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04.05.2010 · Majo Siscar · (México)

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El nombre de Alberta Beatriz Cariño, Betty para quiénes la conocían, aparece en el programa del Foro Social Mundial de México que se está celebrando estos días en la Ciudad de México. Era la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), ubicado en la sierra norte del mexicano estado de Oaxaca, y estaba invitada en la mesa sobre Libre Comercio y Migración laboral. Pero no llegará. Fue asesinada el pasado martes 27 de abril junto al observador finlandés Jyri Antero Jaakkola. Ambos viajaban en la Caravana de Observación por la Paz que iba a traer víveres y a romper el cerco que rodea la población triqui de San Juan Copala desde hace 4 meses, cuando una treintena de hombres armados empezaron a disparar a los vehículos que la conformaban. Las 25 personas que viajaban intentaron escapar como pudieron, pero también resultaron heridos de bala dos activistas y un periodista de la revista Contralínea.

Esta caravana había sido organizada por el municipio de Copala para “hacer públicas las vulneraciones a los derechos humanos que allí acontecen”, tal como explica Fernando Urbano, de CACTUS. Poco antes de llegar, a la altura de la comunidad La Sabana, les emboscaron. Esta comunidad está controlada por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), una organización que nació en 1994, después del alzamiento zapatista, auspiciada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobierna el estado. Francisco López Bárcenas, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y máximo estudioso de la región triqui, reporta, en su libro San Juan Copala: dominación política y resistencia popular, las actas fundacionales del UBISORT donde viene especificado como el PRI insta a los pobladores de la Sabana a organizarse y les financia. Actualmente, además están armados, por eso son calificados como paramilitares. Así, López Bárcenas, se muestra convencido que es al gobierno el responsable de la agresión a esta caravana internacional: “Seguramente que Ubisort no hubiese hecho una agresión de esta magnitud sinó hubiera estado detrás el gobierno del estado”, declaró en CNN México.

“Cuando llegábamos a La Sabana vimos un retén de piedras y decidimos regresar. Pero mientras dábamos marcha atrás salieron una treintena de hombres armados y, sin dar ningún aviso, empezaron a disparar. Primero tiraron a las ruedas y al motor de las camionetas, de tal manera que nos quedamos varados. Siguieron disparando y asesinaron a Betty y a Jyri. Entonces, aún enmedio de los tiroteos, nos salimos del carro. Era un caos, nos estaban balaceando y no veíamos nada. Cada quién agarró por donde pudo”, es el espeluznante testimonio de Rubén Valencia, integrante de la caravana por parte de la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL).

“Volvimos a nacer, pero fue una osadía” continúa. Valencia se refugió junto a otras dos personas en el monte. “Estuvimos cuatro horas escondidos escuchando como corrían los paramilitares, mientras gritaban que nos iban a matar a todos. Cuando cesaron los ruidos, decidimos salir por la montaña pero a los 300 metros nos encañonaron cinco de ellos. Nos decían que ya nos cargó la chingada, que nos iban a matar, que era una orden de muy arriba. A mi me quitaron la cámara, el móvil y mi identificación y me amenazaron con que ya sabían donde vivía y que irían a por mi familia si decía algo”. Por suerte uno de los que acompañaba a Valencia era periodista de un diario regional y al parecer, eso ayudó a disuadir a los paramilitares, que los dejaron ir.

“Finalmente nos indicaron cómo salir a la carretera pero teníamos mucho miedo, pensábamos que al girarnos nos iban a disparar por la espalda”, confiesa Valencia, quién al final pudo llegar al pueblo más cercano. Peor suerte tuvieron dos de sus compañeros de VOCAL, que junto a otros dos periodistas, se quedaron atrapados en el bosque durante dos días y dos noches. David Cília, periodista de la revista Contralínea, explicaba el viernes, ya desde el Hospital de Santiago Juxtlahuaca, cómo habían sobrevido dos días refugiados en un meandro del río, pese a estar herido de bala.

“Pensábamos que nos rescatarían pronto, pues nos quedamos a pocos metros de la carretera y podíamos oír si pasaban coches. Éramos cuatro, mi compañera de la revista Erika Ramírez, y dos miembros de VOCAL, David Venegas y Noé Bautista. Este último tenía un balazo en la nalga derecha y otro en el hombro derecho. Pasamos todo el día ahí. Nadie acudió a auxiliarnos ni a ofrecer ayuda. No había cobertura. Continúaban los disparos. Dormimos ahí. No teníamos chaquetas ni nada de abrigo, la mera ropa que traíamos puesta. Pasamos la noche con mucho frío, sufriendo las picaduras de los mosquitos, confundíamos los sonidos de la naturaleza y teníamos miedo. Mi herida sangraba y atraía los insectos. No queríamos hacer ruído, y nos desesperábamos porque, además del miedo, no podíamos platicar. Confiábamos en que viniesen las autoridades. Pero ya en la segunda noche, decidimos salir. Venegas y Bautista se ofrecieron a ir a por ayuda en la madrugada. Erika se quedó conmigo, porque yo no podía caminar” .

