Ciberpatriotas ganadores del concurso en 2009. Pertenecen al instituto de Clearfield, en Utah. Foto: USCyberpatriots.org

Un estudiante de 17 años con aspiraciones de convertirse en mecánico. En su futuro se cruza un concurso para encontrar almas americanas dispuestas a defender la seguridad nacional desde la pantalla de un ordenador. El estudiante se convierte en el líder del mejor equipo de “ciberpatriotas” en Estados Unidos, superando a más de 180 equipos con el mismo sueño. Desde una pequeña localidad en Utah acaba compaginando su carrera universitaria con unas prácticas profesionales en una multinacional de seguridad informática, vigilancia y espionaje que comparte contratos con el Ejército estadounidense.

“La mayoría de estos chavales están expuestos prácticamente todo el día a la tecnología, tienen perfiles en redes sociales, compran a través de Internet, pero no saben apenas nada de seguridad ni de cómo defenderse en la red“, asegura Diane Miller, directora de Ciberpatriotas, un programa patrocinado por la multinacional Northrop Grumman.

Ciberpatriotas fue creado hace tres años por la Asociación de las Fuerzas Aéreas, una organización no gubernamental que, desde el ámbito civil, se encarga de difundir información sobre el poder aeroespacial y su importancia en la defensa de Estados Unidos. Su único vínculo con el ejército consiste en la promoción de becas para estudiantes que quieran alistarse.

El programa piloto buscaba completar la preparación de los soldados junior de las fuerzas aéreas, jóvenes en los primeros años de adiestramiento, para involucrarles en nociones de ciberseguridad. El atractivo del concurso hizo que escapara de sus manos. El primer año sólo compitieron soldados de las fuerzas aéreas -en EEUU te puedes alistar a los 17 años en el ejército, mientras terminas el último año de instituto-, pero pronto llamó la atención de colegios en todo el país.

“Empezó como un concepto muy simple y en sólo tres ediciones su popularidad ha explotado”, comenta Miller. En la primera edición sólo se presentaron ocho equipos de Orlando, en Florida, y todos los participantes pertenecían ya a las fuerzas armadas. Al año siguiente había 180 candidatos de institutos de todo el país y tuvieron que crear rondas eliminatorias para poder celebrar una final a seis. En la edición de 2011 el concurso ya era internacional, con la participación de escolares de Japón y Corea del Sur.

Todos los participantes son estudiantes de entre 14 y 18 años que aprenden sobre seguridad informática como una actividad extra escolar. Sanford Schiltt, vicepresidente del Consejo de Educación de la Asociación de Fuerzas Aéreas, destacó de la compañía Northorn Grumman que “su capacidad única para apoyar esfuerzos para entrenar y orientar a los equipos [de escolares] ayuda a llevar experiencias de la vida real hasta las aulas“. Para Douglas Reeves, profesor de ingeniería informática en la Universidad de Carolina del Norte, la temática del concurso y la edad a la que participan los estudiantes deberían despertar cierta preocupación.

“Si quieres acercarte a los jóvenes en un momento en el que estén abiertos a sugerencias, tienes que hacerlo a esa edad. Pero el contenido de Ciberpatriotas tiene muchas complicaciones éticas y un estudiante de 14 años puede no entenderlo completamente. El riesgo está en utilizar lo que aprenden para atacar a otros”, comenta Reeves.

Miller reconoce que muchos de los participantes apenas han oído hablar del concepto de ciberguerra y mucho menos de ciberseguridad, antes de registrarse en el programa.

“Todos estamos conectados a teléfonos y ordenadores, dependemos de la tecnología, pero apenas hay conocimiento de los sistemas de seguridad que esto requiere, de todo lo que hace falta para proteger nuestra información”, dice Miller. Al parecer, una de las soluciones sería implicar los cerebros de miles de estudiantes en el futuro de la ciberdefensa norteamericana.

Cada uno de los equipos recibe un mensaje al comienzo del concurso: el personal técnico de una empresa acaba de ser despedido; están encargados de mantener la conexión a Internet, asegurarse de que todos los empleados tienen correo electrónico y proteger también todos los datos y conexiones de seguridad. A partir de aquí, el programa mitad concurso mitad lección de informática aderezada con una dosis de suspense, cautiva cada año a más adolescentes. Sus ordenadores reciben ataques informáticos, fallos de conexión, problemas en el sistema operativo de los ordenadores y hasta virus. Durante la final, el único momento en el que los equipos rivales se ven las caras, un grupo de hackers, -el equipo “rojo”, escondido también detrás de una cortina roja- lanza ataques informáticos a los servidores que controlan los chavales. No sólo deben cumplir con la misión de defender el sistema, también tienen que superarlos y protegerse para la próxima incidencia.

Bernie Skoch, comisario del concurso, destaca la competitividad de los adolescentes para engancharles en programas como éste. “A los jóvenes les atrae la competición. Reciben muchas instrucciones en el aula, a veces les interesa y a veces no, pero en general, si les pones en un ambiente de competición, les interesa porque quieren ganar. Y si al mismo tiempo conseguimos que aprendan, entonces es beneficioso para todos”.

La empresa de seguridad global Northrop Grumman desarrolla desde programas educativos hasta aviones no tripulados para recabar datos de inteligencia. Está valorada en 8.400 millones de dólares, tiene más de 24.000 empleados y oficinas en 18 países. Hace unos días consiguió un nuevo contrato con las Fuerzas Aéreas estadounidenses: por 372 millones de dólares creará una antena satélite para el bombardero B-2, para que pueda recibir y enviar información del campo de batalla 100 veces más rápido que en la actualidad.

Grumman nunca dudó en patrocinar el programa de forma exclusiva. Quieren impulsar el concurso anual tan lejos como haga falta. La compañía dice haber encontrado una fuente de recursos humanos que responde a la creciente demanda de profesionales informáticos. Desde 2009 ha contratado a varios de los estudiantes mientras les ayuda a financiar su carrera universitaria.

“Esperamos que todos y cada uno de ellos hayan logrado apreciar los desafíos que supone la seguridad en el ámbito de internet y que quieran desarrollar una carrera profesional en ciberdefensa”, comentó Linda Mills, vice presidenta de Northrop Grumman, al término de la final el mes pasado. Cada uno de los ganadores recibe 2000 dólares para su matrícula universitaria. No es suficiente para pagarla al completo, pero el aliciente más importante para los estudiantes podría ser desde convertir una afición en una carrera profesional, hasta lograr un empleo con el que antes ni siquiera sabían que podían soñar.

Técnicas de reclutamiento controvertidas

Sin embargo, iniciativas similares llevadas a cabo por el ejército estadounidense no han disfrutado de tanto éxito como Ciberpatriotas. En 2008, decidieron  instalar una sede de reclutamiento en un centro comercial de Philadelphia. Tenía un presupuesto de 12 millones de dólares, contaba con simuladores de vuelo, una réplica de un helicóptero militar y decenas de ordenadores jugar a la guerra.  Las intenciones estaban camufladas a modo de salón de videojuegos especializados, eso sí, en operaciones militares. Pasaron por allí decenas de miles de adolescentes y sólo reclutaron dos centenares, pero la presencia del ejército en un lugar de ocio despertó una ola de protestas que terminó cerrando el local. Aún así el ejército consideró que la iniciativa fue “un éxito” según declaró entonces una portavoz a la agencia Associated Press.

“La mayor preocupación para los estudiantes y sus familias debería ser la interacción con miembros del Ejército. Si el concurso está patrocinado por una empresa y el dinero sólo sirve para financiar el concurso, entonces no es tan grave”, admite Reeves. Pero Estados Unidos acaba de vivir precisamente un episodio importante en cuanto a los límites que debería tener el Ejército a la hora de reclutar en recintos educativos. La ahora juez del Tribunal Supremo Elena Kagan, fue acusada de impedir el reclutamiento de nuevos soldados mientras ocupó el puesto de Decana de la Escuela de Derecho de Harvard, alegando que la normativa conocida como “Don’t Ask, Don’t Tell” -que impide a los soldados compartir abiertamente su homosexualidad- era discriminatoria.

En 2008, la Unión Americana por las Libertades Civiles, ACLU, publicó un informe en el que acusaba a Estados Unidos de violar las leyes internacionales por intentar reclutar estudiantes tan pronto como con 14 años de edad. Según un estudio realizado el colegios públicos de Nueva York, el 20 por ciento de los escolares afirmaron que miembros del Ejército habían utilizado el horario escolar para reclutarles. “Las herramientas elaboradas por el Ejército para atraer a menores de 18 años, incluídos videojuegos creados por el Pentágono, entrenamientos militares y bases de datos con información de los estudiantes no deberían tener lugar en las escuelas”, declaró entonces la responsable de Derechos Humanos de ACLU.

Según Miller, no hay sospechas de que las fuerzas armadas quieran utilizar el programa como un sistema de reclutamiento desde dentro de las escuelas: “El concurso está abierto a cualquier estudiante. Nuestro objetivo es responder a la demanda de profesionales en este ámbito y ampliar las posibilidades de los menores, no insistimos en que deban acceder al Ejército“. La compañía alega además que los distritos escolares que participan en el programa han visto aumentar en estos tres años la cantidad de estudiantes que acceden a la universidad y que además estudian carreras relacionadas con la informática, uno de los desafíos actuales para Estados Unidos.

Alta demanda de profesionales

“Estados Unidos no produce suficientes profesionales al año para satisfacer la demanda actual en este ámbito. Todo el mundo está preocupado, desde el Departamento de Educación hasta las universidades o la industria”. Según Reeves, el gobierno estadounidense podría contratar a todos los estudiantes de ingeniería informática que se gradúen en los próximos cinco años y aún así no sería suficiente. “Hay una sensación de urgencia, como si nunca vaya a ser suficiente porque la demanda no para de crecer, pero también estamos preocupados por los riesgos”.

En 2007, un informe de la Universidad de Boston encontró que el 60 por ciento de los empresarios declaran que el mayor desafío a la hora de contratar a profesionales estadounidenses era que estuvieran cualificados adecuadamente para el puesto. Dos años después, la organización Manpower declaró las vacantes de ingenieros como los más difíciles de ocupar desde el punto de vista de las empresas.

Y mientras que las universidades de Estados Unidos constituyen un sueño para millones de estudiantes de todo el mundo, la mayoría de los que logran acceder a sus aulas termina regresando a su país. Líderes empresariales como Bill Gates, Rupert Murdoch o Michael Bloomberg -también alcalde de Nueva York- alertan desde hace años que esa “fuga de cerebros” le va a salir cara a Estados Unidos. “Estamos formando a la competencia”, ha lamentado el presidente estadounidense Barack Obama en más de una ocasión.

Pero como reconoce Miller, quizás el mayor reto sea que ni siquiera los mismos estudiantes saben que hay ámbitos profesionales donde no dejan de abrirse vacantes. “Hay miles de puestos de trabajo que requieren profesionales en ciberseguridad, pero la mayoría nos dicen que nunca antes habían oído hablar de este concepto”. Tampoco lo habían hecho sus padres ni muchos de sus profesores: el concurso para encontrar ciberpatriotas americanos viene con una guía para padres y profesores temerosos de que los menores se conviertan en hackers.

De los malos, claro.

La plataforma Ushahidi en su primera versión, durante las elecciones en Kenia

Desde Kenia hasta Haití, Pakistán y el Golfo de México. La crisis política después de unas elecciones, un terremoto en el país más pobre de América y el vertido causado por un accidente en una plataforma petrolífera frente a Nueva Orleans. Tres situaciones en las que un programa creado en Kenia ha servido de solución a la falta de información y recursos con los que responder a un desastre.

“Si funciona en África, funciona en cualquier parte”, explica Henry Addo, programador de Usahidi. Esta plataforma para recabar información desde blogs, páginas web, mensajes de texto o enviados a Twitter, y que permite combinar todos los datos en forma de mapas y distribuir la información después, fue creada en Kenia durante la crisis que se desarrolló después de las últimas elecciones en 2008.

“Usahidi significa testimonio en swahili, es precisamente lo que faltaba en Kenia en ese momento, testimonios de lo que estaba pasando en el terreno”. La reducida presencia de periodistas extranjeros y las dificultades de los reporteros locales para informar sobre la violencia que surgió en las calles Nairobi hizo que los creadores de Usahidi pensaran en la red. En internet y en la posibilidad de crear mapas colectivos. El resultado es una herramienta que a las pocas horas del terremoto de Haití y gracias a las aportaciones de decenas de  voluntarios en todo el mundo, permitía saber cuáles eran los barrios más afectados, dónde quedaban víctimas heridas enterradas bajo los escombros o cuáles eran los hospitales de campaña y qué recursos necesitaban.

Ushahidi ha sido utilizado en países de todo el mundo. En España ha servido para situar en un mapa las fosas del franquismo, en Rusia permitió rastrear la evolución de los incendios el verano pasado, y en Los Ángeles, California, distribuye información sobre rutas seguras para ciclistas. De vuelta en África, Ushahidi sirve ahora para que los cuidadanos del barrio marginal de Kedira, en Nairobi, informen de incidentes, problemas y también soluciones dentro del vecindario.

“Apenas hemos empezado a rascar la superficie de los efectos que puede tener la tecnología en las vidas de personas alrededor de todo el mundo”, admite Adele Waugaman, directora de Colaboraciones Tecnológicas de Naciones Unidas. Como Ushahidi, diversas iniciativas surgidas en países en desarrollo aprovechan la tecnología y programas de bajo coste para mejorar desde respuestas en caso de un desastre natural hasta las condiciones de salud diarias de poblaciones enteras.

Es el caso de  MedicMobile. Sus creadores viajaron a las comunidades rurales de Malawi para descubrir la enorme distancia que separaba a doctores y pacientes. Los ciudadanos están a veces a más de 30 kilómetros de la clínica más cercana. “Cuando enferman, su única opción es recurrir a personas de la comunidad, con preparación básica para responder en casos graves, o caminar todos esos kilómetros hasta encontrar un médico. Si has contraído malaria, el viaje es mortal”, comenta Dieterich Lawson, director de tecnología de MedicMobile.

Lawson ha creado un sistema que, gracias a una red de teléfonos móviles, conecta a pacientes o médicos comunitarios con doctores en clínicas cercanas. Mensajes de texto permiten hacer consultas de forma instantánea, tomar decisiones en base a la gravedad del paciente o pedir medicamentos cuando escasean. Los miembros de la plataforma pueden además instalar un pequeño programa en sus teléfonos móviles -que no necesitan acceso a internet- para rellenar formularios con los datos del paciente. Si éste falta a una cita con el doctor, recibe un recordatorio en su teléfono. Si no dispone de un móvil, se avisa al encargado de la comunidad.

Datos de pacientes en un hospital de la República Democrática del Congo. Foto: DataDyne

“Quisimos crear un sistema que extienda los límites de una clínica”, comenta Lawson. “Se trata de recibir a los pacientes donde ellos estén”. Lawson explica que gracias al sistema de MedicMobile han podido crear una red de “enfermeros móviles”. Se desplazan entre los distintas poblaciones y pueden hacer desde ambulancia con los recursos básicos hasta de mensajeros para distribuir los medicamentos sin necesidad de que los pacientes vayan al hospital. Los trabajadores tienen además acceso a una base de datos, alojada en internet, en la que pueden consultar los historiales de los pacientes, elaborar gráficos y contrastar datos con estudios relacionados.

“El mayor beneficio hasta ahora ha sido poder prescindir del papel“, comenta Lawson. “Todos los datos pueden ser introducidos a través de un teléfono móvil o de un ordenador. Es un gesto mínimo, pero el impacto es enorme”. Joel Selanikio, director de DataDyne, explica que la mayoría de los trabajadores de salud en países en desarrollo están acostumbrados a recopilar todos estos datos en papel, de forma lenta e ineficiente. “Esto impide cualquier intento de planificar o rastrear tendencias entre los pacientes, como los contagios, ni la evaluación del trabajo de los profesionales. Su mayor obstáculo acaba siendo precisamente la falta de información”, comenta.

DataDyne, una plataforma similar a MedicMobile, permite recopilar datos “en cualquier lugar donde haya una señal de teléfono móvil”. Funciona a través de SMS, mensajes a la red social Twitter o a través de internet y, desde su lanzamiento en junio de 2009, 3600 personas de 117 países ha creado 160.000 formularios con datos sobre pacientes. La aplicación se convirtió en la primera creación con origen africano que recibió el premio Innovación Tecnológica de la Compañía Wall Street Journal.

Pero la circulación de esta información entre teléfonos móviles -a los que supuestamente sólo tienen acceso los trabajadores y los pacientes que reciben alertas- también ha despertado dudas sobre la privacidad de los ciudadanos. Los creadores de estos sistemas han encontrado una respuesta sencilla: todos los datos quedan alojados en los servidores de la plataforma y sólo en caso de que una organización decida llevárselos, deberán pagar por ello. Las organizaciones acuerdan después cómo se protegerá la información.

Las aplicaciones de salud son gratuitas y tienen un límite en cuanto al número de formularios, pero la mayoría de las comunidades son todavía lo suficientemente reducidas como para disfrutar del sistema sin costes más allá de la infraestructura de teléfonos móviles y portátiles. Hasta el momento, Naciones Unidas y Vodafone cubren los costes a modo de patrocinio.

“Queríamos funcionar del mismo modo que Google distribuye Google Maps. No hace falta que nos desplacemos a ningún país para que la plataforma funcione allí, no hay contratos ni reuniones ni consultores. Descargas la aplicación y empiezas a trabajar con ella”, dice Selanikio. Tanta flexibilidad a inspirado a pequeñas comunidades y grandes organizaciones por igual. ONGs en Kenia, voluntarios en Haiti y pescadores del Golfo de México están empleando el mismo programa que la Cruz Roja o la Organización Mundial de la Salud. Según datos del Banco Mundial (PDF), el organismo redujo en un 70 por ciento los costes durante una investigación sobre corrupción y las actividades del gobierno de Guatemala. Abandonó el papel y recabó todos los datos con teléfonos móviles.

Según Selanikio el objetivo consiste en aprovechar la innovación tecnológica y las facilidades de internet. Por un lado, la proliferación de dispositivos con acceso a la red y los programas o aplicaciones con los que se pueden utilizar ponen la información en manos de cualquiera. Aunque Google pensara en los mapas para que fueran consultados a través de un ordenador, también sirven para ubicar a pacientes en un poblado remoto de Kenia, Malawi o Libia y recibir su información por mensajes de texto en un móvil. Por otro, miles de voluntarios de todo el mundo contribuyen con datos e ideas que mejoran el sistema de manera constante. Y por primera vez, el invento de un keniata puede cambiar la vida de ciudadanos de Pakistán, enviar medicamentos a un poblado de Malawi o adelantar la evacuación de un pueblo ruso acosado por un incendio.

Al final de la Edad Media, en una pequeña localidad del Valle del Rhin, un trabajador del metal jugaba con una prensa, piezas metálicas y tinta de aceite. El resultado de su trabajo fue un invento que hizo la información en el mundo exponencialmente más accesible y útil. Seis siglos después, vemos la misma innovación a la hora de acceder a la información. Todos los días, con unos cuantas entradas en el teclado del ordenador, la gente hace algo más que una simple visita a sus páginas web favoritas. Como Gutenberg, están expandiendo las fronteras del conocimiento humano. La misma filosofía que está detrás de Google Books.

Esta es la definición del proyecto, según Google. Pero su idea de digitalizar millones de libros, y no sólo en Estados Unidos, ha estado rodeada de polémica desde sus comienzos. Polémica porque sobrepasa los límites de la propiedad intelectual. Polémica porque se adueña de los derechos de millones de autores. Y polémica porque el poder de esta empresa en la web hace que ese proyecto le sitúe muy cerca del monopolio de búsqueda de libros en internet.

Sin embargo, Google ha hecho algo que resulta ya imprescindible. El hecho de que decidiera digitalizar millones de libros hace siete años, cuando todavía no habíamos oído hablar de lectores electrónicos, tabletas y las pantallas de ordenador seguían muy lejos de la calidad actual, demuestra su adelanto y capacidad de innovación. Ahora ya es obvio que necesitamos una biblioteca digital y que los legisladores deberán crear nuevas leyes que protejan la propiedad intelectual en el mundo digital. El proceso es lento.Y Google Print Project, la iniciativa del buscador, hace que sea cada vez más urgente.

La versión del conflicto, en palabras del buscador, es que “algunos editores y escritores cuestionan que cualquiera pueda copiar y clasificar libros protegidos por derecho de copia para que los usuarios puedan buscarlos, incluso si todo lo que el usuario llega a ver es la información bibliográfica y unos cuantos párrafos”. Sin embargo, esta visión resulta superficial. Los opositores argumentan que el derecho de Google a archivar los libros y a explotarlos después le da ventaja al buscador. Y es verdad.

Editores y autores contra Google

Este es uno de los argumentos empleados por el Juez Chin para rechazar el acuerdo alcanzado entre Google y los editores norteamericanos hace tres años. ”Aunque la digitalización de libros y la creación de una biblioteca universal beneficiaría a muchos, el acuerdo da a Google demasiada ventaja sobre sus competidores y le recompensa por iniciar la digitalización masiva y sin permiso de obras protegidas”, escribió Chin en una sentencia de 48 folios (PDF).

La Asociación de Editores Americanos y la de los autores, Authors Guild, habían llegado a un pacto por el que Google les pagaría 125 millones de dólares a modo de indemnización. El buscador reconocía además que había escaneado libros protegidos por derechos de copia, pero conservaba el derecho a explotarlos. Si un autor de las doce millones de obras digitalizadas reclamaba su propiedad intelectual, el buscador les compensaría económicamente. Los autores también conservaban el derecho a retirar sus obras de esta biblioteca digital.

Aunque Google tiene razón al responder que tanto autores como editores se beneficiarán de la distribución de sus obras en internet. El buscador argumenta en su página oficial que “la consecuencia es que sea más fácil encontrar todos esos trabajos y ayudar a que los autores y editores vendan más ejemplares”.

Según Robert Darnton, director de la Biblioteca de la Universidad de Harvard, la lucha entre Google y los editores y dueños de derechos de copia ”empezó por un choque de intereses. Encontraron una manera de reconciliarse gracias al pacto al que llegaron, pero el juez lo acaba de arruinar”.

Nadie quita la razón a Google en cuanto a que la digitalización de libros, ya sea por esta empresa o por cualquier otro organismo, aumentará el poder de difusión del libro. El verdadero dilema no ha sido el qué, sino el cómo. Aunque Google fue el primero en llegar a esta revolución, defensores y detractores coinciden en que no por eso debe ser esta compañía la que establezca las reglas del juego.

“Lo que hemos aprendido del acuerdo entre Google y los editores es que el buscador quería utilizarlos en los resultados de búsqueda, como una respuesta más a las preguntas de los usuarios, así que el caso tiene más que ver con Google como buscador que con la publicación de libros”, comenta el abogado Gary Reback, abogado especializado en propiedad intelectual.

Rozando el monopolio

Reback cree que la anulación del acuerdo responde a las preocupaciones del mundo editorial ante la posibilidad de que Google convierta la búsqueda de libros en su monopolio. ”El conflicto es que según aumenta el control de Google sobre las búsquedas en internet, hace que sea muy difícil para otras empresas competir contra él, y más si consigue acceso exclusivo a millones de libros al utilizarlos como resultados de búsqueda”.

El experto fundador de la Open Book Alliance, una organización creada para garantizar una digitalización adecuada de obras y luchar contra Google, lideró la denuncia contra el monopolio de Microsoft en 1998. Aunque Reback y el juez Chin coincidan en que el único peligro radica en el monopolio de las búsquedas online, hay quien basó su denuncia en la protección de la privacidad o los derechos de autor.

Y ¿qué gana el gigante informático con las copias electrónicas de estos libros? Por un lado, Google se queda con el 37 por ciento del precio de cada copia electrónica y el resto es para el propietario de la obra. Por otro, vende publicidad en las páginas de resultados de búsqueda, un mercado que controla en Estados Unidos hasta el límite legal anti monopolio, el 70 por ciento -en Europa domina el 95 por ciento de las búsquedas–. El mercado de publicidad online brindó a Google 28.000 millones de dólares en 2010.

Biblioteca Digital Nacional Digital de Corea del Sur, por Schex en Flickr

Google necesitó de varias universidades estadounidenses para digitalizar sus ejemplares. Se estima que ha escaneado unos doce millones de libros de Harvard, Oxford, Stanford, Michigan y la Biblioteca Pública de Nueva York. Los centros cedieron al buscador obras sobre las que tampoco tienen derechos de copia ni de propiedad intelectual. Pero Google supo a quién preguntar. Las bibliotecas de estos centros, muchas veces financiadas con recursos estatales, están exentas de responsabilidad legal al ceder la obra.

Microsoft, Amazon o Yahoo! empezaron a digitalizar copias al mismo tiempo que Google, pero la denuncia de los editores les hizo detenerse. Mientras avanzaba el litigio, sólo Google continuó recabando copias digitales. Para el momento en que llegó el acuerdo con los editores “ya nadie podía ponerse al mismo nivel, no merecía la pena”, dice Reback. A Microsoft se le ocurrió reclamar acceso a la base de datos propiedad de Google, para romper el monopolio de los libros digitales. Ya le ha denunciado ante la Unión Europea y pronto sabremos si el buscador con sede en California tiene que abrir sus “puertas”.

Las obras “huérfanas”

Gran parte del conflicto radica en la digitalización de libros “huérfanos”, protegidos por derechos de copia pero sin que éstos hayan sido reclamados por nadie. El acuerdo con los editores suponía que Google, sólo por haber escaneado el libro, se convertía en dueño de esos derechos. También se acordó la creación de un fondo de 125 millones de dólares para indemnizar a esos autores en caso de que reclamaran un derecho que ya era suyo. El hecho de que los autores tuvieran que dirigirse a Google y no al revés tampoco gustó al juez. Unos 6.800, según la sentencia, ya lo han hecho.

“El mecanismo por el que debamos explotar las obras “huérfanas”, quién debería guardar esos libros, en qué condiciones y con qué garantías son temas pertenecientes al Congreso [de EEUU] no a un acuerdo entre dos empresas privadas y con intereses propios”, dicta la sentencia.

El buscador se adelantó a su tiempo y arriesgó. Según Darnton, también cometió varios errores importantes: el plan original era ofrecer el contenido de los libros como resultados de búsqueda, sin que el usuario pudiera en ningún momento descargar la copia entera ni fragmentos largos del texto, pero Google optó por venderlos; obligaba a los autores a rechazar la digitalización, en vez de pedirles permiso -algo casi imposible por el coste económico y logístico que supondría encontrarles; eliminaba cualquier opción de sus competidores en el caso de los libros “huérfanos”; violaba los derechos de los autores de obras en el extranjero; firmó un acuerdo con dos asociaciones de autores que no representan a todos los escritores y editores del país y, finalmente, incurría en la controvertida recolección de datos personales de aquellos usuarios que compren copias electrónicas a través de Google Books.

La decisión del juez hará que editores y responsables de Google se vuelvan a sentar frente a frente para encontrar un nuevo acuerdo. Parece poco probable que sigan adelante con el caso legal y el juicio contra el buscador por digitalizar millones de libros sin permiso. Y tampoco parece que quieran abandonar el caso por completo.

Alternativa para el futuro

Al tiempo que Google se peleaba con los autores, Darnton impulsaba desde Harvard una solución “mejor que la de Google“. “Sólo una biblioteca pública digital aportará a los lectores lo que necesitan para superar los desafíos del siglo XXI: una amplia colección de recursos que pueden ser consultados de forma gratuita por cualquiera, donde quiera y cuando quiera”.

Darnton quiere llevar a Estados Unidos lo que Noruega, Holanda, Francia, Finlandia y Corea del Sur ya han hecho. Siempre defiende el ejemplo de Europeana, una base de datos digital pública creada por la Unión Europea y que contiene obras de arte, piezas musicales, películas y libros en formato digital de bibliotecas archivos y museos europeos. Y creada, además, en base a un acuerdo con autores y editores.

Su proyecto para crear una Biblioteca Digital Pública Americana ha hecho grandes avances desde la última reunión en octubre de 2010. Ahora Darnton está concentrado en crear un plan para su creación, financiación y puesta en funcionamiento. Esta primavera se reúne en Washington con diversos fundadores y el próximo verano juntará a las mayores instituciones culturales de la capital, como la Institución Smithsonian, la Biblioteca del Congreso o los Archivos Nacionales. Harvard ya ha creado además un centro de coordinación para celebrar talleres, iniciar investigaciones y analizar desde el soporte técnico que necesitaría la primera biblioteca digital hasta los problemas legales con los que se ha topado Google y ellos quieren evitar.

Foto del ejército estadounidense, realizada por el soldado Justin K. Thomas, Wikimedia Commons

“Me quedé en Irak porque me adapté tan bien al ambiente allí que no quería volver a casa. Eso es el estrés post traumático”, escribe un marine anónimo en la revista online de veteranos Another Source. “Nos volvemos tan perfectos en combate que nos olvidamos de funcionar en un entorno normal. Los terapeutas llaman a estos síntomas “habilidades de supervivencia”, comportamentos que nos mantienen vivos en combate. Eso está bien en la guerra. Pero no es tan fácil llegar a casa y apagarlos porque cuando intentamos hacerlo no nos sentimos seguros”.

Scott Mattoon edita éste y otros ensayos como director del proyecto Another Source, “otra fuente”. Todos los autores son veteranos de las guerras de Irak y Afganistán que cuentan de primera mano desde lo que significa sobrevivir a una bomba en la carretera hasta buscar trabajo mientras se recuperan de las secuelas del combate o cómo se enfrentan a un divorcio nada más llegar a casa desde una guerra al otro lado del mundo.

