En conflicto

La CPI aprieta las tuercas a Colombia (II)

Militares colombianos en Alto Guaduas, Caqueta, Colombia. Feb. 21, 2010. (AP)

La cuestión es si Colombia tiene capacidad para investigar y juzgar la elevada magnitud de crímenes que están saliendo a la luz. La escasez de recursos, la lentitud del proceso y el bajo número de paramilitares postulados en Justicia y Paz –de 30.000 paramilitares que según el Gobierno se desmovilizaron entre 2003 y 2006, tan sólo 3.712 lo hicieron bajo este marco legal- lleva a sus detractores a dudar sobre la posibilidad de lograr una justicia efectiva y reparadora en este país. “El Estado Colombiano no tiene ni capacidad ni voluntad política de investigar y juzgar todos los crímenes de guerra y lesa humanidad,” dice Luis Guillermo Pérez, Secretario de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), organización que lleva años denunciando estos abusos ante la CPI. “Por ello creemos que es imprescindible la acción de la Corte Penal a través de una investigación.”

Tras la carta de 2005, La Haya sigue observando los avances colombianos. En su visita al país en Noviembre de 2007, Moreno-Ocampo confirmaba el seguimiento de los procedimientos judiciales abiertos contra los jefes paramilitares, un tema que implicaba también a miembros del Congreso por sus supuestos lazos con los “paras”. Bajo el punto de mira del Fiscal estaban también las extradiciones a Estados Unidos de estos líderes y sus posibles efectos negativos “en la eficaz investigación de los mencionados políticos”. Y es que desde que el Gobierno extraditara a 16 jefes de los llamados “escuadrones de la muerte” en Mayo de 2008 y Marzo de 2009, tan sólo seis de éstos jefes han continuado sus “versiones libres” ante las autoridades colombianas – declaraciones voluntarias en las que los desmovilizados deben confesar la totalidad de sus crímenes a cambio de rebajas en la penas-. Algunos de ellos han abandonado el proceso voluntariamente tras haberles impuesto los jueces estadounidenses penas mayores de las que esperaban. Es el caso de Ramiro Vanoy, condenado a 24 años de prisión, quien terminaría su pena a la edad de 84 años en Estados Unidos, no contando ya con ningún incentivo para decir la verdad en Justicia y Paz.

El Presidente Uribe vio los beneficios de las extradiciones en el argumento de que todos los principales líderes paramilitares extraditados siguieron delinquiendo en la cárcel, incumpliendo así sus compromisos con el Gobierno de abandonar toda actividad delictiva. Sin embargo, según Human Rights Watch, pese a haber indicios de ello desde 2006, ni perdieron los beneficios de Justicia y Paz, ni el Ejecutivo colombiano les extraditó en ese momento.

En su declaración dentro del juicio que enfrenta el ex director del Servicio de Inteligencia Colombiano (DAS), Jorge Noguera Cotes, ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta relación con los “paras”, el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso dijo: “Me extraditaron para callarme, para que no siguiera contando la verdad.” Hay quienes hacen una interpretación vengativa de las declaraciones de éstos líderes contra los estamentos del poder, quienes tras verse traicionados por el Gobierno comenzaron a confesar a posteriori vínculos de unión que en otras circunstancias no hubieran hecho.

Caben varias interpretaciones. El deseo de evitar la temida extradición llevó a los jefes paramilitares a pactar una desmovilización con el Gobierno, en la que debían confesar la verdad sobre sus delitos y sus cómplices si querían beneficiarse de la reducción de las penas previstas en Justicia y Paz. A Febrero de 2008, tres meses antes de las extradiciones, las “versiones libres” de estos líderes habían facilitado la apertura de investigaciones respecto del entonces Vicepresidente del Gobierno, Francisco Santos, 11 senadores, 8 congresistas, 4 gobernadores, 27 alcaldes, 39 miembros del Ejército, 52 de la policía y 2 miembros del Servicio de Inteligencia Colombiano (DAS).

La confesión de Mancuso que implicaba a generales del Ejército y a altos funcionarios del Gobierno en la comisión de crímenes y apoyo al paramilitarismo se produjo en mayo de 2007, un año antes de su extradición a los Estados Unidos. Habló de sus vínculos con Francisco Santos, de quien dijo estar “inesperadamente identificado” con las posiciones antisubversivas,# y mencionó dos reuniones con el entonces Ministro de Defensa y próximo Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Habló igualmente de la supuesta complicidad y apoyo a los “paras” de generales del Ejército y la Policía como Iván Ramírez, Rito Alejo del Río y Martín Orlando Carreño y aludió a Mario Uribe, líder del Partido Colombia Democrática y primo del Presidente Álvaro Uribe, de quien aseguró pactó una alianza a tres con la congresista Eleonora Pineda.

Si bien varias organizaciones de derechos humanos colombianas han denunciado que las extradiciones representan un obstáculo en la búsqueda de la verdad, los fiscales y magistrados colombianos se enfrentan a otra dificultad. Las críticas públicas de desprestigio a la Corte Suprema por parte de funcionarios del Gobierno, y las amenazas de muerte contra fiscales, jueces, testigos y familiares de víctimas registradas por La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, constituyen según este organismo “una violación a los principios de independencia del poder judicial” y conforman “un patrón de hostigamiento para impedir avances en los procesos [judiciales]”.

El primer choque entre los dos estamentos se produjo cuando el alto tribunal dictaminó en julio de 2007 que el paramilitarismo no era un delito político al que se le podía aplicar el indulto. Recordemos que casi el 90% de los paramilitares desmovilizados, los que no fueron procesados por abusos contra los derechos humanos, se beneficiaron de amnistías de facto en virtud del Decreto 128, el cual consideraba su pertenencia a los bloques paramilitares un “delito político”-. El entonces Presidente Uribe acusó al tribunal de tener un “sesgo ideológico”.“El Gobierno ha sostenido que apoya a la Corte Suprema, que respeta la autonomía del poder judicial, pero la realidad es muy distinta,” dicen desde la Federación Internacional de Derechos Humanos. “Uribe ha tratado a los magistrados de ser aliados del terrorismo. Lo mismo ha ocurrido con los fiscales que investigan los “falsos positivos” de quienes ha dicho que dañan la seguridad democrática. Eso es de extrema gravedad.”

La cuestión de las ejecuciones extrajudiciales o los llamados “falsos positivos” es otro punto bajo análisis en los pasillos de La Haya. A septiembre de 2009, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación había asumido la investigación de 1.273 casos, con un total de 2.077 víctimas falsamente presentadas por el ejército como “guerrilleros muertos en combate”. Según Naciones Unidas, “estas cifras confirman que las presuntas ejecuciones no eran hechos aislados”. Es esto precisamente lo que la CPI ha de estudiar, si “los falsos positivos” son crímenes de su competencia, si son un ataque sistemático y generalizado contra la población civil constituyendo así un crimen de lesa humanidad, y si los procesos judiciales contra los responsables son genuinos. A día de hoy, según el Ejecutivo, se han producido 52 sentencias y 708 personas afrontan juicios por este tema.

Por su parte, las madres y esposas de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, quienes observan una “falta de garantías judiciales en los procesos”, ya han pedido al Fiscal de la Corte Penal Internacional su intervención en la investigación de los hechos.

“O juzgan ustedes a los máximos responsables de los crímenes más graves o lo haremos nosotros”, ésa es la máxima que mueve a esta Corte Penal permanente.

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie