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26.04.2010 · Armando Camino · (Buenos Aires)

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(Armando Camino)

Mira hacia todos los lados antes de responder: “Hay muchas casas, mucha gente y mucho tránsito, hay que andar con cuidado”. Baloi Salazar tiene 24 años, vive en la comunidad indígena pilagá El Descanso y visita por primera vez Buenos Aires. Junto a su padre, el cacique César Salazar, y otras cuatro personas componen la comitiva desplazada desde el asentamiento aborigen, 156 habitantes en una zona de humedales de la provincia de Formosa, hasta la capital federal para denunciar la histórica y sistemática violación de sus derechos.

Tras un viaje de 1.548 kilómetros a bordo de furgonetas particulares, taxis y autobuses durante cinco días, narrado mediante la bitácora De Formosa a Buenos Aires , los representantes indígenas de El Descanso se plantaron en la metrópoli argentina la pasada semana para presentar ante la opinión pública y autoridades nacionales el informe Exigimos respeto. Los derechos de los pilagá del bañado de La Estrella, un documento elaborado por Amnistía Internacional tras dos años de investigaciones. Sin embargo, César Salazar y su gente no hablan sólo en su nombre si no en representación de otras comunidades pilagá, un grupo étnico de aproximadamente 6.000 personas, y de los pueblos toba y wichi, con 70.000 y 40.000 miembros, respectivamente, con los que se reunieron en asambleas a lo largo del trayecto para constatar sus problemas comunes. Incumplimiento de las leyes y reducción de las tierras comunales resumen sus preocupaciones.

(Armando Camino)

De hecho, El Descanso “es un caso testigo con el que se evidencian la discriminación y hostigamiento de las comunidades indígenas, sólo es un ejemplo del círculo de exclusión, silenciamiento e inseguridad que mantiene a los aborígenes de nuestro país en la pobreza y alimenta la violación de sus derechos humanos”, subraya la directora de Amnistía en Argentina, Gabriela Boada. Sin embargo, mostrarse como paradigma acarreará para ellos, en opinión de Boada, “más presiones en su vida cotidiana, desde la política tratarán de echar atrás la causa judicial, pero son muy valientes”. Para el antropólogo y coautor del informe Carlos Salamanca, la elección se debió a que “la provincia de Formosa es particularmente violadora de los derechos humanos, el caso de El Descanso está en un proceso activo y, además, vincula la vulneración de derechos con los problemas de las tierras”.

“Daño espiritual” por la inundación del cementerio

Mediante una dificultosa expresión en español, César Salazar, de 49 años y 15 como líder de El Descanso, sitúa el origen de sus actuales problemas en la construcción, allá por 1997, de un canal sobre el cauce seco del antiguo río del Norte, sobre tierras comunales y zonas adyacentes, por parte del Gobierno de Formosa para derivar las aguas del humedal La Estrella y abastecer a otras poblaciones cercanas. “Parece que esa gente se siente como dueña de todo, tenemos el título de propiedad de las tierras, que viene de nuestros antepasados, y tenemos ganas de trabajarlas, pero otra vez sentimos la tristeza y el dolor de nuestros abuelos”.

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Las obras públicas, ejecutadas en diferentes fases hasta 2006, no contaron con el consentimiento previo e informado de los miembros de la comunidad. A pesar de las reiteradas solicitudes de información detallada, las comunicaciones oficiales se limitaron, meses después del inicio de los trabajos, a una “visita por sorpresa” de representantes del Instituto de Comunidades Indígenas para transmitir una explicación “superficial” del proyecto ante los escasos miembros de El Descanso presentes por la ausencia de convocatoria previa. Tras prometer ofertas de empleo como compensación, se urgió a firmar un acta de la reunión que incluyó la frase: “Aclaradas algunas de las inquietudes a través del diálogo, los miembros de la comunidad expresan la conformidad con las obras de canalización”. Y asunto resuelto. “Estamos mareados, no podemos pensar pronto, necesitamos tiempo. Vienen los ingenieros a las apuradas y nosotros también nos apuramos, no podíamos pensar. Nosotros queríamos hablar pero no nos escuchaban. Queríamos hablar para saber qué hacen, qué quieren hacer, por qué anduvo mucha gente por acá y no sabemos nada”, relata en el informe un participante de aquel encuentro. “Fue un engaño con promesas que nunca cumplieron”, añade Salazar.

A partir de entonces, la mitad de las tierras comunales, alrededor de 1.000 hectáreas, sufre con mayor frecuencia inundaciones durante la temporada de lluvias y las crecidas del río Pilcomayo, ya que los terraplenes construidos impiden el desagüe natural del área. Siete viviendas, la escuela y la iglesia resultaron anegadas y debieron de trasladarse, pero no se pudo desplazar el cementerio. “Tengo un padre, dos hermanos y varios abuelos allí enterrados que ya no puedo visitar”, lamenta Óscar Florico, de 24 años y miembro de un grupo musical de cristianos evangélicos. “Es un daño moral y espiritual, un sentimiento que atormenta día a día”. Dedicados a la agricultura y ganadería de autoconsumo, la inundación parcial de sus tierras reduce también recursos naturales alternativos como la caza y la recolección de frutos y vegetales para alimentación y artesanía, además de implicar la disminución de la pesca por la modificación o interrupción de las corrientes naturales.

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“No es que no queramos dar a agua a pueblos criollos, porque no es nuestra, pero se pudo solucionar el abastecimiento de otra forma, hay que pensar antes de ejecutar, sentarse y hablar. El conflicto nace por falta de diálogo y de consulta”, zanja Óscar Florico. Por ello, El Descanso exige ahora la rectificación de las obras ejecutadas o, en su defecto, la cesión de un terreno equivalente a la zona inundada. “Queremos tierra apta y suficiente para nuestro desarrollo”, resume el cacique. “No es un capricho ni somos más argentinos que otros, pero no vamos a tener tierras dentro de 50 años si continúan así las cosas y, sin tierras, no hay salud, ni educación, ni nada”, añade el representante de la Federación Pilagá Saturnino Miranda.

“La separación de poderes es una ilusión”

Tras un “cúmulo de despropósitos judiciales” en la demanda por daños y perjuicios presentada en 2001 contra el Gobierno de Formosa, la abogada de Pastoral Aborigen encargada de la defensa de El Descanso, Roxana Díaz, se muestra cauta ante la actual etapa probatoria del caso y la próxima inspección ocular por parte de juez Eugenia García Nardi. “Nos trató muy cordialmente durante la audiencia preliminar, pero hay muchas presiones y es muy temerosa de ir en contra del poder político. La separación de poderes no existe en Formosa, es una ilusión”.

A pesar de la reforma de 1994 en la Constitución de la República Argentina, que incluyó el derecho de los pueblos originarios a “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”, la situación se agrava en Formosa por el nulo cumplimiento de la posterior Ley 26.160 de 2006, un texto que suspendió “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras” hasta la elaboración de los dictámenes técnico, jurídico y catastral necesarios para determinar la situación de los suelos comunales por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Según Díaz, el Gobierno provincial consideró “innecesario” firmar el preceptivo convenio con el INAI al argumentar que todas las comunidades indígenas ya disponen de documentos sobre las tierras. Sin embargo, “el título de propiedad no garantiza su respeto”, lamenta la abogada.

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Argentina celebra el bicentenario de su independencia el próximo mayo y, desde Amnistía, se demanda “voluntad política” para cumplir la legislación y zanjar la “deuda histórica del Estado” con los pueblos originarios. En opinión del miembro del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Julio Torales, “los pueblos indígenas siguen, lastimosamente, a la espera de respeto en 2010 y ya es tiempo de que los Estados asuman compromisos y obligaciones. La igualdad no es parecerse al otro si no valer lo mismo pudiendo ser diferente”. Un sentimiento reiterado, según recoge la bitácora De Formosa a Buenos Aires, durante el viaje de cinco días a lo largo de 1.548 kilómetros: “Hemos tomado mate esta mañana, hablando de la masacre de Rincón Bomba [asesinato de centenares de pilagá en Formosa perpetrado por la Gendarmería Nacional en 1947]. Las imágenes de los ancianos de Octubre Pilagá, sus testimonios de la violencia de la Gendarmería, aún rondan. Martín, tereré en mano, habla de lo innombrable de la violencia, del sufrimiento. Afirma que hablar repara, ayuda que los pilagá comuniquen, transmitan a los demás argentinos el horror de lo ocurrido; también para que sus demandas de verdad, justicia y reparación sean escuchadas”.

“Los tererés van y vienen, también las palabras de esperanza, también de hartazgo con una situación que debe “terminar de una vez”, dicen algunos, “la falta de respeto” por la cultura, la tierra, las formas de vivir, la lengua, las personas. Leemos el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí, en este lugar y momento parece tan lejano, tan extraño… Oscurece. Ya hay caras cansadas. Los wichí proponen terminar la reunión con una oración hecha por el más anciano”.