Frente al mural de "Saca tu tarjeta roja" de la acampada Sol. (Lydia Molina)

La Puerta del Sol acogió el sábado una jornada de reflexión con miles de personas. Ayer domingo, la panorámica de la plaza tampoco tenía muchos huecos vacíos porque la ciudadanía vuelve una y otra vez para informarse, pasear o apoyar este movimiento que ha desconcertado a unos y otros durante la campaña electoral.

Domingo de elecciones. Domingo 22 de mayo. Llegar a este día era el objetivo del grupo de personas que se quedaron en la Puerta del Sol al finalizar la manifestación del 15m. Tras una semana de incertidumbres y de objetivos escalables, ayer se decidió en asamblea dos puntos que alargan la vida de estas concentraciones: la prórroga de la acampada una semana más, hasta el 29 de mayo y la elaboración de un plan de barrios para actuar y trabajar con los vecinos de Madrid. Las primeras asambleas locales se celebrarán el 28 de mayo.

Demuestra, según Jordina, que “esto no es solo por las elecciones ya que podía haber sido en junio, enero o hace dos años”. Jordina es una de las personas que lleva tres días acampando en Sol y trabajando en el área de artistas. Votó por correo hace dos semanas y afirma que “hay muchas formas de participar políticamente que no es votando a los de siempre”. Cuando le preguntamos si cree que salir a la calle ha impulsado a que la gente acuda a votar, tiene claro que sí porque hay que “revivir la política”.

Javier está sentado en el suelo junto a uno de los pasillos donde hay un continuo desfile de gente. Es licenciado en filosofía y ahora estudia electricidad. Le preguntamos si hoy a ido a votar y dice que sí, que después de muchos años sin hacerlo ha vuelto a las urnas, a pesar de no estar de acuerdo con la ley electoral, porque hace falta “recuperar una política real”.

El sol pega en la acampada y los alrededores de la fuente son un refugio para quienes huyen del efecto invernadero que se produce bajo las carpas. En uno de los grupos está Ana Belén. Ha venido a diario y lo seguirá haciendo durante toda la semana, aunque no cree que acampada Sol haya tenido mucha influencia en las elecciones de ayer. La meta, dice, son las generales del año que viene. Lo importante es que la gente haga “algo útil” con su voto.

Isidoro no ha votado. Siempre ha apostado por los partidos minoritarios pero dice que, con la ley electoral actual, es tirar el voto a la basura. Asegura que “esto no acaba el 22 de mayo” y espera que los ánimos no decaigan. ”Se estará hasta que se saque algo en concreto porque para eso estamos, para cambiar las cosas”.

Raquel y Rocío tienen 19 años. Es la primera vez que pueden votar. Raquel había pensado hacerlo en blanco pero después de haberse informado y haber “reflexionado” en la acampada, ha decidido que su voto irá a un partido minoritario. Rocío no ha votado porque no es de Madrid y se le pasó el plazo para hacerlo por correo. Si hubiese podido hacerlo, su papeleta sería también la de un partido minoritario. Como Isidoro, pide que el 15M no decaiga porque “puede cambiar muchas cosas”.

Margarita lleva desde el 75 trabajando en la sanidad pública española.  Aún le quedan cinco años más. Cinco años, que asegura, aprovechará “hasta la muerte para luchar por la sanidad pública”. Se indigna al pensar que “hay gente que muere por estar en lista de espera“.

Asegura que “lo único bueno” que tenía España, a parte del sol y el turismo, era la sanidad pública que “están masacrando” por eso muchos médicos de la seguridad social están saliendo ahora a la calle. Los médicos siempre “nos hemos dedicado a estudiar y trabajar, nunca hemos sido políticos, no nos da tiempo”, se queja.

Entre elecciones, asambleas y comisiones, las voces de los megáfonos se enredan con los gritos pidiendo abrazos. Esto es acampada sol. Un abrazo, ¿y por qué no?

Exposición Fronteras invisibles de Olmo Calvo y Edu León en la Acampada Sol (Lydia Molina)

Por las tardes las carpas de Sol son espacios de tránsito. Charlas, pegada de carteles, reparto de folletos… El continuo movimiento obliga a las reuniones a trasladarse a las calles aledañas de la plaza. Sentados en el suelo, los miembros de la comisión de inmigración se reúnen para cerrar el manifiesto que llevarán a la asamblea general. Mientras debaten se van parando curiosos. Unos siguen su camino después de unos minutos, otros se quedan a escuchar y alguno incluso participa. Aunque la comisión es de inmigración se ven pocos extranjeros. Camilo está de pie, apoyado en la pared. Es colombiano. Está atento al cruce de opiniones y levanta la mano mientras espera a que el altavoz llegue hasta él. “No podemos olvidarnos de la campaña electoral. Tenemos que mostrar nuestra oposición a la campaña racista y xenófoba que se está haciendo por parte de los partidos políticos. Algunos se han sumado al tópico de que hay que luchar por los derechos de los nacionales y que los de fuera somos de segunda categoría”. Cuando termina su intervención se mueven las manos de quienes le rodean. En las reuniones no se aplaude para que no deje de escucharse al que habla.

El altavoz no deja de dar vueltas de una esquina a otra. Hay quien pide que se hable con los portavoces para que cuando se refieran a la gente que hay en la acampada “no se diga que somos españoles y españolas porque aquí no hay nacionalidades”. Las propuestas que están acordando van desde lo más esencial, como remarcar que todos los seres humanos son iguales independientemente de dónde procedan, hasta medidas más concretas: el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, la condena a la Ley de Extranjería, el fin de la discriminación, la defensa de la libertad de movimiento y el fin de las redadas a inmigrantes. “La gente autóctona se ha acostumbrado a ver las redadas como algo normal”, dice uno de los participantes con acento de algún país africano.