Mattoon conecta con los veteranos en los talleres de escritura que ha creado para ellos. Comenzó como un proyecto para que compartieran el verdadero significado de ir a la guerra. Sin el filtro de los medios de comunicación. Sin el pudor de las autoridades. Ahora mismo está abierto a cualquier autor afectado por la violencia de forma directa o indirecta. Soldados con heridas más o menos graves. Desde traumatismos cerebrales hasta Síndrome de Estrés Post-traumático. Veteranos sin síntomas pero derrotados porque no encuentran trabajo nada más regresar del conflicto. Familiares de los que ya no están. La esposa a la que una lesión cerebral le roba todo lo que fue su marido.

“Tienen libertad para escribir lo que quieran, sólo queremos que se desde la perspectiva de un veterano o a través de su experiencia“, nos cuenta Scott Mattoon. “La mayor parte de los que han venido a los talleres y después se han quedado con nosotros ya llegaban con una idea clara en la cabeza, sabían de lo que querían escribir”.

Soldados inspeccionan un edificio en Irak. Foto del ejército estadounidense.

Como el soldado anónimo que quería contar su regreso a casa después de cuatro rondas consecutivas en Irak, durante cuatro años: “Ya no estoy cómodo en casa. Mi nivel de tolerancia a las amenazas que percibo está tan afinado que me siento más seguro en Irak. Aquí cualquier extraño parece una amenaza. Si estoy conduciendo cerca de casa y llevo un coche detrás, doy varios giros innecesarios para asegurarme que no me siguen. Cuando estoy en casa siento que me vigilan. Apago las luces y bajo las persianas para que nadie me vea. Mi perro piensa que soy idiota porque siempre nos chocamos en la oscuridad”.

Mattoon, antes editor del periódico San Francisco Chronicle, está centrado exclusivamente en este proyecto. “Necesitan ayuda para contar su historia, me siento con ellos, nos reunimos y sobre todo hablamos de lo que piensan hasta entender qué es exactamente lo que quieren decir”.

Mattoon se asegura que los veteranos están listos para sentarse delante del papel. No quiere hablar de si es terapéutico o no, pero reconoce que si los soldados no están en el momento adecuado para escribir su experiencia, pueden empeorar. Consulta con sus terapeutas. Y sólo se reúne a solas con ellos si sabe que estará seguro.

Recuerda todas y cada una de las historias publicadas en los últimos dos años. Pero le marcó un soldado que sobrevivió a tres explosiones y que nunca escribe sobre las bombas, sino el instante entre la segunda y la tercera. La primera bomba les detuvo en el camino. La segunda explotó cuando dos de sus compañeros estaban a punto de desactivarla. No habla de la tercera. “Parece que ese instante se ha quedado con él durante años, el daño está muy claro”, comenta Mattoon.

“Dos militares a punto de rescatar a los heridos se miran de forma escalofriante. Sin palabras. Esa mirada dice todo. Dice “te quiero”. Dice “tengo miedo”. Dice “no quiero”. Dice “dile a mi familia que les quiero”. Dice “no te olvides de mí”, ” escribió Chase Weston, el soldado que sobrevivió con un traumatismo craneal y fracturas en la columna. Ahora trabaja como voluntario para el servicio de veteranos en Montana y cuatro años después se recupera de estrés post traumático.

En las ocasiones en las que los propios soldados no pueden contar ellos mismos su historia, Mattoon les entrevista y escribe los ensayos. Con otro estilo, pero salvando la voz individual del veterano. Siempre tarda semanas en preparar un reportaje. Reuniones, encuentros, entrevistas canceladas y mucha, mucha paciencia. En un momento el periodista se planteó dejar el proyecto. Demasiada responsabilidad tener que ser editor, escritor, director, diseñador y también recaudar fondos para mantener el proyecto en marcha.

Hace un año, de regreso a casa tras uno de los talleres a los que no se presentó ningún veterano, recibió un email de uno de ellos. Se había quedado dormido. La medicación para los síntomas de estrés post traumático altera los patrones del sueño en algunos pacientes. Pero este era la luz al final del túnel en el que Mattoon estaba atrapado. Quería escribir una historia y, desde que tenía la idea en la cabeza, sólo había sufrido una pesadilla.

“Dejé de pensar en el proyecto como una publicación. Cuenta con un contenido y una perspectiva únicos”, explica el periodista. “El nivel de los escritores es mucho mejor que en otras páginas similares y yo sólo quiero crear un foro donde podemos leer de primera mano cuál es el verdadero impacto de la guerra“.

El proyecto Another Source empezó como un taller para veteranos pero en la actualidad está abierto a cualquier persona que haya sobrevivido a un trauma. Mattoon prepara estos días un ensayo con un refugiado iraquí. Ayer por la noche trabajaba con otro soldado, casi vecino del refugiado y que trae heridas parecidas de su país. Pronto espera poder recoger la experiencia de familiares, incluso de las mujeres que cuidan de veteranos con serios daños cerebrales.

“Para mí es un foro donde podemos hablar más allá de la política, las armas de destrucción masiva, el petróleo o la estrategia militar”, dice Mattoon. “Se trata de personas, de derechos humanos. La gente no sabe de qué estás hablando realmente cuando mandas a una nación a la guerra”.

En Another Source está la respuesta.

Frontera entre México y California - Foto: Bisayan Lady, Flickr

Cuando los medios norteamericanos hablan de inmigración, de violencia, de inseguridad en la frontera, se refieren a miles de ciudadanos -con documentos y sin ellos- que viven atrapados en esa situación. Entre unos y otros hay un puñado de periodistas, muchos de ellos inmigrantes, que han visto cambiar el rostro de la frontera con una perspectiva privilegiada.

Entre ellos está Claudia Núñez, una de las periodistas hispanas de más prestigio en el país. Sus reportajes para el diario La Opinión de Los Ángeles le han valido numerosos premios y son una ventana abierta a la auténtica realidad de la frontera. Testimonios de víctimas de la esclavitud moderna, el fracaso de la lucha de George Bush contra la explotación sexual y una operación del FBI para eliminar una red de trata de personas. Esta misma semana, la periodista investiga el supuesto fraude de los policías de la aduana en la frontera entre México y Estados Unidos, que han sido acusados de dejar pasar a traficantes.

“Es verdad que ha aumentado el nivel de violencia, pero no es cierto el argumento empleado por los políticos, que han relacionado violencia con inmigración”, nos cuenta Núñez. “Lo han manipulado, es un tema de drogas, de consumo, de adicción, de armas y de seguridad. Las víctimas han entrado en un círculo vicioso por culpa de las autoridades, que quiere controlar cómo se representa todo”.

Y entre las víctimas, también hay periodistas. Aunque Núñez dice sentirse mal porque, dentro de lo que cabe, es una privilegiada al poder contar la historia desde este lado de la frontera: “Los compañeros en México viven una situación mucho peor. “Después de todos estos años, nunca hemos visto nada a este nivel”. Núñez se refiere a tener que cambiar noticias, retirar parte de la información, dejar de llevar fotos de familiares en la cartera o quitarse el anillo de casada al ir a cubrir determinadas historias. “Ahora ya da igual si vas a cubrir una historia sobre campos agrícolas, te siguen igual. Tienen todo controlado”.

Periodismo entre miedo y silencio

Más de diez años de experiencia como reportera, y en una de las zonas del país que más han cambiado en una década, han convertido a Núñez en testigo de los problemas que afectan al suroeste de Estados Unidos. Aunque cubre toda clase de noticias, sus reportajes de investigación han desvelado en muchas ocasiones historias que escapan -o a las que llegan tarde- los medios de comunicación nacionales.

“Siempre me han llamado la atención los temas sociales, humanos, el tráfico de drogas y de personas, la violencia, la fuga de cerebros, todo lo que rodea a este cambio tan drástico y que ha sucedido en tan poco tiempo“. Núñez habla del aumento de la violencia. Y sobre todo el miedo que lo ha impregnado todo: “Hay tanto miedo, tanta intimidación que muchas cosas se quedan sin denunciar. El miedo ha silenciado muchas víctimas, muchos golpes, muchos secuestros”.

Y ha cambiado el trabajo de los periodistas. La situación actual en la frontera no sólo ha obligado a Núñez, como a tantos otros periodistas locales, a cambiar algunos hábitos y  trabajar de otra manera con sus fuentes. Antes sentían, al verla como reportera hispana, que tenían una conexión con ella. Compartían información que no darían a otros periodistas norteamericanos. Ahora tienen miedo de hablar y hasta que le vean como reportera. “Acabo de hacer un reportaje en Laredo y me quedé con una familia que pidió que nunca me identificara como reportera. Tienen miedo”, comenta.

También le impide conseguir el otro lado de la historia. “Aunque intentamos alejarnos de los estereotipos, cada vez cuesta más tener todas las fuentes”, afirma. Las autoridades, agencias gubernamentales y organizaciones locales cada vez dan menos información cuando ven que se trata de reporteros hispanos.

Periodistas e inmigrantes

A pesar de sus años como reportera, de revelar redes de tráfico de personas y sacar a la luz la esclavitud del siglo XXI, Núñez todavía habla de todos estos cambios con cierta sorpresa. Como si no creyera hasta dónde ha llegado a sufrir la comunidad de la frontera. Cuando habla de inmigración, el tono es distinto. Como tantos compañeros de profesión y como sus fuentes, es inmigrante. Estudió en México y llegó a Estados Unidos como corresponsal en 1998. Después llegaría la oportunidad que nunca se atrevía a soñar, trabajar para La Opinión -el diario grande de la costa oeste-.

La portada del diario La Opinión el pasado día 21 de marzo con un artículo de Claudia Núñez sobre el supuesto fraude en el control de la frontera

Y entre tanto, una familia de migrantes, los recuerdos de familiares que marchaban a Estados Unidos, celebraciones por los que regresaban y una abuela que veía a todos ir y venir.

“Cuando oímos hablar de la reforma, para algunos se trata sólo de un discurso político pero para reporteros como nosotros que estamos cerca de las familias, vemos que no. Son historias de esperanza, sueños rotos y vuelta a empezar. Son madres que quieren un futuro para sus hijos, que tienen miedo a salir a la calle, a pasar cerca de la policía, obsesionadas con no llamar la atención”, comenta.

