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En conflicto

Se buscan 26.121 personas…O más

Por primera vez el Gobierno de México muestra un registro oficial de desaparecidos, pero hay que depurarlo porque no son todos los que están, ni están todos los que son

“No tienen ni idea del monstruo que hay detrás de esa base de datos”, dice el hombre que más restos ha encontrado, los de cientos de personas (tal vez entre ellas su hijo) que fueron “cocinadas” por ‘El Pozolero’ para hacerlas desaparecer


O-C-E-G-U-E-D-A R-U-E-L-A-S, F-E-R-N-A-N-D-O. La base de datos se pone en marcha. “Ninguna coincidencia”, contesta el ordenador. Desaparecido hasta de la base de datos de los desaparecidos. El hijo de Fernando Ocegueda Flores, un estudiante de ingeniería de 23 años de Tijuana a quien un comando de encapuchados con uniformes de policía se llevaron de su propia casa ante la impotencia de sus familiares el 10 febrero de 2007, no está en el primer registro oficial que presenta el gobierno y que suma 26.121 “no localizados” . Se trata de un listado del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) que incluye también a extraviados y que el ejecutivo se ha comprometido a limpiar y cotejar con las ONG para tener un mapa real del problema. ¿Y luego? “No tienen ni la menor idea del monstruo que hay detrás de esa base de datos –dice Ocegueda, más indignado que frustrado- Y decir que van a buscar cuando no tienen un plan específico de búsqueda… es un engaño más”.

Ocegueda no cree en las buenas palabras del gobierno del PRI. Tampoco creyó en las del PAN, el gobierno que inició la guerra frontal contra el narco y que ni siquiera ofreció datos concretos de los muertos. Este hombre de 55 años acaba de ser citado en Secretaría de Gobernación para contar la experiencia de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, una de las más veteranas en la búsqueda de personas. Y propuso algunas cosas muy concretas: 1) que los procesos puedan seguirse por internet para “no sufrir las humillaciones constantes” de las autoridades; 2) que se clarifique que la Ley de Víctimas aprobada en febrero tiene efectos retroactivos, “que no está claro”, y 3) que se compartan los bancos de ADN.

“En 2008 el FBI donó a la procuraduría el sistema CODIS que es el programa informático que usan en EEUU para cotejar de forma rápida las muestras de ADN”, explica. “Eso deberían de tenerlo todos los estados de México pero las comprobaciones siguen haciéndose manualmente y no se comparte información porque los estados no se tienen confianza”.

Madres de desaparecidos. (AP Photo)

Ocegueda lleva seis años buscando a su hijo pero su historia está marcada por un nombre propio: Santiago Meza, alias “El pozolero” [el pozol es un caldo típico mexicano]. Detenido en 2009 confesó que su trabajo era ‘cocinar’ a los cientos de muertos que el cártel de Tijuana le entregaba. Los metía en toneles metálicos y los hervía durante horas en sosa caústica para hacerlos desaparecer. Luego enterraba los restos. Dijo dónde, pero nadie busco…hasta que una copia de la declaración de Meza llegó de forma anónima a manos de Ocegueda.

Organizados en grupos de 20 personas, llamando por los móviles cada dos horas para estar siempre ubicados (por seguridad), salen en sus coches en busca de fosas (las del Pozolero u otras localizadas gracias a las denuncias ciudadanas). “Hacemos lo que tenía que hacer la autoridad”, lamenta. En 6 años han localizado a diez personas y cuatro predios del Pozolero. Cuando llegan al lugar llaman al grupo de expertos de la Procuraduría General de la República, con quien concretaron acuerdos, y son ellos los que empiezan a escavar. “El momento más duro es cuando llegan los perros rasguñan y empiezan a salir restos, masas gelatinosas, huesos…Es muy desagradable. Ahí pienso ‘podría ser mi hijo’”.

En febrero de este año se localizó otra finca de ‘El Pozolero’: salieron 800 dientes, 15 aparatos de ortodoncia y 1.800 huesos humanos. “Un éxito”, dice entre el dolor y satisfacción. La Asociación quiere que les cedan los terrenos. “Necesitamos juntar los pedazos de carne que se quedaron regados, juntarlos y hacer una iglesia, un memorial, lo que sea, un sitio para venir y recordar a los nuestros”. El respeto por el dolor es otra parte del reconocimiento de las víctimas que sigue pendiente.