Carpa de la comisión de inmigración (L.M)

Ibraima piensa igual. A él lo hemos encontrado fuera de la asamblea, en la carpa de la comisión de inmigración, junto a quienes recogen firmas contra la Ley de Extranjería, por el cierre de los CIE y reparten fotocopias con indicaciones sobre qué se puede hacer si se presencia una redada a inmigrantes. Ibraima, de Guinea Bissau, dice que las redadas es precisamente uno de los motivos que le trae a la plaza. “Es duro vivir en España con miedo”. No sabe decir cuántas veces le ha parado la Policía pidiéndole los papeles en el año que lleva aquí. Unas han terminado dejándolo ir y otras ha tenido que pasar la noche en el calabozo. “La última vez lo pasé muy mal. Hacía frío pero salí con unos amigos a comprar a la frutería sin abrigo. El policía entró mientras compraba y me llevaron sin dejarme ir a casa. Pasé mucho frío, no pude dormir en toda la noche. Me dieron una manta muy fina que no abrigaba nada”. Ibraima ha venido cuatro días a la acampada de Sol. Dice que no se queda a dormir porque hay demasiada policía en los alrededores y él y los amigos que le acompañan temen que puedan tener problemas. Va cargado con dos garrafas de plástico. “Es bebida de África. Venimos a repartirla gratis para quien quiera”.

Recogen firmas contra la Ley de Extranjería y por el cierre de los CIE

Volvemos a la asamblea para hablar con Paola. Es colombiana y lleva en España “diez largos años”. Dice viene a decir  ”no más”. “Ha llegado el momento de que cada uno deje de quejarse en su casa y salgamos a la calle. Esto afecta a todos los que vivimos en España, hayamos nacido aquí o no“. Nos cuenta que la noticia de la Acampada de Sol acaba de llegar a Colombia. “Ha tardado pero seguro que ahora va tratarse más. Esto es imparable”. Camilo también se alegra de que se esté hablando de ello en su país. Él ha mantenido informada a su familia. “Es muy emocionante ver cómo se prolonga el espíritu de la manifestación del domingo”. Cree que lo más necesario, en lo que se refiere a la inmigración en España, es cambiar el trato hacia el extranjero. “Hay mucha gente tolerante pero todavía hay que cambiar tópicos”. Se queja de que hay que dejar de pensar en el inmigrante como un delincuente y pide a los medios de comunicación más responsabilidad. “Porque hace muchos años se hayan inventado las fronteras que se han puesto al servicio de la economía, y eso ha generado las relaciones que hay hoy en día, no quiere decir que tengamos que diferenciarnos tanto”. El altavoz sigue de mano en mano en la Puerta del Sol.

Asamblea de esta tarde en la acampada (Jessica Romero)

Son las cinco y media de la tarde y las carpas de Sol están abarrotadas. Hay corrillos de gente de todas las edades, ciudadanos que se acercan a preguntar a quienes sentados en el campamento, cada día más equipado, y organizadores de un lado a otro llevando comida, trasladando mantas y preparando de los baños recién instalados que abrirán esta noche.

A las 6 empieza la asamblea. La gente se va sentando. Cincuenta, cien, doscientos, trecientos… miles. La plaza está casi llena. El 15M han vuelto a convocar a todo el que quisiera escuchar para contar las novedades. “Han dicho que somos apolíticos, y eso no es cierto, somos apartidistas”, decía uno de sus portavoces. Estas propuestas principales ha salido de la asamblea de esta mañana y son solo un esquema. Ahora toca debatirlas en cada una de las comisiones creadas durante toda la noche. “Están abiertas y pedimos que todo el que tenga conocimiento sobre los temas se acerque para colaborar”. Se han recogido en los buzones colocados en la plaza y en las asambleas. La dividen en dos ámbitos, institucionales (lo que piden a la clase política) y ciudadanas (organización de la sociedad).

Asamblea en la acampada (J.R)

Entre las propuestas más relevantes a nivel político, están la reforma de la ley electoral, que no haya financiación privada dentro de los partidos políticos, que no haya imputados en las listas electorales, la reforma del Senado, listas abiertas, circunscripción única y escaños proporcionales al número de votos. También más participación en los presupuestos, una ley de responsabilidad política y reformas de las condiciones laborales de la clase política, derogación de la ley de partidos, implantación de la Tasa Tobin, reforma fiscal con aumento del IRPF en función de la riqueza, aumento del salario mínimo o más control de la Banca. Pero hay mucho más.

Javier Couso durante su intervención en la concentración. (L.M)

“Mi querido José: ocho años sin ti pero contigo”. Es parte de la carta que Maribel Permuy leyó ayer a su hijo frente a la embajada de los Estados Unidos de Madrid. Subida en una improvisada plataforma levantada en la acera opuesta del edificio estadounidense con dos grandes altavoces, la madre del cámara asesinado en Irak por los disparos de un carro de combate estadounidense contra un hotel donde se alojaban periodistas, recordó cómo de largos han sido los años que han pasado desde aquel 8 de abril de 2003. “Imposible olvidar cómo sucedieron los acontecimientos en aquella trágica mañana. Primero la radio, los primeros avances de la noticia. Después Telecinco en su programa matinal y aquel gesto sombrío y lleno de tristeza de María Teresa Campos. Finalmente, el teléfono: la terrible noticia de tu muerte. Y después, la inmensa tristeza, la desesperación”. Maribel, acompañada de sus hijos David y Javier Couso, volvió a reivindicar justicia. “Seguimos aquí exigiendo justicia, como entonces. Han cambiado los gobiernos, en EEUU y en España; las caras y las personas. Han cambiado los esloganes. Pero, ¿sabes José? Son los mismos perros con distintos collares”.

David Couso reclamó esa misma justicia. Recordó a su hermano y a todos aquellos que han muerto en Irak desde que comenzó la invasión.”Siento como parte de mi familia al millón de víctimas que ha causado la invasión y a los 400 periodistas que han matado. No tenemos conocimiento de esa cifra porque son árabes. Se llaman Ahmed, Mohamed, Said… Esos parece ser que no cuentan”.

Vídeo de la intervención de David Couso y Maribel Permuy

“Estamos para recordar un crimen de guerra contra personas protegidas, los periodistas. Aquel día, cinco periodistas de diferentes países y medios fueron vilmente asesinados sin que nadie haya pagado por esos crímenes”, aseguró Enrique Santiago, abogado de la familia Couso. “EEUU viola sistemáticamente todos los tratados bilaterales internacionales sin que haya una respuesta, no solo de los diferentes gobiernos españoles, también de las autoridades europeas. Hasta ahora, no ha sido cumplida ni una sola de las peticiones de la Justicia española a las autoridades estadounidenses. Uno solo de estos incumplimientos habría bastando para una denuncia por incumplimiento del Tratado de Asistencia Mutua en Materia Penal firmado con los EEUU, cosa que no ha ocurrido. No sabíamos por qué había ocurrido hasta que conocimos los cables de Wikileaks y supimos cómo la Fiscalía española y altos funcionarios españoles se colegiaron para hacer fracasar esta causa. Si no lo ha hecho ha sido gracias a la familia Couso y a un juez, Santiago Pedraz“.

Vídeo de la intervención de David Couso y Carlos Hernández

“Lo que pasó con José no fue una muerte más de un periodista, fue un crimen de guerra”, dijo Carlos Hernández, periodista que estaba con Couso en el Hotel Palestina. Hernández es uno de los testigos que acompañó al juez Pedraz en su visita a Irak de hace unos meses. “En estos ocho años nos han dicho de todo: que tenía un interés político, que íbamos solo contra el PP… Y no, se ha demostrado que hemos hecho lo mismo con el PSOE. No fue una muerte más“. “No estamos por José , no estamos solo por él, sino por muchísimos más. Estamos porque aquello fue un crimen de guerra premeditado. Lo fue no porque lo diga yo ahora, que era amigo suyo y os suelto un speech (discurso) emocional, sino porque los hechos lo demuestran. El tanque se llevó tres horas viéndonos a todos los que estábamos en el Hotel Palestina. Eran decenas de balcones repletos de periodistas. Pese a eso y a tener marcados los planos con los sitios de los periodistas, apuntaron y dispararon para matar. Fue un crimen de guerra porque lo dice la Convención de Ginebra“.

David Couso durante su intervención en la concentración (L.M)

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Rueda de prensa de ayer en la que participaron los abogados de los saharauis.

El 31 de enero llegó una patera a las costas de Lanzarote, en ella viajaban 16 saharuis que pidieron asilo en España. Según sus testimonios, huían de la represión marroquí y denunciaban torturas y vejaciones por haber participado en Gdeim Izik, el campamento protesta que fue desmantelado por las autoridades marroquíes en noviembre del año pasado. “Hubo gente que defendió el campamento y eso tiene sus consecuencias. Ahora se ven obligados a huir. No hay más que ver lo que cuentan los que han estado en la cárcel después de Gdeim Izik. En las cárceles marroquíes se producen torturas constantes, incomunicación y maltrato”, afirma Cristina Martínez, abogada.

Sin haber sido estudiadas, todas sus solicitudes fueron denegadas por el Gobierno español, al que los letrados de los saharauis acusan de “complicidad” con el Gobierno marroquí. Ante la negativa de Interior, presentaron un recurso en la Audiencia Nacional y los abogados solicitaron también que no se expulsara a ninguno hasta que no se resolvieran sus peticiones, pero la Audiencia no aceptó este último punto. “Los argumentos son tan peregrinos como que no se aportan pruebas de las torturas o secuestros”, dice Ignacio Sáez, abogado. Y pone como ejemplo los informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Fundación Robert F.Kennedy, que denuncian vulneraciones de derechos humanos de la población saharaui. “El Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional necesitan un certificado de tortura, y no ven motivo de alarma ni temor a que la devolución al Aiún pueda suponer un riesgo para los solicitantes”, dice Sáez.

Aunque la Audiencia no se ha pronunciado todavía sobre si España ha de otorgarles o no el estatuto de refugiados, ya han sido expulsados 5 o 6 saharauis, según los abogados. ”No hay datos oficiales. Los han expulsado y no se ha comunicado a los abogados. Nos hemos enterado por sus familias que nos han llamado desde allí para avisarnos de que estaban en comisaría”, asegura Cristina Martínez. Los deportados fueron puestos a disposición de las autoridades al llegar a Marruecos. “Los devolvieron a los mismos a los que han denunciado en España”, afirma Mila Beramendi, también abogada. El miércoles pasado, los que quedaban en Canarias estaban sentados avión a punto de despegar del aeropuerto de Fuerteventura con destino a Marruecos cuando la policía paralizó su expulsión gracias a una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (DDHH) de Estrasburgo, al que habían recurrido sus abogados 24 horas antes, en el que recomendaba a España que no los deportara “durante el tiempo del procedimiento”, dice el documento. Ahora están en Canarias, siendo atendidos por la Cruz Roja pero sin ninguna documentación provisional que le permita estar en España, por lo que “podrían abrirle un expediente de expulsión en cualquier momento si la Policía los para por la calle”, recuerda Beramendi.

No es la primera vez que ocurre. Hace dos meses, el mismo tribunal europeo impidió la deportación de 17 de los 22 saharauis que llegaron a las costas de Fuerteventura el pasado 5 de enero y a los que también se les había denegado la solicitud de asilo (a los otros cinco se les admitió a trámite su caso). Aunque el Gobierno ha actuado dentro de la legalidad, los abogados denuncian que se ha acelerado el protocolo normal de devolución para no darles tiempo a apelar al tribunal europeo. “Sabían que íbamos a recurrir a Tribunal de Estrasburgo como ya hicimos en la primera patera y se han dado prisa para que no tuviésemos tiempo”, aclara la abogada.

Aseguran que el Ministerio del Interior está denegando “sistemáticamente” todas las solicitudes de saharauis. “El Gobierno se niega a estudiarlas en profundidad a pesar de los informes de ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) que recomiendan este estudio”, afirma Ignacio Sáez. Temen además que esta tendencia siga y que se denieguen las solicitudes de los 41 saharauis internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de El Matorral (Fuerteventura), que llegaron hace unos días en una tercera patera y que también piden asilo.

La resolución del Tribunal Europeo de Estrasburgo se ha pronunciado a favor de todos los que iban en la patera, tanto de los que fueron expulsados como los que hoy están esperando en Canarias que se resuelva su situación. “Ahora queremos que el Gobierno español se haga cargo de los que han sido deportados y los vuelva a traer a España“, afirma Mila Beramendi. Y van más allá, “responsabilizamos de lo que pueda sucederles, a los solicitantes de asilo, al Gobierno español y a los jueces españoles ante el riesgo grave e inminente que puede correr la vida e integridad de los saharauis expulsados”, denuncian los abogados.

En la mesa de izquierda a derecha, Pepe Ema de Ferrocarril Clandestino, Papa Yade Asoc. Sin Papeles Madrid, Rossío Rodríguez Lizarazu, Pere Rusiñol del diario Público y Edu León.

Edu León ha tenido una cita esta mañana en los juzgados. El fotoperiodista del periódico Diagonal y Enlatino ha vuelto a ser denunciado por la Policía mientras fotografiaba a varios agentes pidiendo la documentación a inmigrantes en el barrio madrileño de Lavapiés. Éste es el cuarto juicio al que se enfrenta León en menos de un año. De los otros tres ha salido libre de culpa. En el primero fue la propia fiscalía la que no vio delito en su actuación. En el segundo, el juez desestimó la denuncia policial (sólo admitió a trámite la denuncia de León contra los policías) y en el tercero fue absuelto.

En este cuarto juicio ha sido acusado de desobediencia a los policías que identificaban a los inmigrantes en Lavapiés hace dos meses. El fotoperiodista cuenta que, como otras veces, fue a la plaza a tomar fotos de la redada cuando uno de los agentes se le acercó a pedirle la documentación. “Me identifiqué. Me acredité como fotoperiodista pero en el atestado aseguran que les di una tarjeta de visita. Así es como llaman a mi carné de prensa”, asegura. El fotoperiodista afirma, además, que el policía le ordenó que borrara las fotos que había realizado. “Me lo pidió y tuve que hacerlo porque si no lo haces ya sabes que terminas en comisaría y yo tenía que ir a Oviedo”. Una vez mostró al policía que las fotos no estaban en la máquina le pidió su identificación. “Como entiendo que la actuación no es normal, le digo que accedo a borrar las fotos pero que, igual que me ha identificado, quiero que él se identifique con el número de placa. Ahí acabó todo”. Un mes después, asegura León, le llegó una denuncia por desobediencia que le lleva hoy al juzgado. Según el atestado policial, Edu León se negó a mostrar su identificación y a borrar las fotos. “Se han inventado eso y que les insulté para tener motivos para poner esta denuncia. Es un atestado preparado”.

Edu León es zarandeado por la Policía Nacional en una concentración frente al Centro de Internamiento de Extranjeros en Aluche (Madrid). Foto: Santi Carneri

En los encontronazos que ha tenido en los últimos meses con la policía le han confiscado dos tarjetas de memoria, dos cámaras fotográficas, dos lentes y un flash. Una de las cámaras estaba estropeada cuando le fue devuelta y una tarjeta de memoria no llegó a recuperarla. El fotoperiodista asegura que está cansado de tantas trabas en su trabajo. “Me pregunto: si yo como fotoperiodista con mi DNI español, mi carné de prensa y el aval de una red social paso por esto, ¿qué problemas no tendrá la gente a la que retrato que diariamente se enfrenta a la policía en las calles sin estar regulados?”.

A su pregunta responde Rossío Rodríguez, sentada ayer a su lado en la rueda de prensa que dio el fotoperiodista. Esta boliviana pasó 72 horas arrestada por intentar grabar una redada con su móvil. La Policía Nacional le pidió los papeles una noche en una boca de metro mientras salía de trabajar con una compañera. “Ví a los policías y cogí el móvil para grabar”, asegura. “Cuando me pidieron los papeles le dije que por qué estaban haciendo batidas (redadas) si Rubalcaba decía que no. Me dijo que le diera la documentación y que él no tenía que darme explicaciones”.

Según la mujer, el policía le preguntó entonces si le estaba grabando y le intentó arrebatar el móvil. “Intenté hacerlo a un lado para que no me lo quitara, forcejeamos y me dijo que estaba detenida”. Rossío pasó tres días en un calabozo. “En el atestado policial ponía que me habían confundido con una terrorista por tener el teléfono en las manos“. En el juicio, dice Rodríguez, los policías aseguraron que la mujer les había “pateado y pegado” y que no podían reducirla. “¿Cómo voy a hacer yo eso si eran mucho más grandes que yo los dos?”. Todo quedó en una falta leve de 80 euros. Una falta leve que estuvo a punto de costarle el permiso de residencia que le fue denegado al renovarlo y finalmente aprobado tras presentar un recurso. “Solo queremos que se luche por nuestros derechos. Venimos a trabajar y sabemos que las autoridades imponen unas reglas, pero los abusos tienen que acabarse”, pide Rossío.

10 de Enero, 2011. Un inmigrante es detenido por la policía en el interior de un local de juegos en Lavapiés, Madrid, mientras veía un partido de futbol. Tres inmigrantes fueron detenidos por carecer de documentos en regla. (AP Photo/Edu Leon)

Como ella, hay otros casos de ciudadanos que han sido denunciados y llevados a juicio por intentar grabar redadas a inmigrantes, de las que ya hemos hablado en periodismohumano. Una realidad que el Ministerio del Interior niega asegurando que están “prohibidas por la Constitución“. “Hemos hablado con responsables políticos que, a la vez que nosotros constatamos que diariamente hay redadas, nos dicen literalmente en la misma reunión que esas redadas no existen y que tenemos que confiar en las instituciones. Es kafkiano que te digan que, aquello que tú vives diariamente, no existe”, afirma Pepe Ema de Ferrocarril Clandestino.