Núñez está convencida de que cualquier reforma de inmigración será diseñada, únicamente, para aquellos que ya están en el país y no cambiará nada para los nuevos flujos migratorios. El presidente Barack Obama prometió durante la campaña electoral que realizaría una reforma durante sus primeros 12 meses de mandato. No lo cumplió. La reforma sanitaria se torció, exigió más negociaciones y concesiones de las esperadas y la inmigración se cayó de la lista. Los intentos posteriores, como una ley para procesar la nacionalidad de jóvenes estudiantes y con la condición de que accedieran a la universidad o al ejército, no han salido adelante por la oposición de los republicanos.

Los intentos para cumplir con “la promesa” han sido, además, muy tímidos y han abierto paso a esfuerzos más radicales como la polémica ley SB1070 de Arizona, que otorga a las fuerzas de seguridad la competencia para comprobar los documentos de cualquier persona “sospechosa de ser ilegal”. Hasta entonces, sólo podían hacerlo los agentes de inmigración y una vez que la persona hubiera cometido un delito, no antes.

El gobierno de Obama ha llevado la ley de Arizona a los tribunales, pero no ha impedido que se estudie aprobar copias en otros estados del país ni que se intente retirar el derecho a la ciudadanía de los niños descendientes de inmigrantes indocumentados que nazcan en Estados Unidos.  Dos años y demasiadas polémicas después, los inmigrantes indocumentados siguen en la misma situación, pero con más miedo.

Lo que sí ha cambiado es el contexto de los que emigran ahora. ”No estamos hablando de las oleadas de inmigrantes de hace cinco años, cuando cruzaban la frontera pensando en un trabajo. Ahora tienen otras razones, y una de ellas es la violencia“, afirma Núñez. ”Ahora no te mata el desierto ni el río, te mata el cartel por no pagar”.

Dentro de Estados Unidos, muchos de los que sobrevivieron al río ya no esperan a la reforma. Cuando llegaron las primeras noticias de inmigrantes que volvían a México, muchos las leyeron con escepticismo. Eran historias de la crisis, de la falta de oportunidades, del colapso económico que ahogó y ahoga a muchas familias hispanas. Hoy es una tendencia confirmada que muchos, como Núñez, nunca imaginaron.

“Lo estoy contando ahora como si contase una noticia inverosímil, pero ahí está, hay inmigrantes en los consulados pidiendo la doble nacionalidad de sus hijos -que son norteamericanos- para poder regresar a su país, las escuelas se quedan sin niños porque sus padres los han llevado a México…”, comenta con una sonrisa. “Una historia que jamás pensé ver en este país”.

Los manifestantes gritaron Shame, vergüenza, tras el discurso de Walker en defensa de la ley, el 1 de marzo. Foto: BlueRobot, Flickr

Los protagonistas. El gobernador del estado de Wisconsin, Scott Walker. Los senadores demócratas, fugados desde el día 15 de febrero. Miles de trabajadores estatales y funcionarios.

Los actores secundarios. El presidente estadounidense, Barack Obama. Representantes del partido demócrata y republicano. Portavoces de los sindicatos. El director de cine Michael Moore.

Los sucesos. La convocatoria para votar la propuesta de ley del gobernador Walker se topa con la fuga de los senadores demócratas, que impiden la votación. Miles de ciudadanos ocupan el edificio del Senado para protestar contra Walker. El pasado viernes, una orden judicial obliga a desalojar el edificio, que sigue plagado de pancartas. Las manifestaciones se suceden en el exterior. Más de 70.000 personas han protestado durante los últimos tres fines de semana.

La clave. Una ley con el objetivo de recortar el déficit estatal gracias a la eliminación de derechos sindicales de los empleados públicos.

La pregunta. ¿Qué tiene que ver el déficit de un estado con los derechos sindicales de los trabajadores?

Wisconsin tiene un déficit público que puede alcanzar los 137 millones de dólares el próximo mes de Julio y 3.600 millónes de dólares en el año 2013. Scott Walker, un gobernador republicano que estrenó el puesto el pasado mes de enero quiere hacer historia con una reforma radical. Walker argumenta que gran parte de ese déficit se debe al coste que supone al estado los salarios y beneficios que reciben todos los empleados del estado. Los salarios medios son más altos que los del sector privado. Y los empleados reciben además mayores beneficios como seguro médico y plan de pensiones, costeado por el estado.

Su propuesta supone obligar a los trabajadores del estado a pagar la mitad del coste de sus pensiones y el doble de lo que ahora pagan por su seguro médico. Pero no puede forzar ese pago sin negociar con los sindicatos, opuestos a tales medidas. Solución: recortar los derechos sindicales de los trabajadores públicos.

Manifestación frente al Capitolio de Madison, Wisconsin.Feb. 26, 2011. (AP Photo/Andy Manis)

¿Y después? Inmediatamente después llegarían despidos más fáciles y, probablemente, una fuga de trabajadores hacia el sector privado, donde disfrutan de menos derechos. El contexto de crisis económica y de empleo no inspira confianza a ningún ciudadano a punto de perder el puesto.

Pero lo que suceda en el caso de que Walker logre una votación a su favor puede ser el mayor cambio en la historia del sistema de pensiones de Wisconsin. Si se produce una reacción en cadena, otros estados podrían seguir los mismos pasos.

En la actualidad, Wisconsin cuenta con uno de los sistemas públicos más generosos de todo Estados Unidos. Ocupa el puesto número 9 a nivel nacional y el 30 en todo el mundo. Pero tiene un precio. El estado cubre el coste de la pensión de estos trabajadores, una vez que se jubilen, además de una parte de su seguro médico. Ante tales condiciones, los empleados tienen un incentivo importante para quedarse siempre en su puesto de trabajo.

El sistema tiene sentido en aquellas áreas en las que las empresas invierten recursos en formación para sus empleados, como la investigación. Aunque no siempre funciona. En ámbitos como la educación, la crisis actual ha puesto a los sindicatos en el punto de mira. Consiguieron puestos fijos para profesores apenas dos años después de empezar a trabajar, pero también dificultaron la salida de maestros ineficientes. Las consecuencias para el sistema educativo ya fueron retratadas en el documental Esperando a Superman.

La reducción de movilidad y competitividad, de la que muchas veces se acusa a los sindicatos, puede sentenciar a una potencia económica como Estados Unidos. Por eso los republicanos de Wisconsin, con Walker a la cabeza, defienden un sistema de pensiones parecido al de las empresas privadas. El trabajador y la compañía comparten los pagos del seguro médico y de la pensión, alimentando un fondo privado mientras dure la relación laboral. Si el empleado se marcha a trabajar a otra empresa, el dinero del fondo sigue siendo suyo.

Hasta el momento, los estados han podido costear los beneficios de los trabajadores públicos. En Utah o Michigan, se adelantaron a la crisis al imponer condiciones similares al sector privado para evitar la situación actual. Wisconsin ya no puede sostener un sistema que funcionó el siglo pasado, pero no éste. La excusa es la crisis económica, el crecimiento demográfico, los derechos sindicales… pero la única respuesta puede ser un cambio mucho más radical que borrar a los sindicatos del mapa.

Encerrados en el Capitolio de Wisconsin. (AP Photo/Andy Manis)

Michael Moore apareció en escena esta semana reclamando que es mentira que Wisconsin esté en bancarrota. Aprovechó en su discurso el enfado de miles de trabajadores que, como en el resto del país, se preguntan por qué deben pagar los ciudadanos una vez más. Ya costearon los planes de rescate con sus impuestos. El total de 150.000 millones de dólares se han agotado y la mayoría de los estados vuelven a entrar en números rojos.

Posibles desenlaces, por orden de probabilidad.

Desenlace 1. Los senadores demócratas no salen de su escondite en Illinois. Walker no logra un acuerdo con ellos. Antes de aprobar la ley, emite la orden de despido de 1.500 empleados del estado.

Desenlace 2. Aparecen los senadores demócratas. Les encuentra la policía, que tiene orden de buscarlos y devolverlos a Wisconsin. O les encuentra un ciudadano anónimo y desvela su localización, ayudando a la policía. Vuelven a Wisconsin y, obligados a participar en la votación, Walker consigue una victoria gracias a la mayoría de senadores republicanos.

Desenlace 3. Demócratas y republicanos logran un acuerdo a través de las conversaciones secretas que mantienen desde hace tres semanas. Los demócratas acceden a que los trabajadores del estado paguen más por sus beneficios y los republicanos retiran la propuesta de eliminar los derechos sindicales y de negociación colectiva.

Desenlace 1 + 2 + 3. Pase lo que pase, oiremos hablar de Wisconsin hasta las elecciones de 2012. Escucharemos a Obama -seguramente candidato demócrata- y a su oponente republicano debatir sobre ello durante la campaña. Todos los aspirantes tendrán que responder a preguntas sobre déficit, el futuro económico de Estados Unidos, los derechos de los trabajadores y, sobre todo, cómo habrían solucionado el problema de Wisconsin. Con suerte, alguien encontrará antes la respuesta.

Manifestación en San Francisco por la libertad en Libia - Ari en Flickr

Los padres de Dia Shanneb dejaron Libia en el año 1977. Emigraron a Egipto y después a Estados Unidos. Recovecos del destino, Shanneb vive ahora en San Francisco mientras a su madre y dos hermanos se han visto sorprendidos por las revueltas en el mundo árabe en Tripoli, Libia. Su padre falleció en Sacramento cuando ya había perdido cualquier esperanza de un cambio.

“Todos esperábamos la revolución al ver lo que ha pasado en otros países, pero también estábamos seguros de que Gadafi nos aplastaría“, cuenta Shanneb desde California. El joven libio-americano trabaja en San Francisco como coordinador de Arab Organizing, una comunidad de más de cien personas que desde hace cuatro años defienden derechos civiles de musulmanes e inmigrantes, luchan contra de la discriminación de musulmanes y representan a la comunidad árabe en Estados Unidos.

Shanneb lleva varias semanas sin perder de vista Facebook ni el correo electrónico. Su familia aprovecha los pocos momentos en que pueden conectarse para comunicarse con él.

“Mis hermanos y mi madre están secuestrados en su propia casa, no pueden salir a la calle por la falta de seguridad. Están esperando su libertad“, afirma. Según la información que comparten con él, tienen miedo a salir a la calle porque ven a los partidarios de Gadafi patrullando, armados. “Parece que ha dado armas a cualquiera que quiera apoyarle”.

Según Shanneb, una de las preocupaciones en la capital libia es la presencia de partidarios de Gadafi infiltrados entre los rebeldes. “Cuando consiguen agrupar a cierto número les disparan y eso hace muy difícil que nadie más se anime a protestar”.

En los últimos días ha trabajado contra el reloj para organizar una importante protesta en las calles de San Francisco, donde se concentra una comunidad libia significativa. Desde Estados Unidos, donde la embajada libia ya ha cambiado la bandera a la perteneciente a la era anterior a Shanneb, diversas concentraciones han enviado apoyo a la revolución en Libia, como antes lo hicieron con Túnez o Egipto.

“El Este y el Oeste. El Norte y el Sur. Somos uno“. Es el canto que se ha escuchado desde Tripoli a San Francisco y que quiere representar la unidad del pueblo Libio, frente a la división que muchos quisieron ver al comienzo de las revueltas en la capital. La composición étnica del país, mucho más diversa que en el caso de Túnez o Egipto hacía pensar que tanto el levantamiento como una posible transición si Gadfi pierde el poder serían mucho más difíciles.

El joven reconoce que Libia no será un espejo de las revoluciones anteriores “porque Egipto no tenía un Gadafi“. Pero también por diferencias esenciales en el sistema político y la sociedad libia, donde no hay una oposición clara que haya podido organizarse durante años ni una estructura burocrática que pueda siquiera supervisar las actividades económicas. “Gadafi no le dio poder a nadie. Siempre dijo que el poder era del pueblo, pero nos lo quitó todo”, comenta Shanneb.

Manifestación en San Francisco por la libertad en Libia - Ari en Flickr

Fue esa presión la que hizo que se rindiera la generación de sus padres. “Es muy dificil de reconocer, pero ya no esperaban nada. Gadafi tenía todo el poder y, además, el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea”, cuenta. “Sabíamos que contactaban con él, pero Gadafi tenía a todos en el bolsillo”.

La respuesta del gobierno norteamericano no ha sido tan directa y tajante como en los casos de Túnez, Bahréin o Egipto. Si pidieron que la dictadura de Mubarak escuchara inmediatamente las peticiones de los jóvenes, el gobierno estadounidense se ha escudado esta vez en la coordinación con la Unión Europea y con Italia y Francia en particular.

“Rezamos por una reacción rápida de Obama, pero tardó muchos días, más de una semana, en decir que Gadafi debía marcharse”, afirma Shanneb.

La comunidad árabe y musulmana de Estados Unidos miraba hacia casa con especial atención desde que Obama hablara en El Cairo en abril de 2009. Aquel discurso sobre el derecho a la educación, la libertad y la esperanza de cambio en el mundo árabe resonó en Oriente Medio, pero también hizo eco en Estados Unidos. Shanneb reconoce que desde entonces quedó en su mente la posibilidad, esa pequeña esperanza, de ver lo que ha sucedido en el norte de África desde comienzos de año.

Pero sin Túnez ni Egipto no hubiéramos visto pancartas contra Gadafi en su territorio.
La duda para este joven no es cuándo caerá, sino cómo.

“Creo que está a punto de caer, que ya ha perdido el poder y tiene que irse, pero lo que nos da miedo es el grado de destrucción que va a dejar a su rastro”, dice Shanneb. Por su cabeza pasan las posibilidades de que Gadafi utilice armas químicas contra la población o bombardee a civiles. “Sabemos que está loco, sólo esperamos que no descargue su locura contra el pueblo”.

Algunos expertos han apuntado a que la composición étnica de Libia puede complicar la transición en el caso de que Gadafi termine renunciando al poder o lo pierda. Sin embargo Shanneb no lo tiene tan claro. Y pone el ejemplo de su familia. Es cierto que el este del país, donde los rebeldes han avanzado con más facilidad, está marcado por grupos más opuestos a Gadafi, de ahí que el líder libio nunca pudiera situar a sus hombres fuertes en este territorio y sí en el oeste. Las etnias no se han mantenido separadas, según Shanneb. “Mi padre era del este y mi madre del oeste. Vivían en Tripoli. Ahora Gadafi sólo puede vencer si de verdad consigue dividir a la población”.

“La presidencia tiene una manera graciosa de hacer que quieras rezar más”. Barack Obama, Febrero de 2011.

Las últimas declaraciones del presidente norteamericano sobre religión tranquilizaron a más de uno. Llegó a la Casa Blanca como uno de los candidatos que menos insistió en la religión durante la campaña. Quizás porque hubo temas de mayor intensidad como la crisis económica o las guerras de Irak y Afganistán. Quizás porque así le convenía. Quizás porque, de referirse a una religión, podía percibirse como el rechazo de otras. Pero al día siguiente de instalarse en la residencia presidencial, Obama no acudió a misa como todos sus predecesores, continuando una serie de regates delante de todos aquellos que quisieron sembrar dudas sobre su fe.

El presidente comenzó su trabajo en Chicago como organizador comunitario, una figura que enlaza los miembros de una comunidad, ya sea religiosa o simplemente un vecindario, con los recursos sociales y de asistencia u organización que necesiten. “Fue a través de mi experiencia con Pastores y ciudadanos de a pie, tratando de curar todas las heridas de estos barrios, cuando llegué a conocer a Jesucristo y acogerle como mi Señor y Salvador”, dijo Obama durante el último Desayuno Nacional de la Oración.

Obama sigue cerrando todos sus discursos, no solo éste, con el poderoso “God Bless America“. El billete de dólar sigue dictando “In God We Trust“.  Y dado que nadie ha modificado la ley, desde 1956, es también el lema nacional. Aunque, en un país en el que la religión está presente desde la Constitución hasta el refranero o las monedas, esto no siempre se corresponde con la relación de los norteamericanos con su religión.

“No hay una religión oficial, pero el Catolicismo parece la religión de facto. Nos molesta porque la Constitución prohibe cualquier reconocimiento de una religión por encima de otra”, explica Rick Wingrove, representante de la organización Ateos Americanos en el estado de Virginia. Para él, el gobierno no impone una religión, pero “cuando estás favoreciendo a los fieles de una religión, estás rechazando a los de otra”.

Edward E. Curtis, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Indiana, rechaza que prevalezca el Cristianismo en Estados Unidos. “La mayoría de los grupos religiosos no se oponen a la idea de que la religión tenga un papel en la vida pública. Simplemente quieren que se incluya a todos”.

Pero Estados Unidos es un país laico. Sus fundadores huyeron de la presión religiosa en Europa y ahora la práctica de la fe es confesión obligada de cualquier candidato político. Fue una de las piedras en el zapato de Obama como antes lo había sido de Kennedy. Éste último tuvo que responder en los sesenta a la preocupación que inspiraba un presidente católico. De Obama sospecharon -y sospechan- que sea musulmán. Aunque podía haber sido más complicado aún con un candidato ateo. De todas las confesiones religiosas, los ateos son la minoría en la que menos confían los norteamericanos.

Para Wingrove, se trata de un hecho ridículo. “Llevan siglos escuchando que los ateos somos una amenaza, una condición humana inferior, que somos criminales. Siempre les contesto que la población de Estados Unidos con más ateos es también la que tiene menor índice de criminalidad”, comenta. La agrupación de ateos lucha por la separación de Iglesia y Estado. A través de charlas en escuelas, difusión de información y supervisión de la legislación a nivel local y nacional, intentan evitar que el gobierno estadounidense o cualquier autoridad aproveche su posición para imponer una creencia religiosa.

Religión y política

Cualquier sospecha sobre la verdadera creencia de un candidato puede obligar a hacer varias paradas indeseadas durante una campaña electoral. Modificar un discurso. Incluir referencias a experiencias relacionadas con la religión. Conseguir el apoyo de determinados líderes. La dificultad es aún mayor que decir la palabra adecuada en el mitin adecuado. La religión no divide a la población norteamericana con las mismas líneas que lo hacen los partidos políticos. La diversidad de confesiones religiosas, combinadas con la riqueza étnica y demográfica del país, crea un complejo puzzle cuyas piezas muchas veces se solapan.

La mayoría de los estadounidenses se declara Protestante Evangélico (26.3 por ciento), seguido de Católico (23.9 por ciento), Protestante (18.1 por ciento), no afiliado a ningún grupo religioso (16.1 por ciento), Mormón o Judío (1.7 por ciento) y finalmente Musulmanes Budistas, Hindus, Ortodoxos o Testigos de Jehová.  Prácticamente todas las afiliaciones, excepto por la hindú y las iglesias históricas negras, cuentan con representación de americanos blancos. Pero hay asiáticos, de muy diferentes países de procedencia, que se declaran musulmanes, budistas e hindús. E hispanos repartidos entre el catolicismo y los Testigos de Jehová casi a partes iguales (con un 29 y 24 por ciento respectivamente). Y musulmanes blancos,  afro americanos o asiáticos.

Si combinamos estos grupos con sus preferencias políticas, la respuesta no es siempre automática. Los políticos deben jugar además con el peso que dan a cada uno de estos grupos tanto en las campañas como una vez que alcanzan el poder y aprueban o patrocinan determinadas leyes. En un gesto de cambio, Obama, por ejemplo, incluye a los ateos en todos sus discursos. Para Wingrove, es una señal: “Ahora somos parte de la conversación, antes era un término tabú”.

Mapa de la población protestante

La última década, además, ha introducido un nuevo elemento. Según los expertos, los ataques del 11 de Septiembre todavía acentúan más la incidencia de la religión en la sociedad y política norteamericanas, por la controversia que levanta cualquier suceso relacionado con el Islam.

Desde 2001, la tensión se ha traducido en un incremento de ataques racistas o “de odio” contra musulmanes en Estados Unidos. Según el FBI, los ataques se han multiplicado por 17 en esta década. La islamofobia -el término es cada vez más aceptado en el país- complica especialmente la calidad de vida de los musulmanes norteamericanos.

“Como afroamericanos, homosexuales, judíos y otras minorías, los musulmanes se enfrentan a muy diversas formas de discriminación, que incluyen ataques físicos, discriminación en el trabajo y prejuicios personales. La mayoría de estos actos además son ilegales”, nos explica el profesor Curtis, también autor de la Enciclopedia de Historia Americano-Musulmana y experto en la comunidad islámica de Estados Unidos. Las agresiones se han traducido en los últimos meses en una famosa convocatoria para quemar ejemplares del Corán en Filadelfia, el asesinato de un taxista en Nueva York y diversos ataques a mezquitas en todo el país.

El próximo ejemplo podría llegar desde el Congreso. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes ha convocado audiencias el mes que viene para tratar la “radicalización” de musulmanes en Estados Unidos. La iniciativa ha sido recibida con una carta abierta (PDF), firmada por más de 50 organizaciones de derechos humanos y civiles, al considerar que las audiencias “someten al escrutinio del gobierno a un grupo específico de ciudadanos simplemente por su religión”.

Un estudio de la Institución Brookings sobre las actitudes de los norteamericanos con respecto a los musulmanes descubrió que prácticamente el mismo número de personas estaban de acuerdo y rechazaban la idea de que los valores del Islam coinciden con los de la sociedad americana. “Lo que es interesante es que sólo un 20 por ciento estaba completamente de acuerdo y un 22 por ciento lo rechazaba de forma absoluta”, explica el autor, William Galston. Para el investigador, esto deja mucho espacio de actuación en el futuro, y explica que surjan polémicas como la suscitada por el proyecto de crear un centro islámico en las cercanías de la Zona Cero.

Fue justo después de los ataques del 11-S cuando Larrry Hicok decidió sumarse a diferentes organizaciones de ateos en California. “Teníamos al presidente [Bush] hablando de una ‘cruzada’ y pensé que era el momento de hacerlo”, comenta. Sin embargo, Hicok ya luchaba desde sus años del instituto para que eliminaran la oración celebrada al comienzo del día. Lo consiguió con la ayuda de la organización por los derechos civiles American Civil Liberties Union, coincidiendo con la histórica decisión del Tribunal Supremo en 1963 y que prohibía la lectura de la Biblia y la celebración de misa en las escuelas del país.

Religión y Justicia

Sin embargo, las últimas decisiones del Tribunal Supremo no han inclinado la balanza en la misma dirección. La Primera Enmienda de la Constitución establece que el gobierno no puede promover ni respaldar una creencia religiosa concreta. Cuando la instalación de un monumento a los Diez Mandamientos en terreno del Capitolio estatal de Texas provocó una denuncia que acabó llegando al Tribunal Supremo, éste decidió que al tratarse de un monumento, el gobierno estatal no estaba pidiendo la conversión de los fieles. En un caso similar, también en el año 2005, el mismo tribunal ordenó que se retiraran dos cruces instaladas en dos juzgados de Utah porque amenazaba la separación de Iglesia y Estado.

Según Hicok, el mensaje es tan confuso que los grupos en contra de gestos como éste ahora miden muy bien los casos que denuncian. La composición del Tribunal Supremo  tampoco ayuda. “Creo que cualquier iniciativa tendrá que llegar desde abajo, como los últimos cambios que ha vivido el país”, explica el activista. “Hay mucho resentimiento porque las decisiones del tribunal y su composición no siempre reflejan a los ciudadanos, por eso sólo funcionará un movimiento que reconozca las creencias de todos, no de una élite”.

Tanto Hicok como Wingrove celebran la facilidad que existe actualmente para conocer organizaciones como a las que pertenecen ellos mismos, encontrar documentación o eventos en los que informarse. “Cuando lo combinamos con las nuevas generaciones, que tienen más acceso a la educación y son menos religiosos, este tipo de organizaciones empiezan a surgir de todas partes”, afirma Wingrove.

Sin embargo, el otro lado de la balanza también hace acopio de fuerzas. Mientras los ateos buscan un hueco en la escena política y social estadounidense, expertos como como Galston se especializan en el llamado “Excepcionalismo Americano“: Seis de cada diez estadounidenses creen que su país ha sido elegido por Dios para realizar una misión significativa en el mundo.

Foto: wijen en Flickr

Estados Unidos reflexiona estas semanas si Jared Loughner, autor de los disparos que causaron la muerte de 6 personas y dejaron heridas a otras 13 en Tucson a principios de enero, y Seung-Hui Cho, responsable de la masacre de Virginia Tech en 2007, fueron estudiantes con problemas mentales que se resbalaron por las rendijas de un sistema de atención fallido en sus respectivas universidades o síntomas de un problema más amplio. El diez por ciento de los universitarios estadounidenses requieren ayuda psicológica, según un estudio realizado durante el curso académico 2008-2009 por la Asociación de Psicólogos de Universidades (PDF). Son 1.8 millones de estudiantes en todo el país. El reto no es sólo el número de alumnos: cada vez son más, cada vez necesitan ayuda más continuada y cada vez presentan trastornos más graves.

La mitad de los estudiantes que requieren ayuda -un 52 por ciento- tienen problemas relacionados con relaciones sentimentales, problemas de identidad, académicos, etc. Pero otro 48 por ciento sufre problemas más graves. Ansiedad, depresión, pensamientos suicidas o falta de control sobre sus impulsos, con importantes consecuencias para su vida académica. La mayoría reciben tratamiento con éxito. Un 7 por ciento, sin embargo, no pueden ir a clase sin asistencia psiquiátrica constante.

Al rescate están los equipos de psicólogos, psiquiatras y terapeutas de los centros de salud de las universidades. Combaten la creciente demanda de ayuda a pesar de los recortes por la crisis económica y la aparición de nuevos tipos de pacientes. Si hace una década apenas había estudiantes diagnosticados con problemas psiquiátricos, ahora sí. Si entonces predominaba el abuso de sustancias tóxicas, ahora predominan los intentos de suicidio, autolesiones y víctimas de abusos sexuales.

Más estudiantes, menos ayuda

El Centro de Salud de American University, en Washington, ha visto un incremento del 20 por ciento en el número de pacientes en sólo dos años. Pero la crisis ha congelado los presupuestos -incluso en las universidades privadas- y no hay inversión en servicios de salud. Hay nueve psicólogos en plantilla y 25 residentes de psiquiatría sirven a una comunidad de 12.000 alumnos. Hace dos años cualquier estudiante que necesitara atención psiquiátrica a largo plazo podía recibir todas las sesiones de terapia que necesitara. Ahora sólo tienen personal para 20 sesiones por curso académico. Cuando el estudiante necesita más, la universidad tiene que recomendarle un psiquiatra o terapeuta de otro centro médico.

“Nuestro objetivo principal es ayudar a los estudiantes a que consigan sus objetivos académicos y responder en momentos de crisis que surgen inevitablemente tanto en sus vidas personales como profesionales”, explica Tim Calvey, director adjunto para Prevención y Asistencia del Centro de Salud de American University. Sin embargo, las peticiones de ayuda psicológica continuada se multiplican. A los estudiantes con ansiedad o depresión se suman los que ya recibían tratamiento antes de entrar en la universidad.

El trabajo de Calvey, además de la atención a pacientes en consulta, también está en las aulas, las residencias de estudiantes y con los profesores. A comienzos de cada semestre, organiza talleres para aumentar el nivel de conciencia sobre problemas mentales en la comunidad universitaria. Los tres grupos con más demanda son talleres para manejar el nivel de estrés, conocimiento personal -para afrontar el primer año fuera de casa o problemas en las relaciones personales- y uno lanzado este mismo año, para víctimas de abusos sexuales.

El perfil de paciente con el que más trabajan es un estudiante de primer curso (18 años) que tiene que ajustarse a la vida en el campus, fuera de casa. Algunos vienen de otros países y muchos de los estudiantes norteamericanos, según Calvey, son los primeros miembros de su familia que acceden a la universidad. “El nivel de presión con el que llegan es muy alto”, comenta. “Desarrollan estrés, ansiedad o depresión y muchas veces termina afectando a sus estudios”.

Pero en los últimos años, la consulta de Calvey -como en muchas de todo el país- ha visto que cada vez llegan pacientes con problemas mentales crónicos y severos. Son estudiantes que recibían tratamiento antes de llegar a la universidad y que hace unos años no habrían podido continuar con su educación, pero ahora la medicación se lo permite.

El estudio muestra que el 25 por ciento de los pacientes universitarios toma medicación para tratar sus problemas psiquiátricos. El aumento es notable en los últimos años. En 2000 eran el 17 por ciento de los pacientes. En 1994, el 9 por ciento.

Enfermedades y trastornos sin estigma

“Cada vez está menos estigmatizado el hecho de necesitar atención psicológica o psiquiátrica, por lo que son los estudiantes los que vienen, no les cuesta decir que necesitan ayuda”, comenta Calvey. Pero al mismo tiempo, el entorno actual les impide desarrollar su vida académica al completo. “Se sienten presionados por la tecnología, el ritmo tan rápido que ha cobrado todo, los requisitos académicos y el nivel de competencia por conseguir un buen trabajo o entrar en determinados programas”.

Tim Calvey atiende a una paciente

El deterioro de ese estigma hace que los estudiantes informen al centro de salud si perciben que uno de sus compañeros necesita ayuda o está en problemas. Sin embargo, los médicos de la universidad perciben que esto no puede aplicarse a toda la comunidad. Los estudiantes de color, sin recursos o de culturas en las que la salud mental es un tabú, todavía están lejos de acudir a una simple consulta.

Y como en otras situaciones, eliminar el estigma no elimina el problema. Para una estudiante de American University diagnosticada con depresión y que prefiere no ser identificada, la falta de estigma sobre las enfermedades y trastornos mentales no ha mejorado la situación de los estudiantes.

“Nadie tiene información sobre esto y nadie sabe cómo ayudarte. No es como cuando te rompes un brazo y pueden ayudarte o te operan y pueden ir a verte al hospital. Hay menos estigma porque todo el mundo cuenta si están tomando esta u otra pastilla o si van a terapia, pero eso no hace que la gente hable de cómo evitar que llegues hasta ahí o qué soluciones hay”, lamenta la estudiante.

Según Calvey, uno de los retos de los centros de consultas es precisamente la prevención. Que los estudiantes sepan qué recursos existen y a dónde acudir cuando necesitan ayuda.