16.000 restos sin identificar

En la primavera de 2011 el suelo mexicano empezó a escupir muertos: Tamaulipas, Durango… Se llegaron a localizar 40 narcofosas en solo un mes. Los cadáveres se empezaron a contar por decenas, por cientos…. Luego dejaron de contar. Las señales de que algo pasaba eran tan simples como la acumulación de maletas en la central de autobuses de Matamoros (Tamaulipas) porque sus dueños se habían esfumado en el trayecto, pero nadie quería verlas. Muchos eran emigrantes centroamericanos que nadie nunca buscó por miedo, por falta de recursos.

Una mujer lleva una pancarta con fotografías de personas desaparecidas durante una marcha de las madres de desaparecidos en México D.F., 10 de mayo de 2012. (HRW)

Ese año, el grupo de trabajo de la ONU para desapariciones forzadas viajó a México y alertó del problema en “deterioro” y de que la impunidad permanecía “como el reto general” en el país. Ahora, un nuevo informe de Human Right Watch Los desaparecidos de México, habla de “una de las peores crisis de desaparecidos en América Latina a lo largo de su historia”. La ONG documentó 250 casos, 149 de ellos catalogados como desapariciones forzadas (cuando interviene una autoridad) y dijo que en ocasiones estos crímenes se hicieron de forma “planificada y coordinada”. Alerta, además, de que el número total es muchísimo mayor y denuncia la falta de investigaciones. Un ejemplo. Solo en Coahuila, la ONG Fuundec tiene registrados 320 casos, pero el gobernador dijo a HRW que tenían contabilizados 1.835.

Fuentes oficiales también informaron a HRW de la existencia de 16.000 cuerpos no identificados en todo el país pero no hay un registro común donde esté toda esa información y “mientras unos servicios forenses están muy cualificados en otros lugares piden hacer las pruebas de ADN a las esposas de los desaparecidos”, ironiza el autor del informe, Nick Steinberg.

Sin embargo, pese a estas disparidades, uno de los expertos del grupo de la ONU, Ariel Dulizky, asegura que “México tiene recursos para hacer una búsqueda cumpliendo los estándares científicos internacionales”. Además, puede llamar a expertos de fuera como los antropólogos forenses argentinos que ya han trabajado en el país. Pero antes, hay que depurar la base de datos actual, tomar el ADN a las familias y a los cadáveres no identificados, cotejarlo todo y comenzar a buscar. “Hay que actuar con rapidez porque cuanto más tiempo pase más difícil y costosa es la búsqueda, y México debe tener un compromiso a largo plazo porque estos procesos a veces tardan décadas”.

Ese compromiso es el que el nuevo ejecutivo del PRI debe demostrar más allá de las buenas palabras. “Una lista de ADN no significa una investigación y el test real no es solo la búsqueda sino también la justicia”, dijo el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, durante la presentación del informe.

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R-O-B-L-E-D-O F-E-R-N-A-N-D-E-Z, J-O-S-E A-N-T-O-N-I-O. Guadalupe Fernández teclea el hombre de su hijo en la base de datos oficial. El ordenador muestra un nombre, una fecha, un lugar. “Un nombre no lleva a ninguna parte”, suspira con preocupación. “Si al menos hubiera una foto alguien podría reconocerle”. A José Antonio, un ingeniero de 32 años que trabajaba para la mayor constructora del país, ICA, se lo comió la tierra en enero de 2009 en Monclova (Coahuila) cuando viajaba en su coche. Guadalupe lleva cuatro años buscándole y también reclamando justicia. Recorrió morgues, investigó, interrogó a detenidos a los que las autoridades no preguntaban, lloró, suplicó, protestó, se manifestó y aportó pruebas hasta que se dio cuenta que luego las tiraban.

Sufrió las amenazas de Los Zetas, el desprecio de la constructora y las humillaciones de las autoridades. Gracias a su insistencia consiguió que algunos responsables del crimen estén en la cárcel pero también ha visto como el máximo responsable de la desaparición de su hijo, un empresario que daba seguridad a ICA y que recaudaba extorsiones para los Zetas, según confesaron sus cómplices, fue liberado el último día del mandato de Calderón porque era amigo del gobernador priísta de Coahuila. Y cómo aunque le encontraron en su casa recortes de prensa de otros desaparecidos, lo que hacía pensar en vínculos entre unos y otros, nadie quiso investigar conexiones entre los casos.

