descubrimiento de la fosa. La organización publicó un informe ya en abril donde denunciaba que la travesía por México es “una de las más peligrosas del mundo”. “Cada año, miles de migrantes son secuestrados, amenazados o asaltados por miembros de bandas criminales (…) la extorsión y la violencia sexual son generalizadas y muchos migrantes desaparecen o son asesinados. Pocos de esos abusos son reportados y en la mayoría de los casos los responsables nunca son detenidos”, señala el citado informe.

Según el único superviviente, Luis Freddy Lala, migrante ecuatoriano,  aseguró que el grupo fue interceptado por delincuentes que dijeron pertenecer al cártel de Los Zetas, quienes les ofrecieron trabajo como sicarios. Al negarse, dieron la orden de fusilarlos a todos. Él logró escapar, pese a haber sido herido de bala en la garganta, y corrió a pedir auxilio a un retén militar cercano, desde donde se montó el operativo que encontró la fosa.

”Lo que este episodio revela con la información que tenemos hasta ahora es una modalidad de reclutamiento forzado”, señaló el portavoz de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, en declaraciones a la mexicana W Radio. ”Es decir, ni siquiera es un secuestro con intención aparentemente pecuniaria, sino fundamentalmente … forzarlos a participar en las estructuras del crimen organizado”, agregó.

El presidente Felipe Calderón, por su parte, calificó la masacre de  “barbarie” y la expuso como una razón más para seguir combatiendo a los hampones de la droga. Pero estas declaraciones molestaron a los organismos de derechos humanos que ven cómo no se atiende el problema de los migrantes. “Una vez más, las vidas de las personas migrantes pasan a segundo término cuando se trata de justificar la ineficacia y negligencia gubernamental”, afirman en un comunicado ocho organizaciones de apoyo a migrantes que piden a la Comisión Interamericana que tome cartas en el asunto.

“Éste no es un hecho aislado, sino que se corresponde con todo un escenario de persecución y muerte, en el que las personas migrantes sufren la condición de invisibilidad a la que las condena la política migratoria actual”, sostiene la Casa del Migrante de Saltillo, en el estado fronterizo de Coahuila.

Asimismo, todas estas organizaciones, e incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dependiente del gobierno federal han exigido responsabilidades a los poderes del Estado. Exigen una investigación “profunda y expedita” que dé con los responsables y la puesta en práctica de una política integral en materia de migración que se base en el respeto a los derechos humanos.

En su casa, en Tegucigalpa, Marleni Xiomara Suarez Ortega muestra al fotoperiodista la foto de su marido, Miguel Ángel Cárcamo, una de las víctimas de la masacre. (Fernando Antonio /AP)

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, también se pronunció en esta dirección e instó a las autoridades a ‘llevar a cabo en carácter urgente una investigación amplia, independiente y transparente sobre los asesinatos, y preservar la dignidad de los cadáveres para que puedan ser identificados y devueltos a los familiares’. Pillay, recordó que el año pasado, el relator especial de Naciones Unidas para los Migrantes estimó que unos 400 mil migrantes se encuentran en tránsito anualmente a Estados Unidos, y reiteró que “muchos de ellos jamás llegan a su destino”.

Desde Estados Unidos, el chicano Enrique Morones, fundador de la ONG Ángeles de la Frontera -que trabaja para evitar las muertes de migrantes en su cruce por el desierto-, aseveró que “si esto mismo hubiera pasado en Estados Unidos, la comunidad internacional y México estarían clamando al cielo” y condenando la mantanza apuntó que “no podemos pedirle al norte, lo que no podemos darle al sur”.

Así las cosas, parece que la pelota está en el tejado del palacio presidencial de Los Pinos, aunque las últimas declaraciones de Calderón no van en esa dirección. Durante la sesión de conclusiones de los diálogos por la seguridad, el viernes pasado, el presidente advirtió que se intensificará aún más la violencia. El jefe del ejecutivo dijo que los criminales no tienen límite moral ni escrúpulos y que “la única manera de detenerlos es a través, incluso, de la fuerza pública, que va necesariamente a traer, por lo menos en el corto plazo, también violencia”.

De momento, a los 72 migrantes asesinados, hay que sumarle dos desaparecidos: dos policías encargados de las averiguaciones sobre el asesinato.

Graeme Clark, siendo investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza

“Mi viaje empezó cuando tenía once años, tuve una visión. Quería ayudar a las personas sordas como mi padre, que era farmacéutico en un pequeño pueblo rural a las afueras de Sydney. A mí me daba vergüenza cuando venían clientes y le preguntaban por productos confidenciales y él les pedía que hablaran más alto”. El padre del implante coclear multicanal, el médico y científico australiano, Graeme Clark, explicaba así el motor que le impulsó a dedicar su vida a la investigación y lograr inventar esta técnica en 1978, que ha permitido desde entonces que 180.000 personas de todo el mundo puedan oír. En España, las cifras son de 7.300 personas intervenidas, de las que un 60% son niños y un 40% adultos.  Estas operaciones han sido realizadas en los 45 centros implantadores que existen en todas las comunidades autónomas, excepto en Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla.

Graeme Clark reconoce que en los primeros momentos no contó con el apoyo de la comunidad científica, pero siguió con su idea de que la estimulación eléctrica de los nervios auditivos podría ser percibida como habla, lo cual sería la clave y solución para ayudar a las personas con sordera profunda, para las que apenas tenía beneficio el audífono.  El reto de comprobar si la estimulación eléctrica podría imitar la manera en que el cerebro codifica el sonido llevó a este reconocido científico a abandonar una plaza de cirujano y volver a la Universidad de Melbourne como alumno de postgrado.

Han pasado desde entonces 42 años. Un largo viaje con unos resultados “que han ido más allá de lo esperado, gracias a una excepcional  asociación entre los miembros de nuestro equipo de investigación y la industria”, asevera Graeme Clark, que sigue trabajando por lograr retos como que los sonidos del habla se acerquen al máximo posible a lo normal y se pueda llegar a la audición de la música con normalidad.

Hace unos meses, en mayo, Clark realizó una estancia en España, donde se reunió con los más importantes expertos de los centros que realizan esta intervención en España, quienes pudieron así conocer personalmente e intercambiar experiencias con el precursor en esta técnica, quien ha liderado durante estos años la investigación. Esta visita fue posible gracias a las empresas GAES y Cochlear, expertas en proporcionar soluciones auditivas a las personas con problemas de audición.

En nuestro país, el doctor Clark  viajó a la capital aragonesa, donde fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza, en una ceremonia solemne que tuvo lugar en el Edificio Paraninfo, presidida por el rector Manuel López Pérez.  Previo a este acto de investidura, representantes de asociaciones de sordos de España, con personas venidas de diferentes puntos de la geografía nacional acudieron a reconocer al doctor Clark y entregarle una placa de agradecimiento.

Una de estas personas que viajaron a Zaragoza para acudir a este acto de homenaje y agradecimiento fue Antonio, que viajó desde Madrid para conocer a la persona que ha hecho posible que vuelva a oír. Gracias a su invento, este jurista madrileño de 60 años puede volver a escuchar otra vez, tras ser sometido a una intervención de implante coclear multicanal.

Un hombre con un audífono tradicional (AP)

Todo comenzó un día hace dos años, explica Antonio (que no quiere ser fotografiado), cuando se convirtió en sordo profundo. Ahí comenzó su calvario. “Tuve hasta cinco diagnósticos diferentes. Unos me decían que era por herencia, otros porque en la infancia tomé quinina…”, comenta este jurista, que considera que en la sordera, a diferencia de la ceguera, “hay un desconocimiento en el diagnóstico y es difícil acertar la causa”. Pero se diferencia de ésta en que “existen avances increíbles” en la recuperación del oído. Al decir esto se emociona, hasta el punto de romper casi a llorar.

Muchas personas como Antonio pueden volver a oír, porque no hay límite de edad para someterse a un implante coclear. Por alto que sea el grado de sordera en ambos oídos es posible la intervención. “En Australia hemos tenido pacientes mayores de 90 años, que no temían someterse a la operación. No sería justo que les dejáramos sin poder acceder a este implante. Sabemos que si operamos a partir de 6 meses, los niños desarrollarán el lenguaje oral de forma normal. Pero de momento a menores de esta edad no operamos, quizá un día sea posible la operación a esta edad tan temprana”, expuso el profesor Graeme Clark en el VI Simposio de la Asociación Europea de Usuarios de Implante Coclear, celebrado en abril de 2009 en Zaragoza.

Randa, en la oficina de Helem en Beirut, donde da asistencia telefónica. (Mónica G. Prieto)

Randa se ha pasado toda la vida castigándose a sí misma. Culpándose por no ser lo que los demás esperaban de ella, por no aparentar ser el viril Fouad que alumbró su madre, por provocar a los hombres con su apariencia andrógina, por haber aceptado un matrimonio de conveniencia para contentar a sus familiares, por traicionarse a sí misma consumando aquella unión como un hombre…

Durante sus treinta años de vida ha sido ultrajada y humillada en infinidad de ocasiones por ser una mujer con cuerpo de hombre, incluidas dos violaciones que la convencieron de que el hombre es un depredador por antonomasia. Pero sólo dos argumentos le arrancan las lágrimas: su hijo de cuatro años, hoy con su madre en su Argelia natal, y el recuerdo de los recientes siete meses en los que llegó a pasar hambre. “Decidí que era el culmen de los castigos que merecía por haber abandonado a mi hijo. Vivía de mis ahorros, y sólo me daban para pagar la habitación donde vivo y la terapia hormonal”, explica con su dulce voz, continente de emociones inabarcables. “Me sentía satisfecha si podía comer un meneishe [torta de pan con aceite y tomillo, el desayuno local libanés] al día. Si no, devoraba disimulando las sobras de mis amigos o preparaba pasta con sal, y cuando no tenía nada más bebía agua con azúcar”. Así hasta que sus amigos se dieron cuenta de que algo iba mal, de que Randa, la valiente argelina pionera del activismo transexual del mundo árabe recién exiliada en el Líbano tras recibir amenazas de muerte, estaba pasando por una situación desesperada.

Hoy, Randa está visiblemente recuperada. Por fin ha encontrado un trabajo en el país del Cedro, donde llegó en 2009 huyendo de la intolerancia del régimen argelino y de las amenazas del régimen y de los extremistas islámicos. No puede ejercer su profesión, la enfermería, porque nadie da trabajo a alguien con su aspecto. “Presenté mi curriculum en el hospital Hotel Dieu [uno de los más prestigiosos de Beirut]. Me llamaron para entrevistarme, y cuando la responsable me vio me dijo que con mis calificaciones podría estar en su puesto, pero que la política del hospital no admitía a transexuales”, explica esta mujer de rasgos masculinos, gestos delicados, risa fácil y una tristeza infinita en sus ojos.

Fue el colofón de los primeros y terribles meses de exilio en el Líbano, en los que sólo le ofrecían trabajo como danzarina del vientre o showgirl en clubes nocturnos. A Randa, toda una vida destinada a luchar por la dignidad de la comunidad LGBT -que engloba a Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales- en Oriente Próximo, hubo quien le sugirió dedicarse a la prostitución, el único oficio que encuentran buena parte de los trans. Otra bofetada para su orgullo. Siete meses de paro y hambre acabaron cuando las circunstancias cambiaron, gracias a un trabajo digno y a un libro que le sirvió para exorcizar sus demonios personales y denunciar la situación de todo el colectivo de la región.

Presentación del libro.

El libro, revolucionario en Oriente Próximo, es el crudo relato de las experiencias de nuestra protagonista, símbolo del sufrimiento de la comunidad LGBT árabe y de la doble moral de una sociedad que hace siglos era mucho más abierta sexualmente que ahora. “Tenía necesidad de escribir desde que estaba en Argelia, pero cuando llegué al Líbano estaba demasiado turbada para hacerlo. Hasta que el marido de una amiga, periodista de profesión, me propuso contar mis vivencias”. El resultado, Memorias de Randa la Trans, escrito a medias con Hazem Saghyieh y publicado en árabe por la editorial Dar al Saqi, ha sido bien acogido por las féminas libanesas y muy criticado por los hombres. “Insulta su machismo, que no su masculinidad. Son cosas diferentes”.

Las 144 páginas de sus memorias comienzan con una infancia marcada por la incomprensión familiar. “Cuando tenía cinco años, le dije a mi madre que yo era una niña. Y ahí empezó la etapa de negación. Me dijo que no, que era un niño, que no debía jugar con muñecas ni andar solo con niñas. En el colegio, descubrí físicamente que era un niño y eso me martirizó. Pasé de la afirmación a la interrogación, al ¿por qué yo no soy una niña? Ahí empezaron los castigos, y así pasé de ser una cría juguetona y simpática a un niño tímido e introvertido”.

El colegio empeoró las cosas. Randa era objeto predilecto de la crueldad de sus compañeros, y solía padecer insultos y golpes. Algún pedófilo comenzó a rondar la escuela, y sus padres redoblaron la vigilancia del pequeño Fouad. “Siempre me llevaban y recogían con el coche. Pero aún así me tuvieron que cambiar cuatro o cinco veces de colegio”. Cuando llegó a la adolescencia, decidió que tenía que aceptarse tal cual era o bien transformarse en lo que realmente era. “Yo pensaba que era un homosexual pasivo hasta que vi un reportaje en la televisión francesa que me abrió los ojos. Descubrí que era una trans y las opciones que tenía”. Aquel reportaje le llevó a estudiar enfermería, una forma de facilitar su acceso a las terapias hormonales en pleno mundo musulmán.

Se graduó con excelentes notas y no tardó en encontrar trabajo, pero la transformación seguía siendo un reto. “Con 22 años me sometí a la primera terapia: fue demasiado deprisa, y en apenas cuatro meses los cambios eran muy visibles”. Demasiado para la sociedad argelina, donde hasta tres leyes diferentes castigan con cárcel la homosexualidad y el transformismo. Y demasiado para su familia. “Mi madre me cortaba el pelo, me confiscaba el maquillaje… Una vez me mandó un SMS que decía Quiero que vuelvas a ser mi hijo. Le respondí que nunca dejé de serlo, que sigo siendo el mismo. Otro SMS decía Tu padre morirá si no vuelves a ser Fouad”. No contestó porque ya no tenía palabras, solo la certeza de que no podía satisfacer los deseos de sus padres.

Incluso cuando le obligaron a participar en un matrimonio de conveniencia “para arreglar el problema”. “No fui lo suficientemente lista para buscar una lesbiana con la que casarme”, suspira hoy desde su oficina beirutí. Es una de las prácticas habituales entre los homosexuales árabes cuando la presión social les obliga a contraer matrimonio. “Mis padres me buscaron esposa y se celebró la ceremonia. Tuvimos una hija, que murió dos meses y medio después de nacer. Al poco tuvimos un hijo, que hoy tiene cuatro años y medio y en quien pienso a diario. Cuando murió la niña decidí poner fin a la mascarada: hablé con mi esposa y le dije que le dejaba todo a cambio del divorcio. Ella se negó, porque en Argelia no hay nada peor que estar divorciada”.

La muerte de su primogénita no fue el único factor que le llevó a cambiar radicalmente su vida: a esas alturas ya no sólo era una mujer encerrada en un cuerpo indeseado, también era objeto de una caza de brujas por parte de la Seguridad del país y de los fundamentalistas. En 2006, Randa fue la creadora de la primera ONG argelina -completamente ilegal- destinada a la defensa de la comunidad LGBT, pese a las draconianas leyes del país. “La Seguridad interior argelina me abrió un expediente. Enviaban gente a mi clínica para que me vigilara, para que supiera que me tenían en su punto de mira. En una ocasión llamaron a mi hermana y le dijeron que registrarían los paquetes que me llegaban de Europa, en busca de las hormonas que tomaba”. A la persecución estatal se sumaban las “advertencias” de grupos islamistas que suelen derivar en asesinatos. “Una vez me llegó una donde decía que soy una amenaza para la moral musulmana. Ya ves, yo sola”, bromea soltando una contagiosa carcajada.

Randa esconde su rostro en su oficina beirutí. (Mónica G. Prieto)

Al principio, hacía caso omiso: incluso llegó a confirmar su participación en un programa árabe que tenía previsto grabarse en Marruecos sobre la situación de los LGBT. Su billete fue anulado y el programa fue cancelado cuando decidió intervenir por teléfono. Las advertencias no tardaron en traducirse en amenazas. “En abril de 2009, me dijeron que tenía un ultimátum de 10 días: o me marchaba o me matarían”.

Su destino lógico fue el Líbano, el único país al que podía llegar sin visado y donde una red de amigos podían ayudarla. Atrás dejaba a su familia, sus amigos y a su hijo pero también una vida marcada por el sufrimiento, incluidas dos violaciones que ni siquiera pudo contar a sus mejores amigos. “La primera vez tenía 20 años, la segunda 24. En ambas, los violadores me acusaron de haberles provocado”, explica antes de detallar los daños psicológicos que ambos episodios le reportaron. “Sólo hablé de ello en Beirut”.

En la capital del país del Cedro, Randa se siente “más tolerada pero no aceptada”. Viste como una mujer, se esmalta las uñas, utiliza tacones y sandalias y emplea una leve capa de maquillaje. “Al menos puedo ser yo misma”, dice mientras estira con la palma de la mano el vestido negro sobre sus piernas en la oficina de Helem, la primera organización legal del mundo árabe que defiende a la comunidad LGBT. Y probablemente sea el único país del entorno donde pueda gozar de esa relativa tolerancia, ya que el Líbano es el único país árabe donde, pese a una legislación que castiga con cárcel los “intercambios sexuales contranatura” -si bien rara vez se aplica- existen locales de ambiente gay.

Helem, acrónimo de Himaya Lubnaniya lil Mithliyin, Protección Libanesa para los Homosexuales- se formó gracias a una trampa de la legislación, que implica que si las autoridades no responden a una petición de registro de una organización civil en un plazo determinado, la asociación queda automáticamente registrada. En 2004, tras ocho años en la clandestinidad, Helem quedó legalizado por pereza estatal convirtiéndose así en una referencia para los homosexuales árabes, pero sin intención alguna de copiar el modelo occidental. “A nosotros nos parece inaceptable la segregación que existe en Occidente, donde hay barrios gays, música para gays, moda gay o gimnasios sólo para gays. No queremos imponer un modo de vida, sino defender la libertad individual”, explica George Azzi, el responsable de Helem.

En la sede de la ONG, una línea telefónica abierta 24 horas al día da asistencia a gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de todo Oriente Próximo y especialmente libaneses que buscan información sobre sus posibilidades. “Les recomendamos que no hagan pública su condición sexual hasta no ser económicamente independientes”, continúa Azzi. “Para las familias musulmanas, y también para las cristianas del Líbano, lo más importante es el honor, y la ley y la policía protegen a las familias, así que nos encontramos con infinidad de casos de gays y lesbianas golpeados por sus familiares. La aceptación es rara“. A lo largo de su existencia, Helem ha intervenido en tres intentos de asesinato contra homosexuales a manos de sus familiares, una cifra conservadora a tenor de lo que ocurre en países vecinos.

Presencia LGBT en una protesta. (M.G.P.)

En Arabia Saudí, la homosexualidad se castiga con la pena capital, aunque no se dan muchos casos de ejecuciones. En Jordania, Palestina o Egipto las leyes no lo castigan pero la sociedad les estigmatiza empujando a la policía a actuar contra ellos a menudo con torturas y vejaciones. En Siria se les encarcela entre tres y cinco años, y en la antigua Mesopotamia -durante la dictadura un oasis para la comunidad LGBT de Oriente Próximo por su permisividad- la situación es dantesca: 700 homosexuales han sido ejecutados, o bien por policías o bien por milicianos religiosos, desde la invasión según datos de la ONG Iraqi LGBT, que ha organizado una red de refugios para que su colectivo pueda protegerse de los extremistas, alentados por fatwas de sus líderes religiosos.

“Ante cualquier tipo de crisis, la sociedad se radicaliza y se vuelve intolerante”, se lamenta Randa. “Y eN la comunidad LGBT, los transexuales son los más expuestos y frágiles por su visibilidad. Es difícil que eso cambie”. Pero no todo el Islam da el mismo trato al colectivo que representa Randa. “Los chiíes no aceptan a los homosexuales, pero sí aceptan a los transexuales. Tanto, que el régimen de Irán subvenciona operaciones de cambio de sexo para acabar así con el problema, o todos hombres, o todos mujeres”, dice entre risas. “Es que los transexuales son una fantasía sexual entre los musulmanes”.

Que se lo cuenten a ella. Randa, musulmana practicante, se volcó en la religión tres veces en su vida para escapar de su particular infierno. “La primera tendría siete años. Mi madre me recitó una oración, que venía a decir que Dios recompensa nuestro buen comportamiento. Así que trataba de ser buena, y cada noche la recitaba: por las mañanas, cuando me despertaba, me metía la mano en los calzoncillos para ver si Dios me había premiado. La segunda fue durante la adolescencia, cuando me refugié en la mezquita para no pensar. Los hombres me tocaban durante el rezo. No duré mucho allí”.

La tercera vez fue cuando las cosas parecían que no podían ir a peor. Intentaba legalizar su situación en el Líbano cuando los servicios de Seguridad se percataron de que compartía nombre y apellidos con un presunto yihadista buscado por intentar atacar en el país. “No teníamos nada más en común, ni la fecha de nacimiento, ni el número de documento…” Ni, obviamente, el aspecto. Porque Randa, en su tercera terapia hormonal, con uñas esmaltadas, piernas depiladas, pechos incipientes y andares femeninos puede ser confundida con muchas cosas salvo con un potencial kamikaze. Eso no evitó que pasara 56 días en prisión hasta que un abogado solucionó el problema.

“La vida me ha obligado a enfrentarme con todos mis miedos”, musita tratando de explicarse a sí misma cómo conserva la integridad. “El miedo a prisión, a la violencia sexual, miedo a huir de mi país y abandonar a los míos, miedo a practicar sexo con una mujer… Lo peor es saber que tarde o temprano, tendré que volver a huir y a empezar de cero”. Porque en su documento de identidad, Randa sigue siendo Fouad, y eso no está sujeto a cambios en Oriente Próximo. Aunque logre el dinero suficiente para operarse, nunca será reconocida como mujer ni tendrá un trabajo digno en el mundo árabe. Tampoco será aceptada como un ciudadano más, su única pretensión. “Sólo quiero demostrar que los transexuales no somos seres exóticos sino personas con los mismos sentimientos que el resto”.

Esto no es la tele. Aquí no hay espectáculo. No hay preguntas cebo ni guerra de audiencias. Es puro negocio basado en la desconfianza. Varias empresas españolas extienden el uso del polígrafo en las entrevistas de trabajo para “identificar a tiempo a quienes constituyen una amenaza o un riesgo para la empresa y lógicamente tratan de ocultarlo”, dice en su web la empresa española Omnis, que vende sus servicios a otras compañías para someter a empleados y aspirantes a la “máquina de la verdad”.

“Más del 70% de los candidatos a un puesto de trabajo oculta o distorsiona algún dato relevante sobre su persona, su historial o sus intenciones. Por ello el polígrafo cada vez se utiliza más”, afirma la publicidad de la empresa. Hay otras compañías que ofrecen una carta de servicios casi idéntica, como Horcis, Bear Forensics o el Grupo Verity. Este último ue presume en su web de haber prestado sus servicios de polígrafo a empresas como McDonald’s, Securitas, Bimbo, BBVA o Wolkswagen.

¿Para qué se usa exactamente el polígrafo? No conteste ahora, hágalo después de la publicidad.

Publicidad de las tarifas de una de las empresas que ofrecen pruebas del polígrafo.

Todas las empresas citadas prometen que gracias a su prueba se podrá saber si “todos los datos del CV de un candidato son ciertos”, detecter si hay “adicciones, conflictos en anteriores empresas, antecedentes, enfermedades, abusos de alcohol…” o si las intenciones del candidato no son las que parecen. Y se dan algunos perfiles que representan a los puestos de trabajo más indicados para someterse al detector: cargos con presupuesto asignado, “vigilantes, limpiadoras” (sí, con a), etc.

Por supuesto, el servicio está diversificado y también tiene una aplicación más personal: “el personal doméstico de una casa debe ser de máxima confianza. El polígrafo permite (…) aclarar aquellas dudas o sospechas” sobre “maltrato a bebés o a ancianos, robo, fraude…”, dice Omnis en su web.

Y, sin embargo,aunque se las arreglan para averiguar todo eso, afirman que “en ningún caso se formulan cuestiones relativas a la vida sexual de las personas, su orientación religiosa o política, ni se invade de modo alguno su intimidad“.

publicidad corporativa de Omnis

Omnis se funda en 2007 en Málaga y en solo tres años, los de la crisis, tiene sede en tres ciudades más. Es la empresa que está detrás del sistema del polígrafo utilizado en algunos programas de televisión, como El juego de tu vida. A pesar de este crecimiento, los sindicatos no tienen constancia de ninguna denuncia por parte de ningún trabajador y se muestran “escandalizados” con la posibilidad de que todo esto esté ocurriendo.

Cada año, Omnis trabaja para “unas 15 empresas” en selección de personal, según David Fierro, jefe de marketing de la compañía, con el que hemos hablado. Reconoce que “aunque la práctica se extiende, todavía son pocas”, y que la mayoría de los polígrafos en España se usan “para aclarar infidelidades, robos en el hogar o abusos sexuales”.

El portavoz de Omnis nos cuenta que están intentando potenciar esta vertiente de su negocio dedicada a lo laboral. “Se trata de no esperar a que te roben, sino comprobar desde el inicio que estás contratando a personas de confianza. Uno puede decir que es honesto, pero si lo es de verdad, no le importará demostrarlo“.

¿Es legal?

Ese “no le importará” es un matiz clave en todo este asunto. Las pruebas del polígrafo, claro, son voluntarias; uno se somete a ellas sólo si quiere. Sin embargo, es evidente que si no se pasa por el polígrafo es muy probable que quedes descartado para el puesto. ¿No hay coacción laboral?

Legalmente no, según la abogada Paloma Llaneza: “el uso del polígrafo no es válido ante la Justicia española, pero la ley no regula otros usos privados. Y los procesos de selección de personal no forman parte legalmente de la relación entre empresarios y trabajadores, donde sí se entiende que no hay condiciones de igualdad, que puede haber coacción: en teoría, cuando uno va a hacer una entrevista de trabajo, acude a un encuentro de igual a igual. Una vez contratado, ya sí se entiende que el trabajador no es libre de negarse a hacer el test y, por tanto, la prueba sería nula”.

Los sindicatos, en cambio, ven evidente que “esas preguntas se hacen en un contexto donde se fundamenta la relación laboral”, en palabras de Jesús González, abogado sindicalista. “Desde el momento en que empieza el contacto empleado – empresa debe existir protección para el trabajador”, añade, y en eso está de acuerdo con Francisco Díaz, de la Fundación Socio Laboral de Andalucía, que califica de “extremadamente grave” que en una situación legalmente voluntaria, “pero que no lo es”, uno tenga que “declarar sobre su ideología, religión, creencias, afiliación, enfermedades, etcétera”.

Desembocamos: en España, el meollo del asunto no está en la herramienta que se usa sino en las preguntas. ¿Es legal que te pregunten en una entrevista de trabajo, por ejemplo, si estás embarazada? Se da la paradoja de que “es legal que te lo pregunten, pero es ilegal que tengan en cuenta la respuesta a la hora de elegir”, nos dice Paloma Llaneza. “Puedes negarte a contestar y tienes derecho a mentir. Y si eres capaz de demostrar que no te eligieron por no contestar o por contestar algo que forma parte de tu intimidad, entonces va contra la Constitución, porque es discriminatorio”.

Por tanto, según esto, preguntar no discrimina, elegir según criterios discriminatorios, sí. Y, claro, cómo demostrar que efectivamente no te contrataron por ser negro, o hetero, o de derechas, o budista.

Estamos una vez más en el terreno de lo ético. Paloma Llaneza comparte que “moralmente, el uso del polígrafo en cualquier circunstancia es reprobable”, pero matiza que “las mujeres llevamos décadas recibiendo preguntas inaceptables en las entrevistas de trabajo”. De hecho, añade Llaneza, “me consta que El Corte Inglés manda a investigadores privados a comprobar el perfil personal de la gente a la que va a contratar; los manda a sus casas, incluso”.

Otro ejemplo crudo nos lo ponía el propio portavoz de Omnis en conversación telefónica: “A muchas mujeres en las entrevistas de trabajo se les pregunta por ejemplo cuándo fue la última vez que tuvieron la regla“, dice. “La respuesta no importa en absoluto, es sólo para ver cómo reacciona en una situación incómoda”.

Cambiar la ley para inlcuir los procesos de selección en las relaciones laborales y así proteger a los candidatos de estas situaciones se antoja difícil, vista la tendencia hacia la flexibilización del mercado de trabajo: “haría la contratación más complicada, más lenta, sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, que se juegan mucho en cada contrato”, opina Llaneza. Sin embargo, en Estados Unidos, una Ley para la protección del empleado contra la prueba del polígrafo prohíbe desde 1988 el uso del detector tanto en el “período de pre-empleo” como con el contrato en vigor.

Empresas españolas en el extranjero

A menos garantías y derechos tengan los trabajadores, más campo para correr tiene el detector de mentiras. La empresa española Calvo, la del atún, claro, ha recibido denuncias sindicales en El Salvador por “someter a interrogatorios bajo aplicación del polígrafo” a 20 trabajadores, ya contratados, en 2007.

Uno de esos trabajadores cuenta cómo “la jefa de Producción me manifestó que a varios compañeros de mi área se nos iba a practicar una prueba poligráfica, debido a que, supuestamente, habían ocurrido actos de sabotaje contra un montacargas y una banda de producción. Aunque decían que era ‘voluntaria’, el negarse a practicarla era, según la Administración, una prueba de tener alguna implicación o conocimiento de los hechos”. Las preguntas del interrogatorio se salían de lo extrictamente ocurrido, con lo que la empresa obtuvo información sobre la vida interna de los sindicatos, por ejemplo.

Otra empresa española, Unión Fenosa, fue acusada por el Tribunal Permanente de los Pueblos, una asociación de juristas que analiza los abusos de las multinacionales en todo el mundo, de precarizar los puestos de trabajo dejándolos en manos de subcontratas que, entre otras prácticas, aplicaban el polígrafo para la contratación.

¿Ha consumido droga en los últimos tres meses? ¿saca provecho de la prostitución? ¿lleva un arma? ¿ha matado a alguien? ¿ha abusado sexualmente de alguien? ¿ha visto alguna mujer desnuda? ¿es cristiano de verdad? ¿ha participado en conflictos laborales? Son algunas de las preguntas que tuvo que contestar Agustín Ortíz en una entrevista de trabajo para una compañía guatemalteca que relata en el Diario de Centro América. En ese artículo, el abogado laboralista Alejandro Argueta dice que “lo que se vislumbra es que el mercado laboral se está organizando sobre el paradigma cultural de que el trabajador es un criminal, un enemigo”.

También en Colombia, una empresa portuaria hizo pasar a todos los trabajadores de un muelle por el polígrafo para interrogarles sobre la desaparición de un contenedor. En  estos casos se trata de investigaciones internas dentro de las propias compañías, independientes a las que le corresponde hacer a la policía.

Noemi es una publicista peruana y contó en su blog su odisea del polígrafo. Tuvo que hacer cuatro pruebas para conseguir su trabajo; la última, frente a una “psicóloga fría y calculadora”, que le dijo, según cuenta ella misma, “Noemi, la mentira es mala, no hay mentira blanca o mentirita (…) No te conviene mentir porque yo lo sabré. ¿Hay algo que quieras decirme antes de empezar? Dime qué es lo mas malo que has hecho en tu vida”. Luego comenzaron las preguntas con el polígrafo sobre “si había estado presa” o “si tenía vínculos con narcotraficantes”, por ejemplo.

Momento en que los jueces de la Sala 1 ordenan la suspensión incondicional de los procedimientos y la liberación del acusado (CPI / Aegis Trust)

El futuro del primer juicio ante la Corte Penal internacional pende de un hilo. Cuatro jueces de la Cámara de Apelaciones decidirán el destino de un hombre, el rebelde congoleño Thomas Lubanga, y la continuación del caso que busca justicia para las víctimas de los crímenes cometidos en la región de Ituri, al noreste del Congo. En su mayoría niños menores de 15 años, convertidos en soldados en la guerra que la Union de Patriotas Congoleños, liderada por el Hema Lubanga, libró contra su “enemigo Lendu” entre 2002 y 2003.

Tras dictar la Sala I la suspensión “incondicional” de los procedimientos y ordenar la liberación del acusado, serán los jueces de apelación los que dicten o eviten el final abrupto de un juicio histórico. Tras cuatro años en detención preventiva y dieciocho meses de juicio, el pasado 15 de julio, la Sala I de la CPI, presidida por el juez Adrian Fulford, suspendió las audiencias por abuso de proceso y ordenó la liberación de Thomas Lubanga. “Dado que la Cámara ha impuesto un alto incondicional en los procedimientos, y desconociendo el momento en que los mismos podrán comenzar de nuevo, sumado al largo tiempo que el acusado ha estado detenido, cualquier decisión diferente a la de su liberación sería injusta,” dijo el juez. “El acusado, por tanto, deberá ser liberado incondicionalmente.

“Los jueces llegaron a esta conclusión tras interrumpir las audiencias el pasado 8 de Julio, aduciendo que la Fiscalía no había acatado la orden de desvelar a la Defensa la identidad de uno de sus intermediarios. Este individuo, bajo el seudónimo “Intermediario 143″, había ayudado a los investigadores a contactar a testigos potenciales. A lo largo del caso, el conocimiento de su identidad se convertiría en necesaria para resolver contradicciones en algunos testimonios. Pese a las repetidas indicaciones de los jueces, los fiscales insistieron en que el nombre de su intermediario no debía desvelarse sin la implementación de las medidas de protección adecuadas.

El Fiscal interpuso entonces un recurso de apelación contra la decisión de interrumpir los procedimientos, considerada una sanción “excesiva y desproporcionada”.”La Cámara tenía a su disposición otras alternativas que no hubieran afectado en tan drástica forma a la continuación del juicio, una medida que afecta no sólo a los derechos de la Fiscalía sino también a las víctimas y las comunidades donde los crímenes tuvieron lugar,” dice Moreno-Ocampo en su apelación.

En el escrito, el Fiscal de la CPI aduce que su trabajo incluye además la protección de individuos que puedan estar en peligro por su colaboración con la oficina. “La Fiscalía no se ha negado a cumplir las órdenes de la Cámara, en su lugar (…) ha empleado todos los instrumentos legales a su alcance para evitar daños a una persona en peligro por su interacción con la Corte. Lo que la Fiscalía hizo, no fue situarse por encima de la Cámara con respecto a las decisiones sobre protección, sino cumplir con sus obligaciones de protección”.

El pasado 16 de julio, Moreno-Ocampo presentó un segundo recurso contra la decisión de liberar a Thomas Lubanga. En el escrito, el Fiscal de la CPI exponía que la liberación del acusado, cuando aún se espera el resultado de la apelación interpuesta por su equipo, tendría “consecuencias nefastas” para el caso, en particular sobre pruebas y testigos. En opinión de Moreno-Ocampo, la detención de Lubanga era necesaria para garantizar su presencia en el juicio, ya que la posibilidad de fuga es “innegable” y existe la posibilidad real de que la Corte no logre recuperar su custodia si el acusado es liberado. Hoy, Thomas Lubanga continúa en detención preventiva a la espera de la decisión de los jueces de apelación.

Los intermediarios

Durante sus investigaciones en zonas de conflicto, como es el caso de la República Democrática del Congo, la Fiscalía se sirve de intermediarios que faciliten el contacto con testigos. Un rol convertido en ingrediente esencial en este juicio después de que varios testigos de la Defensa admitieran haber mentido a los investigadores siendo inducidos por terceras personas. Todos ellos apuntaban a los mismos responsables: los intermediarios.

El pasado 31 de Julio, tras “extensas acusaciones” contra dos intermediarios -316 y 321-, los jueces decidieron llamarles a testificar. Igualmente ordenaron la revelación de la identidad de un tercero, Intermediario 143, hasta entonces confidencial. Aunque ningún testimonio apuntaba a una conducta fraudulenta por su parte, su identidad era esencial para resolver contradicciones en algunas declaraciones de testigos de la Fiscalía. En la misma decisión, los jueces apuntaron que ésta información no sería desvelada hasta que el intermediario gozara de las medidas de protección necesarias.

La cuestión de los intermediarios saltó a la palestra en junio de 2009, cuando el testigo 15 de la Fiscalía admitía haber mentido a los investigadores de la Corte. En su declaración implicaba al intermediario 316, de quien dijo haber participado en la elaboración del falso testimonio. En relación a la supuesta motivación corrupta de estos colaboradores, el testigo afirmó: “Lo hacen por dinero.” “El intermediario me dijo: ‘tienes que cambiar tu nombre, tu identidad. No cuentes la verdadera historia’. En otras palabras, había otra historia que [los intermediarios] contaban a los testigos,” afirmó el testigo 15.

Cuando el equipo de la Defensa comenzó su caso en enero de 2010, el rol de los intermediarios se convertía en blanco de las acusaciones. “La Defensa probará a la Cámara que muchos de los testigos de la Fiscalía han acudido a esta Corte a sabiendas que prestarían falso testimonio,” decía la abogada Catherine Mabille. “Nuestra intención es demostrar que algunos de estos testimonios fueron fabricados con la asistencia de intermediarios que colaboraron con la Fiscalía”.

El testigo 16 fue uno de los llamados por la Defensa para apoyar este argumento. El joven negó a los jueces haber sido niño soldado en las filas de Thomas Lubanga, asegurando seguir un plan establecido por el intermediario. “Planeamos decir que Thomas Lubanga había reclutado a niños, y que yo estaba entre ellos,” dijo el testigo.

Saber quién miente parece tarea difícil en este proceso. La Fiscalía argumenta que muchos de los testigos llamados por la Defensa han recibido presiones de su entorno para cambiar su testimonio. La mayoría proceden de Bunia, la capital de Ituri y feudo innegable del acusado. Son muchos los que celebraron la posible liberación del acusado en 2008, de ello es consciente la Fiscalía. En la mente de los abogados ronda la misma pregunta: ¿Cómo es posible que mintieran durante tantos años? Para los fiscales es ahora cuando los testigos de la Defensa mienten.

Troncos preparados para la industria de celulosa. (Mauricio Ramos / IPS)

“A nuestro juicio, una industria madura como la forestal, que genera un 26 por ciento de pobreza, es insostenible”, señala Eduardo Ramírez, investigador principal del no gubernamental Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural (Rimisp), con oficinas en Bolivia, Chile, Ecuador y Nicaragua. A su juicio, esta situación puede explotar a través de “los conflictos sociales en los territorios o la vulnerabilidad económica”, puesto que los compradores internacionales de la madera y la celulosa chilena son cada vez más “sensibles a los entornos de las empresas a las que les compran bienes y servicios”.

La industria forestal, liderada por las firmas chilenas Arauco y CMPC, es considerada uno de los polos de desarrollo nacional, con exportaciones principalmente de pulpa de celulosa, además de papeles y cartones, tableros y chapas y madera aserrada, que este año rondarán los 4.600 millones de dólares, según estimaciones del sector. Partiendo de la base de que en el sur de Chile se registran los niveles de pobreza más altos del país, Rimisp comparó cuatro “economías territoriales” que se desarrollan en comunas de las regiones del Bíobío, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, ubicadas a más de 500 kilómetros de Santiago. Esas cuatro “economías territoriales” –forestal, ganadera, salmonera y turismo rural– resultaron del cruce de datos de la encuesta Casen 2009, del Censo Agropecuario de 2007 y de la información del gubernamental Servicio Nacional de Turismo. En promedio, la pobreza abarca a 26 por ciento de los habitantes de las 34 comunas del Bíobío y La Araucanía, con mayor cantidad de plantaciones forestales, mientras que a nivel nacional esa situación afecta a 15,1 por ciento.

Las “comunas forestales” también superan a aquellas que se dedican al turismo rural, donde la pobreza alcanza a 21 por ciento, a las salmoneras, con 15 por ciento, y a las ganaderas, con 12 por ciento. Entre 2006 y 2009, la pobreza en las comunas forestales bajó apenas 0,3 por ciento, según el cálculo de Rimisp, escaso en comparación con la merma de 2,1 por ciento en las 13 que se dedican al ganado bovino en Los Ríos y Los Lagos, que lograron el mejor desempeño de las cuatro economías.

Además, según el estudio, en el “territorio forestal” el ingreso monetario del hogar por persona sumaba 108.739 pesos (214 dólares) en noviembre de 2009, mientras el salmonero 162.999, el ganadero 148.552 y las comunas dedicadas al turismo rural 120.884 pesos.

¿Qué factores explican esta situación?

Deforestación en el sur de Chile (Defensores del bosque)

Según Ramírez, “tanto estudios realizados por Rimisp como la literatura disponible” coinciden en dos grandes temas: “la baja articulación de las empresas forestales con su entorno, porque se trata básicamente de explotaciones de recursos naturales sin mayor valor agregado, y la necesidad de la industria de operar con economías de escala (…) Van comprando y comprando tierras y desplazando no sólo a las otras economías sino también a las familias que vivían en esos lugares”, agregó.

Al igual que otras organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos, Ramírez recordó que esto genera conflictividad con comunidades mapuches, la etnia indígena más numerosa del país con casi un millón de integrantes, que demandan propiedad sobre territorios en poder de las forestales.

En su sitio de Internet, la patronal Corporación Chilena de la Madera (Corma) plantea, no obstante, que 85 por ciento de las exportaciones forestales son productos de alto valor agregado. Estados Unidos, China y Japón son los mercados más importantes. Corma, cuyos directivos declinaron responder las preguntas de IPS, agrupa a las diversas empresas relacionadas con la actividad forestal.

Ramírez señaló que los resultados del estudio “demandan políticas públicas más coherentes con lo que está pasando en el sector”. También, dijo, “interpela a la industria, porque es impensable que siga de la misma manera como hasta ahora y, por eso, debe encontrar una estrategia distinta”.

El sector recibe desde hace más de tres décadas subsidios estatales para la forestación, gracias a un decreto que rige desde 1974 y que expira en 2011. Corma plantea que esta norma debe extenderse porque calcula en cerca de tres millones las hectáreas aún disponibles, propuesta rechazada por organizaciones ecologistas e indígenas.

Precisamente, el gobierno del derechista Sebastián Piñera envió al parlamento el 10 de este mes un proyecto que busca prorrogar el decreto por dos años y ampliar los beneficios a pequeños productores e indígenas, mientras prepara una nueva Ley de Fomento Forestal. “La encuesta Casen nos muestra que las cuatro regiones forestales son las que tienen los más altos niveles de pobreza e indigencia del país, producto de que las empresas pagan salarios muy bajos”, explicó Sergio Gatica, portavoz del Consejo Nacional Forestal.

Esta organización sindical, creada en 2007 y que agrupa a cerca de 15.000 trabajadores de las regiones del Maule, Bíobío, la Araucanía y Los Ríos, demanda que las empresas paguen sueldos cercanos a los 250.000 pesos (unos 495 dólares) porque actualmente, dijo, cancelan el sueldo mínimo de 172.000 pesos (339 dólares). “Hablamos de un sector altamente productivo y exportador de materias primas, con una gran cantidad de divisas que entran al país. El problema es que muchas empresas mandantes pagan mal a las contratistas”, criticó Gatica, quien está solicitando reuniones con parlamentarios y autoridades para entregar las propuestas de los trabajadores organizados. “Estamos hablando de 130.000 empleos directos y cerca de 300.000 indirectos. Una importante cantidad de chilenos dependen de la actividad forestal, por lo que es necesario que todos pongamos de nuestra parte para ayudar a que este sea un sector moderno, justo, equitativo y que tenga un desarrollo sustentable”, enfatizó el dirigente.

Chile, con 17 millones de habitantes, dispone de 15,9 millones de hectáreas de cobertura forestal, cerca de 20 por ciento de su superficie. De ese total, 85,4 por ciento corresponde a bosques nativos y 14,6 por ciento a plantaciones forestales, principalmente monocultivos exóticos de pino radiata y eucaliptos.