El 16 de abril de 2007, Seung-Hui Cho, un alumno de Virginia Tech disparó causando la muerte de 32 personas en el campus de la universidad, antes de suicidarse. La comunidad había intentado anteriormente que accediera a recibir ayuda psicológica, aunque la universidad no puede revelar si fue tratado o no. La mayoría de los centros universitarios norteamericanas reaccionaron creando un plan de emergencia. Pero no era solo un plan de evacuación o el protocolo de reacción para un caso similar. Han desarrollado planes a seguir cuando un estudiante muestre signos de aislamiento, dificultad para participar en la vida académica, problemas en las clases o que pueda suponer una amenaza para su propia seguridad o la de los demás.

“Desgraciadamente, el comportamiento humano no es predecible”, comenta Calvey. Es la conclusión a la que han llegado cientos de profesionales que desde 2007 se preguntan qué podía haber hecho la comunidad universitaria para prevenir una situación así. 103 universitarios se suicidaron en el curso 2008-2009 en todo Estados Unidos, pero sólo 19 de esos casos habían llegado a los centros de atención psicológica del campus. La Asociación de Psicólogos de Universidades estima que uno de cada 12 estudiantes ha diseñado un “plan para suicidarse”.

¿Víctimas o amenaza?

“Siento que con lo que ha pasado los últimos años la gente está confundiendo las dos cosas. Pero simplemente porque padezcas depresión no quiere decir que vayas a ser violento. Hay más probabilidades de que te hagas daño a ti mismo que a cualquier otra persona”, comenta la estudiante.

Calvey afirma que la universidad ha visto un aumento de las referencias por parte de otros estudiantes y profesores cuando sienten que un compañero podría necesitar ayuda o tener un episodio violento: “Desde la masacre en Virginia Tech cada vez trabajamos más para detectar a ese tipo de estudiantes”.

Definen el primer síntoma como “una pérdida de contacto con la realidad que les rodea”.

“Hemos creado un sistema que permite a cualquier estudiante o profesor enviarnos un mensaje para alertar de un estudiante que necesita ayuda”, explica. A partir de ahí, los profesionales del centro identifican al estudiante y empiezan a contactar con su entorno, recaban toda la información posible, contactan con él o con su familia y determinan los pasos a seguir. Todo ello sorteando una red de reglas de confidencialidad, trabas legales y la burocracia de las aseguradoras médicas privadas.

Sin embargo, la primera visita está lejos de ser la solución final. Algunos estudiantes no tienen cobertura sanitaria, por lo que no pueden financiar la medicación o las sesiones de terapia. Otros tienen el seguro privado de su familia, pero rechazan la atención médica para que no aparezca en su historial o sus padres sepan que están recibiendo ayuda.

Los inmigrantes más mayores traen costumbres culturales que enriquecen a la sociedad norteamericana, según los expertos. Meditación en Union Square, Nueva York. Foto: CFPereda

Inmigrante. Joven. Oportunidad. Una vida mejor. Trabajo. Pobreza. Conflicto. Estudiante. Exiliados. Hijos que se reunen con sus padres. El retrato del inmigrante que primero nos viene a la mente casi nunca es el de los mayores. Los abuelos. Las abuelas. Los que viajan a otro país en la última etapa de su vida para unirse con el resto de la familia. O para echar una mano con los nietos.

Llegan a Estados Unidos y muchas veces caen en una red de soledades, de malos entendidos. Perdidos con el idioma. Atrapados en la familia que tanto añoraron y sin reconocer a sus nietos. Extranjeros frente a sus ojos. Hablando una cultura que no es la de tus propios hijos.

“Los inmigrantes adultos se enfrentan a los mismos problemas que los más jóvenes: manejar otro idioma, otra cultura y formas nuevas de vivir el día a día. Pero además, la mayoría de ellos vienen a reunirse con la familia, y hay problemas añadidos que surgen cuando sus nietos no se comportan como ellos esperan o sus propios hijos están demasiado ocupados con sus trabajos como para dedicarles el tiempo necesario”, nos explica Steven Wallace, sociólogo y director de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de California.

En el año 2000, el 9.5 por ciento de la población estadounidense eran inmigrantes con más de 65 años de edad, según el estudio sobre Inmigración y Demografía Regional de la Tercera Edad en Estados Unidos. A pesar de ser una proporción importante, su visibilidad no es tan alta. Las condiciones en las que viven, prácticamente aislados del resto de la sociedad, hace que se les resista el idioma de sus propios nietos. La tensión entre estas dos generaciones no suele surgir de igual modo entre los inmigrantes que han vivido durante más tiempo en Estados Unidos. Ellos ya se han acostumbrado a los valores y las costumbres de los niños norteamericanos, ya han tenido tiempo de aprender inglés y saben cómo manejarse con la burocracia o la atención médica.

Wallace describe dos perfiles distintos del inmigrante de la tercera edad. El que se queda en casa para ayudar con niños recién nacidos y reside en las afueras, donde hay pocos inmigrantes ni servicios como tiendas o iglesias a las que acceder. Y el resto, los que participan activamente con sus familias y en el vecindario, disfrutando de esa etapa también. A veces, el simple hecho de poder conducir o tener buena movilidad y acceso a transporte privado puede hacer que caigan en un perfil o en otro.

“Al residir en una de estas áreas les permite comunicarse en su lengua materna y mantener hábitos sociales o acceder a comida de su país. Esto previene el aislamiento social que muchas veces conlleva vivir en un vecindario o región en la que sólo hay población nativa”, argumenta la doctora Andreea Seicean, bioestadista e investigadora del departamento de salud de la Universidad de Medicina de Cleveland.

Los expertos coinciden en que vivir en una comunidad tan estrecha es tanto la causa de su aislamiento como su solución. “El mayor recurso que tienen las familias inmigrantes para sus mayores es precisamente esa cohesión familiar. Los inmigrantes son mucho más proclives a vivir rodeados de sus familiares que otras personas de la tercera edad”, comenta Wallace.

Sin embargo, Seicean identifica retos sociales que afectan a los inmigrantes más mayores, como la discriminación, falta de apoyo en su entorno como resultado de haber dejado atrás a otros familiares, grupos religiosos y su comunidad más cercana. También suelen encontrarse con diferencias éticas, religiosas y culturales relacionadas con la medicina occidental. Esto se traduce en una menor confianza en el sistema de salud y un sentimiento de soledad y abandono por esa falta de entendimiento.

“Estas dificultades persisten aunque lleven tiempo viviendo en Estados Unidos. Además, suelen ir acompañadas del desaliento asociado a la migración y padecen depresión en proporciones mayores que la población en general”, comenta la investigadora.

Los estudios sociológicos han documentado que los inmigrantes de la tercera edad son además menos proclives a ir al médico, hacerse pruebas o análisis -para casos de cáncer, colesterol o tensión-, vacunarse o recibir medicamentos para tratar enfermedades crónicas. “El resultado es que determinados grupos de inmigrantes tienen tasas más altas de detección tardía de cáncer y mayores índices de mortalidad asociados con un retraso en el diagnóstico e inicio del tratamiento”, explica Seicean.

Para la doctora, la diferencia de idioma entre el paciente y el médico se traduce en la dificultad del paciente para tomar decisiones, falta de compromiso con el tratamiento y visitas posteriores, así como el resultado de la atención en general.

Las opciones de recibir atención médica son bastante limitadas. Deben haber residido legalmente en Estados Unidos durante diez años, trabajado y contribuido a la Seguridad Social para poder recibir atención médica pública después de los 65, a través del programa Medicare. Si no cumplen los requisitos de cotización laboral, entonces sus ingresos deben ser muy reducidos y carecer de bienes para acceder a ese sistema público.

La alternativa para personas mayores de 65 años suelen ser centros comunitarios y hospitales públicos que en muchas ocasiones están situados en vecindarios con alta población inmigrante y además cuentan con profesionales bilingües y acceso a traductores. En comunidades con una larga tradición de inmigrantes ya han surgido centros de atención especializada, como AltaMed para hispanos en Los Ángeles.

Sin embargo, la realidad no suele ponérselo tan fácil. Apenas un uno por ciento de las personas de la tercera edad en Estados Unidos carece de cobertura sanitaria, pero la mitad son inmigrantes. Su familiares no siempre pueden incluirles en su seguro privado o carecen de recursos para pagar tratamientos asociados con la edad. Y la crisis económica sólo ha añadido complicaciones. Familias que hace unos años confiaban en poder patrocinar el visado de sus padres, tienen ahora dificultades para mantener a una persona más.

Según un estudio realizado en 2006 por la Universidad de Nevada, en Las Vegas, la responsabilidad de cuidar de los mayores acaba cayendo en la comunidad local, sus familiares u otros individuos. En 1996, durante el gobierno de Bill Clinton, una ley retiró el acceso a los recursos públicos de salud y cheques de comida a todos los inmigrantes legales mayores de 65 años. “Diez años después, médicos y trabajadores sociales se han dado cuenta de que los inmigrantes legales sí merecen una ayuda para acceder a cuidados médicos. Por desgracia, seguimos sin tener una solución a este problema”, lamentaba entonces el autor del estudio, Emmanel Gorospe.

“La reforma sanitaria impulsada por Obama no cambia esta situación”, comenta Seicean. La única opción restante es pagar un seguro privado, pero esto puede resultar demasiado caro. Además, los mayores son considerados pacientes de alto riesgo, por lo que las condiciones del seguro, que obligan al paciente a pagar parte de los costes, a veces son inaccesibles. “Como resultado, la mayoría carece de cobertura y recibe atención médica en urgencias, clínicas comunitarias y hospitales públicos”.

Según un estudio de la compañía MetLife, la mayor contribución que realiza esta generación de inmigrantes a la sociedad estadounidense es precisamente el cuidado de sus familias. Cuando se involucran en actividades de voluntariado en el vecindario, cuando apoyan a los recién llegados o simplemente desde sus casas, con los familiares más cercanos. Sin embargo, el estrecho círculo que les acoge también les esconde del resto de la sociedad. Las verdaderas necesidades de este vulnerable grupo de población se vuelven invisibles.