Economía

Soledad no estaba sola

En la mañana del 30 de octubre de 2013, activistas de la PAVPS (Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social), PAH y de las Asambleas de Barrio del 15M paralizaron in extremis el desahucio de Soledad Carrasquilla y su familia.

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Soledad, su marido Cecilio y sus dos hijos se mudaron al piso, propiedad del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), cuando ella comenzó a trabajar cuidando a la persona mayor entonces adjudicataria de la vivienda. Cuando esta persona falleció, en octubre de 1996, continuaron habitando la casa, con el beneplácito del IVIMA y pagando el alquiler a nombre de la persona fallecida hasta 2008, fecha en la que el IVIMA dejó de pasarles los recibos. Desde 1996 se han hecho cargo de los gastos de comunidad y servicios comunes, así como del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el cual reciben a nombre de Soledad, hasta que hace dos años Cecilio peridó el empleo y no pudieron afrontarlo. La familia subsiste actualmente con los 426 euros que percibe Soledad por la Renta Mínima de Inserción (RMI) y los 500 euros del sueldo de uno de sus hijos, la única persona de los cuatro que tiene empleo.

Soledad y Cecilio figuran como titulares de la vivienda en la Base Nacional del Catastro, en donde, según ellos, el IVIMA les registró sin consultarles. Este año el IVIMA abrió un proceso contencioso administrativo para forzarles a desalojar la vivienda consiguiendo una sentencia favorable. Desde entonces han solicitado en varios ocasiones una vivienda social al IVIMA y Cáritas, obteniendo respuestas negativas, ya que al ser titulares de una vivienda en el Catastro no pueden ser adjudicatarios de una vivienda social, encontrándose así atrapados en un círculo vicioso, a punto de ser desahuciados y sin alternativa habitacional.

Desde las ocho de la mañana, dos horas antes de la fecha marcada por el Juzgado para ejecutar el desahucio, más de una veintena de activistas de la PAVPS, PAH, las Asambleas de Barrio del 15M y vecinos solidarios se congregaron en el portal de la casa de Soledad para impedir el acceso a la policía, que desde más de una hora antes vigilaba la vivienda con agentes de paisano y varias patrullas. Cuando a las diez, los inspectores del IVIMA se personaron en la vivienda, y ante la presencia de los activistas, cambiaron de opinión y decidieron suspender el desalojo, alegando falta de medios y quedando éste aplazado sin fecha. Según cuenta Manuel Sanpastor, abogado de la PAVPS, su intención es la de negociar con el IVIMA para regularizar por fin la situación de Soledad y su familia, solicitando un alquiler social.

Según los activistas de la PAVPS, creada por activistas de PAH Madrid para poder dedicar una atención especializada a los desahucios de vivienda social, de los que ahora mismo reciben más casos que de hipoteca, este caso es un ejemplo de como el IVIMA ejecuta desahucios, dejando de lado su función de “favorecer el acceso a la vivienda a personas con bajos ingresos y en situaciones de especial necesidad”, para facilitar la privatización de la vivienda pública.

La primera gran subasta de vivienda pública, se realizó el pasado mes de agosto,  resultando en la venta de 3.000 pisos del IVIMA al fondo inversor GoldmanSachs-Azora. Recientemente, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó una segunda subasta, con la puesta en venta de otros 1.500 inmuebles con un precio de salida de 67 millones de euros.

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie