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Cooperación

Brigadas de Paz, la silueta más preciada

La ONG Brigadas Internacionales de Paz trabaja cinco países, uno de ellos Colombia, prestando apoyo a defensores de derechos humanos locales.

Entre los activistas que han solicitado el acompañamiento no ha muerto ninguno.

Un voluntario de Brigadas Internacionales de Paz en Colombia

Hay algo en la vida de Jon Jairo que revienta cualquier metáfora. Nació cuando su madre, una cría de 15 años, fue desterrada de su hogar junto con todo el barrio en el que vivía. A veces en Colombia, incluso los nacimientos tienen tintes perversos. En Barrancabermeja, ciudad de ajetreo histórico, estaba Susana Fernández Ramos, acompañante de Brigadas Internacionales de Paz (PBI), cuya sede en España se encuentra en Santander. Allí vivió la arremetida de los paramilitares en esta villa del noreste del país en las navidades del año 2000 que forzó a barrios enteros a abandonar todo cuanto poseían.

Aquellos días los paramilitares sacaron de sus casas a palos, cuando no con un tiro en la cabeza, a los habitantes de un barrio de Barrancabermeja. En realidad, era previsible, pues poco a poco habían controlado municipios vecinos y habían acorralado a la ciudad. Dos años antes entraron 50 personas y dejaron siete muertos y dos docenas de desaparecidos. A veces los paramilitares se justifican diciendo que sus víctimas integran cualquiera de las guerrillas insurgentes.

La tarea desde la oficina de Santander es coordinar las actividades entre las diferentes delegaciones en España, sensibilizar a la población y desarrollar diversas actividades en estrecha relación con centros educativos.

El papel en otros países es principalmente la protección de defensores de derechos humanos mediante el acompañamiento. Desde que llegaran a Colombia de manera recelosa y dubitativa en 1994 a instancias de un religioso y de otras dos organizaciones nacionales, no ha muerto ningún defensor a los que la organización acompaña. Peor suerte han corrido otras personas con el mismo objetivo y que no reciben acompañamiento.

El reto era saber si cumplirían con la misión de proteger eficazmente a personas en un territorio cuya dinámica de los últimos cuarenta años lleva impresa la violencia. Para ello, descargarían los aprendizajes que habían acumulado en otros países en los que ya trabajaban. El desafío era inmenso, pero urgente, pues la compañía de un extranjero eleva la garantía de supervivencia de los activistas locales.

Este punto es precisamente determinante, pues el agravio estético al país tendría mucha mayor repercusión en el tablero internacional. “Desgraciadamente, parece que la vida de un extranjero vale más”, opina Susana y evidencian las estadísticas de acompañamiento. No significa esto que su situación no sea crítica, pero los deseos se han convertido en una herramienta de deseable continuidad. ¿El pecado? Defender los derechos humanos y trabajar contra los montajes judiciales, la persecución a organizaciones y la impunidad.

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Pero sigue muriendo gente, tanto en Colombia como en países como Guatemala e Indonesia, donde existen organizaciones que solicitan sistemáticamente el acompañamiento como medida preventiva.

Una de las agrupaciones con quien más de cerca trabaja el PBI es la colombiana Organización Femenina Popular (OFP) –en favor de la justicia, la verdad y los derechos humanos. Esta agrupación de mujeres acogió en sus instalaciones a un barrio entero durante la arremetida de las navidades del 2000. Su actividad re resume en su lema “No forjamos ni parimos hijos para la guerra”.

En un país que se desangra, la OFP lucha sin cuartel para frenar la hemorragia y evitar que la trampa perviva mediante actividades con mujeres y educación a los menores, para que éstos no alimenten el conflicto. Para que a los niños como Jon Jairo, que hoy tendrá casi diez años, no les atrape la espiral de violencia que tiñe las ambiciones de paz del pueblo.

Porque en Barrancabermeja los más pequeños no dibujan casas con jardines y árboles, ni a papá y mamá dándose la mano: rotulan a dos pistoleros en medio del fuego cruzado y un sol de color rojo, como teñido de sangre. La vida tiene violencia, demasiada como para que no perturbe la normalidad.

Dos voluntarios con Obtilia Eugenio Manuel de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa en Ayutla, México

Un caso más

La delicada realidad de una ciudad protagonista en la lucha por el poder entre Estado y milicias insurgentes no tiene fin. Barrancabermeja, hervidero sindical forjado a través de las décadas, es un importante nudo estratégico en el que el petróleo es el símbolo de la codicia. El conflicto de Colombia ha provocado ya más de cuatro millones de desplazados, según las fuentes más pesimistas.

Solo en Barrancabermeja, capital de Magdalena Medio, una ciudad de un cuarto de millón de habitantes, los muertos se cuentan por cientos. La fuerte arremetida de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), producida en plena experiencia de Susana, dejó una factura de 145 muertos en el primer mes y medio de 2001. El año anterior la cifra rondó los 600 asesinados. “Escuchar tiros era el día a día”, confiesa Susana.

Aquella navidad de “dolor y sangre” marcó la historia reciente de la ciudad. Mientras Jon Jairo dormía en una silla de plástico con un cojín por almohada, la OFP se las arreglaba para alojar a los desplazados de un barrio en una de sus instalaciones. En plena ofensiva, un voluntario sueco de PBI que acompañaba a las mujeres en una de sus casas de un barrio atizado por la violencia, sufrió de primera mano los ataques de los paramilitares.

La hoy responsable de PBI recuerda que a Lars, el chico sueco, le intentaron quitar el pasaporte. Aunque finalmente no fue así, se fueron tras declararle “objetivo militar”. Tuvo que dejar la ciudad durante unos días para salvar la vida.

Entonces se activó el dispositivo pertinente en estos casos, cuando las personas a las que acompañan o la de los voluntarios están en peligro. “La reacción fue tan contundente que nuestro trabajo se vio reforzado e incluso los paramilitares rectificaron a través de los medios de comunicación”, rememora Susana. Este aparatoso incidente “fue uno de los momentos más delicados del proyecto, pues se ponía aprueba nuestra capacidad de disuasión. Estábamos siendo testigos incómodos de todo lo que estaba pasando con la arremetida paramilitar”, sentencia.

Los voluntarios van en pareja y son de diferentes nacionalidades para así poder contar, a parte de con el apoyo de diferentes instituciones para ejercer presión –universidades o Parlamento Europeo-, con dos embajadas diferentes. Precisamente ese apoyo político, junto al acompañamiento físico, los flujos de información y la reconstrucción del tejido social, son los ejes de trabajo de PBI. Esta última labor incluye talleres de autoprotección a organizaciones que acompañan, que en Colombia ya son 15. Los paramilitares intentaban descabezar las organizaciones de derechos humanos para así allanar su camino hacia la ocupación del territorio.

En Colombia es habitual hablar de la relación entre paramilitares y aparato del estado. La relatora especial de la ONU, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, argumentó en un informe en abril pasado esas conexiones entre políticos con grupos criminales: además de dar cuenta de la intimidación a miembros judiciales, asesinatos y fallos en la justicia, citó investigaciones contra 93 parlamentarios, 22 sentencias de la Corte y los 259 casos abiertos por la Fiscalía General contra 13 diputados, 12 gobernadores, 16 alcaldes y 58 concejales.

Oficialmente, el tejido paramilitar se deshizo entre el 2003 y 2006. Pero según Human Rights Watch (HRW), en su reciente informe Herederos de los Paramilitares, “actualmente, los grupos sucesores tienen un impacto brutal en la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia”. El aliento sigue contenido para muchísimas personas. La violencia, recalca HRW, no ha disminuido a pesar de la desmovilización.

La justicia ausente

Los grupos con intereses económicos, desde multinacionales o políticos hasta narcotraficantes se disputan el territorio que se les antoja útil. Y claro, todo el peso de la ambición económica y del poder lleva consigo quitarse del camino a quien puebla esas áreas. Pero el conflicto va mucho más allá, aunque se tienda a simplificar.

Con este panorama, las organizaciones que persiguen la justicia reciben demasiadas amenazas como para ayudar a familiares de desaparecidos, a padres de asesinados y denunciar los abusos que sufren sin verse engullidos por el huracán de violencia que barre el país sudamericano. En el caso de esta ciudad lamida por el río Magdalena, los paramilitares fueron cercando poco a poco el lugar hasta estrangularlo del todo un año después de cambiar de siglo.

PBI acompaña a defensores de derechos humanos en 15 países. Países en los que se da la paradoja de que el Estado, que en ocasiones viola los derechos humanos de los ciudadanos, es el mismo que permite la entrada a organizaciones que defienden esos derechos. Pero en un mundo de marketing, el intento de depurar la imagen resulta elemental. Aún así, PBI no denuncia directamente porque rápidamente les defenestrarían. Ese trabajo corresponde a otros, como a Amnistía Internacional, a quienes transfieren información.

A pesar de la incomodidad e intermitencia de tener a la violencia por compañera, los habitantes de estas zonas en las que ha reinado la infamia son los primeros en tomar la calle altavoz en mano. La brigadista cántabra recuerda las palabras de una defensora de derechos humanos para definirlos: “Somos como el cuero: nos pisan por un lado y se levanta por el otro”.

No les queda otro recurso que levantar la voz a pesar de que se las trate de intimidar. Cuando los paracos tomaron parte de la ciudad en el año 2000, a las pintadas en las paredes de las caras de líderes sindicales y revolucionarios, le sucedieron amenazas y advertencias del tipo Estamos aquí.

Muchas de las vidas de las personas son pequeñas historias que resumen un conflicto que sigue sin resolverse cuatro décadas después y en el que los recursos minerales, los cultivos y, en definitiva, los intereses económicos, dejan en evidencia a un Estado que no acaba de sacudirse sus males pero que aún guarda esperanzas.

“Cuando vengas a nuestra tierra,/ descansarás bajo la sombra de nuestro respeto”, escribió Vito Apushana, uno de los más ilustres poetas indígenas colombianos. Podría ser el resumen de las ambiciones. De las de Jon Jairo y su madre, de las del común de de ciudadanos, no de las del poder.

Documental realizado por la organización sobre sus quince años de existencia

Español: 15 años acompañando a defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia from Peace Brigades International on Vimeo.

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie

3 comentarios

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  3. Dead written topic matter, Truly enjoyed reading by means of .

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