El registro nacional de desaparecidos (aprobado por ley en el Congreso el 29 de abril de 2011 y que empezará a elaborarse dos años después, con la base de datos presentada el 26 de febrero de 2013) era una de las exigencias de Guadalupe como víctima, como miembro de Fuundec, y como mexicana. Pero cree que el Gobierno de Peña Nieto todavía está muy lejos de avanzar en la búsqueda de los que faltan y en hacer justicia. “Tengo la sensación de que tratan de desvirtuar el trabajo de años de las organizaciones. Llevamos semanas reuniéndonos con ellos, dándoles todos los datos y ahora presentan un listado que no dice nada, nos ofrecen un grupo de 20 expertos para ver todos los casos ¡y solo el expediente de mi hijo son 14 tomos! ¿cómo lo van a hacer?”

Cunde el escepticismo. El ejecutivo ha firmado ya un protocolo con el Comité Internacional de la Cruz Roja y confía en empezar las búsquedas “en cuestión de semanas”, según confesó el subsecretario de Gobernación Eduardo Sánchez. También han prometido más reuniones con la sociedad civil para depurar su listado. Pero HRW subraya que lo importante también es generar un clima de colaboración y mayor confianza entre las autoridades y familias y pone como ejemplo los avances que ha tenido Nuevo León al hacer esto. Pero esos esfuerzos no son generales.

Guadalupe recuerda como después de la localización de unas fincas con ‘cocinas’, como las del Pozolero, un funcionario la reconoció que había más pero nadie hizo nada, nadie buscó nada. Cuando el subsecretario fue preguntado si buscarían fosas o campos de trabajo forzado donde se cree que pueden ser llevados algunos desaparecidos, ingenieros, médicos, profesionales que según algunos testimonios son convertidos en esclavos de los cárteles, el subsecretario se limitó a decir que tiempo al tiempo. “Primero los protocolos”. La burocracia.

DEUDA CON EL PASADO Y CON EL PRESENTE

México tiene, además, una deuda pendiente con el pasado. Aunque menos conocido que los casos de Argentina, Chile o Guatemala, de 1970 a 1982, se acreditaron por lo menos 1.200 desapariciones forzadas, según el informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos basado en el único documento histórico realizado hasta la fecha que data de 2001. Dicho informe habla de torturas que incluían desfiguraciones del rostro, roturas de huesos, rebanarles las plantas de los pies o colgar a los hombres por los testículos. También hablaban de cómo se arrojaron personas vivas al mar desde aviones del ejército.

La única ‘victoria’ de las víctimas de ese pasado es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2009 en la que se condenó a México por la desaparición en 1974 de Rosendo Radilla, un compositor de corridos. En su sentencia, la Corte exige investigar, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Nada de eso se ha cumplido 39 años después de la desaparición de Radilla y sus restos siguen en encontrarse aunque ya se han hecho varias excavaciones. “No hay voluntad política”, dice su hija, Tita Radilla.

Del presente tampoco se habla. Fuundec tiene ya registradas desapariciones en 2013, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, “nueve llegaron en un solo día”, dijo su portavoz, Blanca Martínez. Y Cadhac, un colectivo similar de Nuevo León  lleva recogidas 12 denuncias que involucran a 47 personas en lo que va de año. “Las desapariciones no son como una llave de agua que la cierras y se acaba”, afirma su directora, Consuelo Morales. Para atender esos nuevos desaparecidos del gobierno del PRI, no hay nuevas órdenes, nuevos protocolos de atención. “Cuando tengamos datos, se los daremos”, afirma el subsecretario Martínez.

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Si no lo mueves, no lo sabrá nadie

5 comentarios

  1. Ana

    Gran problema muy bien explicado!

    • Gema

      Gracias por el artículo. La situación es para llorar. Soy profesora de español en República checa. Siempre incluyo cultura o problemas. El próximo lunes hablaremos de los desaparecidos de estas familias.

      • Nathy

        Yo también soy profesora en Francia trataré del problema con mis estudiantes…Que se enteren un poco de lo que pasa.

  2. [...] capital mexicana que casi pasa desapercibido. Para sus integrantes, una gota en el océano de los 30.000 desaparecidos que las ONG calculan que hay en el país. Es difícil creer en un Estado que les ha dado la espalda [...]

  3. María Guadalupe Fernández Martínez

    Soy madre del Ing. José Antonio Robledo Fernández, persona desaparecida de la que se habla en esta nota. Quiero agradecer a la Periodista Española María Verza por la sensibilidad y visibilización de nuestros desaparecidos en México, “la cifra negra” nunca la sabremos, porque un mínimo de casos se denuncia, los demás no salen a la luz por miedo, por depresión, por muerte, por amenzas, etc., lo peor, sigue sucediendo en 2013.

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