El periodista David Cilia en el hospital (Julio C. Hernández / Contralínea)

Y gracias a Venegas y Bautista, les encontraron. Pues la policía no salió hasta el jueves. La explicación a esta neglicencia por parte del portavoz de la Procuradoría General de la República, Ramón Cuevas, es que “es una zona muy delicada y de difícil acceso”. A lo que Valencia espeta: “¿Cómo que no pueden entrar a la zona, si todo el mundo sabe que los paramilitares son del mismo gobierno?”

Para la periodista Érika Ramírez, la emboscada revela la impunidad con la que operan los estos grupos en México. Y se pregunta: “En unas comunidades tan pobres, ¿quiénes arman y entrenan a los paramilitares?”

La periodista Érika Ramírez ( Julio C. Hernández / Contralínea)

“Es un territorio sin ley cubierto por un manto de impunidad que da protección a ciertos caciques y grupos con intereses en la zona triqui”, explica Francisco Wilfrido Mayrén, conocido popularmente como el Padre Uvi, y el coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz y fundador del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco.

San Juan Copala es uno de los cinco pueblos de etnia triqui de la región. Desde 2007, inspirado por la experiencia de la Asamblea de Pueblos de Oaxaca, que puso en jaque durante cuatro meses al gobierno del estado en una rebelión popular sin precedentes en la zona, se conformó como municipio autónomo gobernado por el Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente (MULTI). Desde entonces no acepta ninguna ayuda del gobierno y se rige en asamblea según sus usos y costumbres.

Pero este desafío parece molestar al gobierno. “El gobierno oaxaqueño utiliza la política pública para controlar el territorio. Si un pueblo necesita un hospital o agua potable o electrificación, lo pone, pero a cambio la comunidad le tiene que asegurar su voto al PRI. Los triquis ponen en juego la legitimidad misma del gobierno y son percibidos como una amenaza” , explica Urbano. Y ciertamente, su autonomía les está saliendo cara. “Lo que nosotros vivimos en la emboscada es lo que vive el municipio autónomo desde noviembre” subraya Valencia.

Copala está sitiado desde el 26 de noviembre por otros indígenas triquis pertenecientes a la UBISORT. Desde entonces el cerco se ha ido acentuando y ya no hay comida, ni agua, ni luz eléctrica. No sólo no dejan entrar a los camiones, sino que cortaron los postes de luz y las tuberías. Desde hace unas semanas ni siquiera dejan pasar a sus habitantes, que tienen que atravesar la montaña. La clínica y la escuela estan cerradas porque ni el médico, ni los maestros pueden llegar. Y el 29 de noviembre tirotearon la escuela y asesinaron a un niño e hirieron a otros tres. En el 2008 ya habían matado a dos locutoras de la radio local, Teresa Bautista y Felícitas Martínez. Y CACTUS reporta una larga lista de hostigamientos continuos desde el 2007.

“Hay una estrategia para dividir y cansar al pueblo triqui. Además del control político, hay intereses económicos, pues no sólo la zona es particularmente fértil en la región, si no que además hay una mina de hierro muy importante, que aún está en tierras comunales”, asevera Urbano. Y señala al gobierno estatal como máximo responsable de ésta y todas las agresiones sufridas por los triquis de Copala, y por omisión también al federal. “Hay una responsabilidad directa del gobierno federal y estatal porque sino encubridores o cómplices, tampoco han querido intervenir o no les ha convenido”, asevera el Padre Uvi. Y agrega que “aquí los gobiernos anteponen intereses mezquinos a las vidas humanas, es increíble, pero aquí sucede”. Todos recuerdan que la emboscada, además, se enmarca dentro de la precampaña electoral para los comicios estatales de julio, donde por primera vez en 80 años, la oposición se alza por delante de PRI en las encuestas.

Sin embargo, la Procuradoría General del Estado niega a este medio cualquier posible relación, tanto con el asalto a la caravana, como directamente con UBISORT. Es más, aseguran que han empezado las averiguaciones y pueden ser cualquiera de las tres organizaciones con presencia en la región, UBISORT, el MULT o el propio MULTI. “El problema es que se están disputando las tierras varios grupos desde hace muchos años, pero no tenemos conocimiento que tenga que ver con ningún partido político. Cómo ya le dije antes, es una región muy delicada y apenas tenemos acceso, así que aún no tenemos suficiente información”, declaró Cuevas.

Sea cómo sea, esta agresión saca a la luz la violencia que sufren las organizaciones sociales a lo largo y ancho del país. No obstante, ésta se exacerba en algunos estados como el oaxaqueño, el segundo más pobre de la República, donde durante los seis años de mandato del gobernador actual, Ulises Ruiz, han asesinado a 62 personas, según los medios locales.

Discurso de Betty Cariño, el 3 de diciembre de 2009, sobre el asesinato de Mariano Abarca, dirigente de la lucha contra la multinacional minera canadiense Blackfire en Chiapas.