A Edu León le llegan las muestras de apoyo de organizaciones, colectivos de inmigrantes y compañeros de profesión que ya han denunciado “abusos policiales” en otras ocasiones. Pere Rusiñol, director adjunto de Público, afirma que “no es casualidad que la policía persiga a Edu y a otros fotógrafos”, y entona el mea culpa asegurando que los grandes medios no prestan la atención a las redadas que merecen. “Si no hay nada nuevo no es noticia y las redadas son tan habituales que en los medios tradicionales cuesta que haya un hueco para ellas a pesar de que claman al cielo. Cada vez son más los abusos a inmigrantes y al mismo tiempo mayor la dificultad para registrarlos”.

>>>> Otras noticias sobre Edu León, aquí.

Concentración del pasado sábado en Ceuta

“Era un periodista italiano que está haciendo un documental sobre nosotros”, dice Gurpreet Singh a modo de disculpa mientras cuelga el móvil y vuelve a sentarse para retomar la conversación. Ese ‘nosotros’ al que se refiere son los indios de Ceuta, como los conocen todos. Gurpreet, al que llaman Babú, está ahora en Madrid pero pasó más de cuatro años en la ciudad autónoma, dos de ellos viviendo en un campamento construido en un monte. Allí lo conocimos en septiembre de 2009. Babú y 53 compatriotas decidieron abandonar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes por miedo a ser deportados a su país. La mayoría llevaba entre tres y cuatro años en Ceuta, sin poder cruzar a la península y sin acabar el viaje, que había comenzado en la India tiempo atrás, plagado de extorsiones de las mafias, detenciones, cárceles y expulsiones. “Ceuta no es España”, decían aquellos días. Hoy sigue siendo “una dulce cárcel” para el grupo de 20 indios que lleva más de cuatro años en la ciudad autónoma.

Desde que comenzaron sus movilizaciones han tenido el apoyo no solo de los ceutíes, también de organizaciones de la península e incluso de otros países. Algunos miembros de estas asociaciones han ejercido de portavoces ante el Ministerio del Interior, “quien les prometió que irían saliendo poco a poco con documentación hacia la península para que pudiesen llevar una vida normal en España”, asegura Raquel García de la Asociación Elín. En diciembre de 2009 comenzaron los traslados. Primero se llevaron a diez al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, donde pasaron 38 días antes de ser puestos en libertad sin papeles. En Febrero de 2010 salió un segundo grupo, en el que iba Babú, que pasó 58 días internado en el CIE de Algeciras. Poco después trasladaron a un tercer grupo al CIE de Madrid que también quedo libre después de 30 días. En total, 34 fueron enviados a la península y 20 vieron cómo volvían a cerrarse las puertas del Estrecho de Gibraltar.

Algunos de los inmigrantes indios que acudieron el sábado pasado a la manifestación

Desde un banco del parque madrileño donde hablamos con Babú llamamos a Rocky, uno de los que todavía continúa en Ceuta, donde lleva más de cuatro años. Cuando faltaban un par de meses para que él y sus 19 compañeros cumplieran los tres años acampados en el monte decidieron volver al CETI. Aseguran que les ofrecieron la posibilidad de ser trasladados a la península entre los llamados cupos de vulnerabilidad, formados por mujeres embarazadas, familias e inmigrantes que lleven más de tres años en la ciudad autónoma. ”Volvimos porque estamos muy cansados y necesitamos una solución pero nos sentimos engañados por el Gobierno de España. Hemos visto cómo han sacado poco a poco a nuestros compañeros y cómo siguen sacando a gente de otros países pero a nosotros nos dejan aquí”, dice Rocky en un perfecto español.

Después de un mes en el CETI sin tener más noticias comenzaron las visitas del personal de la embajada de india y al mismo tiempo sus temores de que, como ya ha ocurrido otras veces, las entrevistas con los representantes indios acaben en su deportación. ”Nosotros ya no nos fiamos de nadie”. El miércoles tuvieron el último encuentro. “La gente de la embajada nos dice que vienen para arreglar los pasaportes pero ahora mismo no es los pasaportes lo que queremos. Lo que queremos es salir de Ceuta. ¿Qué pasa si nos identifican y nos deportan? Llevamos cuatro años en España”. El hastío se mezcla con la desesperación. Sienten el apoyo de la gente pero ese respaldo no se traduce en un cambio en la postura del Ministerio del Interior. “Necesitamos que el Gobierno cumpla sus promesas. No sé qué más te puedo contar. Todo sigue igual”, afirma Rocky. ‘Todo igual’ quiere decir que sigue dedicando las 24 horas a pensar en su futuro, reconoce Babú. “Cuando estás allí no hay descanso. Todo el día tienes en la cabeza un pensamiento: ¿Cuándo voy a salir? No tengo trabajo, no tengo dinero. Y no hay respuesta ni esperanza”, asegura.

Babú (Lydia Molina)

Rocky y él hablan a menudo. Babú dice que siente que una parte de él sigue allí, con ellos. Entre otras cosas porque, ahora que ha conseguido alcanzar la idolatrada península, es consciente de que las diferencias entre estar a un lado o a otro del Estrecho no son tantas: sigue sin papeles y sin trabajo. “Puedo moverme, y eso está bien porque es lo que quería, pero llevo cinco años aquí y todavía no puedo trabajar”. Lo más duro es que su familia no pueda entender todas las trabas con las que se ha ido encontrando. “Mientras estaba en Ceuta siempre les decía que saldría la semana que viene, y cuando pasaba la semana les decía que a la siguiente. Así todo el tiempo. Cuando por fin salí, mi padre no se lo creyó y tuve que pasarle a un amigo el teléfono para que me creyese”.

Ahora cuesta explicar el porqué estando en Madrid no puede devolver a su familia el dinero que invirtió en mandarlo a Europa. Y no es el único, entre los 54 inmigrantes se esconden las historias de padres a los que sus hijos no reconocerían porque se despidieron de ellos siendo demasiado pequeños, de quienes arrastran el peso de las familias que vendieron todas sus propiedades para costear sus viajes y quienes pidieron créditos que no pueden pagar mientras la deuda sigue creciendo. ¿Cómo explican a los suyos que, a pesar de que llevan cinco años en España, todavía no tienen documentación? En Ceuta y Melilla, los inmigrantes no pueden empadronarse a diferencia de lo que ocurre en el resto de España. Llevar tres años inscrito en el padrón es, junto al contrato de trabajo, uno de los requisitos necesarios para obtener los papeles. En el caso de los que siguen en Ceuta, las organizaciones les han conseguido a algunos de ellos contratos en hipermercados y otros comercios, pero al no poder empadronarse no hay regularización.

De la India al limbo de Ceuta. Vídeo que publicamos en septiembre de 2009

La asociación Elín ha puesto en marcha “Promesas incumplidas: paremos la deportación de los 20 indios de Ceuta”, una campaña de recogida de firmas en Actuable.es para pedir la suspensión de las órdenes de expulsión y el traslado a la península de los que aún están en la ciudad autónoma. Además, mañana sábado 12 de febrero, ha convocado una concentración en Madrid.

>>> Actualización:

Alrededor de doscientas personas se concentraron el sábado en Madrid para reclamar el traslado a la península de los veinte inmigrantes indios. Desde la plaza de Lavapiés conectaron vía skype con Rocky y el resto de sus compatriotas quienes, una vez más, pidieron al Gobierno que cumpla sus promesas.

Concentración del 12 de febrero en la plaza de Lavapiés. Madrid

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En el laberinto del Estrecho (3) De la India al limbo de Ceuta

Frutería La Merced (Lydia Molina)

A las diez de la mañana todavía no ha comenzado la vida en el barrio y los clientes llegan con cuentagotas. Mientras Seydina Mane revisa los caquis, María Jesús y Mamadou guardan las cajas llenas de fruta que llegaron hace un rato en el reparto. En los veinte metros cuadrados en los que se están moviendo están conviviendo cuatro nacionalidades diferentes: española, mauritana, senegalesa y guineana.”Esto es la ONU”, asegura sonriendo María Jesús, la jefa de tienda.

La frutería es una iniciativa sociolaboral que ofrece trabajo a jóvenes en riesgo de exclusión social. Detrás del proyecto está la fundación La Merced Migraciones que lleva veincinco años atendiendo a inmigrantes en Madrid con pisos para menores que llegan solos a España y cursos de formación. “Nos dimos cuenta de que el empleo es un caballo de batalla difícil de integrar en los procesos que se llevan con los chicos”, asegura Alejandro Bernal, gerente de Puentes para la Ilusión, la empresa de inserción que ha puesto en marcha la frutería. De ahí sacaron idea de crear la empresa, un comercio como cualquiera de los que encontramos en nuestro barrio pero con una diferencia: “aquí no hay ánimo de lucro”, dice María Jesús. En La Merced cada empleado tiene su sueldo y los beneficios los invierten en la creación de más empleo. “El cien por cien de los beneficios van para ellos y para mantener las estructuras de inserción. Es un pequeño comercio que posibilita la contratación de seis personas, cuatro de ellas en riesgo de exclusión social. Eso, en un tiempo de crisis como el que vivimos, es muy importante”, cuenta Bernal.

Maria Jesús y Seydina

Seydina Mane es senegalés. Ha sido uno de los afortunados que ha conseguido ese ansiado contrato que le ayudará a renovar sus papeles en el mes de marzo. Salió hace dos meses de un piso tutelado de la fundación donde ha pasado los últimos dos años y hace tres meses se le acabó el trabajo de reponedor en una farmacia con el que consiguió su regularización. Cuando la incertidumbre empezaba a nublar el 2011 le llamaron para decirle que uno de los jóvenes que iba a trabajar en la frutería había encontrado otro trabajo y que él podía sustituirle. “Respondí que sí, claro. Esto me ha dado mucha tranquilidad”. Lleva años recibiendo talleres pero ninguno de sobre esta materia. “La única vez que trabajé con fruta fue recogiendo naranjas en el campo de Tarragona, cuando no tenía papeles”, asegura el joven de 21 años.

Para entrar ha recibido un curso de manipulación de alimentos y está realizando, junto a sus compañeros, otro específico sobre frutas y verduras. Antes de empezar lo que más le preocupaba era el trato con la clientela. “Nunca he trabajado de cara al público. Antes de abrir hacíamos simulaciones para costumbrarnos a las situaciones que podrían darse y, aunque lo hacíamos con gente que conocíamos, yo me ponía muy nervioso. Ya lo tengo casi superado”, dice con media sonrisa.

Sabe que esto no es definitivo porque la frutería es todavía el paso previo a la total inserción en el mercado laboral. Aquí los contratos duran entre seis meses y dos años. “El objetivo de la empresa de inserción es formar a las personas para que en este tránsito salgan mejor preparadas para insertarse en el mercado laboral”, asegura Alejandro Bernal, el gerente. Una vez concluido ese tiempo y aprendido el oficio tienen que dejar el puesto a otra persona.

Mamadou

No se trata sólo de acceder un empleo. Mientras trabajan están matriculados en el centro de educación de personas adultas, reciben cursos de formación y acompañamiento social de un técnico de la fundación y de los servicios sociales de Madrid. Además, cuentan con el apoyo de María Jesús, una profesional con experiencia que supervisa su trabajo y les enseña las habilidades que necesitan en el día a día para este negocio. Ella también ha salido del bache gracias a la frutería. Estuvo en paro casi todo el año 2010. “Esto ha sido agua de mayo. Sobre todo por haber tenido la suerte de entrar en un proyecto social donde sabes que la consecuencia de tu trabajo es que otras personas también puedan trabajar“, asegura María Jesús.

Mamadou es el encargado de llevar los repartos a domicilio por las mañanas porque es el único de este turno que tiene carné de conducir. Él también pasó por los pisos tutelados. Estuvo tres años, desde que llegó de Guinea Conakry en 2003 hasta 2006. Siempre ha estado vinculado a la fundación recibiendo cursos que le han ayudado a encontrar trabajos eventuales en los años que lleva en España. Cuando la frutería empezó a funcionar hace dos meses llevaba un año en paro. “Estar un año sin trabajar es muy complicado para cualquier persona, inmigrante o español. Aquí las familias tienen que mantenerse y yo tengo que mantener a mi familia que está allí. Hay que mandar dinero y mantenerte tú en el piso, pagando luz, comida… Ha sido una temporada muy complicada”, asegura Mamadou. Ahora, ilusionado, confía en que este trabajo le ayude a conseguir la estabilidad que lleva buscando desde que llegó hace siete años a España.

Pepe Alfonso en los Juzgados de Plaza Castilla, ayer. (David Fernández)

Pepe Alfonso es fotógrafo del diario ABC. Ayer, fue absuelto después de que dos policías lo denunciaran por haberles fotografiado durante una operación policial que hubo a finales de octubre en El Gallinero, un poblado de chabolas de Madrid.

Los policías, que lo acusaron de una falta contra el orden público, alegaron que tuvieron que identificar a Alfonso porque estaba tomando fotografías de sus rostros. “Localizamos a un señor que tenía una cámara fotográfica estaba fotografiando todo. El objetivo lo estaba fijando hacia nosotros. Le requerimos que no nos hiciera fotografías“. Los agentes aseguran que, cuando le pidieron la documentación, el fotógrafo les amenazó con publicar las fotos con sus caras en el periódico. “Le dijo a mi compañero que las fotografías iban a salir en la portada del periódico al día siguiente”, aseguró ayer en el juicio el jefe del operativo policial.

La versión del fotógrafo dista de la de los agentes. Según Alfonso, los policías le pidieron la documentación “como tantas otras veces”, él se la dio y continuó trabajando. Cuando ya estaba acabando el operativo, “un policía me increpó diciendo que qué iba a hacer con las fotos, que dónde las iba a colgar y que a ver si las iba a subir a internet. Yo le dije que las iba a mandar al periódico y que ellos decidirían”. Asegura que no amenazó a ningún agente con sacar sus caras en la portada del ABC.  “No lo hice. Es más, yo no tengo poder para decidir si las fotos salen o no. Eso lo hacen en el periódico”, respondió a una pregunta de la jueza. Alfonso dice que es muy común que la policía le pida la documentación cuando está realizando su trabajo. “Me han identificado muchas veces antes y después de aquel día. De hecho, yo no sabía ni que me habían denunciado. Un día cuando estaba en casa me notificaron la denuncia los municipales pero yo no sabía a lo que se estaban refiriendo, tuve que revisar las fotos para saber qué día había sido”, asegura el fotógrafo. Niega que mantuviese una actitud “chulesca” como dijo uno de los policías. “Para mí es como un control de seguridad que te hacen en un edificio. Lo hago sin más, y sigo con mi trabajo. Igual que ese día”. Dice que cuando más problemas encuentra es cuando trabaja solo. “Cuando somos muchos es más fácil, pero cuando estás tú solo tienes muchas más probabilidades de que te pasen estas cosas“. No es la primera vez que un fotógrafo acude a los juzgados por una denuncia policial. Edu León, del periódico Diagonal, ha sido denunciado en tres ocasiones mientras fotografiaba redadas a inmigrantes. Y muchos otros fotógrafos han denunciado en más de una ocasión “abusos policiales”. Ayer, después de escuchar los testimonios de los policías y del fotógrafo, la fiscal pidió la absolución de Pepe Alfonso. Rechazó que se hubiese cometido un delito y lo calificó como un “malentendido” entre los agentes y el fotógrafo. Alfonso salió de la sala absuelto.

Concentración frente a las puertas del CIE de Aluche. 28 de noviembre de 2010. (Olmo Calvo/ Flickr)

En la sala de visitas del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid, hay mamparas de cristal en cada una de las mesas en las que se sientan los internos con sus familiares. Al llegar las visitas, los cristales bajan para que puedan saludarse. Después, vuelven a subir y las conversaciones se desarrollan a través de un teléfono. Las organizaciones sociales han denunciado, en muchas ocasiones, el “régimen carcelario” en el que viven los inmigrantes, personas que son recluidas en los CIE antes de ser deportados por no tener papeles pero que no han cometido ningún delito.

Por primera vez, la Justicia les da la razón. Un juez de Madrid, encargado del control del CIE de Aluche, ha exigido mediante un auto judicial a la dirección del centro que la comunicación entre los internos y los familiares o miembros de las ONG sea directa” y no mediante el uso de aparatos tipo telefónicos”. El magistrado reconoce que con el sistema actual, “se somete a una especie de régimen generalizado de sospecha al visitante y al interno, como si la visita fuera un hecho susceptible de peligrosidad”. Además, recuerda que estas visitas son siempre controladas por policías y los familiares y los miembros de las ONG son escrupulosamente registrados en la entrada. “Los CIE no tienen, ni pueden tener, carácter o régimen penitenciario“, dice.

Uno de los principales puntos que recoge este escrito es el que se refiere a las visitas de las ONG. Hasta ahora, los miembros de las organizaciones que asesoran los inmigrantes han tenido que realizar las visitas en las mismas horas que lo hacían los familiares, por las tardes, pudiendo reunirse únicamente con un interno cada día y guardando las interminables colas que se forman diariamente a las puertas del CIE. Con este sistema, “se dificulta, y en muchos casos imposibilita, la efectividad del derecho de los internos a ser visitados por miembros o asistentes de ONG”. Un derecho que ya les reconoce la ley de Extranjería, aprobada en diciembre de 2009, pero que no se cumple porque todavía no se ha elaborado el reglamento de los CIE, que regulará su funcionamiento y que debería haber estado listo antes de julio de 2010. El juez pide a la dirección del CIE que, de aquí en adelante, les otorgue un régimen de visitas como el de los abogados. “Que (las ONG) puedan visitar y comunicar con los internos tanto en horario de mañanas como en horario de tardes“ y que las visitas no duren 20 minutos sino el tiempo que necesiten. Para organizaciones como Sos Racismo Madrid, Ferrocarril Clandestino y Pueblos Unidos, que llevan meses reclamando eso, es un “paso adelante” y esperan que “se extienda a todos los CIE de España”.

La situación que viven en Madrid es parecida a la de otros CIE de España, en los que tampoco tienen permiso para entrar las organizaciones, como el CIE de Zapadores, en Valencia. Allí las visitas se realizan a través de una mampara de cristal con unos cuantos agujeros a los que tienen que acercarse para hablar los internos y sus familiares. “Hay cinco cabinas donde se escucha perfectamente lo que hablan los de al lado. No hay ningún tipo de privacidad y no les permiten mantener ningún tipo de contacto con quien les visita. Contacto cero, los tratan peor que si estuvieran en una cárcel”, cuenta Xavier Torregrosa de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros.

CIE de Aluche (Olmo Calvo/ Flickr)

Nueve letrados del Colegio de Abogados de Valencia y la Campaña por el cierre de los CIE, una red con más de 20 organizaciones y ONG que asesoran a inmigrantes como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Médicos del Mundo, Valencia Acoge o Sos Racismo, han presentado en el juzgado encargado de controlar el CIE una denuncia elaborada con los testimonios de más sesenta de internos que se encuentran actualmente en el centro e inmigrantes que han pasado por Zapadores y ahora están en libertad. Hablan de palizas, malos tratos y castigos colectivos indiscriminados. Es la primera denuncia de este tipo que los internos del CIE se atreven a llevar ante la justicia. El juzgado ya la ha admitido y ha abierto una investigación. Ha pedido las grabaciones de las cámaras de vigilancia del CIE de Zapadores y ha exigido los partes médicos que haya sobre de lesiones de las víctimas. Más adelante, víctimas y testigos serán llamados a declarar.

“Los reclusos ya no tienen miedo ni nada que perder, saben que van a ser expulsados de todos modos”, asegura Torregrosa. La Campaña por el Cierre de los CIE asegura que “varios reclusos han sido víctimas de golpes, patadas y palizas, bien con previa provocación por parte de agentes de policía (que nunca llevan la debida identificación), bien como castigo colectivo ante actitudes de protesta de los reclusos. El uso de las celdas de castigo es indiscriminado, las heridas provocadas por el mal trato no reciben tratamiento médico y se siguen detectando deficiencias en la defensa jurídica de los presos, entre otras irregularidades graves”, dice el comunicado de la red de asociaciones.

“La celda de castigo se usa de forma indiscriminada y sin orden judicial, a veces horas o días enteros  y no queda registrado en ningún sitio”, afirma Salva Lacruz de CEAR Valencia y miembro de la Campaña. Entre los casos que recoge la denuncia está el de un joven argelino que fue recluido en una celda de castigo, “recibió golpes por parte de uno de los policías que custodian a los internos, sin que mediara ninguna provocación por su parte, el día 30 de noviembre de 2010″, asegura la denuncia entregada en el Juzgado. El documento dice que ese mismo joven volvió a ser golpeado “por parte de varios policías del centro, que entraron en su dormitorio y le arrojaron al suelo, dándole patadas, llegando incluso a perder el conocimiento en una ocasión, siendo testigos de los hechos sus compañeros de celda”.

A principios de diciembre, los internos se pusieron en huelga de hambre “para protestar por las condiciones del internamiento en cuanto a la comida e instalaciones y la situación personal y familiar de algunos internos”. Según la denuncia, de madrugada, llegaron Unidades de Intervención Policial (antidisturbios) que obligaron a los internos “a bajar con los brazos en alto al patio, bajo la lluvia, donde permanecieron durante aproximadamente una hora y media, y golpeados algunos de ellos cuando no podían mantenerlos en alto“.

Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros

Otro de los hechos se refiere a la tarde noche de Nochebuena. Ese día, uno de los internos fue llevado a la sala de castigo y ante la protesta del resto de los internos por trasladarlo al calabozo en “una fecha tan señalada” llegaron los miembros de las Unidades de Intervención Policial, recoge el documento. “Irrumpieron en el centro después de un altercado resultante de una protesta de los internos como respuesta al trato que uno de ellos estaba recibiendo por varios agentes del CIE cuando insistió en quedarse en una zona donde no le molestara el humo del tabaco”. Hubo dos heridos, un boliviano y un colombiano.”Después de quedar encerrados en las celdas, fueron trasladados en coches patrulla distintos a un hospital cercano donde fueron examinados por el personal medico y sanitario. Estos internos referidos han sido expulsados sin posibilidad de poner en conocimiento estos hechos en su propio nombre”. Además, asegura la denuncia, los internos son encerrados en las celdas colectivas a las 23:30 hasta las 8:30 “de manera que los 6 internos de cada celda se ven obligados a miccionar en botellas o en el único lavabo que tienen para lavarse las manos o la cara”.

El escrito, que está también en manos de la Defensora del Pueblo y del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (El Defensor del Pueblo de Valencia), puede consultarse aquí (pdf). La Campaña por el Cierre de los CIE ha convocado una concentración el viernes 21 de enero a las 19:30 frente a la Delegación del Gobierno en Valencia.