Cooperación

¿Quién ayudará a los que ayudan?

Perween Rehman, de 56 años, dedicó su vida a la actividad humanitaria. Como directora del Instituto de Investigación y Capacitación del Proyecto Piloto Orangi, trabajó en uno de los mayores asentamientos irregulares de esta portuaria ciudad pakistaní durante años hasta que la mataron a balazos.

Ni la policía ni los paramilitares han logrado controlar los asesinatos selectivos en Karachi, Pakistán. (Adil Siddiqi/IPS)

Su tarea fue ayudar a poner a punto un primitivo sistema de saneamiento que se esperaba cubriera a los 1,5 millones de habitantes de Orangi.

Aunque muchos elogiaron los esfuerzos de esta mujer por vigilar un exitoso programa comunitario de saneamiento, que se replicó en partes de Sudáfrica, Asia central, Nepal y Sri Lanka, otros creyeron que su trabajo merecía un castigo: el 13 de este mes fue muerta a tiros en un incidente que hasta ahora no se ha atribuido ningún grupo armado.

Mientras los 18 millones de habitantes de Karachi se esfuerzan por sobrevivir a una ola de violencia, extremismo y asesinatos selectivos, está surgiendo un patrón nuevo y aterrador: ahora se considera legítimo tomar por blanco a quienes realizan trabajo humanitario.

Pocos creen la versión de las autoridades en cuanto a que el principal sospechoso del asesinato de Rehman fue muerto en un enfrentamiento con la policía.

Los cercanos a ella sospechan que la mató uno de los muchos y poderosos grupos de confiscación de tierras de Karachi, que tienen intereses creados en adquirir terrenos estatales sobre los cuales se han instalado asentamientos informales.

Las armas atizan la violencia

Cada vez queda más claro que la violencia no podrá erradicarse de Karachi a menos que las autoridades afronten la floreciente cultura armamentista en la ciudad.

En 2011, la Suprema Corte de Justicia fue informada de que el Ministerio del Interior de Sindh había extendido 180.956 licencias de armas ese año.

El máximo tribunal declaró: “Karachi debe ser limpiada de toda clase de armas adhiriendo a las leyes disponibles en al materia y, de ser necesario, promulgando nueva legislación”.

Se estima que en Pakistán circulan 20 millones de armas ilegales. La mayoría de ellas son contrabandeadas desde Afganistán. Algunas son manufacturadas en la región de Darra Adam Khel, en Khyber Pakhtunkhwa (ex Provincia de la Frontera Noroccidental).

Algunas armas son importadas legalmente desde China, Turquía y Brasil por agentes debidamente autorizados por el Ministerio de Comercio.

También hay fabricantes registrados de armas, como la gubernamental Ordnance Factory, en la localidad de Wah, en el distrito de Rawalpindi.

Los fabricantes del sector privado, situados principalmente en Peshawar, la capital de Khyber Pakhtunkhwa, producen pistolas, escopetas y rifles, entre otras armas.

Según Pervez Hoodbhoy, activista por la paz y profesor de física en la Universidad Quaid-e-Azam, con sede en Islamabad, Rehman “trabajó incansable pero silenciosamente, protegiendo a los habitantes pobres de los tugurios de Karachi de los predadores que codiciaban su tierra”.

Rehman había recibido amenazas de muerte por sus intentos de documentar la práctica de la mafia de la tierra de anexar terrenos ilegalmente, en connivencia con partidos políticos, vendiéndolos luego a los millones de personas que en Karachi necesitaban vivienda, y creando así un electorado de votantes pobres y dependiente.

Llamando a Rehman “verdadera heroína”, Hoodbhoy agregó: “En un país rebosante de armas, y con una maquinaria estatal muy débil, la confiscación de recursos (tierra) seguramente hará que esas atrocidades ocurran una y otra vez”.

De hecho, casi 60 por ciento de Karachi está integrada por asentamientos informales que carecen de servicios básicos.

La periodista Najma Sadeque cree que Rehman “pasó por encima de poderosos elementos criminales”.

“Donde hay en juego grandes sumas de dinero, como los bienes raíces, hay peligro. Me sorprendió que ella hablara abiertamente sobre el problema; tal vez nunca se vio a sí misma como una amenaza”, dijo Sadeque a IPS.

“Hay demasiados grupos involucrados, internos y externos, volviendo confusa la situación”, agregó.

En diciembre, insurgentes mataron a tiros a cinco trabajadoras que vacunaban niños contra la poliomielitis, obligando al gobierno a suspender la campaña de inoculaciones en el lugar.

Según la policía, 2012 fue el peor año en materia de recuento de cadáveres: hubo unos 2.000 muertos en asesinatos selectivos y atentados con explosivos en Karachi.

Pero la violencia no se restringe solo a esta ciudad. En todo Pakistán, trabajadores humanitarios son blanco de ataques, mientras que equipos de vacunadores contra la polio son perseguidos y, los maestros, asesinados.

A comienzos de este año, hombres armados mataron a siete maestros y trabajadores de la salud, seis de ellos mujeres, en el distrito de Swabi, en Khyber Pakhtunkhwa.

“Por un lado están los enloquecidos fundamentalistas religiosos armados, a quienes los mulás llevan a un estado de locura a través de los altavoces de las mezquitas y de la televisión. Matan a las mujeres que vacunan contra la poliomielitis y les disparan a las escolares que quieren estudiar”, dijo Hoodbhoy a IPS.

“Por otro lado, está el igualmente diabólico asesinato de (trabajadores humanitarios), como Perween Rahman”, agregó.

Como Pakistán está clasificado como uno de los cinco países más peligrosos del mundo para los trabajadores humanitarios, según un informe de 2012 de la organización Humanitarian Outcomes, muchos ven que el espacio para esta actividad se reduce rápidamente en el país.

En todo el mundo, los ataques contra socorristas treparon de 129 en 2010 a 150 en 2012, en hechos en los que fueron asesinados 308. Una vasta mayoría de los atentados (alrededor de 72 por ciento) tuvieron lugar en cinco países: Afganistán, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Pakistán.

En este último país, la situación de los socorristas extranjeros no es mejor que la de nacionales como Rehman. En su edición de diciembre de 2012, The Economist señaló: “Las autoridades no han mejorado el clima para los trabajadores humanitarios. Han acosado a los profesionales de la ayuda, restringiendo sus movimientos y limitando sus visas, temiendo que entre ellos acechen espías”.

El año pasado, la Cruz Roja suspendió buena parte de su trabajo en Pakistán después de que un médico británico fue asesinado y decapitado en la occidental ciudad de Quetta.

La pakistaní Nuzhat Lotia, experta en desarrollo, duda que las cosas mejoren alguna vez. “La juventud está perdiendo modelos importantes, y la violencia se ve como la norma, dado que es a eso que están expuestos y lo que oyen día tras día”, se lamentó.

Aunque el gobierno liderado por el Partido Popular de Pakistán completó este mes su gestión quinquenal y traspasará oficialmenet el poder a un gobierno interino hasta que se realicen las elecciones previstas para el 11 de mayo, Sadeque cree que “la tendencia continuará”, porque todos los partidos políticos tienen intereses egoístas.

Aunque la desesperación parece haber ganado los pensamientos hasta de los miembros más resilientes y optimistas de la sociedad civil pakistaní, Hoodbhoy urgió a quienes están comprometidos con la creación de una sociedad mejor a no escapar.

“Les debemos a nuestras futuras generaciones seguir diciendo la verdad, seguir sugiriendo soluciones y seguir luchando”, dijo.

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