Enfoques

¿Fin de la impunidad en Costa de Marfil?

El traslado del expresidente Laurent Gbagbo a la Corte Penal Internacional ha sorprendido a muchos por su celeridad, pero también ha sembrado dudas sobre el impacto que puede tener en la reconciliación de Costa de Marfil.

(AP Photo/Rebecca Blackwell).

El traslado del expresidente Laurent Gbagbo a La Haya, después de que la Corte Penal Internacional se declarara competente para juzgarle y pidiera su extradición, ha sorprendido a muchos por su celeridad, pero también ha sembrado algunas dudas sobre el impacto que esta acción puede tener a corto y medio plazo en la estabilidad, la justicia y la reconciliación de Costa de Marfil.

Gabgo formó parte de la lucha sindical y creo el partido socialista marfileño en la clandestinidad durante su juventud, reclamando la apertura democrática del régimen de Félix Houphouët-Boigny, lo que pagó con la cárcel y el exilio. En el año 2000 logró alzarse con el mayor número de votos en unas elecciones boicoteadas por su principal opositor, el actual presidente Alassane Dramane Ouattara, que no pudo presentar su candidatura después de que se cuestionara la autenticidad de su nacionalidad marfileña. Durante la campaña electoral, y siempre desde entonces, Gbagbo abanderó la causa nacionalista marfileña y se enfrentó con el poder de la antigua metrópoli, Francia, que desde la independencia había mantenido una gran influencia sobre la política y la economía del país. En este sentido, Gbagbo es visto, hasta por alguno de sus detractores, como un patriota, que luchó por la democratización de su país y defendió su soberanía nacional. Su deriva autoritaria —acrecentada después del conflicto armado de 2002 que dividió al país— quedó claramente certificada por su resistencia a abandonar el cargo de presidente, pese a haber perdido las elecciones que pretendían afianzar la paz en el país en 2010. El retorno de la violencia se zanjó con 3.000 muertos, un millón de desplazados y con su captura en abril de 2011.

El antiguo mandatario, acusado de crímenes de guerra, será juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. El presdiente Alassane Ouattara, recién instaurado en el cargo, solicitó al organismo internacional que se hiciera cargo del juicio para asegurar que éste se producía en un terreno imparcial y lograr así la aceptación del veredicto por parte de sus ciudadanos. Sin embargo, el largo historial intervencionista de la comunidad internacional sobre la realidad política de Costa de Marfil pone en entredicho la percepción de neutralidad que muchos marfileños puedan tener de la CPI. Los partidarios de Gbagbo no perdonan que Francia diera voz a los alzados en armas durante las negociaciones de los acuerdos de paz en 2003; tampoco olvidan la presencia permanente de las fuerzas especiales francesas (Forces Licorne) en su territorio, ni mucho menos la intervención militar de la ONU y Francia que hizo posible el asalto final al bunker donde se ocultaba Laurent Gbagbo, junto a su esposa, y su posterior detención. Más allá de la memoria, existe un dato mucho más preocupante que pone en cuestión la imparcialidad de la justicia internacional y marfileña: ningún aliado del presidente Ouattara ha sido arrestado aún por su participación o responsabilidad sobre la violencia desatada tras las elecciones de 2010. Este hecho alimenta la confrontación y aleja las perspectivas de reconciliación en una sociedad fuertemente dividida. El sentimiento de impunidad respecto de los crímenes cometidos por uno de los bandos es terreno abonado para la discordia.

La celebración el próximo 11 de diciembre de las elecciones legislativas será una oportunidad para testar la fortaleza del nuevo Gobierno y el nivel de estabilidad alcanzado desde abril. El anuncio de boicot por parte del partido de Gbagbo, el Frente Patriótico Marfileño, que se ha negado a presentar candidatos en protesta por la detención de su líder, y por considerar que los comicios no serán democráticos ni transparentes, es un mal inicio. Además, la persistencia de los ataques contra localidades cercanas a la frontera con Liberia, en el oeste del país, visibilizan la presencia continuada de personas, grupos y milicias armadas, la circulación de armamento ligero y la incapacidad de la misión de paz de la ONU para evitar esta violencia. Por otra parte, el nuevo Ejército compuesto mayoritariamente por antiguos miembros del grupo armado Fuerzas Nuevas —que apoyaron a Ouattara y combatieron hasta lograr detener a Gbagbo— carecen de disciplina y capacidad militar para ofrecer seguridad durante los comicios, sin que se pueda descartar que sean ellos mismos los que generen situaciones de violencia durante su trascurso.

(AP Photo/Rebecca Blackwell)

La probabilidad de que se produzcan enfrentamientos durante la votación es alta, no obstante, la aparición de un movimiento armado que intente derrocar a Outtara ese poco factible ante la ausencia de un claro líder que pudiera encabezarlo. La facción más radical de los seguidores de Gbagbo, encarnada por el sindicato estudiantil FECSI y su milicia, los Jóvenes Patriotas, se encuentra seriamente debilitada por el exilio de sus cabecillas y, sobre todo, por la orden internacional de arresto que pesa sobre su líder, Charles Blé Goudé, en paradero desconocido. El Frente Patriótico se encuentra, por tanto, descabezado y ninguna figura política en su seno lograría el respaldo del ex presidente Gbagbo. Con éste en La Haya, las perspectivas de un golpe de Estado se alejan por el momento. La participación y la transparencia de lo comicios serán la vara de medir que indique si se han producido avances en la democratización y la pacificación del país. El reparto del poder dentro del futuro Parlamento determinará la orientación de las futuras leyes y reformas pendientes, como la ley de tierras, vital para la resolución de las raíces del conflicto.

La única posibilidad de que el enjuiciamiento de Laurent Gbagbo contribuya a la paz en Costa de Marfil reside en que se agilicen las investigaciones para depurar las responsabilidades también dentro del bando que apoyó al presidente electo y que ahora ocupa el poder. Todos los responsables de crímenes de guerra deberán ser juzgados para poner fin a la impunidad y dar paso a la reconciliación. La pelota se encuentra sobre el tejado de Ouattara, que debe conjugar la recompensa a las Fuerzas Nuevas, por el apoyo prestado durante la contienda, con la obligatoriedad de juzgar a los responsables de violaciones de derechos fundamentales que se encuentran en su seno. A parte de la justicia, el establecimiento de compensaciones para las personas afectadas por la violencia; la reactivación de la economía con la consecuente generación de puestos de trabajo —necesarios para mantener a los jóvenes lejos de las armas y satisfacer sus ansias de un mejor futuro—; la reforma del sector de seguridad, creando un Ejército que responda a las necesidades reales de defensa del país y que no albergue a responsables de las matanzas; la eliminación de leyes que amparan la desigualdad de derechos entre los ciudadanos; y el funcionamiento transparente de las instituciones públicas serán los cimientos sólidos sobre los que construir la paz en Costa de Marfil.

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie