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En conflicto

Finlandia juzgará los asesinatos de dos activistas en México

Hace dos años, un grupo paramilitar asesinó a dos activistas extranjeros cuando visitaban la población de Copala que estaba siendo asediada ante la indiferencia estatal

Allegados de las víctimas discuten en Helsinki cómo llevar el caso a la justicia finlandesa, donde se puede juzgar un crimen impune contra sus ciudadanos aunque se haya cometido en el extranjero

Hoy se cumplen dos años del sangriento asalto en México al convoy humanitario que acudió en ayuda de la asediada y hostigada comunidad indígena de San Juan Copala, una población triqui perseguida por un grupo paramilitar patrocinado por el gobierno del estado de Oaxaca. Como contamos en Periodismo Humano, la pacífica caravana fue víctima de una brutal emboscada sin previo aviso, en la cual una docena de defensores de derechos humanos fueron tiroteados por un escuadrón de 25 pistoleros. Dos de los tiroteados, la activista mexicana Beatriz ‘Bety’ Cariño y el observador finlandés Jyri Jaakkola, fueron asesinados de sendos disparos en la cabeza. Esta comunidad está controlada por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), un grupo paramilitar creado tras el alzamiento zapatista auspiciado y financiado por el gobierno del estado oaxaqueño, al frente del cual estaba el gobernador Ulises Ruiz, poderoso barón del PRI (Partido Revolucionario Institucional) al que se ha acusado múltiples veces de corrupción, paramilitarismo y vínculos con la mafia.

Pero la policía mexicana nunca acudió a socorrerles, ni ha investigado en serio su asesinato, ni se han depurado responsabilidades políticas.

La perspectiva de que el PRI pueda recuperar el poder a escala nacional en las elecciones generales mexicanas previstas para julio, y que se cierre definitivamente así la ‘ventana de oportunidad’ de hacer justicia en un caso tan flagrante de impunidad homicida, ha decidido a familiares y amigos de las víctimas a presentar una demanda en Finlandia para que sea su Justicia la que investigue el caso. El código penal de aquel país, como es habitual en muchos Estados, prevé que entre dentro de su jurisdicción un crimen cometido contra un ciudadano finlandés en el extranjero si la justicia local no lo hace.

Altar en memoria de Betty Cariño y Jyry Jaakkola hecho en la ciudad de Oaxaca hace dos años (Majo Siscar)

Para ultimar los detalles técnicos del proceso de demanda, hoy se encuentran en Helsinki los abogados y activistas David Peña y Karla Michel Salas, que tienen previsto reunirse con los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, con funcionarios de la Fiscalía, así como con el propio presidente del país, Sauli Niinistö.

Un hito en DDHH en México

Antes de visitar Finlandia, esta semana los abogados mexicanos de la familia Jaakkola se han reunido en Bruselas con organizaciones sociales y con europarlamentarios para recordarles que el proceso judicial mexicano permanece bloqueado por el desinterés de las autoridades mexicanas. La eurodiputada ecologista finlandesa Satu Hassi se ha mostrado especialmente activa en este caso y anteayer convocó un desayuno de prensa en el Parlamento Europeo, en el que se anunció la decisión de la demanda, que supondrá un precedente crucial de judicialización internacional de un caso de paramilitarismo e impunidad en México. No se trata de una investigación por crimen de lesa humanidad en el que se aplique el principio de jurisdicción universal, sino de un proceso más simple, de crimen extraterritorial cometido contra un ciudadano finlandés.

“A ojos europeos hay muchos detalles extraños en este caso”, señala la eurodiputada Hassi. “La policía estaba cerca pero no acudió porque dijo que estaba esperando instrucciones [inicialmente dijo que era porque era una zona ‘delicada’ y ‘peligrosa’, aunque está controlada férreamente por paramilitares que mantienen una pacífica convivencia con las fuerzas del orden]. Todo el mundo sabe qué grupo los mató, quiénes son sus líderes, sus nombres, sus caras, sus direcciones. Y aunque es obvio que tras decenas de miles de asesinatos impunes en la región los testigos no hablarán sin que se les proporcione seguridad, no se les ha proporcionado. Si hay voluntad política este caso es fácil de resolver porque no es ningún misterio. Falta esa voluntad en las autoridades mexicanas”, señala Hassi.

“Si México no actúa haremos todo lo posible para que lo haga Finlandia”, promete la europarlamentaria: “El gobierno finlandés se ha mostrado enteramente colaborador y muestra un genuino interés de investigar el caso, e incluso hay amigos dispuestos a recolectar fondos de manera privada para financiar el esfuerzo que sea necesario”. Hassi mantiene una intensa agenda de contactos con el gobierno mexicano y con otros europarlamentarios, entre los cuales “no me he reunido con nadie, ni uno solo, que cuestione la pertinencia de llevar adelante este proceso… Aunque no todos son tan activos”. Hay que recordar que el presidente del Parlamento Europeo en el momento del asalto a la caravana humanitaria, el polaco Jerzy Buzek, condenó inmediata y tajantemente el crimen en el primer pleno que tuvo lugar. También se está considerando la opción de que la Eurocámara emita una declaración oficial que dé respaldo político al enjuiciamiento del caso dentro de la UE.

La falta de colaboración mexicana es más llamativa dado que ni el nuevo gobierno de Oaxaca ni el gobierno federal son actualmente del PRI, con lo cual debería ser más ‘seguro’ procesar a los paramilitares y sus instigadores políticos priístas. Según Gaby Küppers, asesora del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, debería haber un gran interés en perseguir a los cabecillas paramilitares: “La clave no es solo perseguir a los autores materiales de los asesinatos, porque hay una red de sicarios operando en toda la región, que amenazan o liquidan a quien intente desafiarles. Y hay indicios de que esos asesinos se desplazan a otras zonas a cometer crímenes por encargo de gente del PRI o próxima al PRI. No son solo un grupo de matones brutales, sino que parece haber una fuerte fuerza política detrás”, apunta Küppers.

El periodista David Cilia, uno de los heridos en el asalto a la caravana, en el hospital (Julio C. Hernández / Contralínea)

Cerco a los instigadores políticos

La intención de los demandantes es presentar una querella en Finlandia no contra los autores materiales sino contra sus instigadores, facilitadores y financiadores, entre ellos el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz y su exsecretario de Gobernación Diódoro Carrasco, curiosamente ahora jefe de campaña de la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, que no pertenece al PRI sino al rival PAN (Partido de Acción Nacional). Inicialmente se solicitará una comisión rogatoria al gobierno mexicano, y posteriormente una orden de captura a través de Interpol, y su eventual extradición. También se están estudiando los detalles sobre el tipo de protección que haría falta ofrecer en Finlandia a cinco testigos directos del doble asesinato.

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